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EE.UU detiene a miembro del Clan del Golfo con fotos de
torturados
Estados Unidos detuvo en la frontera con México a un colombiano con
tatuajes del Clan del Golfo y "fotos de personas torturadas" en su
teléfono cuando intentaba entrar al país ilegalmente, informó este
miércoles la patrulla fronteriza.
En una sesión reciente en el Senado, el director del FBI, la policía
federal, Christopher Wray, reconoció que existe "una amplia gama de
amenazas muy peligrosas que emanan de la frontera" y que "individuos
peligrosos" han entrado en el país.
La semana pasada, la patrulla fronteriza afirmó que en los últimos
cinco meses detuvo a más de 200 pandilleros, de los cuales 47 eran
Paisas, 30 de la M-13 y 26 Sureños.
En un mensaje en la red social X, el jefe de la patrulla fronteriza,
Jason Owens, informó este miércoles que los agentes de El Paso, en
Texas, detuvieron "a un colombiano que intentaba entrar al país
ilegalmente".
Los agentes "encontraron fotos de personas torturadas en su
teléfono. También tenía tatuajes específicos que indicaban su
pertenencia a una pandilla (Clan del Golfo)", la principal banda de
narcotráfico de Colombia, añadió.
Según datos oficiales, el Clan del Golfo trafica al exterior unas
700 toneladas de cocaína anuales. También estaría vinculado con la
minería ilegal y con el tráfico de migrantes en la frontera con
Panamá por la selva del Darién, pese a que sus líderes lo niegan.
Su máximo jefe, alias Otoniel, fue capturado en octubre de 2021 y
extraditado a Estados Unidos en mayo del año siguiente.
La migración ilegal es un tema central de la campaña para las
elecciones presidenciales de noviembre, sobre todo para los
republicanos, cuyo candidato, el expresidente Donald Trump, ha
agudizado su retórica diciendo que los migrantes "están envenenando
la sangre" del país.
Desde octubre hasta finales de enero la patrulla fronteriza
estadounidense ha interceptado a migrantes o solicitantes de asilo
más de 900.000 veces, cuando intentaban entrar al país por la
frontera con México sin una visa.
Venezuela:
detienen a colaboradores de opositora Maria Machado
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, vinculó este
miércoles a la opositora
María Corina Machado con "acciones desestabilizadas" para generar
violencia por su inhabilitación para postularse en las
presidenciales del 28 de julio, e informó del arresto de dos
cercanos colaboradores.
Saab no precisó, sin embargo, si hay medidas judiciales contra la
líder opositora, favorita en las encuestas.
La detención de Henry Alviárez y Dignora Hernández, dirigentes
nacionales de la organización política de Machado (Vente
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Venezuela), respondió, según Saab, a planes de "acciones desestabilizadoras" que
"debían iniciar para forzar" su habilitación.
Siete colaboradores de Machado han sido arrestados en los últimos días y el
Ministerio Público ha emitido otras siete órdenes de captura, indicó el
funcionario.
"La misión del plan" era "generar desestabilización en el país, aglomerar a las
masas utilizando gremios sindicales y estudiantiles para incentivar a un ala
militar" en pro de un alzamiento, dijo Saab en una declaración ante la prensa,
en la que recordó otras supuestas conspiraciones contra el presidente Nicolás
Maduro, quien buscará un tercer mandato de seis años.
Saab presentó un video de una "confesión" de uno de los colaboradores detenidos,
Emil Brandt Ulloa, en el que asegura que este plan era financiado por la USAID
(Oficina del gobierno de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional).
Brandt fue arrestado el pasado 9 de marzo.
Pese a un acuerdo anunciado por el gobierno de Maduro y la oposición para
revisar la inhabilitación de dirigentes opositores en una negociación mediada
por Noruega y en la que fue clave Estados Unidos, la inhabilitación de Machado
fue ratificada en enero.
Maduro ha llamado a Machado "doña violencia".
Estados Unidos y la Unión Europea han pedido levantar la inhabilitación contra
ella, quien arrasó el año pasado en las primarias de la principal alianza
opositora, la Plataforma Unitaria.
Admiten apelación de Trump
en caso contra el fiscal Willis
Un juez del estado de Georgia ha admitido a trámite una apelación presentada por
el expresidente estadounidense Donald Trump y varios coacusados para revisar el
caso contra la fiscal del condado de Fulton, Fani Willis, quien seguirá al
frente del caso por presunta injerencia electoral en 2020 tras superar un
desafío legal por un conflicto de intereses.
