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Cambios en comercio exterior son inviables sin
estudios: Procuraduría
En desarrollo de una acción preventiva, la Procuraduría General de la Nación
advirtió que se desconocen estudios con los aspectos técnicos y operativos sobre
los cambios que quiere implementar el Gobierno en los procedimientos de
importación y comercio exterior, por lo que los consideró inviables.
La Entidad alertó sobre la inconveniencia de aprobar la modificación al Decreto
1165 de 2019, que ofrece seguridad jurídica a los usuarios aduaneros, a los que
se pretende hacer declarar de manera anticipada las mercancías que van a
recibir, las que planean exportar o las que trasladan a zonas francas.
Así mismo, advirtió que adoptar esa medida sin un estudio técnico de impacto
regulatorio y sin un plan operativo que permita establecer las ventajas de
exigirles una declaración previa podría provocar congestiones en los lugares de
arribo, dada la capacidad actual de los puertos y aeropuertos y las
restricciones de tipo humano y logístico para atender el flujo de operaciones.
Lo anterior fue ratificado al Ente de control por los diferentes gremios y
representantes del sector aeronáutico y de transporte marítimo, que pidieron que
se mantengan las condiciones actuales, que brindan hasta un mes (prorrogable por
otro más) para adelantar los procesos de nacionalización de la mercancía.
El Ministerio Público hizo un llamado de atención a los Ministerios de Hacienda
y Crédito Público y de Comercio, Industria y Turismo, la Dirección de Aduanas e
Impuestos Nacionales y otras autoridades, a las que instó a darle cumplimiento a
la solicitud que hizo la Superintendencia de Industria y Comercio de presentar
la investigación que soporte las transformaciones que se pretenden.
Finalmente, la Procuraduría pidió que en aras de conocer, medir y evaluar el
impacto que generaría la aplicación de los cambios en los lugares habilitados
para la introducción o salida de mercancías del territorio nacional, se haga una
socialización por parte de todos los actores involucrados y se evite un eventual
detrimento de recursos tanto de la Nación, como de quienes derivan su sustento
de este tipo de actividades.
Agencia de Tierras bajo lupa de Procuraduría por
compras de predios
La Procuraduría General de la Nación llegó hasta la sede de la Agencia Nacional
de Tierras –ANT-, para hacer seguimiento a los
contratos suscritos por la entidad para la compra de predios para su
adjudicación a campesinos, en cumplimiento de los compromisos de implementación
de la Reforma Rural Integral.
En la diligencia preventiva, el ente de control le puso la lupa a la ejecución
real del presupuesto en los rubros de adquisición de tierras para su
adjudicación a campesinos, luego de conocerse que, para el 31 de
octubre de 2023, se había tan solo logrado una ejecución del 17 %
del billón 261 mil millones de pesos disponibles
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para
el programa y no del 51 % de los recursos como fue reportado.
Lo anterior, cita el Ministerio Público, ya que se identificaron traslados al
“Fondo Colombia en Paz” por $ 430 mil millones, es decir del 34 % del
presupuesto, que a pesar de que aparecen como ejecutados,están
consignados en una fiducia. Adicionalmente la Procuraduría indagó por el rubro
convenido con RTVC de hasta 15 mil millones de pesos, con una ejecución de 660
millones de pesos para octubre de 2023.
Frente a esta situación, fueron requeridos durante la inspección, los análisis
de las condiciones estructurales y jurídicas en las que ejecutan los procesos de
compra, los procedimientos para el avalúo de los predios y la información para
determinar si las decisiones de compra se realizaron en cumplimento de las
disposiciones que regulan el tema.
Adicionalmente, el ente de control requirió información sobre las actuaciones
precontractuales de los terrenos baldíos de Islas del Rosario, teniendo en
cuenta que la ANT no ha atendido los requerimientos de la Procuraduría, por lo
que revisó los expedientes y actuaciones administrativas relacionadas con el
procedimiento de adquisición de predios en el periodo comprendido entre enero de
2023 y hasta la fecha.
La visita fue coordinada por las Procuradurías Delegadas para Asuntos
Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios; para el Seguimiento al Acuerdo de
Paz y para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, quienes revisarán la
información suministrada por el equipo jurídico de la ANT.
Nuevo código minero no da garantías para
la inversión extranjera
Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM),
expresó su preocupación por las dificultades que afrontan los mineros en el país
como consecuencia de la minería ilegal y la reforma al código minero que se
adelanta desde el Gobierno nacional y que reduciría la inversión extranjera.
