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Dos meses tiene Minsalud para cancelar deudas a las EPS
Así lo determino la Corte Constitucional con el Acuerdo de Punto
Final y el monto a cancelar es de $11,4 billones.
La Corte Constitucional ordenó al Ministerio de Salud desembolsar a
las EPS la totalidad de los recursos aprobados con el Acuerdo de
Punto Final que no hayan sido cancelados a la fecha. Esta orden
deberá cumplirse en el término de dos meses.
Esta decisión fue adoptada por la Sala Especial de Seguimiento a la
Sentencia T-760 de 2008 que, mediante Auto 2882 del 20 de noviembre
de 2023, declaró el nivel de cumplimiento bajo de la orden
vigesimocuarta. Esta busca garantizar el flujo de los recursos que
el Gobierno nacional debe destinar al pago de determinados servicios
y tecnologías en salud, concretamente, de aquellos que ha
establecido que deberán ser recobrados por las EPS una vez
entregados a la población - procedimiento de recobro-, toda vez que
no se financian con la UPC ni los Presupuestos Máximos.
Para garantizar este objetivo, el Gobierno se comprometió a cancelar
de manera definitiva esta deuda, a través de lo que llamó el Acuerdo
de Punto Final, una norma mediante la cual se estableció que se
pagarían a las EPS todos los valores pendientes con ocasión de la
prestación de los referidos servicios y tecnologías en salud que se
entregaron a la población hasta diciembre de 2019, con la intención
de evitar la acumulación de nueva deuda a favor de las EPS y las
IPS.
Sin embargo, en esta decisión la Sala encontró, entre otras cosas,
(i) que para el 2023, no se había efectuado el pago total de esta
deuda, que según el Gobierno, se completaría en agosto de 2022; (ii)
evidenció montos sin cancelar que fueron aprobados dentro del
acuerdo; (iii) sumas de dinero que no se negociaron en el acuerdo
porque se discuten en procesos judiciales; y (iv) que a partir del
año 2020, surgió una nueva deuda en favor de las EPS y las IPS por
la prestación de estos servicios.
Sumado a los valores pendientes, la Sala identificó que los actores
del sector salud señalaron que, en relación con la nueva deuda que
estaba surgiendo en materia de recobros -a partir de 2020-, se les
adeudaba más de un billón de pesos por este motivo, y que el origen
de esas obligaciones se relacionaba, en gran medida, con servicios
prestados durante la emergencia por Covid-19.
En consecuencia, la Corte ordenó al Ministerio de Salud, entre otras
cosas, desembolsar la totalidad de los dineros aprobados con el
acuerdo y que no hubieran sido pagados, a más tardar, dentro de los
dos meses siguientes a partir de la comunicación de la decisión
adoptada.
Helicóptero turístico cayó en un edificio de Manrique, Medellín
En horas de la tarde se conocieron imágenes de un helicóptero
suspendido en un edifico
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del sector de Manrique, en la ciudad de
Medellín, que, al parecer, realizaba un recorrido turístico a cuatro
personas.
Algunas versiones indican que la aeronave intentó despegar, pero que
no alcanzó la altura suficiente, lo que desencadenó en el accidente.
“Al momento no reportan ninguna persona herida se activan las
alertas con los organismos de socorro", manifiesta el reporte
preliminar.
Vía Bogotá-Villavicencio: habilitan variante de Naranjal
La movilidad ya inició con tráfico real, autoridades recomiendan a
conductores esta atentos a comunicación de entidades como INVÍAS.
Considerando información publicada en medios de comunicación en
donde se menciona a Coviandina como responsable del mantenimiento de
los puentes Aserríio, Susumuco y Estatecá de la vía Bogotá -
Villavicencio, la concesionaria desea aclarar lo siguiente:
Los puentes Estaquecá (k46+120), Aserrío (k64+400) finalizado en
1994 bajo la norma técnica de la época y el puente Susumuco
(k69+090) que hacen parte de la calzada existente del corredor vial
Bogotá – Villavicencio, fueron construidos por el INVIAS.
1.Aunque el mantenimiento de estas estructuras está a cargo de la
Concesión (limpieza de obras hidráulicas, pintura de barandas,
retiro de material orgánico del concreto, reemplazo de juntas,
retiro de material de derrumbe, etc) estas labores NO incluyen
rehabilitaciones, reconstrucciones, repotenciaciones o la ejecución
de obras nuevas que son responsabilidad del Estado.
2.Coviandina realizó la patología del puente Susumuco y fue la
encargada de informar tanto a la ANI como al Invías el estado de
este, situación que fue corroborada por dichas entidades.
