|
Rechazan tutela presentada por Minsalud contra
Sanitas
El Juzgado 33 penal municipal de Bogotá desestimó la acción de tutela presentada
por el director jurídico del Ministerio de Salud, Rodolfo Enrique Salas, contra
la EPS Sanitas.
La solicitud, buscaba proteger los derechos de los afiliados de Sanitas ante la
suspensión de la dispensación de medicamentos no financiados, fue rechazada
debido a la insuficiencia de los fundamentos presentados.
El Ministerio de Salud, liderado por Salas, mencionó una presunta vulneración
del derecho a la salud debido a la interrupción de la entrega de medicamentos no
cubiertos por la UPC. Esta medida, programada para entrar en vigor el 15 de
noviembre de 2023, generó inquietudes sobre el acceso a la atención médica para
un amplio número de afiliados.
El argumento principal del Ministerio se centró en el incumplimiento de Sanitas
en la provisión de medicamentos contemplados en el Plan de Beneficios en Salud (PBS),
así como en la falta de justificación adecuada para la suspensión de estos
suministros esenciales.
A pesar de las solicitudes y requerimientos realizados tanto por la
Superintendencia Nacional de Salud como por el propio Ministerio, la respuesta
de Sanitas fue considerada insatisfactoria y tardía.
El Ministerio de Salud sostiene que el presunto desabastecimiento de
medicamentos se debe a un incumplimiento contractual de naturaleza privada por
parte de Sanitas. No obstante, dice que esta razón no exime a la EPS de sus
obligaciones para con los afiliados, especialmente en lo que respecta a la
entrega de medicamentos esenciales para el cuidado de la salud.
Sin embargo, la resolución del juzgado, a cargo de la jueza Alba Luz García,
rechazó la tutela solicitada por el Ministerio de Salud. El documento menciona
“negar el amparo reclamado en esta acción de tutela por el Doctor Rodolfo
Enrique Salas Figueroa en su calidad de director jurídico del Ministerio de
Salud y Protección Social”. La decisión se basa en la falta de fundamentos
suficientes presentados en la acción de tutela, lo que plantea interrogantes
sobre el futuro de la disponibilidad de medicamentos para los afiliados de
Sanitas.
¿Y la demanda con 21 EPS?
El Ministerio de Salud presentó una demanda contra 21 EPS por vulnerar el acceso
a la seguridad social en salud. Sin embargo, esta demanda es diferente a la que
se resolvió. La petición original se basó en un informe técnico de la
Superintendencia de Salud que indicaba incumplimientos en los indicadores de
reservas técnicas por parte de las EPS. La demanda original fue una acción
popular presentada ante el Juzgado contencioso-administrativo de Bogotá.
La tutela recientemente resuelta se originó en el caso Sanitas-Cruz Verde,
aunque luego se unió a los dos gremios de EPS. Fue resuelta por el juzgado 33
penal municipal con función de conocimiento de Bogotá.
"Grupos ilegales, principales violadores de
derechos de periodistas"
“Los grupos armados ilegales son los mayores vulneradores de derechos de los
periodistas, como también lo son las organizaciones
criminales y las estructuras de delincuencia común”, aseguró el Defensor del
Pueblo, Carlos Camargo Assis, en la conmemoración del Día del Periodista en
Colombia.
En esta fecha especial les envió un saludo a quienes adelantan tan importante
labor,
|
|
uno de los cimientos de la democracia, y reiteró el compromiso de
la entidad con el respeto a la libertad de prensa.
“Hacemos un llamado a la institucionalidad del Estado a respetar y proteger a
quienes ejercen el periodismo en el país, dado que en los últimos meses hemos
venido observando con preocupación algunas vulneraciones a sus derechos. Así lo
evidenciamos en los resultados preliminares de un informe en el que venimos
trabajando, el cual da cuenta de las vulneraciones de las que son objeto los
periodistas”, señaló el Defensor del Pueblo.
Uno de los hallazgos preocupantes del informe, el cual será dado a conocer de
manera oficial en las próximas semanas y cuyo fin es identificar y visibilizar
las amenazas y desafíos que enfrentan los periodistas en el territorio
colombiano, tiene que ver con las vulneraciones a su vida e integridad física.
Según los datos recopilados, el 37% de los profesionales de la comunicación
encuestados reportó haber experimentado algún tipo de acción que los puso en
serios riesgos mientras ejercían su labor.
“En el 67% de los casos, los principales vulneradores fueron los grupos armados
ilegales, las organizaciones criminales y las bandas delincuenciales. El
ambiente de miedo y fragilidad es un serio obstáculo para la libertad de prensa
y el derecho a mantener informada a la sociedad”, recalcó Camargo Assis.
