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Colombia y Argentina ordenan retorno de
embajadores
Después de una tensa situación diplomática entre Colombia y Argentina, ambas
naciones han tomado medidas para restablecer y fortalecer sus relaciones
diplomáticas. Esto se produce luego de los recientes enfrentamientos verbales
entre el presidente argentino, Javier Milei, y el mandatario colombiano, Gustavo
Petro.
En un comunicado conjunto emitido por las Cancillerías de Colombia y Argentina,
se expresa que, por directrices precisas de los presidentes de ambas naciones,
se llevaron a cabo conversaciones para consolidar los lazos diplomáticos, en
línea con la histórica fraternidad y cooperación entre los dos países en ámbitos
políticos, comerciales, culturales e institucionales.
En este contexto, el documento informa que el Gobierno colombiano dio
instrucciones para el retorno del Embajador Camilo Romero a Buenos Aires, al
mismo tiempo que ha otorgado el beneplácito al nuevo Embajador propuesto por el
gobierno argentino en Bogotá. Asimismo, se anunció la visita a Colombia de la
Canciller argentina, Diana Mondino.
Este paso de acuerdo con las dos Cancillerías refleja la voluntad de ambas
naciones de superar diferencias y fortalecer la relación bilateral. Además, se
reconoce el papel fundamental de las diásporas colombiana y argentina que
residen en ambos países, incluyendo estudiantes, trabajadores, empresarios y
familias, quienes han contribuido al desarrollo de esta relación.
La decisión de ordenar el retorno de los diplomáticos a sus respectivas
embajadas marca un hito significativo, especialmente en vísperas del 201
aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre la República
Argentina y la República de Colombia. Ambos países reafirman su compromiso de
mantener una relación constructiva y de estrechar aún más los lazos que los
unen.
Esta medida llega luego de una serie de incidentes que generaron tensiones entre
las dos naciones, desencadenados por declaraciones ofensivas del presidente
argentino Javier Milei hacia el presidente colombiano Gustavo Petro. Dichas
declaraciones llevaron a la expulsión de diplomáticos argentinos en Colombia y
al llamado a consultas del embajador colombiano en Buenos Aires.
Es importante destacar que, a pesar de estos desafíos, Colombia y Argentina han
manifestado su interés en mantener una relación cordial y constructiva,
resaltando la importancia del respeto mutuo y la cooperación entre ambas
naciones en beneficio de sus ciudadanos y del desarrollo regional.
Corte se pronunciará sobre penalización
del aborto después de semana 22
El lunes de la próxima semana vencen los términos para que la Corte emita un
fallo por la demanda de inconstitucionalidad del artículo
122 de la Ley 599 de 2000 (Código Penal) sobre el aborto, fundamentada en que
según la demandante incumple con las obligaciones internacionales de prohibir y
sancionar la tortura, ya que desde la semana 22 de gestación el feto siente
dolor. De esta forma se revive el debate sobre este asunto crucial después de
que el alto tribunal hace dos años despenalizó la interrupción voluntaria del
embarazo hasta la semana 24.
La Corte Constitucional tiene en el orden del día del próximo miércoles
pronunciarse y emitir un fallo sobre esta demanda, con base en la ponencia que
radicó la magistrada sustanciadora, Cristina Pardo. Es una decisión clave,
porque las organizaciones provida del país, que han dado
la lucha contra el aborto durante décadas, insisten en lograr al menos que que
se prohíba y sancione desde la semana 22, después
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de que la Corte lo despenalizó
en el año 2022 hasta la semana 24.
El fallo de hace dos años de la
Corte Constitucional, en una votación de 5 a favor y 4 en contra, resolvió una
demanda contra el artículo 122 del Código Penal, según el cual “la mujer que
causare su aborto o permitiere que otro se lo cause, incurrirá en prisión de
dieciséis a cincuenta y cuatro meses. A la misma sanción estará sujeto quien,
con el consentimiento de la mujer, realice la conducta prevista”.
Esta decisión varió sustancialmente lo que había señalado la misma Corte en su
sentencia C-355 de 2006, en la que determinó que el aborto continuaba siendo un
delito, pero no sería penalizado en tres causales: que esté en peligro la salud
física o mental de la madre; que ella haya sido objeto de violación sexual o que
el feto presente malformaciones congénitas graves.
En la sentencia C-055 de 2022, la Corte Constitucional declaró la exequibilidad
del artículo 122 del Código Penal, bajo el entendido de que "la conducta de
abortar allí prevista solo será punible cuando se realice después de la vigésimo
cuarta (24) semana de gestación y, en todo caso, este límite temporal no será
aplicable a los tres supuestos en los que la sentencia C-355 de 2006 dispuso que
no se incurre en delito de aborto".
La demanda
La ciudadana Natalia Bernal interpuso demanda de inconstitucionalidad contra el
artículo 122 del Código Penal, argumentando que vulnera el artículo 93 la
Constitución Política porque incumple con las obligaciones internacionales de
prohibir y sancionar la tortura, ya que el aborto en estados avanzados de
gestación ignora que desde la semana 22 de embarazo los fetos sienten dolor y
expresan emociones, y por ende deben ser protegidos en atención a la
jurisprudencia sobre seres sintientes.
Así mismo, subraya la accionante, es contrario a los deberes internacionales
referentes a la reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil; a la
promoción del sano de desarrollo de los niños y a la prohibición de
discriminación de los bebés en situación de discapacidad, pues el aborto en
etapas avanzadas en muchos casos implica que en futuros embarazos los bebés
nazcan con o adquieran condiciones de discapacidad por parálisis cerebral y
permite el aborto eugenésico, porque las mujeres pueden abortar a fetos que
tienen problemas de salud o condiciones de discapacidad.
