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Cayó Aura Castro en Medellín, socia del
cartel de 'Los Balcanes'
La Policía Nacional logró, mediante allanamiento, la captura con fines de
extradición de Aura Jazmín Castro Ruíz, conocida en el mundo criminal con el
alias “La Madrina” en el barrio el Poblado de la ciudad de Medellín.
Alias ‘La Madrina', más conocida como 'Griselda Blanco', fue aprehendida por la
Policía Nacional a través de la Dirección de Antinarcóticos en coordinación con
la Fiscalía General de la Nación, cuando se encontraba en una casa en Medellín.
Esta persona es requerida por autoridades judiciales de Rotterdam, Países Bajos,
por los delitos de tráfico de drogas ilícitas y lavado de activos, entre otros.
La criminal tenía una trayectoria de más de 20 años, tiempo que la afianzó para
catapultarse como máxima líder de la organización, enviaba los cargamentos de
droga mediante la modalidad de contaminación de contenedores que partían desde
los puertos marítimos de la Costa Caribe con destino final Europa. Además,
pactaba y se comunicaba a través de mensajería cifrada o encriptada con el
cartel de “Los Balcanes” y “Otoniel”, con fin de hacer las coordinaciones de los
cargamentos y para evadir las autoridades y no ser detectada.
A esta mujer le figura una orden de captura expedida con circular Roja de la
INTERPOL, solicitada por el gobierno de Países Bajos, por delitos de tráfico de
estupefacientes y lavado de activos.
Para el 27 de junio de 2003, fue capturada en el Aeropuerto Internacional El
Dorado por el tráfico ilegal de 200 mil euros en una faja y cumplió una condena
de 72 meses de prisión por el delito de Lavado de Activos.
En el allanamiento realizado se le hallaron 110 millones en efectivo, 6 equipos
tecnológicos móviles, 1 computador portátil, vehículos y joyas, que fueron
dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación.
Del mismo modo, en Países Bajos, las autoridades realizaron 34 órdenes de
allanamientos, logrando con la captura de 6 personas y la incautación de 480 mil
euros, 27 armas de fuego, dentro de las que se destacan 5 fusiles de largo
alcance, 21 pistolas acondicionadas con silenciador y una lanza cohetes
antitanque y 14 Kilos de clorhidrato de cocaína. Todos elementos pertenecientes
a la misma organización trasnacional de alias la “Madrina”.
Cuatro presuntos expendedores de
estupefacientes fueron capturados en Caldas
En una operación conjunta entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la
Nación, se logró la captura de cuatro presuntos
expendedores de estupefacientes en dos municipios del departamento de Caldas.
Gracias a la colaboración de la comunidad,
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que denunció a la línea segura contra el
microtráfico, unidades de la seccional de investigación criminal llevaron a cabo
labores de policía judicial. Esto permitió establecer el accionar delictivo de
varias personas presuntamente dedicadas a la comercialización de estupefacientes
en los municipios de Neira y Risaralda.
El primer operativo se realizó en un inmueble ubicado en la vereda Llano Grande,
sector El Higuerón, zona rural del municipio de Neira. Allí fueron capturadas
tres personas conocidas como “Chocho”, “Pitufo” y “Corrales”, señaladas de
comercializar estupefacientes en menores cantidades. A estas personas se les
incautó una importante cantidad de sustancias ilícitas, incluyendo marihuana,
cocaína, así como celulares, una gramera y dinero en efectivo.
La segunda diligencia se llevó a cabo en el sector La Plazoleta del municipio de
Risaralda. Allí se capturó a un hombre de 35 años conocido como “Marrana”,
señalado por la comunidad de utilizar su inmueble para la distribución de
sustancias alucinógenas. En su residencia se encontró una importante cantidad de
estupefacientes y dinero en efectivo.
Todos los capturados, junto con los elementos materiales probatorios, fueron
puestos a disposición de la autoridad competente. Después de las audiencias de
legalización de captura e imputación de cargos, un Juez de la República ordenó
medida intramural para todos, siendo trasladados a un centro carcelario.
Con estas acciones, se impactó de manera frontal y directa dos expendios de
estupefacientes fijos que venían afectando la sana convivencia en estos
microterritorios.
La Fiscalía lanzó una redada contra la
extorsión
En 2024, las diferentes seccionales, con la orientación de la Delegada para la
Seguridad Territorial, la Fiscalía informó que, han logrado la captura y
judicialización de 377 personas que estarían involucradas en la exigencia de
dinero a la población civil, comerciantes, transportadores y otros sectores
económicos para permitirles ejercer sus actividades cotidianas.
