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Capturan en Medellín a ‘Pacho Malo’, investigador
del CTI
En Medellín fue capturado Francisco Javier Martínez, alias Pacho Malo un
investigador de la Fiscalía que cuenta con varias denuncias que advertían hechos
de corrupción en la entidad.
Martínez es señalado de concierto para delinquir y tener redes de contrabando en
el puerto vallecaucano, la capital antioqueña y Bogotá. Además, fue acusado por
otros dos exfuncionarios de la Fiscalía, hoy en juicio, de ser un enlace con
organizaciones criminales al servicio del narcotráfico y que era él, un supuesto
protegido de la entonces vicefiscal.
Martha Mancera había denunciado hace varias semanas que este hombre hacía parte
de un complot en su contra con el fin de desprestigiarla y sacarla del encargo
en el ente acusador. Agentes del CTI sostenían que descubrieron las actividades
ilícitas de Francisco Javier Martínez Ardila mientras se infiltraron en
organizaciones criminales en Caldas, Cauca y el Valle. Afirman que, en lugar de
investigar al coordinador del CTI, la vicefiscal Mancera los persigue. Aunque
los agentes respaldan sus afirmaciones con documentos y su trabajo encubierto,
actualmente enfrentan procesos legales por concierto para delinquir con fines de
narcotráfico, fraude procesal y falsedad en documento público.
Los hechos que fueron descartados conforme avanzaron las investigaciones del
ente acusador y que develaron las verdaderas intenciones de los implicados.
Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, en ejercicio de la
competencia prevista en los artículos 32.8 del Código de Procedimiento Penal y
5° del Decreto Ley 016 de 2014, archivó la indagación que se seguía en contra de
la Vicefiscal General de la Nación, Martha Janeth Mancera; y de la delegada para
la Seguridad Territorial, Luisa Fernanda Obando Guerrero.
ELN reanudó el paro armado en Chocó por los
combates que sostienen contra el Clan del Golfo
Aunque la semana pasada, el grupo insurgente anunció el fin del paro armado en
varios municipios del departamento del Chocó, en el
litoral Pacífico, nuevamente hay parálisis en ese territorio por cuenta de los
combates que sostienen contra el Clan del Golfo, también conocidas como las
Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).
Los subversivos anunciaron el lunes que no permitirían el transporte fluvial en
los ríos Sipí, San Jorge, y San Juan, así como en sus afluentes, ante los
enfrentamientos con el grupo descendiente de las extintas AUC.
“Que se abstengan de movilizarse el 19 de febrero (...) ya que se siguen
adelantando los combates”, citaron en el medio radial de uno de los panfletos de
los guerrilleros.
Entre tanto, la Defensoría del
Pueblo denunció que por el recrudecimiento de las hostilidades armadas entre
esas organizaciones criminales, están confinadas, de manera forzada, las
poblaciones de Istmina, Sipí, Litoral del San Juan, Nóvita y Medio San Juan.
“Es tan crítica la situación, que no se han podido transportar, vía fluvial, las
ayudas humanitarias a quienes temen salir de sus territorios. Los
enfrentamientos armados están vulnerando los derechos fundamentales de los
pobladores (sic)”, detallaron en su cuenta oficial en la red social X.
Agregaron que están en riesgo de
perderse los enseres y alimentos que donaron a los habitantes de esas zonas del
departamento la Diócesis de Istmina-Tadó, el Foro Interétnico Solidaridad Chocó
(Fischetnico), y las alcaldías de Sipí, Istmina y Medio San Juan.
“Hace tres días se levanta el paro
armado
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anunciado públicamente, pero se reciben unos anuncios, la noche anterior, de que
no se pueden movilizar por el territorio”.
Por eso la Defensoría del Pueblo hizo un nuevo llamado al Gobierno Nacional para
que protejan a los civiles ante la situación de violencia entre esas
agrupaciones armadas al margen de la ley.
