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Capturado cabecilla del Clan del Golfo en
Santander: es acusado de homicidios selectivos y extorsiones
Como Luis Alberto Achito Barco o alias Cesar, fue identificado el hombre
capturado por las autoridades de Santander, al ser señalado de ser el cabecilla
de la subestructura Édgar Madrid Benjumea del Clan del Golfo. El operativo que
permitió su aprehensión fue desarrollado en conjunto por la policía, el ejército
y la fiscalía.
Este individuo es acusado de liderar actividades criminales, incluyendo amenazas
de muerte, homicidios selectivos y extorsiones, fue localizado en las
localidades de Sabana de Torres y Bajo Rionegro (Santander). Las autoridades
señalaron que estas acciones venían desarrollándose de manera sistemática,
afectando gravemente la seguridad y el bienestar de los habitantes de estas
áreas.
“Este sujeto tenía una trayectoria criminal de más de 7 años al interior del
Clan del Golfo y posterior a la captura de Mr. Black o Cartagena, el 24 de
noviembre de 2023, alias Cesar, habría asumido como cabecilla de zona. Estaba
encargado de coordinar las acciones criminales de dicha estructura en la
jurisdicción alineadas a homicidios selectivos, lesiones personales, amenazas,
control territorial y extorsiones a palmicultores, ganaderos y comerciantes”,
detalló el coronel Gustavo Adolfo Rodríguez.
El oficial también indicó que producto de las extorsiones cometidas se generaban
rentas criminales mensuales que oscilaban entre 80 y los 120 millones
aproximadamente.
Las autoridades del Magdalena Medio confirmaron que el capturado tiene
antecedentes judiciales por delitos relacionados con: concierto para delinquir,
utilización ilícita de equipos transmisores o receptores, hurto calificado,
porte ilegal de armas de fuego agravado, financiación del terrorismo y de grupos
delincuenciales y administración de recursos relacionados con actividades
terroristas y delictivas.
Alias Cesar fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para
responder ante un juez por los delitos de los que está acusado.
Diego Cadena se declara inocente de soborno a
testigos
Diego Cadena rechazó los cargos de soborno y fraude procesal presentados en su
contra ante un juez de conocimiento de Bogotá.
La Fiscalía, por su parte, al iniciar el juicio afirma tener una serie de
pruebas que sugieren un supuesto plan del procesado para influir en testimonios
clave, vinculados tanto al abogado como a su colega Juan José Salazar.
La Fiscalía delinea su línea de argumentación, subrayando la existencia de un
entramado delictivo destinado a manipular declaraciones judiciales. Según el
fiscal del caso, Daniel Hernández, este presunto plan criminal se remonta a
julio de 2017, cuando Cadena y Salazar supuestamente concertaron esfuerzos para
influir en testimonios relacionados con el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el
senador Iván Cepeda.
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Hernández detalló en la audiencia que "hubo un plan criminal para engañar a la
Corte Suprema de Justicia" mediante la manipulación de declaraciones falsas.
Este plan, según la Fiscalía, involucra la búsqueda activa de testigos
dispuestos a cambiar sus testimonios a cambio de incentivos económicos y
judiciales.
El fiscal destacó que las reuniones documentadas entre los investigados a
mediados de 2017 evidencian la intención de pervertir la justicia. "Se buscó que
declaran falsamente contra el senador Iván Cepeda", señaló, agregando que este
esfuerzo se reactivó en 2018 tras una decisión desfavorable para los intereses
de Álvaro Uribe Vélez.
Las pruebas presentadas por la Fiscalía incluyen grabaciones de comunicaciones
entre Cadena y testigos clave, así como testimonios que corroboran la supuesta
influencia indebida ejercida por el abogado en distintos centros carcelarios del
país.
En su defensa, Cadena se ha mantenido firme en su inocencia, negando
categóricamente las acusaciones en su contra. En una audiencia virtual, el
abogado reiteró: "No acepto cargos, su Señoría", haciendo patente su postura
ante el proceso judicial que enfrenta.
A medida que el juicio avanza, la atención se centra en la capacidad de la
Fiscalía para sostener sus acusaciones y en la habilidad de la defensa para
contrarrestar las pruebas presentadas. En un caso que ha polarizado la opinión
pública y puesto en entredicho la integridad del sistema judicial colombiano, el
desenlace de este proceso tendrá repercusiones significativas tanto en el ámbito
legal como en el político.
A la cárcel presunto responsable de
arrojar gasolina sobre su pareja
Un juez de control de garantías en Barranquilla ordenó medida de aseguramiento
en un centro carcelario a Jailer Enrique Muñoz Meneses, de 48 años, quien
enfrenta cargos por presuntamente arrojar gasolina sobre su pareja sentimental
en un violento incidente.
