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María José Pizarro radicó queja disciplinaria
contra JP Hernández
La senadora María José Pizarro, representante del Pacto Histórico, formalizó una
queja disciplinaria ante la Comisión de Ética del Senado contra el senador JP
Hernández, denunciando violencia política y acoso.
Esta acción se fundamenta en acusaciones de violencia política y acoso
sistemático en contra de mujeres del Pacto Histórico. La senadora expresó su
preocupación por la seguridad en el Congreso, afirmando que se ha sentido
amenazada y humillada en diversas ocasiones.
El altercado en la plenaria del 12 de marzo durante una discusión sobre una
moción de censura contra el ministro de Defensa fue uno de los incidentes que
precipitaron esta acción. En este contexto, Hernández se vio involucrado en un
intercambio agresivo con Pizarro, generando una ola de críticas y solidaridad
con la senadora por parte de otras figuras políticas, como la representante
Catherine Juvinao.
La solicitud de Pizarro incluye la apertura de una investigación sobre el
comportamiento de Hernández, así como medidas de protección para evitar
situaciones similares en el futuro. Además, en su declaración menciona también
la sistematicidad en la violencia política que ha ejercido reiteradamente no
sólo contra congresistas, sino también contra la vicepresidenta Francia Márquez.
En respuesta a las acusaciones, el senador Hernández negó las imputaciones de
violencia política, argumentando que ciertas expresiones, como llamarlo "perro
rabioso", constituyen también formas de agresión verbal.
Desde el seno del Pacto Histórico, se ha planteado la expulsión de Hernández
como una medida necesaria para preservar los valores y la integridad de la
colectividad política a la que pertenecen ambas partes.
No sabía que prediales se deben pagar al
presidente: Uribe a Petro
El expresidente Álvaro Uribe Vélez emitió una respuesta a las declaraciones del
presidente Gustavo Petro, quien lo acusó de no pagar el
impuesto predial por sus propiedades. Esta controversia ha avivado el debate
sobre las obligaciones fiscales de los líderes políticos en Colombia.
La confrontación entre Álvaro Uribe y Gustavo Petro tomó un nuevo giro luego de
que el presidente Petro señaló públicamente que Uribe es uno de los grandes
propietarios de tierras en la región y sugerir que no está cumpliendo con el
pago del impuesto predial.
En respuesta, Uribe utilizó sus
redes sociales para aclarar la situación, indicando
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que sí paga los prediales,
incluso de manera anticipada, y expresó su disposición para presentar los
recibos si Petro lo solicitaba. Además, ironizó mencionando que si el Presidente
se lo hubiera pedido, habría llevado los recibos al café donde fue invitado.
"Si el Presidente me hubiera dicho le habría llevado los recibos al café que me
invitó".
El expresidente también compartió detalles sobre la historia de sus propiedades
en Córdoba, explicando que su padre adquirió tierras en la década de los sesenta
y setenta, las cuales posteriormente fueron vendidas y se pagaron todos los
impuestos correspondientes.
"En 1961 mi padre compró unas tierras a don Manuel Ospina Vázquez, entre Tarazá,
Antioquia, y Uré, Córdoba. De allá nos echó el EPL. Sin embargo, mi padre
mantuvo vinculación a Córdoba hasta su asesinato por la Farc. Las propiedades se
vendieron y se pagaron todos los impuestos".
En cuanto al pago de los prediales, Uribe aclaró que estos se realizan a los
municipios correspondientes y no al Presidente, invitando al Gobierno a
verificar dicha información en los anexos de su declaración de renta.
Uribe es un gran terrateniente en el país y no
paga predial: Petro
El presidente de la República, Gustavo Petro, criticó fuertemente al jefe del
Centro Democrático, Álvaro Uribe, al decir que a pesar de que el exmandatario
posee grandes tierras en el país no paga el impuesto predial.
“El expresidente Uribe es uno de los grandes propietarios de tierras en la
región y no nos está pagando el impuesto predial. Una parte del acuerdo nacional
es que por lo menos paguen los impuestos para con eso financiar la educación y
la salud”, sostuvo Petro.