Por lo anterior la demandante solicita que se declare la exequibilidad
condicionada de la disposición acusada, " en el entendido que incurrirá en
prisión de 60 años quien, con el consentimiento de la mujer, realice
procedimientos de feticidio y de parto inducido de mortinato por razones no
médicas; quien colabore en la ejecución de las mismas conductas; quien las
ordene; y quien las promueva a partir de la semana 22 de gestación hasta el
final de la etapa de parto".
Igualmente, "la mujer que dé su consentimiento para que le interrumpan su
embarazo avanzado mediante estos procedimientos con dolo, sevicia y plena
conciencia de la crueldad de su conducta, tendrá una pena de 60 años de
prisión".
Denuncias sobre financiación extranjera a partidos son temerarias: CD
Como “imprudente”, “temeraria” y un intento para evitar que el Senado de la
República hunda la reforma a salud presentada por el gobierno Petro calificó el
Centro Democrático las denuncias que sobre la presunta financiación extranjera
que recibieron varios partidos colombianos, como denunció el senador Wilson
Arias.
En un comunicado, el Centro Democrático explicó que Keralty, dueña de la EPS
Sanitas, “es una multinacional con operaciones en Colombia desde 1980 y tiene
varias líneas de negocio que opera a través de diferentes sociedades”.
Agrega que la mencionada empresa es
una persona jurídica (sociedad) colombiana, ya que está debidamente constituida
en Colombia, de conformidad con la ley colombiana, paga impuestos y está
domiciliada en Bogotá, como consta en el certificado de la Cámara de Comercio de
Bogotá. |
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En cuanto a la prohibición que menciona el senador Arias, relativa a la
financiación de partidos políticos por parte de las EPS, como está contemplada
en el numeral 7 del artículo 27 de la ley 1475, que hace referencia a quienes
administren recursos públicos o parafiscales, indica el CD que el parlamentario
“comete un gran error al establecer que Keralty S.A.S administra recursos
públicos o parafiscales”.
“No es cierto. Quien administra recursos parafiscales es Sanitas S.A. EPS que es
una sociedad distinta a KERALTY S.A.S”, enfatiza el comunicado.
El sábado, el mencionado parlamentario hizo referencia a tal ley para denunciar
lo que considera una prohibición legal de donar a partidos políticos y dijo que
la financiación de la empresa extranjera Keralty la hizo a varios de ellos en
2002.
Así sostuvo que el Centro Democrático habría recibido $35 millones y $302
millones del conglomerado Bolívar, propietario de la EPS Salud Bolívar, el
Partido de la U $19 millones de la empresa Organización Sanitas Internacional y
los $68 millones del Grupo Bolívar.
El Centro Democrático insistió en el comunicado que la denuncia del senador
Arias “no tiene otro fin que oponerse al archivo de la nefasta Reforma a la
Salud con argumentos sin ningún tipo de solidez jurídica y fáctica. Quedan en
evidencia las maniobras y argucias cada vez más inverosímiles para evitar que el
honorable Senado de la República hunda una reforma que acabaría con el sistema
de salud de los colombianos”.
Uribe asegura que constituyente crea un imperio
neocomunista
El expresidente Álvaro Uribe vuelve a cuestionar la asamblea nacional
constituyente, cuya implementación propuso recientemente el mandatario Gustavo
Petro si sus reformas no logran avanzar en el Congreso de la República.
A través de un análisis publicado en X, el líder natural del Centro Democrático
afirmó que la propuesta no es la solución para los problemas en Colombia.
Además, aseguró que la crisis en el país parte de la imposibilidad de
desarrollar proyectos a largo plazo.
“La Constitución no es el problema colombiano, tampoco lo fue la de 1886. El
gran problema es la vanidad o la falta de visión que han privado al país de
tener en el largo plazo las políticas que producen buenos resultados”, trinó el
exmandatario.
También destacó que “un día, en lugar de mejorar la seguridad, la cambiaron por
impunidad absoluta al terrorismo”.
El antiguo jefe de Estado cuestionó las decisiones del Gobierno actual en torno
a las políticas de droga.
“Se iba rumbo a la reducción del narcotráfico a niveles casi que imperceptibles
y dijeron que esa tarea estaba perdida. Con beneficios a los criminales el
delito se multiplicó por ocho”, indicó.
Uribe dijo que con impuestos, inestabilidad en las reglas y discursos
amenazantes han parado la inversión y el emprendimiento privado. “Y son varias
las ocasiones en que esto ha sucedido”, recalcó.
“La falta de confianza de inversión, el exceso de burocracia, el Estado gigante,
la corrupción y el odio a la participación privada, como en la salud y en las
pensiones, van creando una sociedad más pobre y más deprimida. Un Estado
derrochón, con carencias de educación e insuficiente apoyo al emprendimiento de
los jóvenes”, manifestó el líder del Centro Democrático.
Asimismo, se refirió al tema de las energías alternativas. “Las energías
alternativas no están paradas por falta de normas jurídicas. Se requiere que el
Estado lidere y agilice la solución con las comunidades para extender las líneas
de transmisión”, señaló.
Por último, puntualizó que “Venezuela mostró que la disculpa constitucional crea
un imperio neocomunista y una población pobre y sin futuro”.
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