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ONU celebra investigación de JEP sobre
'falsos positivos'
La oficina de Naciones Unidas de Derechos Humanos en Colombia ha celebrado el
inicio de la investigación llevada a cabo por la Jurisdicción Especial para la
Paz (JEP) sobre desapariciones y asesinatos en el Valle del Cauca.
"Esta decisión es un avance importante en el acceso del derecho a la justicia
que tienen las víctimas en este territorio", ha indicado en un mensaje en la red
social X, agregando que reconocen "el esfuerzo que durante años han realizado
las víctimas".
Esto se produce después de que la JEP citara hace dos semanas a declarar a doce
altos mandos retirados del Ejército por los casos de 'falsos positivos'
--civiles asesinados por militares para ser presentados como guerrilleros
abatidos-- registrados en el departamento colombiano del Valle del Cauca.
"Luego de la primera fase de investigación en Antioquia, la Costa Caribe, Norte
de Santander, Huila, Casanare y Meta, que ha llevado a que 55 comparecientes de
la fuerza pública reconocieran su responsabilidad en crímenes de guerra y de
lesa humanidad, hoy la investigación del Caso 03 se enfoca en la fase nacional",
indicó en un comunicado la JEP.
Medidas cautelares nacionales
La JEP ordenó en la víspera medidas cautelares a nivel nacional "para proteger
los derechos a la memoria y la verdad de las víctimas de desaparición forzada"
en los once casos que investiga, entre ellos los 'falsos positivos' en el Valle
del Cauca.
La JEP ha solicitado a las autoridades y las organizaciones de la sociedad
civil, como organizaciones de víctimas, que presenten informes antes del próximo
19 de abril relacionados con la búsqueda de desaparecidos, exhumaciones o
identificación de cuerpos.
En el caso de las organizaciones civiles, como el Movimiento Nacional de
Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), podrán detallar en sus informes las
prioridades y acciones específicas en el marco de todos estos procesos. El
objetivo, según la JEP, es "unir esfuerzos que permitan desplegar acciones más
eficientes que respondan a las demandas de las víctimas".
"La magistratura podrá plantear una radiografía inicial sobre lo que se está
haciendo en todos los niveles de los entes territoriales para satisfacer los
derechos de las víctimas de desaparición forzada", ha agregado.
Algunos de los desafíos que la JEP ha encontrado son la "falta de consolidación
de sistemas de información relacionados con el proceso de búsqueda e
identificación, la dificultad en el acceso a la información" o "el subregistro
de víctimas de desaparición".
Por otro lado, el organismo también ha convocado una audiencia pública para los
días 14 y 16 de mayo en las ciudades de Bogotá y Barrancabermeja,
respectivamente, en las que estarán presentes organizaciones especializadas en
Derechos Humanos.
La JEP es el sistema de justicia extraordinario instaurado a raíz del acuerdo de
paz entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016.
‘Jalón de orejas’ al Gobierno por estado
crítico de 40 puentes
Son 40 los puentes están en situación
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crítica,
así: 4 estrcuturas en estado extremo de falla
total con riesgo alto y 36 puentes con daño grave, según
informó la Contraloría. Ante esta situación, solicitó al Gobierno intervenir de
manera inmediata.
De acuerdo con la información suministrada por la ANI, dentro de los 4 puentes
en riesgo alto por daño extremo y falla total está el Puente Arenoso II, que
hace parte de la Concesión vial Santana - Mocoa – Neiva y está ubicado entre
Neiva y Campoalegre.
Según un Informe de la Interventoría de este proyecto, este puente se encuentra
con plan de cierre vigente y en espera de los Estudios, Diseños y Permisos
necesarios para su reparación y rehabilitación, los cuales, según la ANI, son a
cargo del concesionario de este corredor vial.
La ANI también ha informado que esta afectación está siendo suplida con el
segundo Puente Arenoso II que construyó el concesionario en la segunda calzada
de esta vía, que es paralelo al puente colapsado y que está en servicio
bidireccional para todo tipo de vehículos desde el 14 de julio de 2023.
De otra parte, los Puentes Susumuco, Estaquecá y Aserrío, que hacen parte de la
Concesión vial Bogotá – Villavicencio, presentan problemas estructurales y
geotécnicos que requieren reparación inmediata.