3. Para el caso de Aserrío, se han ejecutado obras que no hacen
parte de las actividades de mantenimiento y se ejecutaron con
recursos del convenio de la ANI con la UNGRD entre ellas:
estabilización base pila anclajes de 20 m - relleno hueco con
mortero para fisuras y concreto especial, estabilización talud entre
estribo pila y cauce quebrada mediante concreto lanzado reforzado
con malla electrosoldada, instalación de anclajes, muro en concreto
lanzado, malla y pernos protección hidráulica, entre otras.
4. El puente Estaquecá se encuentra fuera de servicio, toda vez que
desde la avalancha del 17 de julio de 2023 se encuentra cubierto por
grandes volúmenes de material de derrumbe. Por parte de la Concesión
ha sido imposible el retiro de este material, debido a que de manera
constante se producen nuevos eventos de derrumbe con magnitudes
variables, que ponen en riesgo a los trabajadores involucrados en
estas labores.
5. Cabe mencionar que estas obras se han visto bastante afectadas
por eventos naturales como crecientes o avenidas torrenciales:
Estaquecá 2004 - 2010 - 2018 - 2019 - 2021 - 2023 causando daños en
vigas por impacto de rocas. El puente Aserrío se vio afectado en
julio de 2022 por desprendimiento y socavación lateral de la
quebrada, mientras que el puente Susumuco ha presentado afectación
en su estructura metálica.
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Retrasos en contrataciones de ICBF afectan a 780 mil niños:
Contraloría
El órgano de control anunció un seguimiento a l a
entidad pues los contratos debieron suscribirse los días 21, 22 y 23
de febrero de 2024.
La contraloría General de la Republica anunció un seguimiento
especial a todo el proceso de Contratación que adelanta el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, para atender a los Centros
de Desarrollo Infantil, dado el serio retraso que se registra en la
atención de 785.905 niños de 0 a 5 años.
Según los primeros análisis de la DIARI, Dirección de Información,
Análisis y Reacción Inmediata, el proceso CV-PC-008-2023S, en
adelantado por el ICBF, rompe los principios de contratación estatal
de planeación y de responsabilidad, cuyo fin es cumplir los
objetivos del estado para prestar los servicios a la comunidad, en
este caso concreto a una de las poblaciones más vulnerables del
país.
El 28 de diciembre de 2023 se publicó el inicio del proceso para la
adjudicación de contratos de aportes para CDI, Hogares Infantiles
(HI), Desarrollo Infantil en Medio Familiar (DIMF), Educación
Inicial Rural (EIR), con un presupuesto de $3.033.038.286.259 por
una duración de 330 días, según figura en el SECOP II.
El objetivo, según la convocatoria, es atender 785.905 niños de 0 a
5 años, en 1.326 zonas en los 32 departamentos y Bogotá.
Se presentaron 1.417 ofertas. El primer informe de evaluación se
publicó en el SECOP II en febrero 12 de 2024. Hasta el viernes 17 de
febrero de 2024, se publicaron aproximadamente 690 reclamaciones,
denuncias, (algunas con connotación penal por presunta falsificación
de documentos), recursos, subsanaciones, derechos de petición,
observaciones, aclaraciones, etc., las cuales fueron contestadas en
el SECOP II, en febrero 16 de 2024, a las 9:19 PM junto con el
alcance II al informe de evaluación.
En febrero 20 de 2024, a las 10:39 p.m., publicaron alcance III al
informe de evaluación y respuestas a 95 observaciones,
reclamaciones, etc.
Los seleccionados deberán suscribir los contratos de aporte
respectivos, dentro de los tres (03) días siguientes a la
publicación del informe de orden de elegibilidad so pena de hacer
efectiva la garantía de seriedad de la oferta; por lo tanto, los
contratos debieron suscribirse los días 21, 22 y 23 de febrero de
2024.
Firmar acta de inicio, conllevan que la misma se deberá diligenciar,
siendo conservadores, aproximadamente, el 29 de febrero de 2024. Con
lo cual ya no se puede hablar de 330 días contratados si no de 306
días de contratación o menos.
Es un hecho incuestionable que, de los 330 días proyectados a
contratar, señalados en el SECOP II, solo se estarían contratando
aproximadamente 306 días, lo que implica un daño a la población
beneficiaria.
Teniendo en cuenta que el valor total del contrato es de $
3.033.038.286.259 por una duración de 330 días, equivale por día a
$9.191.025.109. Lo cual significa que, si se llega a firmar el acta
de inicio aproximadamente el 29 de febrero de 2024, por un total de
306 días. Esos 23 días de diferencia equivalen aproximadamente a $
211.393.577.527.
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