La víctima, una mujer de 29 años, ha sufrido múltiples episodios de violencia
intrafamiliar, según la Fiscalía General de la Nación.
La investigación reveló que Muñoz Meneses habría sometido, en repetidas
ocasiones, a su pareja a violencia física, verbal y psicológica desde el año
2023. Uno de los incidentes más graves ocurrió el 18 de septiembre, cuando
supuestamente roció gasolina sobre la mujer y causó daños en la vivienda.
Además, el 18 de enero, se le atribuye haber golpeado a la mujer, generándole
una incapacidad médico legal de 22 días.
La captura de Muñoz Meneses se llevó a cabo el 23 de enero en el barrio El
Rosario de Barranquilla, por orden judicial.
En la audiencia, la Fiscalía le imputó al acusado el delito de violencia
intrafamiliar agravada.
Sin embargo, a pesar de las evidencias presentadas, el procesado no aceptó su
responsabilidad en los hechos.
Paro armado en Chocó: Fuerzas Militares
anunciaron el despliegue de más de 200 soldados
Hay temor en Chocó por cuenta de un panfleto en el que, presuntamente, el
Ejército de Liberación Nacional (ELN) habría anunciado un paro armado indefinido
que empezaría a regir desde el 10 de febrero
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de 2024. Aunque las
autoridades están confirmando la veracidad del mismo, las Fuerzas Militares ya
anunciaron acciones para proteger a la población civil.
Por medio de un comunicado dieron a conocer un despliegue de más de 200
uniformados que fortalecerán el control territorial en la región del río San
Juan, en inmediaciones del municipio de Sipí, ubicado en el centro del
departamento del Chocó. De esta manera, se espera preservar la tranquilidad de
los pobladores.
“En las últimas horas, fueron enviadas estas tropas del Ejército Nacional, así
como unidades fluviales de la Armada de Colombia y aeronaves de la Fuerza
Aeroespacial, las cuales se encargará del monitoreo y control de puntos
estratégicos en la región, para evitar cualquier acción criminal o delictiva”,
detallaron las Fuerzas Militares.
Asimismo, indicaron que una parte del trabajo en la región que ha venido
ejecutándose en las últimas semanas se ha basado en operaciones contra ciertas
estructuras del Clan del Golfo, que buscan controlar las rutas del narcotráfico
y la explotación minera ilegal en varias zonas del departamento.
¿Un cese al fuego fallido?
Por ahora, el ELN no se ha adjudicado la autoría de dicho comunicado, pero ya ha
sido blanco de críticas por presuntamente violar el cese al fuego bilateral
temporal pactado con el Gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo
Petro. Lo más grave es que el panfleto empezó a circular menos de cuatro días
después de que las delegaciones de la guerrilla y el Gobierno acordaran
prorrogar el cese al fuego por seis meses.
En el documento en cuestión, el grupo armado aseguró que ha sido testigo de la
instalación de retenes ilegales en los ríos San Juan, Sipí, Cajón, Baudó y
Cajón. Esto estaría poniendo a la población en una situación “precaria”,
perpetrada, supuestamente, por grupos paramilitares que hacen presencia en el
departamento, en alianza con la fuerza pública.
“Se viene presentando combates con nuestro Ejército de Liberación Nacional en
defensa de las comunidades en el territorio, seguimos denunciando la colusión
entre militares y paramilitares de la región. Por tal motivo decretamos paro
armado indefinido en los ríos San Juan, Sipí y Cajón, a partir de las 00.00
horas del día 10 de febrero del año en curso, con el fin de salvaguardar la vida
e integridad de la población”, se lee en el comunicado.
Ante el anuncio, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Asís, ‘estalló’
cuestionando el presunto accionar de la guerrilla y explicando las consecuencias
para los habitantes de las zonas señaladas en el panfleto: “Es una clara
violación a las libertades de la población civil. Esto implicaría el
confinamiento de alrededor de 27.000 personas”.
Por su parte, la gobernadora de Chocó, Carolina Córdoba Curi, indicó en X (antes
Twitter), que el departamento, nuevamente, tendrá que enfrentarse a una
violación masiva de derechos humanos, además de que hay cinco municipios que ya
están viviendo los estragos del confinamiento.
“Nuestra prioridad debe enfocarse en garantizar la movilidad de las comunidades,
el acceso a la salud y la garantía de la seguridad alimentaria. El confinamiento
al que viene siendo sometida la población de más de 5 municipios del Río San
Juan no puede ser admitida desde ningún punto de vista. Aboca a la intervención
de todas las entidades del orden nacional y territorial, así como de los
cooperantes internacionales. ¡Se trata de los Derechos Humanos de la gente!”,
detalló la gobernadora en la red social.
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