El magistrado del Tribunal Superior del condado de Fulton, Scott McAfee, enviará
el caso a la corte de apelaciones de Georgia, que revisará la decisión dictada
con anterioridad que autoriza a Willis a permanecer en el caso, si bien pedía la
dimisión de su investigador principal, Nathan Wade, con quien mantuvo una
relación "impropia".
El principal abogado defensor del magnate
en este caso, Steve Sadow, ha calificado la moción de McAfee como "muy
significativa". "La defensa es optimista en que esta revisión permitirá que el
caso sea desestimado y que la fiscal sea apartada", ha señalado.
Esto se produce después de que McAfee determinará en su fallo que Willis podía
permanecer al frente del caso debido a que la defensa de Trump no presentó
pruebas suficientes para demostrar que la relación entre ambos condiciona la
investigación contra el expresidente.
Willis insistió durante las vistas en que las acusaciones de autocontratación y
de nepotismo eran "mentira" mientras que el dimitido Wade, por su parte, aludió
a que su relación comenzó a principios de 2022 después de que una antigua amiga
de la fiscal, Robin Bryant-Yeartie, asegurara
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que el romance comenzó a finales de 2019.
En el caso de Georgia, el expresidente Trump está acusado de presionar
ilegalmente a funcionarios estatales para que anularan su derrota ante Joe Biden
en las elecciones de 2020. El magnate se ha declarado no culpable y ha
denunciado el caso como una "caza de brujas" emprendida por Willis, a quien
definió como "muy corrupta".
Honduras ratifica tratado de límites marítimos con Nicaragua
El Congreso de Honduras ratificó un tratado con Nicaragua sobre límites en el
conflictivo Golfo de Fonseca, en el océano Pacífico, firmado en 2021 y rechazado
por El Salvador, informó el miércoles un legislador.
Este Golfo ha sido siempre un foco de disputas entre los tres países ribereños,
que incluso han tenido conflictos armados por temas de demarcación fronteriza.
"Se ratificó el [martes] por unanimidad el tratado de los límites firmado con
Nicaragua", el diputado oficialista Bartolo Fuentes, quien precisó que la
votación se hizo "a puerta cerrada por un protocolo" del Congreso.
"Cuando se tratan asuntos de ese tipo se hacen a puerta cerrada, pero no había
nada que esconder, Nicaragua ya lo había ratificado y es ampliamente conocido",
añadió Fuentes.
El tratado había sido firmado de manera sorpresiva en octubre de 2021 en Managua
en presencia del presidente nicaragüense Daniel Ortega y del entonces mandatario
hondureño Juan Orlando Hernández, quien ahora está preso por narcotráfico en
Estados Unidos.
La Asamblea Legislativa de Nicaragua lo ratificó de inmediato, pero hacía falta
el mismo trámite del Congreso hondureño para que entre en vigencia.
El canciller hondureño Enrique Reina saludó la ratificación del tratado tras
"una historia de más de cien años de laudos, usando los medios pacíficos que el
derecho internacional establece para la solución de diferencias".
"Nicaragua reconoce que su frontera marítima en el Golfo de Fonseca es con la
República de Honduras, ratificando de esa forma el fallo dictado en 1992 por la
Corte Internacional de Justicia de La Haya", anota el tratado.
El fallo de 1992 de la máxima Corte de la ONU puso fin a un diferendo
territorial y marítimo entre Honduras y El Salvador, sin la participación de
Nicaragua.
La firma sorpresiva del tratado en Managua en 2021 provocó reacciones en contra
de El Salvador, al no haber sido convocado a las negociaciones, y sigue
sosteniendo que su frontera en el Golfo es con Nicaragua y que Honduras no tiene
salida al Pacífico.
Los más afectados por las disputas limítrofes han sido los pescadores hondureños
que entran a aguas de Nicaragua o El Salvador, al haber disminuido las
poblaciones de peces en aguas de Honduras. Si son capturados, deben pagar multas
para ser liberados.
En julio de 1969, Honduras y El Salvador protagonizaron la llamada guerra de
"las cien horas" o "la guerra del fútbol", a causa de conflictos fronterizos y
migratorios, con saldo de más de 5.000 muertos, la mayoría civiles hondureños.
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