|
Risaralda se beneficiaría con el Fondo de
Estabilización Cafetera.
El Representante a la Cámara, Alejandro García, el mayor promotor del bienestar
para los cafeteros.
Entre las muchas necesidades que se tienen como región cafetera, donde Risaralda
por supuesto no es un departamento ajeno esta la crisis por la cual están
pasando los caficultores ante las múltiples afectaciones las cuales vienen
generando incalculables pérdidas económicas, solo en la parte de la producción
del grano sino en la comercialización del mismo. Uno de los factores que más ha
perjudicado a las familias cafeteras ha sido el Fenómeno del Niño, por tal razón
el parlamentario risaraldense presentó una ponencia con la cual se busca activar
el Fondo de Estabilización de Precios del Café el pasado mes de octubre.
Por tal razón, el congresista de la Alianza Verde celebró que tras varios meses
de tal solicitud, el Gobierno Nacional haya atendido a la solicitud luego de que
en varias reuniones de seguimiento sostenidas por la Comisión Accidental del Eje
Cafetero con los Ministerios de Hacienda y Agricultura, la DIAN y la Federación
Nacional de Cafeteros, se llegara a la conclusión de que se hace más que
necesario atender la grave crisis cafetera que enfrenta el país.
Fue el propio Ministerio de Agricultura que citó a una reunión, la cual tenía
como objetivo poner en conocimiento a los Congresistas de la bancada cafetera
sobre las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional, se conoció que el Fondo de
Estabilización de Precios del Café será activado iniciando el mes de mayo y se
podrá a disposición de los caficultores colombianos cerca de 370.000 millones de
pesos, los cuales de distribuirán así:
De mayo a agosto de 2024, se entregarán 130 mil millones entre los caficultores,
de los cuales el 88% le corresponderá a los pequeños caficultores, el 12%
restante se distribuirá entre los medianos y grandes.
Los otros 240 mil millones serán para poner en funcionamiento un Instrumento de
Gestión Integral del Riesgo, esta herramienta le permitirá a los caficultores
tener un acompañamiento técnico, el fomento del ahorro y la posibilidad de
inclusión crediticia para todos aquellos que se sustentan de esta actividad.
El representante García Ríos
El congresista risaraldense Alejandro García, uno de los mayores interesados en
todo este proceso de mitigación de la crisis que afrontan los productores de
café, especialmente los de Risaralda, aseguró que este es un gran avance, a
pesar de no llegar un poco antes. “Este es un paso fundamental y, aunque es un
anuncio que nos hubiera gustado que hubiera llegado de manera más temprana,
seguramente va a alivianar muchas cargas que tienen en este momento los
cafeteros y nosotros estaremos acompañando al Gobierno en lo que requiera para
que estos recursos del Fondo se ejecuten de la mejor manera. Sin embargo,
seguimos pensando que, aunque la apertura del Fondo es indispensable, no es
suficiente para atender las necesidades del gremio. Por esa razón, le pedimos al
Gobierno Nacional que haga una contribución mayor a este Fondo, mientras
logramos que éste sea reformado a través de un proyecto de ley que venimos
trabajando con el que buscamos dar soluciones estructurales a la contribución
cafetera y aumentar la cantidad de recursos que a éste ingresan. Actualmente se
destinan para tal fin 0,5 centavos de dólar por libra exportada, y con esta
iniciativa estamos evaluando crear una fórmula para que dicha contribución
aumente a 2 centavos de dólar".
