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Culpable de narcotráfico el
expresidente hondureño JOH
El expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández fue hallado
culpable este viernes de tráfico de drogas por el jurado de un
tribunal federal de New York, tras un juicio histórico que puede
acarrearle la prisión perpetua.
En su segundo día de deliberaciones, el jurado de 12 personas
anunció su veredicto unánime poco antes de las 13H30 locales:
culpable de los tres cargos de los que le acusaba la fiscalía.
"Soy inocente, dígaselo al mundo, los amo", dijo Hernández al
abandonar la corte dirigiéndose a sus familiares, entre ellas dos
cuñadas, y los tres generales que vinieron a testificar a su favor
en este juicio.
Flanqueado por sus abogados, momentos antes de que el juez Kevin
Castel convocase a las partes para escuchar el fallo, Hernández, de
55 años, parecía rezar.
Después, siguió el veredicto moviendo la cabeza con incredulidad a
medida que el jurado portavoz respondía a cada una de las preguntas
que formuló el juez para establecer su culpabilidad.
La fiscalía, que sostiene que el expresidente creó un narcoestado
durante su presidencia (2014-2022), lo acusaba de conspirar para
traficar drogas a Estados Unidos, así como conspirar para traficar
armas y posesión y que son pasibles de cadena perpetua.
La condena, en semanas o meses
El juez todavía debe anunciar la condena del expresidente en las
próximas semanas o meses.
Según la fiscalía estadounidense, Hernández participó y protegió
entre 2004 y 2022 -cuando era diputado, presidente del Congreso y
luego presidente de la República- a una red que envió más de 500
toneladas de cocaína a Estados Unidos.
A cambio, habría recibido millones de dólares de los cárteles, entre
ellos del narcotraficante mexicano Joaquín "Chapo" Guzmán
--condenado a cadena perpetua en Estados Unidos-- y de crear un "narcoestado"
durante su presidencia (2014-2022).
Honduras era una "super autopista" por donde pasaba buena parte de
la droga procedente de Colombia con destino a Estados Unidos,
recordó la fiscalía durante el juicio.
Extraditado en abril de 2022 a Estados Unidos, tres meses después de
ceder el testigo de la presidencia a su sucesora la izquierdista
Xiomara Castro, el condenado es el autor de la famosa frase "Le
vamos a meter la droga en sus narices (a los estadounidenses) y no
se van a dar ni cuenta", según un testigo.
El abogado defensor Renato Stabile con los ojos empañados, que
"obviamente el fallo es duro, pero mentalmente es muy fuerte".
Doble discurso
Este fiel colaborador del gobierno del republicano Donald Trump
(2017-2021) llegó a jactarse de los elogios de Washington por la
labor de su gobierno en la lucha contra el narcotráfico.
El fiscal Jacob H. Gutwillig recordó al jurado que en público el
acusado promovió leyes contra el narcotráfico y las extradiciones de
narcos a Estados Unidos, se reunía con funcionarios y autoridades
estadounidenses, pero "nada de esto deshace lo que el acusado hizo
por detrás de las puertas".
"Es un narcotraficante", zanjó.
Desde 2014, Honduras ha extraditado a Estados Unidos 38 personas
acusadas de narcotráfico. Otras se entregaron a las autoridades
estadounidenses o fueron detenidas fuera del país.
El exjefe de la policía Juan Carlos "Tigre" Bonilla y el expolicía
Mauricio Hernández, que iban a ser juzgados con el expresidente, se
declararon culpables de tráfico de drogas unos días antes del inicio
del juicio. Sus condenas se conocerán en los próximos meses.
Buena parte de la docena de testigos que presentó la fiscalía
pusieron en evidencia la corrupción y los estrechos vínculos entre
política y narcotráfico.
"La élite política, que es también la económica, ha operado en
completa impunidad" durante los últimos 15 años, desde el golpe de
estado del 2009, envalentonada por "el apoyo que recibió de
gobiernos extranjeros pese a que sabían que estaba muy involucrada
con el narcotráfico", dice a la AFP la activista estadounidense
Karen Spring de la organización Honduras Solidarity Network.
"Todas las instituciones del Estado están muy penetradas por
narcotráfico, en particular la policía y los militares", asegura.
Extraditado en abril de 2022, tres meses después de dejar la
presidencia, el expresidente seguirá así los pasos de su hermano
Tony Hernández y de Geovanny Fuentes, un estrecho colaborador de
éste, que cumplen cadena perpetua en Estados Unidos, al igual que
Fabio Lobo, hijo del expresidente Porfirio Lobo (2010-2014), y el
diputado Fredy Renán Nájera, todos condenados por tráfico de drogas.