De igual manera, se han impactado siete estructuras criminales dedicadas a la
extorsión (tres de estas asociadas al ‘Clan del Golfo’, y las demás harían parte
del Frente Camilo Torres del ELN, ‘Los Alacranes’, ‘Los Mexicanos’, ‘Los
Espartanos’ y ‘La Colinita’).
Asimismo, se han intervenido los cinco establecimientos carcelarios donde se
estaría concentrando la mayor cantidad de llamadas extorsivas.
Se trata de La Modelo, en Bucaramanga (Santander); Doña Juana, en La Dorada
(Caldas); Chinchiná (Caldas); La Vega, en Sincelejo (Sucre); y El Bosque, en
Barranquilla (Atlántico). En 23 diligencias de allanamiento y registro han sido
incautados 401 elementos prohibidos por el reglamento penitenciario, como
teléfonos celulares.
En 2023, la Fiscalía golpeó 229 redes dedicadas a la extorsión, 189 serían
grupos delincuenciales y 40 pertenecerían a organizaciones de crimen organizado.
Adicionalmente, se realizaron 2.775 capturas por extorsión. Durante el año
fueron materializados 80 procedimientos en 20 establecimientos carcelarios como
Cómbita (Boyacá), La Tramacúa (Cesar) y Doña Juana (Caldas). En las diligencias
se incautaron 860 celulares y 3.598 sim card.
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Mancuso todavía tendría una
finca donde entrenaban paramilitares en Córdoba
La llegada de Salvatore Mancuso a Colombia, luego de 16 años, para cumplirle a
la justicia nacional, entregando información concerniente al conflicto armado en
el país, sigue generando todo un terremoto político y judicial.
Durante su primera audiencia ante la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), en la
que se le otorgó la libertad bajo prueba durante cuatro años, se notificó que el
excomandante de las AUC entregó 476 bienes a la Fiscalía General de la Nación
para el Fondo de Reparación de Víctimas, junto con $2.900 millones.
Según la defensa del exparamilitar, se entregaron casas valoradas en más de
$25.000 millones y propiedades de hasta dos mil hectáreas.
Una de esas propiedades es la finca Mi Refugio, en Tierralta, Córdoba, que de
acuerdo con la matrícula inmobiliaria, tiene 58 hectáreas y hace parte de la
Hacienda Nueva Esperanza, que a finales de los 90 fue un centro de entrenamiento
militar e ideológico de las AUC.
Pero una investigación encontró que esa propiedad seguiría bajo el nombre de
Mancuso, a pesar de que pesan sobre la misma medidas judiciales.
Tiene una orden de embargo penal del Tribunal Superior de Barranquilla desde el
17 de febrero de 2007. Además, tiene 15 anotaciones, 13 de ellas desde que
arrancó el proceso de entrega de tierras a víctimas en Córdoba y Antioquia.
La finca fue entregada por el exlíder paramilitar en 2007, cuando se encontraba
recluido en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, tres años después de que se
hubiera desmovilizado. Como se encontraba negociando con la Fiscalía General de
la Nación una rebaja de su pena, el ente investigador le pidió a sus abogados
empezar con los trámites para entregar tierras, cambiando los títulos de los
testaferros.
Uno de esos testaferros era un hombre llamado Pedro Ignacio Ghisays, un
reconocido empresario de Córdoba, que tenía a su nombre desde 2005 la finca Mi
Refugio y otras dos de nombres Tierragrata y La Esperanza. En la Notaría Tercera
de Montería se hizo la transferencia de los títulos de esos predios a Mancuso.
En los registros de la matrícula aparece que la finca Mi Refugio fue adquirida
originalmente como un terreno baldío por un hombre identificado como Rosemberg
Guevara, en 2005, por medio del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria,
Incora.
Otra versión aparece en las escrituras de la propiedad, en donde está consignado
que Guevara le compró la tierra a dos campesinos de Montería por medio de un
englobe de terreno de las otras propiedades, aunque no se especifica por cuál
valor.
El caso es que seis meses después de haber adquirido el predio, el 5 de octubre
de 2006, Guevara se lo vendió a Ghisays por $8.700 millones y dos años y medio
después, el empresario le vendió la finca a Mancuso por $37.800 millones.
Después el Tribunal Superior de Barranquilla ordenó su embargo y desde el 2022
tiene nuevas prohibiciones judiciales que prohíben comerciar con el predio. De
todas maneras, Mi Refugio hace parte del programa de entrega de tierras del
Gobierno y el ahora gestor de paz deberá hacer todo para que esa y otras
propiedades lleguen a manos de las víctimas.
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