"Sin embargo, junto al Ministerio también abordamos la posibilidad de crear una
fórmula flexible y progresiva para que en tiempos de crisis el porcentaje de esa
contribución sea mayor, y en tiempos de bonanza sea menor. Estas son las dos
opciones que están sobre la mesa, y para definir bien el camino que tomaremos al
respecto vamos a estar adelantando algunas mesas técnicas que nos permitan
evaluar la viabilidad de estas propuestas y aterrizarlas. Esperamos poder
radicar este proyecto el primer día de la próxima legislatura, es decir, el 20
de julio, para fortalecer las medidas que se están tomando actualmente, de
manera tal que se establezcan rutas de atención claras para el futuro que
garanticen que en momentos de crisis haya el dinero necesario para hacerles
frente de manera oportuna y eficaz, sin estar supeditados a la voluntad del
Gobierno de turno”, puntualizó García Ríos.
La
educación en el centro del debate legislativo
Durante una jornada completa en el Congreso de la República, el Ministerio de
Educación Nacional expuso los avances y logros en su
gestión y acompañó el segundo debate del proyecto de Ley Estatutaria en la
plenaria de la Cámara de Representantes donde se aprobó la ponencia mayoritaria
con 95 votos por el 'Sí', superando la votación que se requería; allí mismo se
negaron todas las proposiciones eliminatorias. El debate sobre el articulado
continuará el próximo lunes 8 de abril.
En la Comisión Sexta del Senado se llevó a cabo el debate de control político
donde la ministra Aurora Vergara Figueroa expuso los avances de los planes y
programas que adelanta el sector educativo para garantizar que la educación de
calidad y pertinencia llegue a todas las regiones del país, promoviendo la
equidad y la justicia social.
"La apuesta de educación en este gobierno pone en el centro la dignidad humana.
Estamos invirtiendo más recursos para ampliar la cobertura, promover la
formación integral, mejorar la infraestructura educativa especialmente en zonas
rurales y dignificar la labor docente. Buscamos, además, garantizar con apoyo
del Congreso de la República que las y los colombianos logren acceder a
educación como un derecho fundamental en todos los niveles", afirmó la ministra
Aurora Vergara.
Entre los logros expuestos por la jefe de la cartera se
destacan los del Plan de Infraestructura Educativa a través del cual se han
entregado 444 colegios en 228 municipios con una inversión de 2,5 billones de
pesos. En 2024, el Ministerio avanza en la ejecución de 767 nuevas obras y
mejoramientos, especialmente en zonas rurales.
La ministra de Educación afirmó que "gracias a las estrategias implementadas por
el Gobierno Nacional, se están viendo resultados positivos
en la disminución de la deserción escolar. Pasamos de 4,37 % en 2022 a 3,93 % en
2023".
|
|
Precisamente, una de las iniciativas que promueve el acceso, la permanencia y el
bienestar de los estudiantes en las escuelas es el Programa de Alimentación
Escolar (PAE), que beneficia a 5.700.000 niños, niñas, adolescentes y jóvenes en
el país, aportando también a la meta del programa Hambre Cero del Gobierno
Nacional.
En 2024, a través de la Unidad de Alimentos para Aprender (UApA) se han girado,
a los municipios y departamentos certificados en educación, recursos por el
orden de 777 mil millones de pesos para cofinanciar la operación del PAE, lo que
equivale al 45 % del total de los recursos asignados para esta vigencia. El
próximo giro se realizará en el mes de mayo.
Adicionalmente, a través del #PAE+ se invierten 100 mil millones de pesos para
garantizar la seguridad alimentaria de los estudiantes a lo largo del año,
entregando canastas de alimentos durante las épocas de receso escolar.
En relación con los avances en materia de educación superior, la ministra
Vergara destacó que a través del plan de salvamento para los beneficiarios de
créditos condonables del Icetex, ya se han beneficiado 363.000 personas. En
2024, la meta es apoyar a otras 467.000, manteniendo el IPC+0 y la condonación
del 25 % con graduación.
De igual manera, con el fin de alcanzar la meta de tasa de cobertura, buscando
pasar del 54,9 % al 62 % en 2026, se han dispuesto recursos por 2,2 billones de
pesos para que las 64 IES públicas del país financian la política de gratuidad
en la matrícula 'Puedo Estudiar'. En 2024, se destinarán recursos por 209 mil
millones de pesos para fortalecer la base presupuestal de funcionamiento de las
IES públicas.