Ecuador extiende por 30 días estado
de excepción por arremetida narco
Ecuador extendió el jueves por 30 días
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el estado de excepción, que
permite movilizar a los militares para mantener el orden en calles y cárceles,
decretado en enero ante una violenta arremetida de grupos narcotraficantes,
informó el gobierno.
El presidente Daniel Noboa, autoproclamado de centro-izquierda y que asumió en
noviembre, emitió un decreto mediante el cual decidió "renovar por treinta días
adicionales" el estado de emergencia en todo el país, que dispuso el 8 de enero
pasado.
La medida, que incluye al sistema penitenciario convertido por las
organizaciones narco en centros de operaciones para enviar droga hacia Estados
Unidos y Europa, se debe a la "grave conmoción interna" y al "conflicto armado
interno" que enfrenta la nación, según el documento.
La Constitución permite al mandatario mantener el estado de excepción hasta por
90 días continuos.
Noboa impuso el estado de excepción el 8 de enero a raíz de que Adolfo "Fito"
Macías, jefe de una de las principales agrupaciones criminales del país, se fugó
de una cárcel de Guayaquil (suroeste) en la que cumplía 34 años de prisión por
delincuencia organizada, narcotráfico y asesinato.
Tras el escape de Fito, que aún no ha sido recapturado, grupos narco volvieron a
embestir con violencia y dejaron una veintena de muertos, más de 200 policías y
guardias penitenciarios secuestrados temporalmente en cárceles y calles y
ataques con explosivos.
El gobernante incluso declaró el 9 de enero al país en "conflicto armado
interno" y ordenó a las Fuerzas Armadas neutralizar a una veintena de bandas con
nexos con carteles de México y Colombia, a las que tildó de "terroristas" y
"beligerantes".
La Corte Constitucional consideró que la declaratoria del "conflicto armado
interno" puede ser por tiempo indefinido en virtud de que no está vinculada al
estado de excepción.
El estado de excepción también faculta al presidente a suspender derechos, lo
que mantiene para la inviolabilidad de la correspondencia con miras a
identificar "conductas ilícitas".
Con estas medidas, Ecuador -ubicado entre Colombia y Perú, los principales
productores mundiales de cocaína- ha logrado decomisar unas 65 toneladas de
drogas desde enero.
Los militares también están a cargo de las prisiones, escenario de cruentos
choques armados entre bandas que dejan más de 460 reos muertos desde 2021, en
matanzas que han pasado a figurar entre las peores de Latinoamérica.
Debido al narcotráfico, los homicidios pasaron de 6 al récord de 46 por cada
100.000 habitantes entre 2018 y 2023, convirtiendo al país en uno de los más
violentos del mundo.
El estado de emergencia permitió reducir la tasa de homicidios de 28 diarios
durante la primera semana de enero a 11 después de dos semanas, de acuerdo a
datos oficiales.
EE.UU apoya democracia en Venezuela pese
a "transgresiones"
Estados Unidos apoya el "proceso democrático" en Venezuela pese a las
"transgresiones" del gobierno del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, que da
pasos "en la dirección equivocada", afirmó el jueves el jefe de la diplomacia
estadounidense para América Latina, Brian Nichols.
El gobierno del presidente estadounidense, Joe Biden, levantó parcialmente el
año pasado algunas de las sanciones impuestas a Caracas en respuesta a un
acuerdo alcanzado en octubre con la oposición.
Este acuerdo persigue varios objetivos: la puesta en libertad de algunos
estadounidenses encarcelados y de presos políticos venezolanos, poner fecha a
las presidenciales y el levantamiento de la inhabilitación de todos los
candidatos a los comicios.
Las elecciones se celebrarán finalmente el 28 de julio, con Maduro como
candidato natural a la reelección y la oposición contra las cuerdas con su
principal aspirante, María Corina Machado, inhabilitada.
"En Venezuela, asumimos un riesgo calculado" acerca de "la probabilidad de que
los herederos del legado de Hugo Chávez permitan una elección en la que no
controlan el resultado", dijo Nichols en un acto organizado por la organización
empresarial estadounidense American Society - Council de Las Américas (AS/COA).
"Finalmente llegamos a la conclusión de
que el status quo era malo para Estados Unidos, bueno para nuestros adversarios
y no
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haría avanzar la
causa de la democracia", añadió.
Recalcó que "la negativa" de Maduro a restablecer los derechos políticos de
candidatos, como Machado, "y su acoso y encarcelamiento" de muchos de sus
partidarios "fueron pasos en la dirección equivocada".