A renglón seguido rechazó la propuesta de Uribe, misma que estaba enfocada en
realizar una recolección económica para el desarrollo de las vías 4G en
Antioquia.
“Salen a decir que cada antioqueño pague un millón de pesos, como le va a pagar
un antioqueño pobre un millón al que se enriqueció simplemente porque el Estado
nacional gobernado por ellos invirtieron en carreteras de doble calzada y
túneles al lado
de la finca, son ellos quienes
tienen que pagar la valorización”, agregó el alto funcionario.
El sistema de salud en Colombia
“El sistema de salud colombiano mata a más gente que la violencia en Colombia,
mata a más gente que la mafia en Colombia", denunció el presidente Gustavo Petro
Urrego al intervenir en la jornada del 'Gobierno con el Pueblo en el Sur del
Caribe', realizada este jueves en San Antonio de Palmito, Sucre.
El Jefe de Estado citó una investigación del Instituto Nacional de Salud (INS),
que demostró que “en los últimos diez años, cuando más plata se les ha dado a la
EPS, 340 mil colombianos y colombianas murieron, pudiendo ser su muerte evitable
si se les hubiera atendido eficazmente en salud".
“Más muertos que la violencia, más muertos que los del clan del
Golfo, más muertos que
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los homicidios registrados en los últimos diez años en Colombia", han ocurrido
por falta de atención en salud, sostuvo.
Expresó que mienten quienes afirman que tenemos el mejor sistema de salud, como
quiera que “la mortalidad infantil más alta de la OCDE la tiene Colombia y casi
que duplica al segundo en muertos, que es México".
“¿Quién dijo que eso es tener un buen sistema de salud, que los niños se
mueran?", cuestionó el presidente Petro.
Preguntó: “¿Qué creen que sucede cuando se roban 25 billones de pesos, que no
llegan a hospitales ni clínicas, qué creen que pasa?".
Y respondió: “Que no hay especialistas, que le pagan mal a la enfermera o no le
pagan, que ya no hay médicos, porque ya nadie estudia medicina, porque para qué
si le van a entregar un sueldo de hambre y se desploma la posibilidad de otorgar
servicios de salud y entonces muere la gente".
Reforma educativa inicia tránsito en el Congreso
El proyecto de ley que contempla el acceso gratuito a la educación y que fue
presentado por el Gobierno, es estudiado por la Comisión Primera de la Cámara de
Representantes y ya alcanzó aprobación en primer debate, así lo informó el
congresista Pedro Suárez.
Para el representante, esta reforma va a garantizar el acceso a la educación
para la mayoría de colombianos. “Se ha planteado que en Colombia se amplíe la
cobertura educativa en todos los departamentos y municipios del territorio
nacional y mejorar su calidad”, dijo.
De la misma manera, se añade que “esa cobertura va a estar garantizada en
educación gratuita desde preescolar hasta la educación superior, lo que quiere
decir que los niños que ingresan a pre kínder y finalizan como jóvenes
profesionales tendrán acceso a la educación sin ningún costo, en instituciones
oficiales y privadas”.
Adicionalmente, explicó que “los ciudadanos de las regiones han expresado su
alegría por esta iniciativa, en razón a las dificultades presentadas en algunos
territorios en donde la ciudadanía no puede acceder a la educación por falta de
recursos y porque las condiciones en las cuales se presta el servicio son
absolutamente precarias”.
Los debates que se esperan de este proyecto en la plenaria de la Cámara de
Representantes se realizarán los primeros días de abril y se espera que sea
aprobada por todas las bancadas políticas de la corporación legislativa.
En ese sentido, el congresista Suárez señaló que una de sus proposiciones “fue
avalada por los proponentes y los autores de este proyecto, que consiste en
garantizar la prestación de servicios públicos en condiciones dignas para los
centros educativos de todo el país. Esto va a permitir garantizar las
condiciones de dignidad en el ejercicio de la educación en el país e incluye el
mejoramiento de la infraestructura de los centros de educación”.
En medio de las discusiones la plenaria de la Cámara de Representantes adelanta
la evacuación de los impedimentos de los congresistas, para proceder a discutir
en la célula legislativa.
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