"La educación de calidad y pertinencia para los territorios debe ser un derecho
fundamental que les permita a todas y todos los colombianos vivir con dignidad
en condiciones de equidad", concluyó la ministra de Educación al cierre de la
jornada.
Tras intervenir a Sanitas, Gobierno ya
controla 25 millones de usuarios de EPS
Tras el anuncio ayer de la Superintendencia Nacional de Salud en torno a la
intervención de Sanitas, el Gobierno ya llega a 25,1 millones de usuarios que
están afiliados a EPS oficiales o privadas intervenidas por el Estado. La más
grande es la Nueva EPS con 11.294.814 usuarios.
La EPS Sanitas tiene 5.780.082 afiliados; Famisanar, 2.918.982; Emssanar,
1.794.206; Savia Salud, 1.672.446; y Asmet Salud, 1.648.875 usuarios.
La intervención de EPS Sanitas se produjo a pocas horas del probable hundimiento
en la Comisión Séptima del Senado de la reforma de salud en su tercer debate,
que presentó el Gobierno, pues 9 de los 14 congresistas que tiene la célula
legislativa anunciaron su voto para que se archive.
A esta inquietud se suma el hecho de que Nueva EPS, con sus 11.2 millones de
afiliados, también está bajo una fuerte influencia del Estado colombiano, lo que
genera preocupaciones adicionales sobre la falta de diversidad y competencia en
el sistema de salud.
La reciente intervención en la EPS Sanitas, que es la segunda entidad prestadora
de servicios de salud más grande del país, ha generado críticas y
cuestionamientos sobre las consecuencias a largo plazo para los usuarios. Andrés
Forero ha advertido que las EPS intervenidas por el Gobierno han experimentado
un deterioro en sus indicadores y en la calidad de la atención, lo cual afecta
negativamente a los pacientes y afiliados.
El exministro de Salud, Alejandro Gaviria, ha expresado su preocupación por lo
que describe como una "inminente destrucción" del sistema de salud colombiano.
Gaviria advierte que este enfoque gubernamental podría tener consecuencias
graves, incluyendo un impacto negativo en la salud y bienestar de la población,
e incluso costar vidas.
El superintendente Nacional de Salud, Luis Carlos Leal Angarita, explicó que "la
Superintendencia Nacional de Salud en ejercicio de sus funciones de inspección,
vigilancia y control, acaba de tomar posesión de los bienes haberes y negocios
de la EPS Sanitas, y ordena la medida de intervención forzosa administrativa
para administrar esta EPS por tiempo de un año, esto basado en el incumplimiento
de los requisitos financieros de habilitación y otros factores analizados en el
comité de medidas especiales desarrollado al interior de la Superintendencia".
Leal Angarita sostuvo que la
población en todo el país afiliada a esta EPS “tiene la certeza de que las
funciones de la EPS van a continuar, de que no tienen que incurrir en ningún
tipo de trámite administrativo o burocrático".
En ello coincidió el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo: “Nuestro mensaje
hoy es de tranquilidad aquí los servicios tanto en la EPS como en la prepagada
se van a continuar prestando".
Por su parte el presidente Petro reaccionó a esta decisión señalando que “el
Gobierno tiene la obligación de salvar el sistema de salud y la vida de los
colombianos. El actual sistema, como desde hace años se venía denunciando desde
diferentes instancias de control administrativo, judicial y político, extrajo
recursos públicos por decenas de billones de pesos que no se invirtieron de
acuerdo a la ley y se perdieron, y debemos de actuar de acuerdo a la ley y la
Constitución y con decisión”.
Mientras que la Casa de Nariño
indicó que la EPS Sanitas fue intervenida porque no cumple con los requisitos
financieros, los afiliados no encontraban satisfacción en la prestación de los
servicios y las deudas superaban los dos millones de pesos.