Pero "a pesar de estas recientes transgresiones, seguimos comprometidos a apoyar
el proceso democrático de Venezuela", recalcó el alto cargo del Departamento de
Estado.
Últimamente el gobierno de Biden ha
advertido a Caracas que si no "cambia de rumbo" reimpondrá
sanciones al sector petrolero y del gas en abril, como ya hizo en enero con la
minera estatal de extracción de oro venezolana.
Aunque ya hay fecha para los comicios, Washington está preocupado.
"Los plazos son ajustados y no queremos prejuzgar cómo resultarán las cosas,
pero la dirección del recorrido es profundamente preocupante", dijo Nichols,
quien espera trabajar con los "actores democráticos en Venezuela" y los aliados
en la región para decidir cómo responder "a un país que no respeta las normas
democráticas".
Puigdemont a Psoe tras amnistía: seguirá
“proceso de independencia”
El expresidente de la Generalitat y eurodiputado de Junts, Carles Puigdemont, ha
agradecido la disposición del partido socialista español, PSOE, para pactar la
Ley de Amnistía, advirtiendo que su aprobación permitirá "continuar el proceso
de independencia".
"Tenemos todo el derecho a continuar con el proceso de independencia, a hacer
política y a ejercer nuestros derechos sin ser violentados por las estructuras
de Estado", ha defendido en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.
También ha avisado al Gobierno que, tras el pacto por la amnistía, no puede dar
nada por aprobado y ha dicho que ahora toca negociar pieza a pieza, "desde los
presupuestos al reconocimiento nacional y al ejercicio del derecho a la
autodeterminación".
El nuevo texto de la amnistía divulgado; que tiene sobre la mesa el Congreso de
los Diputados, busca blindar a Puigdemont ante el "terrorismo callejero" que
investiga el Tribunal Supremo en el marco de la causa que ha abierto contra el
eurodiputado de Junts por los disturbios atribuidos a la plataforma
independentista 'Tsunami Democràtic'.
Las enmiendas transaccionales que el jueves han pactado PSOE, Junts, ERC, EH
Bilu, PNV y Sumar también pretenden amparar a los investigados de la trama rusa
del 'caso Voloh' que instruye el Juzgado de Instrucción Número 1 de Barcelona,
cuyo juez insiste en que los contactos del independentismo con Moscú estarían
auspiciados por Puigdemont y podrían constituir delitos de traición y contra la
paz o la independencia del Estado y relativos a la defensa nacional.
En concreto, modifican la proposición de ley que presentó el PSOE el pasado 13
de noviembre para enmendar el preámbulo anterior y los artículos 1, que recoge
el ámbito objetivo; el 2, que detalla las exclusiones de la ley; y el 7,
relativo a los efectos sobre indemnizaciones y restituciones.
La clave para las causas de 'Tsunami Democràtic' y 'Voloh' está en los cambios
del artículo 2. Cabe recordar que el dictamen que Junts tumbó el pasado 30 de
enero perdonaba los delitos de terrorismo siempre y cuando "de forma manifiesta
y con intención directa" no hayan causado "violaciones graves de Derechos
Humanos", citando expresamente los artículos 2 y 3 del Convenio Europeo, que
recogen el derecho a la vida y la prohibición de la tortura, respectivamente.
Este extremo se mantiene, pero ahora se quita la referencia al terrorismo fijado
por el Código Penal español y se queda exclusivamente con la versión de
terrorismo recogida en la directiva europea de 2017, donde el umbral del delito
es más alto.
Este cambio tiene lugar después de que el pasado 29 de febrero el Supremo
acordara abrir causa penal contra Puigdemont por 'Tsunami Democràtic' y
asegurara que no había "duda alguna" de que los hechos que se le imputan a la
plataforma independentista se incardinan en el delito de terrorismo. Aquel día,
el tribunal se amparó en al menos una decena de sentencias de 'terrorismo
callejero' que consolida su doctrina sobre este delito.
El Supremo explicó que para acreditar el delito de 'terrorismo callejero' se
exige que se ejecute alguna de las siguientes finalidades: subvertir el orden
constitucional, alterar gravemente la paz pública, desestabilizar gravemente el
funcionamiento de una organización internacional o provocar un estado de terror
en la población o en una parte de ella. Para el tribunal, las conductas
analizadas en este caso encajan en dicha descripción. En Europa, sin embargo,
este concepto de terrorismo se vincula más al uso de la violencia expresa.
Asimismo, se enmienda la amnistía para incluir el perdón a los actos tipificados
como delitos de alta traición y contra la paz, siempre que no se haya producido
"tanto una amenaza efectiva y real como un uso efectivo de la fuerza en contra
de la integridad territorial o la independencia política de España" |