El Defensor afirmó que el estudio-encuesta de la Defensoría deja en evidencia
cómo los periodistas pasan a formar parte de un grupo en permanente situación de
vulnerabilidad, debido al contexto de un entorno marcado por la violencia
sociopolítica, el crimen organizado y el conflicto armado.
En este día conmemorativo, Carlos Camargo Assis les hizo un llamado tajante a
los actores armados al margen de la ley, a los criminales y a los delincuentes:
“Dejen por fuera de su accionar violento a los periodistas. Por su parte, el
Estado colombiano debe brindarles todas las garantías para que puedan realizar
su labor periodística, que se constituye como un pilar esencial del Estado
social y democrático de derecho”.
El informe analiza otros fenómenos relacionados con los ataques a la integridad
psicológica y moral y al buen nombre, así como las vulneraciones a los derechos
económicos, contractuales, laborales y de seguridad y protección social. El
documento dará cuenta de actores relevantes, como líderes políticos y servidores
públicos, que estarían involucrados en las intimidaciones reportadas por los
periodistas.
La Delegada para la Protección de los Derechos en Ambientes Digitales y Libertad
de Expresión, de la Defensoría del Pueblo, reafirma su compromiso en la búsqueda
de estrategias que propendan por el respeto y garantía de los derechos
fundamentales de los periodistas en todas las regiones del país.
ELN anuncia paro armado indefinido en Chocó
El ELN declaró un paro armado indefinido en áreas específicas del Chocó, citando
la presencia de grupos paramilitares en los ríos San Juan, Sipí y Cajón como
motivo principal. Esta medida, que comienza el 10
|
|
de febrero, agrega una capa de tensión a la situación ya compleja
en la región.
En una
comunicación emitida por el Frente de Guerra Occidental Omar Gómez, se anunció
la imposición de un paro armado en determinadas zonas del Chocó, con el
propósito de, según ellos, proteger a las comunidades de la violencia ejercida
por grupos paramilitares. Según el comunicado, instan a la población a
restringir sus movimientos para evitar posibles incidentes.
"Se viene presentando combates con nuestro Ejército de Liberación Nacional en
defensa de las comunidades y el territorio, seguimos denunciando la colusión
entre militares y paramilitares de la región", se expone en el documento.
Este anuncio llega poco después de que tanto el Gobierno como el ELN acordaran
la prórroga del cese al fuego bilateral por seis meses más, en un intento por
avanzar hacia la paz en el país. Sin embargo, la persistente presencia de grupos
armados ilegales en la región complica los esfuerzos por establecer la
estabilidad y seguridad necesarias para la paz duradera.
La decisión del ELN de declarar este paro armado refleja la gravedad de la
situación en el Chocó, donde las comunidades indígenas y civiles han sufrido
repetidamente el impacto de la violencia armada. Las denuncias de homicidios
selectivos, secuestros, extorsiones y violaciones son constantes, exacerbando la
crisis humanitaria en la región.
El conflicto en el Chocó no sólo representa un desafío para la implementación de
los acuerdos de paz, sino que también pone de manifiesto la complejidad de
abordar las raíces profundas de la violencia y el conflicto armado en Colombia.
Es crucial que tanto el Gobierno como los grupos guerrilleros trabajen juntos
para encontrar soluciones que garanticen la seguridad y el bienestar de todas
las comunidades afectadas.
Priorizar el PAE, seguridad y violencia
pidió Procuradora a gobernadores
La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco hizo un llamado a
los gobernadores y gobernadoras del país, a trabajar de manera conjunta y
articulada para encontrar respuestas efectivas, especialmente en temas como la
seguridad en los territorios y la prevención y atención de las violencias por
razones de sexo y género.
En su llamado, la jefe del Ministerio Público solicitó a los mandatarios,
priorizar las acciones en materia de seguridad, problemática constante e
incrementada por la presencia de grupos armados organizados y bandas criminales
en el país.
Así mismo, de manera enfática, Cabello Blanco se refirió a la apremiante
necesidad de que los departamentos realicen el seguimiento, vigilancia y control
frente a la prevención y atención de las violencias, especialmente la violencia
sexual, ya que entre enero y noviembre de 2023 se documentaron, según el
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 22.224 casos de presunto delito
sexual, de los cuales el 88 % involucra a mujeres.
Ante este panorama, pidió a los mandatarios implementar los comités
territoriales del mecanismo articulador para el abordaje integral de las
violencias por razones de sexo y género de las mujeres, niños, niñas y
adolescentes, así como la construcción de una respuesta institucional para
atender la trata de personas.
Finalmente, la Procuradora también les instó a garantizar la operatividad del
servicio del Programa de Alimentación Escolar (PAE) con calidad e inocuidad de
los alimentos, para promover el acceso y la permanencia en el sistema educativo
de cinco coma ocho (5.8) millones de niños, niñas y adolescentes en todo el
país.
|
