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NACIONAL

 

Pereira, Colombia - Edición: 13.225-805

Fecha: Martes 12-03-2024

 

Decretan alerta naranja por mala calidad del aire en Cúcuta
 



Debido a la baja calidad del aire en Cúcuta, se declaró la alerta naranja, en respuesta a los desafíos que las autoridades ambientales han enfrentado en las últimas semanas en la capital del departamento.

Los análisis realizados por las autoridades ambientales en la zona revelaron una alta concentración de material particulado PM 2.5, lo que llevó a la declaración del nivel de prevención II por contaminación atmosférica en Cúcuta y su área metropolitana.


Debido a la última alerta ambiental emitida por Corponor, con respecto al fenómeno de inversión térmica que se viene presentando en la ciudad, la Alcaldía de Cúcuta decretó día sin carro y sin moto en el municipio y entregó recomendaciones.

La medida tendrá lugar el próximo jueves 14 de marzo de 2024, de 7:00 a.m. a 7:00 p.m., y solo se permitirá la circulación de vehículos de transporte público; asimismo, se suspenden las clases en las instituciones educativas, entre tanto, se analizan otras restricciones de ser necesario.

“Es importante tomar esta medida para mitigar los efectos de los gases contaminantes y analizar si con esto mejora la calidad del aire. No podemos permitir que la situación avance, ya que si entramos en alerta roja, prácticamente todas las actividades económicas de la ciudad tendrían que ser suspendidas, desde el transporte hasta el sector industrial”, explicó el alcalde Jorge Acevedo.

El mandatario indicó que teniendo en cuenta la medida tomada, se recomienda a las personas usar tapabocas, especialmente aquellas que tienen enfermedades respiratorias de base.

Por su parte, el director de Corponor, Humberto Camacho, aseguró que el municipio se encuentra en alerta naranja.
“Según los análisis que hemos venido realizando desde la corporación, ya nos encontramos en el límite para avanzar a alerta roja, por eso es importante tomar medidas. Desde la entidad estamos haciendo monitoreo cada hora con equipos altamente calificados y enviando reportes a la administración municipal para que conozcan en tiempo real como avanza este fenómeno”, explicó el directivo.

Finalmente, el alcalde de Cúcuta informó que la Policía Nacional y los inspectores de tránsito estarán a cargo de realizar los controles respectivos para verificar el cumplimiento de la medida y estarán avalados para imponer comparendos en caso de presentarse infractores.


Alias ‘Macaco’ aceptó su responsabilidad en 141 hechos criminales




En atención al abundante acervo probatorio recopilado por un fiscal de la Dirección
Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, el excabecilla del Bloque Central Bolívar de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC),Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias Macaco, aceptó su responsabilidad en 141 hechos criminales.

La investigación permitió acreditar múltiples conductas delictivas que hicieron parte de un plan sistemático que habría promovido alias Macaco y otros jefes paramilitares, que buscaba perseguir y silenciar a cualquier actor público o a la población civil que se oponía o denunciaba el actuar ilegal de las AUC en varias regiones del país.

En ese sentido, a Jiménez Naranjo se le
atribuyen delitos como homicidio agravado, lesiones personales, homicidio en persona

 

   

protegida, tortura en persona protegida, acceso carnal violento en persona protegida, reclutamiento ilícito, desaparición forzada, secuestro simple, secuestro extorsivo, tortura; y deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado de población civil.

Estos delitos fueron perpetrados por estructuras que estuvieron a cargo del excabecilla del Bloque Central Bolívar, como el Bloque Sur Bolívar, Frente Alfredo Socarrás, Frente Fidel Castaño,
Frente Walter Sánchez, Frente Isidro Carreño, Frente Cacique Guanentá, Frente Lanceros de Vélez y Boyacá, Frente Cacique Pipintá, Frente Mártires de Guática, Frente Héroes de los Andaquíes y Bloque Libertadores del Sur.

Algunos de los crímenes aceptados por alias Macaco son:

Homicidio del periodista Flavio Iván Bedoya Sarria, cometido el 27 de abril de 2001, en Tumaco (Nariño).


Homicidio del investigador del CTI Orlando Torres Losada, ocurrido el 19 de septiembre de 2002, en Florencia (Caquetá).

Homicidio de los integrantes de la Unión Patriótica (UP), Arsenio Paloma y Oleider Paloma Viuche, perpetrado el 26 de marzo de 2002, en La Montañita (Caquetá).

Masacre de Barrancabermeja (Santander), registrada el 4 de octubre de 2000.

Desplazamiento forzado de los residentes de la hacienda Las Pavas, en el Sur de Bolívar. Hecho conocido en septiembre de 2003.

De igual manera, reconoció que el bloque del que fue cabecilla recurrió a la violencia de género para generar intimidación y someter a las comunidades. En ese sentido, aceptó casos como:
Acceso carnal violento, secuestro y desplazamiento forzado de una mujer en San Martín de Loba (Bolívar), el 6 de junio de 2000.

Abuso sexual a una joven en Barrancabermeja (Santander), el 14 de julio de 2002.


