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Posponen clausura del sexto ciclo de negociaciones
con el ELN
El Gobierno nacional y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) pospusieron la
clausura de la VI ronda de negociaciones que tienen por finalidad ampliar la
tregua de seis meses entre las fuerzas públicas y la guerrilla guevarista, la
cual venció oficialmente el 29 de enero, informó el lunes un funcionario cubano.
La ceremonia de clausura "se pospone sin confirmación", dijo un funcionario del
Centro Internacional de Prensa cubano a los periodistas que habían sido citados
el lunes por la mañana para el cierre de este ciclo que empezó el 22 de enero en
La Habana.
Un poco antes el ELN, la última guerrilla activa de Colombia, difundió un
comunicado a través de la red social X en el cual explicó que "se están tomando
medidas para resolver factores de crisis y agregar nuevos elementos de
compromiso a cumplir por ambas partes" para poder acordar una prórroga del cese
al fuego.
Hace una semana, las partes ya habían acordado extender por otros siete días el
cese al fuego entre las partes para dar espacio a las negociaciones destinadas a
prorrogar por otro semestre la tregua, la cual fue firmada en La Habana y entró
en vigor el 3 de agosto pasado.
El comunicado también señala la consideración de convocar a donantes para
establecer un fondo que respalde la implementación de estos acuerdos.
"Avanzan los diferentes acuerdos parciales sobre participación de la sociedad en
el proceso de paz y alivio humanitario en zonas críticas, que junto al
cumplimiento del CFBNT, demandan mayores esfuerzos de implementación, para
respaldarlos se está considerando convocar a donantes, para constituir un fondo
que soporte el cumplimiento de estos acuerdos".
Esta prolongación se negocia luego que el ELN se comprometió, durante la quinta
ronda de negociaciones de paz celebrada en diciembre en México, a suspender los
secuestros que cometía para reunir fondos con el cobro de rescates.
El acuerdo de México logró superar la crisis por el rapto el 28 de octubre del
padre del astro del fútbol colombiano Luis Díaz (del Liverpool inglés), quien
fue dejado en libertad 12 días después.
Las negociaciones rotativas de paz con el ELN, que según cifras oficiales cuenta
con más de 5.000 miembros en activo, comenzaron en Caracas en noviembre de 2022
a instancias del presidente colombiano, el izquierdista Gustavo Petro, quien
lanzó un plan de Paz Total con grupos rebeldes y organizaciones del
narcotráfico.
Su antecesor, Iván Duque (2018-2022), había suspendido las conversaciones con el
ELN tras un mortal atentado contra una escuela de policías.
Colombia es un país golpeado por seis décadas de conflicto armado que dejan 9,5
millones de víctimas entre desplazados, asesinados, secuestrados y
desaparecidos.
Hay logros en registro y asistencia
mínima a población desarraigada
Si bien la directora general de la Unidad para las Víctimas, Patricia Tobón
Yagarí, dijo ser consciente de que falta mucho para
cumplir la sentencia de la Corte Constitucional sobre desplazamiento,
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destacó que en estas dos
décadas se han logrado avances en materia de registro y asistencia a la
población.
Tobón Yagarí afirmó que “la Sentencia T025 abrió un diálogo importante para
encontrar alternativas y definir soluciones sobre los derechos de las más de
ocho millones de víctimas. En estos años se han tenido varios avances en temas
como el registro y los componentes de asistencia mínima. No obstante, después de
20 años no se ha superado este estado de cosas inconstitucional y por eso
diferentes actores como la Corte Constitucional y la Comisión de Seguimiento a
la Política Pública han identificado fallas estructurales”.
Agregó la funcionaria que distintos sectores han hecho propuestas para
contribuir a superar este rezago, entre las que se destaca corregir la falta de
articulación entre entidades nacionales responsables del tema.
Además, señaló que “un número importante de víctimas está en una situación de
vulnerabilidad y revictimización”. Adicionalmente, enfatizó que “si el conflicto
armado no se reduce, seguirá aumentando el número de víctimas. La verdadera
garantía de no repetición es que se pueda llegar a un fin del conflicto armado”.
Añadió la directora de la Unidad de Víctimas que “la continuación del conflicto
armado sigue siendo un obstáculo para lograr que no haya más víctimas. Sin
embargo, la reparación es un tema de voluntad; es el esfuerzo de los gobiernos
el que debe permitir la reparación. Por eso, nosotros como Gobierno somos
conscientes de la situación y queremos contribuir a la superación del rezago”.
