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Uribe se volvió a pronunciar sobre ley de punto
final: esto dijo
Nuevamente el expresidente Álvaro Uribe se pronunció sobre al ley de punto
final, iniciativa planteada por algunos exintegrantes de las Farc y
recientemente por la defensa del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, la cual
volvió a calificar de inaplicable en el país.
De acuerdo con quienes impulsan dicha iniciativa, el objetivo principal es sería
otorgar amnistías generales para cerrar los procesos penales de los
excombatientes o actores del conflicto, con el fin de encontrar la verdad y
proceder con reparación para las víctimas.
A través de una serie de videos, el líder del Centro Democrático explicó que
propuso una amnistía política, más no penal, y reconoció que tiene interés en
incluir a compañeros de su Gobierno sancionados por varias situaciones, entre
ellas por nombramientos de notarios o renovaciones de contrato.
“La ley de punto final es inaplicable en Colombia. De manera pública he
propuesto una amnistía política, por una vez, no penal, para recuperar derechos
políticos de condenados. Será necesario, dado el antecedente de impunidad
absoluta con las Farc, que además están en el Congreso, a pesar de tantos
delitos atroces, y también por lo que se asoma con el ELN y otros. . Confieso
que tengo interés en mis compañeros de Gobierno, condenados por nombrar un
notario o por renovar un contrato a un médico. No se robaron un peso”, indicó el
exmandatario.
El expresidente también se refirió sobre el proceso de desmovilización, que
desarrolló mientras fue presidente de la República, en el cual afirmó que nunca
se cambió la Constitución, ni se promovió la impunidad absoluta.
"Nuestro proceso de paz, la ley de punto final, la amnistía política, nuestros
compañeros, mis compañeros:
nuestro proceso de desmovilización fue para todos. 35.000 paramilitares y 18.000
guerrilleros lo aceptaron. Un gran artífice, Luis Carlos Restrepo, patriota
ejemplar, fue expatriado. No cambiamos la Constitución, no hubo impunidad
absoluta, tampoco elegibilidad política para condenados, menos para delitos
atroces, como el reclutamiento de niños. Consideramos que la guerrilla y
paramilitares podrían ser beneficiarios del delito político de sedición. Ambos,
sea cual sea su excusa política, interfieren el funcionamiento del Estado de
derecho. Ese alegato argumental fue origen de desacuerdos con algunos
magistrados de la corte, que solamente aceptaban la sedición para la guerrilla",
dijo.
Esta es la segunda vez que el expresidente Uribe se pronuncia sobre la ley de
punto final, el pasado domingo reiteró la inaplicabilidad de dicha iniciativa.
En siete puntos explicó sus argumentos.
Consejo de Estado anuló personería
jurídica de Fuerza Ciudadana
El Consejo de Estado anuló la personería jurídica del movimiento político Fuerza
Ciudadana, se conoció que el tribunal tumbó la resolución
con la que se habrían
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convertido en bancada.
“Se falla: declarar la nulidad de la Resolución 5529 del 15 de diciembre de
2022, por medio de la cual el Consejo Nacional Electoral reconoció personería
jurídica al partido político Fuerza Ciudadana y ordenó su inscripción en el
registro correspondiente”, se lee.
Uno de los argumentos más sólidos de la corporación era que el trámite para que
este movimiento se consolida como partido, no tuvo los trámites que debían,
entre ellas “la que establece que las coaliciones son única y exclusivamente
para partidos y movimientos con personería jurídica”.
En este orden de ideas lo que habría sería una falsa motivación para reconocer
dicha personería que fue promovida por el exgobernador Carlos Caicedo. Los
magistrados explicaron que al momento que se les otorga dicho derecho solo eran
un grupo significativo de ciudadanos.
“Se constató la aplicación indebida del principio de igualdad, pues el CNE tomó
como referente colectividades cuya situación no era equiparable a la de Fuerza
Ciudadana”, enfatizó el tribunal.
Tras esta decisión, habrá repercusiones a futuro, más de manera inmediata, pues
los representantes y políticos elegidos que hacen parte de esta colectividad,
poseían argumentos serios a una bancada.
"Debe anotarse que la trayectoria del movimiento Fuerza Ciudadana y sus triunfos
electorales como grupo significativo sirven para acreditar la seriedad de la
propuesta, su solidez como agrupación política y su potencial en términos de
presencia nacional",resalta el documento.
Tumban a Maria José Pizarro de la mesa directiva
del Senado
En la tarde noche del jueves 7 de marzo el Consejo de Estado tumbó la
designación de Maria José Pizarro como vicepresidenta del Senado.
Y es que luego de que el tribunal estudiará una demanda interpuesta contra la
congresista del Pacto Histórico, se tomó la decisión de que no puede tener este
cargo ya que el mismo es para las minorías y no para una representante que hace
parte de una bancada que posee varias curules en sala plena.
