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Prenden las alarmas por fortalecimiento de grupos
armados y la incapacidad del Estado de controlar los territorios
El más reciente informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) alertó por la
situación actual de la violencia en Colombia y retos del proceso de paz que
adelanta el Gobierno nacional con algunos grupos armados.
En el documento, titulado Paz total: los grupos armados ganan con cara y con
sello, la fundación señala que los grupos al margen de la ley se fortalecieron,
al tiempo que los indicadores muestran que ha disminuido su impacto en el
territorio. Un panorama contradictorio.
Lo anterior, para la FIP supone un reto que corresponde al Gobierno al tener que
manejar el recrudecimiento de la violencia por cuenta de constantes
enfrentamientos entre grupos armados, lo que, a su vez, se evidencia en los
tableros de negociación y en las condiciones de seguridad.
Señalan que no es posible atribuir una reducción de los impactos humanitarios a
la política de Paz Total y en particular a los ceses al fuego, como algunos han
sostenido.
“Desde el seguimiento que venimos haciendo en la FIP, encontramos que el
escenario actual está más bien determinado por las dinámicas de los grupos
armados en función del objetivo primordial de sostener y ampliar su gobernanza
criminal en medio de los diálogos y negociaciones con el Gobierno”.
Seguido, la FIP puso en duda el verdadero objetivo de los ceses al fuego: “(…)
han tenido serios obstáculos para un monitoreo eficaz, han jugado en favor de
este objetivo, lo que deja grandes interrogantes sobre el efecto real que está
teniendo la política de paz en la seguridad de la gente y sobre el control del
Estado en las zonas más vulnerables del país”, señala el informe.
Abren investigación contra Miguel Polo Polo por presunta injuria
La Corte Suprema de Justicia abrió una investigación formal contra el
representante a la Cámara, Miguel Abraham Polo Polo, por
presuntos delitos de injuria y calumnia, en respuesta a una denuncia presentada
por el exsenador Gustavo Bolívar. El caso se desencadenó a partir de una
publicación en redes sociales que generó un enfrentamiento legal entre ambos
políticos.
Según la Corte Suprema, la investigación se originó a raíz de un tweet publicado
el 23 de agosto del año pasado, cuando Polo Polo, a través de su cuenta de X,
señalaba directamente a Gustavo Bolívar. En dicho mensaje, el congresista
vinculaba al exsenador con el financiamiento de la Primera Línea y los suicidios
de dos extrabajadores del senador.
Este tweet, considerado por la Corte como posiblemente injurioso, desencadenó la
apertura de la pesquisa.
La Sala Especial de Instrucción de
la Corte Suprema de Justicia consideró que el tweet en cuestión "podría vulnerar
presuntamente los derechos a la honra y el buen nombre de Bolívar, al contener
supuestamente un señalamiento injurioso y partir de hechos que serían falsos".
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A pesar de los esfuerzos por
resolver la situación de manera conciliatoria, los intentos entre Polo Polo y
Bolívar no dieron frutos. En una audiencia realizada en septiembre del año
pasado, Bolívar se negó a aceptar cualquier acuerdo, argumentando que las
acusaciones de Polo Polo eran infundadas y que este último no presentó pruebas
contundentes que respaldan sus afirmaciones.
En su defensa, Polo Polo mantiene que sus acusaciones están basadas en hechos
reales y que Bolívar no ha proporcionado evidencia alguna que desacredite sus
afirmaciones.
Este enfrentamiento legal entre dos figuras prominentes de la política nacional
ha generado un debate acalorado en el Congreso y en la opinión pública. Mientras
tanto, la investigación de la Corte Suprema continúa su curso, y se espera que
en los próximos días se realicen las indagatorias pertinentes para esclarecer
este delicado asunto que ha puesto en entredicho la reputación de ambos
políticos y ha generado un profundo impacto en la arena política del país.
Paro armado en Chocó: Fuerzas Militares anunciaron
el despliegue de más de 200 soldados
Hay temor en Chocó por cuenta de un panfleto en el que, presuntamente, el
Ejército de Liberación Nacional (ELN) habría anunciado un paro armado indefinido
que empezaría a regir desde el 10 de febrero de 2024. Aunque las autoridades
están confirmando la veracidad del mismo, las Fuerzas Militares ya anunciaron
acciones para proteger a la población civil.
Por medio de un comunicado dieron a conocer un despliegue de más de 200
uniformados que fortalecerán el control territorial en la región del río San
Juan, en inmediaciones del municipio de Sipí, ubicado en el centro del
departamento del Chocó. De esta manera, se espera preservar la tranquilidad de
los pobladores.
“En las últimas horas, fueron enviadas estas tropas del Ejército Nacional, así
como unidades fluviales de la Armada de Colombia y aeronaves de la Fuerza
Aeroespacial, las cuales se encargará del monitoreo y control de puntos
estratégicos en la región, para evitar cualquier acción criminal o delictiva”,
detallaron las Fuerzas Militares.