La medida de intervención implica que el interventor, que para el caso fue
designado Duver Vargas
por esta Superintendencia, asume la administración y dirección de la EPS por un
año, quien reemplazará en esas funciones al gerente de la empresa.
Alerta por recursos
Vale recordar que la EPS Sanitas, junto con Compensar y Sura, fueron las
empresas que en agosto del año pasado abrieron el debate sobre si son
suficientes o no los recursos que les entrega el Estado para pagar la efectiva
prestación de los servicios.
Estas EPS en una carta que
dirigieron al ministro Jaramillo explicaron en esa oportunidad que "es nuestra
intención y responsabilidad presentarle a usted, de primera mano, la difícil y
angustiosa situación financiera que atraviesa nuestro sistema de salud y, así
mismo, manifestarle la gran preocupación de viabilidad que hoy enfrentamos como
EPS serias, responsables y comprometidas con el cuidado y el bienestar de la
población".
Agregaron que el valor de la UPC
(Unidad de Pago por Capitación), el valor que entrega anualmente el Estado a las
EPS
|
|
por cada uno de sus afiliados, es insuficiente para atender el plan de
beneficios en salud; así mismo que no se tiene una redistribución equitativa de
recursos entres los actores especiales, pues “al no ajustar la UPC por
condiciones de salud (perfil epidemiológico), varias EPS presentan problemas de
solvencia como consecuencia de esta concentración asimétrica de cargas de
enfermedad”.
También estas EPS manifestaron que perjudica sus estados financieros las deudas
que tiene el Estado por el manejo de la pandemia de Covid-19, recobros,
licencias e incapacidades.
Sin embargo el presidente Petro respondió en la red X que “han informado tres
EPS que tienen problemas de liquidez porque la Adres no les paga. Eso no es
cierto. El Gobierno nacional decidió elevar el valor de Unidad de Capitación,
base con que se paga a las EPS multiplicada por el número de sus afiliados. Este
aumento fue del 16,2 % anual, muy por encima de la inflación anual, que está en
el 11 % y sigue bajando”.
De todas formas, el Ministerio de Salud se sentó con estas EPS el año pasado en
una mesa técnica para escuchar sus argumentos y analizar las cifras. Sin
embargo, no se llegó a ningún acuerdo y el Gobierno decidió aumentar la UPC para
este año en el 12,01 %.
Este ajuste fue calificado por las EPS insuficiente. Acemi, el gremio de estas
empresas, dijo que “el Gobierno no tuvo en cuenta las peticiones de varios
sectores del Sistema. Un 12,01 % no solo es insuficiente, sino que supone
también la no viabilidad en el futuro del sistema que le da salud a los
colombianos”.
En febrero de 2024, la Corte Constitucional declaró el nivel de cumplimiento
bajo respecto de la suficiencia de los Presupuestos Máximos que corresponde al
Estado para la financiación de los servicios y tecnologías del Plan de Beneficio
en Salud (PBS) que no se sufragan con la Unidad de Pago por Capitación (UPC).
Igualmente ordenó al Ministerio de Salud desembolsar a las EPS la totalidad de
los recursos aprobados con el Acuerdo de Punto Final que no hayan sido
cancelados a la fecha.
¿Retaliación por hundimiento de reforma?
Diversas reacciones generó la intervención de la EPS Sanitas, el senador
Mauricio Gómez Amín, del Partido Liberal, dijo que en la plenaria anoche que “no
puede ser que ante una decisión democrática de la Comisión Séptima de mantenerse
firme en el hundimiento de la reforma mañana (hoy), el Gobierno responda
interviniendo la segunda EPS más grande de Colombia”.
Mientras que el exministro de Salud, Alejandro Gaviria, dijo que “la inminente
destrucción del sistema de salud es una tragedia para Colombia. El sistema de
salud ha representado el mayor avance social desde 1991. El revanchismo
ideológico del Gobierno afectará muchas vidas y podría causar muchos muertos”.