"La elección de María José Pizarro Rodríguez como primera vicepresidente de la
cámara alta del Congreso desconoce lo dispuesto en el artículo 40 de la ley 5a
de 1992, por cuanto pertenece a la agrupación que más curules ostenta en esa
corporación pública y, en consecuencia, se deberá declarar la nulidad de su
elección en dicha dignidad", se lee en e la sentencia.
Y es que aunque la curul de la senadora no se ve en peligro, sí la coalición a
la que pertenece, sobre todo en la aprobación de los Proyectos de Ley impulsados
por el Gobierno que están en curso, como la reforma pensional que no ha pasado
de la votación de los impedimentos.
Tras la noticia el presidente Gustavo Petro se mostró inconforme con la medida.
“¿Por qué cuando éramos minorías y oposición nunca se falló a favor de estar en
la primera vicepresidencia del senado, y ni siquiera en las mesas directivas?
¿por qué para quitarnos de las mesas directiva del congreso si somos del Pacto
Histórico y no de sus partidos constitutivos, pero para quitarnos las curules si
somos de los partidos constitutivos y no del Pacto Histórico?”, tuiteó el
mandatario.
Tambien el representante a la Cámara, David Racero rechazó la sentencia del
Consejo de Estado, diciendo que hay conveniencias en el término de coalición.
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“Cuando quieren somos coalición y nos toman como bancada única para negar
elección en vicepresidencia del senado; cuando quieren somos partidos
independientes y aplica doble militancia para sacar a nuestros senadores. Les
falta decir que somos oposición”, tuiteó Rancero.
En renglón seguido se pronuncio el representante Iván Cepeda y compañero de
Pizarro.
“Continúa la persecución política contra nuestra bancada. Mi rechazo a esta
nueva decisión arbitraria que anula la elección de María José Pizarro como
vicepresidenta del Senado y priva al Pacto Histórico de representación en la
mesa directiva”, escribio en su cuenta X.
"Inestabilidad jurídica de concesiones viales
afecta derechos de población"
Serias advertencias hicieron las entidades que hacen parte del Ministerio
Público, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, sobre las políticas que
viene adelantando el gobierno Petro en torno a la infraestructura vial y los
trámites de comercio exterior. Esta última manifestó su preocupación por la
inestabilidad jurídica en contratos de concesiones viales, en situaciones como
cuando se ve afectado el cierre financiero debido a que por protestas de los
ciudadanos no funcionan los peajes.
La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación ante el anuncio del ministro de
Transporte, William Camargo, sobre lo que sería la terminación anticipada del
contrato de concesión vial ‘Autopistas del Caribe’, porque no logró el cierre
financiero.
El ministro dijo a mediados de febrero pasado que “el recaudo que habían logrado
los otros peajes y alimentaba la subcuenta, ya no permite cubrir la pérdida de
ingresos del peaje de Turbaco. Se ha generado un hueco inmenso que botó al piso,
literalmente, la posibilidad de que esa concesión se haga”.
El peaje de Turbaco no operó entre 2021 y 2023 por protestas de la comunidad que
se opone a su cobro. Desde agosto del año anterior se reactivó el cobro en
categorías III, IV y V y se mantienen suspendidas las categorías I y II.
La Defensoría del Pueblo advirtió que el no cobro de los peajes o no permitir su
instalación dificulta el cierre financiero de cualquier contrato en la materia y
abre la puerta a su inestabilidad jurídica, lo que afecta la credibilidad y los
proyectos entre el sector público y los empresarios.
Para la entidad, “lo dicho por el ministro, además, pone en entredicho la
financiación de obras de infraestructura vial que no podrán ser fondeadas en su
totalidad con recursos del erario público. Y si continuamos hablando de
inestabilidad jurídica en los contratos, conduce a un retraso de las obras que
impactan directamente los derechos económicos y de movilidad de la población”.
Agregó la Defensoría del Pueblo que la carencia de infraestructura conlleva la
falta de impulso de sectores económicos, como el turismo, el de la agricultura,
entre otros.
“El deterioro de los corredores viales y su no mantenimiento afectaría las
logísticas portuaria, industrial y comercial, lo que repercutiría en los precios
de los productos que consumen los colombianos”, manifiesta la Defensoría del
Pueblo.
Desde la entidad se cuestionó si habrá contribución para el cierre financiero de
los proyectos que pueden ser afectados por medidas de no cobro o no instalación
de peajes, “¿cuál será el esquema de financiación que se plantee como
alternativa a las alianzas público-privadas?, ¿de dónde saldrán los recursos
necesarios para continuar el desarrollo de infraestructura de conectividad?”,
dijo.
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