Bajo cumplimiento a fallo de Corte sobre
desplazamiento: Defensor
A pesar de que han pasado dos décadas de que la Corte Constitucional declarara
el estado de cosas inconstitucional por la deficiente atención por parte del
Estado frente al desplazamiento de población, es poco lo que se ha avanzado en
los diferentes gobiernos para resolver este problema. Así lo dijo el defensor
del Pueblo, Carlos Camargo. En ello coincidió la Consultoría para los Derechos
Humanos y el Desplazamiento (CODHES).
“El cumplimiento de la sentencia ha sido bajo y a la fecha no ha sido posible
declarar su superación, pero es una decisión judicial que ha sido fundamental
para lograr la visibilización de las vulneraciones a las que están sometidos
quienes son víctimas de desplazamiento forzado”, dijo el defensor Camargo Assis.
Por su parte, el director de la Codhes, Marco Romero, explicó que “el
desplazamiento forzado es una crisis social que se ha desencadenado desde
distintos tipos de vulnerabilidades, porque todavía hay problemas grandes en
cuanto a ingresos económicos, educación, salud, bienestar y vivienda.
Entonces, nos encontramos ante una crisis social que a pesar de los avances que
se han logrado con la Corte Constitucional, todo lo que tiene que ver con
programas para
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garantías sociales aún registra un
déficit muy grande”.
El fallo de la Corte Constitucional advierte que el Estado debe restituir los
derechos fundamentales de la población desplazada.
En ese sentido, el director de la Codhes señala que “los derechos de quienes han
sido víctimas de desplazamientos forzados por las dinámicas de violencia en los
territorios son bastante vulnerables, debido a que más de un millón de personas
fueron desplazadas en el marco del conflicto armado”.
Mientras que el defensor del Pueblo afirma que “se trata del instrumento
jurídico más fuerte que poseen las personas desplazadas, pues la Corte
Constitucional ha construido una línea jurisprudencial que precisa los derechos
de esta población, en correspondencia con las particularidades del daño y
afectaciones a los derechos fundamentales que implica el desplazamiento forzado.
Aún así, sigue siendo un desafío la materialización de las medidas ordenadas,
pues casi ninguna se ha implementado”.
Para mejorar, no hay que destruir: Uribe sobre
reforma a la salud
En un reciente video publicado en redes sociales, el expresidente Álvaro Uribe
expresó su opinión sobre la propuesta de reforma a la salud que actualmente se
debate en Colombia. El exmandatario plantea sus preocupaciones sobre los
posibles efectos negativos de esta iniciativa, que según él beneficie la
burocracia y la politiquería.
Uno de los puntos más discutidos es la necesidad misma de la reforma. Un
ciudadano expresó su inquietud diciendo: "¿Para qué la reforma a la salud? El
daño que hace, para que nos tengamos que afiliar a centros de salud del estado,
que van a tener allí los datos personales de cada ciudadano para un riesgoso
manejo politiquero y antidemocrático." Este comentario refleja la preocupación
por la centralización de información y su posible mal uso con fines políticos.
La desconfianza hacia la burocracia también se hizo eco en los comentarios.
"¿Depender de la burocracia para que nos atienda la salud?" expresó otro
usuario, resaltando el temor de que la atención a la salud se vea entorpecida
por trámites y aprobaciones burocráticas, en detrimento de la eficacia del
sistema actual.
Adicionalmente, se señaló la posible creación de más de 11,000 grupos de
promotores de salud. "¿Para eso no necesita ley?" cuestionó un ciudadano,
planteando la preocupación de que este proceso pueda convertirse en un ejército
de burócratas al servicio de la promoción política en lugar de la salud
preventiva.
Otros comentarios destacaron la existencia de alternativas como la telemedicina
y la ayuda que ya se encuentra disponible en distintas partes del país. "Para
mejorar no hay que destruir," expresó un usuario, subrayando la idea de que el
sistema actual puede ser mejorado sin necesidad de una reforma radical.
La crítica más severa se centró en el posible impacto negativo de la reforma en
la accesibilidad a la salud. "Nos van a llevar a que los colombianos tengan que
apelar a la caridad pública o a la politiquería o sacar más dinero de su
bolsillo para pagar la salud," advirtió un comentario, sugiriendo que la
propuesta podría poner en riesgo la cobertura y los recursos destinados a la
salud.
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