Tortura, acceso carnal violento y desplazamiento forzado de una mujer en San Pablo (Bolívar), el 5 de noviembre de 2004.
En atención a lo dispuesto en la Ley 600 (anterior Sistema Penal), Carlos Mario Jiménez Naranjo se sometió a sentencia anticipada por los 141 hechos delictivos aceptados. La condena se conocerá en la fecha que fije la Judicatura.

 

Piden cuentas a Minsalud sobre recursos asignados para 2024




La Procuraduría General de la Nación dirigió una carta formal al Ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, solicitando un informe detallado sobre la asignación y ejecución de cerca de 7 billones de pesos, contemplados en el Presupuesto General de la Nación para el año 2024.

La solicitud busca esclarecer diversos aspectos relacionados con los recursos asignados al Ministerio de Salud para el presente año fiscal. Una de las principales inquietudes recae en una partida inicial de 5 billones de pesos destinados al "apoyo a programas de desarrollo de la salud Ley 100 de 1993".

En este sentido, la Procuraduría enfatiza la necesidad de identificar los proyectos específicos a los que se asignan estos recursos, así como obtener una planificación detallada de su ejecución desglosada por territorios y entidades beneficiarias. Solicitaron "remitir la planeación de ejecución del rubro desagregado por territorios y por entidad o institución beneficiada (Empresas Sociales del Estado beneficiadas)".

 

Además, se solicita información pormenorizada sobre otros 14 planes, programas o proyectos, representativos de cerca de 1 billón 871 mil millones de pesos. Este requerimiento incluye la petición de conocer el fundamento jurídico

 

 

 
de dichas iniciativas, así como obtener detalles sobre la planificación de su ejecución por regiones y beneficiarios.

Entre los programas que han suscitado especial interés se encuentran "Colombia como territorio saludable con APS" y "Determinantes sociales en el marco del modelo preventivo y predictivo". La falta de claridad en cuanto a los objetivos y la ejecución de estos programas ha motivado la solicitud de información por parte de la Procuraduría.


Por otro lado, el departamento de Justicia también busca esclarecer la conexión entre los recursos asignados y la reciente resolución que pretende implementar parte de la reforma a la salud. En particular, se busca determinar si los fondos destinados a programas de desarrollo de la salud financiarán el 5% de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para los equipos básicos de salud, un aspecto que ha generado controversias en el ámbito de la salud pública y que está pendiente de definición en el Congreso de la República.


Comunidad de Sumapaz es reconocida como víctima del conflicto




La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas notificó a la comunidad de Sumapaz su reconocimiento como Sujeto de Reparación Colectiva.

La decisión le permite a la comunidad campesina de la localidad 20 de Bogotá -la más grande y rural de la capital del país- ser reconocida como víctima del conflicto armado y, por tanto, ser incluida en el Registro Único de Víctimas (RUV), y dar inicio a la construcción de un Plan Integral de Reparación Colectiva en el que participarán la comunidad, la Unidad para las Víctimas, la Alcaldía de Sumapaz y el Distrito.

El acto público de reconocimiento se realizó este domingo 10 de marzo en Placitas, vereda Santa Rosa, de Sumapaz, y contó con la participación de la comunidad, autoridades locales, la Alcaldía de Bogotá y la Unidad de Víctimas a nombre del Gobierno del Cambio.

“Este reconocimiento marca un precedente para la atención y reparación de otras comunidades campesinas en el país que, como en el caso de Sumapaz, han sido afectadas por el conflicto armado y la violencia”, se lee en un comunicado oficial emitido por el Gobierno.

Patricia Tobón, directora de la Unidad de Víctimas, destacó en el evento que “este es el primer reconocimiento a un sujeto campesino para la reparación colectiva. Aquí ocurrieron muchos hechos de violencia en el marco del conflicto armado interno que no habían sido reconocidos. Por eso la comunidad llevaba muchos años exigiendo este reconocimiento".

Por otra parte, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, informó que entregó 2 de las 5 antenas que corresponden a la primera fase del proyecto de conectividad, una de ellas es de la empresa ETB. Se estima que el 3 de mayo se haga entrega de las demás.

Según el mandatario, cerca del 20% de la población de Sumapaz cuenta con conexión a internet. Con este avance, se benefician dos colegios oficiales de la localidad, los cuales garantizan el derecho a la educación a casi 800 estudiantes.

Adicionalmente, durante el recorrido del mandatario, se entregaron 15 subsidios de vivienda rural, 8 de mejoramiento y 7 de vivienda nueva.

​La localidad 20 de Sumapaz es netamente rural y se ubica en el extremo sur del Distrito Capital de Bogotá. Limita al norte con la localidad de Usme, al sur con el departamento del Huila, al oriente con los municipios de Une, Gutiérrez y con el departamento del Meta, y al occidente con los municipios de Pasca, San Bernardo, Cabrera y Venecia.

Por muchos años fue considerado como un corredor estratégico por los grupos armados para transitar desde y hacia Bogotá y los Llanos Orientales, Huila y Meta.
 

 

 

 

  

 

 

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