“Exhortamos a los cuerpos de seguridad del Estado a brindar las debidas
garantías para que las ayudas puedan llegar a los lugares donde persiste el
confinamiento, permitiendo a la población salir a hacer sus actividades del día
a día (sic)”, solicitaron.
En medio de esta crisis humanitaria, miembros de la delegación de paz del
Gobierno Nacional, que participaban en la mesa de diálogos con el ELN, se
desplazaron a Quibdó para atender a los gobernantes y líderes en la zona del San
Juan, tras el confinamiento de la comunidad causado por el paro armado.
La medida impuesta por el Frente de Guerra Occidental de esa guerrilla, que se
suponía que iba del 10 al 14 de febrero, afectó a más de 27.000 personas, confín
ándolas en el sur del departamento. Esto ocurrió apenas cinco días después de
que se extendiera el cese al fuego con el Gobierno nacional por seis meses.
Al encuentro asistieron Vera Grabe, que encabeza al grupo de negociadores, y los
senadores Iván Cepeda y María José Pizarro, junto con representantes del
mecanismo de seguimiento y verificación.
También estuvo presente la gobernadora del Chocó, Nubia Córdoba, que manifestó
que cualquier acuerdo de paz debe involucrar a la sociedad civil.
“El cese al fuego resulta insuficiente ya que solo abarca un alto en las
hostilidades entre las fuerzas armadas y el ELN. Debe ampliarse a la comunidad,
considerando el derecho internacional humanitario y los derechos humanos de las
comunidades y los individuos involucrados”, afirmó.
No obstante, como indicó la funcionaria, el conflicto provocado por el
confinamiento radica en la lucha territorial por el control de actividades
ilícitas, enfrentando a la guerrilla con el Clan del Golfo, comunidad que ha
expresado su deseo de paz y aceptación de la propuesta gubernamental.
Mientras que el congresista Cepeda destacó que tienen un nuevo objetivo y es el
de extender la pausa en las hostilidades con el resto de estructuras armadas que
azotan al país.
“El reto es cómo expandir esa protección, logrando al menos un consenso de
respeto por los ceses al fuego bilaterales existentes. Se ha debatido sobre un
cese multilateral, aunque parece complejo”, comentó.
La jefa de la delegación expresó una opinión similar: “Las acciones deben
incluir a la población civil, no solo se trata de un cese al fuego entre los
combatientes y el ejército, sino de expandirlo a la población. El proceso de paz
no solo concierne al ELN, debe abarcar a otros grupos para erradicar
definitivamente la violencia”.
Cayó alias Óscar, jefe de sicarios del Clan del
Golfo en los Llanos Orientales
En la mañana del viernes 16 de febrero se llevó a cabo una operación conjunta
entre las tropas de la IV División del Ejército y unidades del Gaula de la
Policía en el centro de Villavicencio, que dejó como resultado la captura de
alias Óscar, un peligroso criminal señalado de ser el jefe de sicarios del
frente Gonzalo Oquendo del Clan del Golfo en cuatro departamentos, coordinar
extorsiones y establecer negocios con carteles internacionales de la droga.
De acuerdo con las autoridades, el criminal recaudaba entre 400 y 500 millones
de pesos al mes y hasta cinco mil millones anuales por extorsionar a
empresarios, comerciantes y ganaderos en Puerto Gaitán, Puerto López,
Villavicencio, Cabuyaro y Barranca de Upía, en el Meta; Villanueva, Monterrey y
Tauramena, en Casanare; La Primavera, en Vichada, y Paratebueno, en
Cundinamarca.
“Queremos hacer el anuncio formal de
que ayer (16 de febrero), en horas de la mañana, muy temprano, fue capturado
alias Óscar, un hombre 40 años que se dedicaba a fortalecer en su sistema
financiero delgado el Clan del Golfo a través de esas cuotas extorsivas que se
desarrollan en algunos municipios
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del Meta, Puerto Gaitán, Puerto López, Villavicencio. No solo tenía de
jurisdicción el Meta, sino también Casanare Vichada y Cundinamarca”, declaró en
rueda de prensa el alcalde de Villavicencio Alexander Baquero Sanabria.