Asimismo, indicaron que una parte del trabajo en la región que ha venido
ejecutándose en las últimas semanas se ha basado en operaciones contra ciertas
estructuras del Clan del Golfo, que buscan controlar las rutas del narcotráfico
y la explotación minera ilegal en varias zonas del departamento.
¿Un cese al fuego fallido?
Por ahora, el ELN no se ha adjudicado la autoría de dicho comunicado, pero ya ha
sido blanco de críticas por presuntamente violar el cese al fuego bilateral
temporal pactado con el Gobierno nacional, en cabeza del presidente
Gustavo Petro. Lo más grave es que el panfleto empezó a circular menos de cuatro
días después de que las delegaciones de la guerrilla y el Gobierno acordaran
prorrogar el cese al fuego por seis meses.
En el documento en cuestión, el grupo armado aseguró que ha sido
testigo de la instalación de retenes ilegales en los ríos San Juan, Sipí, Cajón,
Baudó y Cajón. Esto estaría poniendo a la población en una situación “precaria”,
perpetrada, supuestamente, por grupos paramilitares que hacen presencia en el
departamento, en alianza con la fuerza pública.
“Se viene presentando combates con
nuestro Ejército de Liberación Nacional en defensa de las comunidades en el
territorio, seguimos denunciando la colusión entre
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militares y paramilitares de la región. Por tal motivo decretamos paro armado
indefinido en los ríos San Juan, Sipí y Cajón, a partir de las 00.00 horas del
día 10 de febrero del año en curso, con el fin de salvaguardar la vida e
integridad de la población”, se lee en el comunicado.
Ante el anuncio, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Asís, ‘estalló’
cuestionando el presunto accionar de la guerrilla y explicando las consecuencias
para los habitantes de las zonas señaladas en el panfleto: “Es una clara
violación a las libertades de la población civil. Esto implicaría el
confinamiento de alrededor de 27.000 personas”.
Por su parte, la gobernadora de Chocó, Carolina Córdoba Curi, indicó en X (antes
Twitter), que el departamento, nuevamente, tendrá que enfrentarse a una
violación masiva de derechos humanos, además de que hay cinco municipios que ya
están viviendo los estragos del confinamiento.
“Nuestra prioridad debe enfocarse en garantizar la movilidad de las comunidades,
el acceso a la salud y la garantía de la seguridad alimentaria. El confinamiento
al que viene siendo sometida la población de más de 5 municipios del Río San
Juan no puede ser admitida desde ningún punto de vista. Aboca a la intervención
de todas las entidades del orden nacional y territorial, así como de los
cooperantes internacionales. ¡Se trata de los Derechos Humanos de la gente!”,
detalló la gobernadora en la red social.
Cayó alias Óscar, jefe de sicarios del
Clan del Golfo en los Llanos Orientales
En la mañana del viernes 16 de febrero se llevó a cabo una operación conjunta
entre las tropas de la IV División del Ejército y unidades del Gaula de la
Policía en el centro de Villavicencio, que dejó como resultado la captura de
alias Óscar, un peligroso criminal señalado de ser el jefe de sicarios del
frente Gonzalo Oquendo del Clan del Golfo en cuatro departamentos, coordinar
extorsiones y establecer negocios con carteles internacionales de la droga.
De acuerdo con las autoridades, el criminal recaudaba entre 400 y 500 millones
de pesos al mes y hasta cinco mil millones anuales por extorsionar a
empresarios, comerciantes y ganaderos en Puerto Gaitán, Puerto López,
Villavicencio, Cabuyaro y Barranca de Upía, en el Meta; Villanueva, Monterrey y
Tauramena, en Casanare; La Primavera, en Vichada, y Paratebueno, en
Cundinamarca.
“Queremos hacer el anuncio formal de que ayer (16 de febrero), en horas de la
mañana, muy temprano, fue capturado alias Óscar, un hombre 40 años que se
dedicaba a fortalecer en su sistema financiero delgado el Clan del Golfo a
través de esas cuotas extorsivas que se desarrollan en algunos municipios del
Meta, Puerto Gaitán, Puerto López, Villavicencio. No solo tenía de jurisdicción
el Meta, sino también Casanare Vichada y Cundinamarca”, declaró en rueda de
prensa el alcalde de Villavicencio Alexander Baquero Sanabria.
Desde el Ejército indicaron que una de las modalidades de extorsión que cometía
alias Óscar era el secuestro, modalidad que ayudaba a nutrir su estructura
financiera dentro del Clan del Golfo.
“Llevamos cien capturas este año, no solo del Clan del Golfo sino de otras
organizaciones, en lo cual ha sido importante la cohesión entre la Fuerza
Pública. Al iniciar nuevamente la Operación Agamenón se harán operaciones
constantes en Meta y Casanare. Seguramente mañana será otro delincuente que
reemplace a Óscar, pero lo importante es tenerlos ubicados y referenciados
porque este golpe en lo que sí afecta es en las relaciones internacionales que
tenían con otros grupos delincuenciales”, declaró ante los medios de
comunicación el general Fredy Gómez, comandante de la IV División del Ejército.
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