Adicionalmente, los mineros adelantan con el Ejecutivo temas como la seguridad
pública para las empresas de minería nacional, la producción de minerales en el
país, las proyecciones que hace el gremio en materia de producción para este
año, entre otros aspectos.
Para el empresario y dirigente de la
ACM, los obstáculos no solo radican en las afectaciones con el gremio, sino
también en los avances que ha venido registrando el país en materia de minería y
los retos futuros.
63.900 casos de violencia contra la
mujer se denunciaron en 2023
En conmemoración por el Día
Internacional de la Mujer, varias entidades públicas y privadas han llamado la
atención en torno al aumento en los índices de violencia de género en el país,
inicialmente, la procuradora general de la nación, Margarita Cabello, advirtió
al respecto.
“El aumento de las expresiones de violencia por razones de género y de sexo en
contra de niñas y mujeres en nuestro país, problemática que, además, de
presentarse de manera física, emocional, sexual
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y económica; se ha intensificado en los entornos digitales en formas como
el ciberacoso, extorsión sexual, injuria y amenazas a través de redes sociales”.
De igual manera, añade que “las víctimas de violencias basadas en género
enfrentan obstáculos para acceder a la justicia, agravando su vulnerabilidad y
dificultando la búsqueda de ayuda y protección, un alarmante panorama que se
refleja en las cifras de feminicidio en el país, que para el 2023 fueron más de
500 mujeres las víctimas de este flagelo, también precisó que, en el mismo año
2023, se presentaron según Medicina Legal 63.982 casos de violencia
intrafamiliar, 2.000 más que en el año anterior y en el que en el 77% de los
registros, las víctimas fueron mujeres”.
Violencia política
Asimismo, la Misión de Observación Electoral MOE, señala que: “Durante las
pasadas elecciones de autoridades locales 2023 no fueron ajenas a este debate.
En medio del recrudecimiento de la violencia política en diferentes zonas del
país, la afectación a los liderazgos sociales, políticos y comunales, también
alcanzó a las mujeres, en particular, a aquellas que ejercen un liderazgo
político. En particular, durante el año electoral, los hechos de violencia en su
contra incrementaron en un 158,8% en comparación con el 2019”.
La organización añade en ese sentido que “con base a los datos de violencia
política recolectados por el Observatorio Político de la Democracia de la MOE en
el periodo comprendido entre el 29 de octubre de 2022 y 29 de octubre de 2023,
así como los resultados electorales con datos del escrutinio al 14 de noviembre
de 2023 (99,9% de los escrutinios municipales y el 87,8% de los escrutinios
generales), en este informe la MOE recopila lo experimentado por las mujeres en
este año electoral para poder participar y acceder en la conformación del poder
político a nivel territorial en todas las regiones del país”.
Al respecto, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz),
señala que “entre el 01 de enero y el 28 de diciembre de 2023 han sido
asesinadas 188 personas que ejercían algún tipo de liderazgo o defensa de DD. HH.,
en Colombia. Respecto a 2022 y hasta la fecha de emisión de este informe ha sido
asesinado 1 líder más que el año anterior. Es preocupante el panorama en los
departamentos de Cauca, Antioquia, Nariño y Valle del Cauca para quienes ejercen
liderazgos en las Juntas de Acción Comunal, en las comunidades indígenas o hacen
parte de algún movimiento político, siendo estos los lugares y sectores sociales
donde se concentraron los asesinatos incluyendo también a mujeres que realizan
labores de lideresas sociales”.
Causa universal
Igualmente, el defensor del Pueblo Carlos Camargo, indica que “en el Día
Internacional de las Mujeres hacemos un llamado para que sean ratificados
públicamente su causa universal, el reconocimiento de sus derechos y la
reivindicación de sus conquistas logradas hasta ahora en distintos ámbitos. Esta
es una fecha conmemorativa para reflexionar sobre los retos y desafíos que
implica evitar retrocesos frente a sus logros relacionados con la búsqueda de
equidad de condiciones y oportunidades”.
Además, sostiene que “los números registrados contemplan casos extremos de
violencia, representados en feminicidios, los cuales han dado cuenta de
alarmantes niveles de sevicia y crueles vejámenes contra las mujeres, como el
lamentable suceso de la joven Valentina Trespalacios en Bogotá, el cual,
desafortunadamente, ha sido replicado en crímenes similares ocurridos en
diferentes zonas del país, al revelarse que la Defensoría atendió y tramitó
8.719 casos de violencias basadas en género y violencia por prejuicio a
diferencia de 2022, con 4.530 casos, es decir, el aumento fue del 92,4%”.
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