Desde el Ejército indicaron que una de las modalidades de extorsión que cometía
alias Óscar era el secuestro, modalidad que ayudaba a nutrir su estructura
financiera dentro del Clan del Golfo.
“Llevamos cien capturas este año, no solo del Clan del Golfo sino de otras
organizaciones, en lo cual ha sido importante la cohesión entre la Fuerza
Pública. Al iniciar nuevamente la Operación Agamenón se harán operaciones
constantes en Meta y Casanare. Seguramente mañana será otro delincuente que
reemplace a Óscar, pero lo importante es tenerlos ubicados y referenciados
porque este golpe en lo que sí afecta es en las relaciones internacionales que
tenían con otros grupos delincuenciales”, declaró ante los medios de
comunicación el general Fredy Gómez, comandante de la IV División del Ejército.
Denuncian intimidantes amenazas contra docentes en Caquetá: señalan al Clan
del Golfo
Una grave situación de inseguridad estarían viviendo algunos docentes en
Caquetá, debido a las presuntas amenazas recibidas por parte de supuestos
integrantes del nuevo frente de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).
La denuncia la puso en conocimiento la Federación Colombiana de Trabajadores de
la Educación (FECODE), que indicó que los docentes también estarían siendo
desplazados forzosamente y que la situación se viene presentando desde mediados
de enero.
De acuerdo con lo indicado por la Federación, todo surgió a raíz de la
circulación de un panfleto amenazante en el que se refieren a varios docentes,
“algunos que corresponden al concurso especial para docentes en zona de
posconflicto-PDET y un etnoeducador Nasa”, y añadieron que Puerto Rico, San
Vicente del Caguán, Solita, Cartagena del Chairá, Solano y Belén de los
Andaquíes, serían los municipios a los que va dirigida la peligrosa advertencia.
El comunicado de prensa emitido por Fecode deja de manifiesto la crítica
situación que estarían atravesando los docentes, quienes tendrían prohibido
salir después de las 10:00 p.m.
La federación compartió un aparte del supuesto panfleto de las AGC: “Estos que
son supuestos líderes sociales o que se hacen llamar educadores, todo aquel que
atente contra la integridad de la población que defendemos, serán nuestros
enemigos, todos los informantes, colaboradores y los que trabajan de incógnito,
también serán objetivo militar nuestra organización, no andar en la calle
después de las 10:00 pm porque también les daremos de baja”.
De otro lado, FECODE trajo a colación las alertas tempranas de la Defensoría del
Pueblo, que advierte una inminente presencia de grupos armados en las zonas
donde se realizan las amenazas y añadieron que estas estructuras representan un
riesgo para niños, niñas y jóvenes, pues serían blanco del reclutamiento
forzoso:
“Las alertas tempranas 011-22, 018-23 y 029-23 de la Defensoría del Pueblo dan
cuenta de la presencia de actores armados en la zona de incidencia de la
amenaza. Específicamente resaltamos que la Alerta Temprana 011-22 indicó que se
genera un alto riesgo de vinculación de niños, niñas y adolescentes a filas de
grupos armados que converge con un elevado subregistro que se tienen sobre
conductas vulneratorias y las varias amenazas efectuadas a personal docente en
los municipios advertidos, como estrategia para el debilitamiento de los
entornos de protección educativos”, añadió el comunicado.
Respecto a la alerta 029-23, de la Defensoría recalcó que los docentes y en
general la población civil de Puerto Rico (Caquetá) estarían en grave peligro
por cuenta de los actores armados ilegales que operan en la zona, por lo que en
ese momento solicitó que se estableciera una ruta de protección a la población.
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