Por su parte el exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, dijo que “la
respuesta al fracaso de la reforma a la salud, que el Gobierno fue incapaz de
concertar, no es apoderarse del sistema, primero de la Nueva EPS y ahora de
Sanitas. El Gobierno es incapaz de manejar el sistema. Se necesita un acuerdo
con los agentes de las principales EPS para evitar la crisis total del sistema,
que sufriremos todos los colombianos”.
El representante Andrés Forero, del Centro Democrático, dijo que “es un acto de
retaliación de parte del Gobierno Nacional que ante la frustración que tiene por
el inminente hundimiento de la reforma a la salud, la emprende contra una EPS a
la que había estado persiguiendo de manera sistemática”.
A su turno el senador David Luna, de Cambio Radical, dijo que “este Gobierno
decide intervenir Sanitas, se cumple la promesa de la exministra Corcho de
llevar este sistema de salud a la quiebra. Como no tienen los votos en el
Congreso para aprobar su nefasta reforma a la salud, ahora ahogan el sistema
para quedarse con el chorro de recursos, para manejarlos a su antojo”.
Mientras que Martha Herrera, de la Fundación Colombiana para Enfermedades
Huérfanas, alertó que “las EPS intervenidas por el Estado son las que más
barreras y dificultades ponen a la hora de un diagnóstico, un tratamiento
adecuado y la entrega de medicamentos”.
En tanto que el presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, expresó que “hemos sido
testigos de un proceso que paso a paso ha venido aumentando la crisis del
sistema, el cual nos va a costar muchos años recuperar. La responsabilidad de lo
que está sucediendo es mayúscula e infortunadamente terminará costando vidas
humanas. En este momento debemos redoblar los mecanismos de veeduría ciudadana y
legal sobre los funcionarios que están afectando tan gravemente al sector con
decisiones cargadas de ideología e intereses políticos”.
Embajador de Colombia regresará este
sábado a Buenos Aires
El embajador de Colombia en Argentina, Camilo Romero, ha anunciado que regresará
este sábado a Buenos Aires tras la crisis diplomática entre ambos países que
llevó al presidente colombiano, Gustavo Petro, a retirar a sus diplomáticos.
"¡Seguimos la tarea de construir un nuevo momento de las relaciones con
Argentina! Esta tarde me reuní con (el ministro de Exteriores en funciones) Luis
Murillo y definimos que mi retorno a Buenos Aires sea el sábado de esta misma
semana", ha indicado Romero a través de su perfil en la red social X, antes
Twitter.
Asimismo, ha indicado que continúa con las "respectivas coordinaciones" para que
la jefa de la diplomacia argentina, Diana Mondino, visite Colombia próximamente,
tal y como anunciaron hace unos días sendos Gobiernos.
"Se trata de que, a pesar de las válidas diferencias, pasemos la página por el
bien de la ciudadanía y sigamos fortaleciendo una historia común de 201 años
como pueblos hermanos", ha concluido el embajador.
El domingo, Bogotá y Buenos Aires anunciaron la vuelta de sus respectivos
embajadores para "superar cualquier diferencia", después de mantener
conversaciones para "afianzar las relaciones diplomáticas", de acuerdo a sus
"tradicionales relaciones de fraternidad, civilidad y los vínculos entre ambos
pueblos".
La crisis diplomática comenzó después de que el presidente de Argentina, Javier
Milei, tildase a Petro de "terrorista y asesino", a lo que las autoridades
colombianas respondieron con acusaciones contra el presidente argentino de
"matón del pueblo" y con la expulsión de varios diplomáticos argentinos, entre
los que destaca el embajador, Gustavo Alejandro Dzugala, en el cargo desde 2021
y nombrado por el expresidente Alberto Fernández.
|