A este respecto y aunque la ANI ha informado a la CGR que la construcción del
nuevo Puente Susumuco está incluida en el Programa de Atención de Puntos
Críticos de este Corredor Vial que tiene previsto un presupuesto de $ 600.000
millones. Por otra parte, la reparación y repotenciación del Puente Estaquecá
está a cargo de INVÍAS, cuyos Estudios y Diseños están actualmente en
licitación; en el caso de la intervención del Puente Aserrío, está en ejecución
por parte del concesionario.
Ante esta situación, la Contraloría alertó a la ANI para que prontamente se
adopten las medidas de seguridad necesarias y suficientes que garanticen la
plena seguridad de los usuarios de este corredor vial y de los que utilizan los
demás puentes en estado crítico de la Red Vial Nacional.
"Importante informar que estas alertas fueron trasladadas por la DIARI a la
Contraloría Delegada para el Sector de Infraestructura, la cual, en desarrollo
de sus competencias, prontamente remitió Oficio a la ANI solicitando información
sobre las gestiones realizadas para la inmediata y satisfactoria atención y
solución de estos riesgos críticos", señaló el órgano de control.
Piden medidas para evitar explotación
laboral a migrantes en el país
La Procuraduría General de la Nación solicitó a los ministerios del Interior,
Defensa, Igualdad, Cancillería, ICBF y a gobernantes departamentales y locales,
tomar medidas urgentes para contrarrestar los vejámenes de los que son víctimas
los migrantes irregulares que transitan por el país.
En Circular expedida en el marco del Congreso Internacional de Derechos Humanos,
Género y Enfoque Diferencial, la Jefe del Ministerio Público aseguró que es
deber del Estado garantizar los derechos de estas personas con necesidades de
protección internacional, formulando planes y estrategias que determinen
condiciones mínimas de dignidad y respeto, teniendo en cuenta el enfoque
diferencial para incluir las necesidades especiales de niños, niñas,
adolescentes y jóvenes, mujeres y personas LGBTIQ+.
En el documento se asegura que, según datos de Migración Colombia, entre 2012 y
2024 han transitado por el país 1.010.834 migrantes irregulares de distintas
nacionalidades, muchos de las cuales han sido sometidas por los traficantes de
personas que los cooptan, a trabajos forzados, abusos sexuales, esclavitud y
prostitución infantil, entre otros delitos que se enmarcan en la trata de
personas, aprovechándose de su condición de vulnerabilidad.
Entre los resultados expuestos durante el Congreso Internacional de Derechos
Humanos, Género y Enfoque Diferencia, la Procuraduría ha demostrado que en
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algunas regiones del país se instrumentaliza a la población
migrante en actividades de minería ilegal o como prestadoras de servicios
sexuales, especialmente en ciudades que reciben altos flujos de extranjeros para
desarrollar actividades de turismo sexual.
Demandan a ocho congresistas por aportar
a 'vaca' para vías 4G
Una demanda legal interpuesta por el abogado Carlos Mario Patiño ante el Consejo
de Estado pone entredicho la investidura de ocho congresistas que contribuyeron
a la 'vaca' destinada a financiar las vías 4G en Antioquia.
La demanda presentada por Carlos Mario Patiño ante el Consejo de Estado se
centra en la presunta violación del régimen de inhabilidades por parte de los
congresistas mencionados. Según el demandante, al realizar sus aportes
económicos a la 'vaca' destinada a financiar las vías 4G en Antioquia, estos
políticos habrían infringido el artículo 180-2 de la Constitución Política de
Colombia, que prohíbe a los congresistas celebrar contratos con entidades
públicas.
“Los demandados incurrieron en la causal Primera del artículo 183 de la
Constitución política, violación del régimen de inhabilidades e
incompatibilidades en el entendido que incurrieron en la causal de violación de
este régimen establecido en el artículo 180- 2 de la constitución política;
Gestionar, en nombre propio o ajeno, asuntos ante las entidades públicas o ante
las personas que administren tributos, ser apoderados ante las mismas, celebrar
con ellas, por sí o por interpuesta persona, contrato alguno”, se lee en la
demanda.
El abogado demandante argumenta que la contribución de los congresistas a la
'vaca' constituye un contrato de donación con la Gobernación de Antioquia,
entidad pública. La evidencia presentada en la demanda incluye publicaciones en
redes sociales donde los políticos muestran los comprobantes de sus
contribuciones económicas a este proyecto.
“Establece el código civil que “La donación entre vivos es un acto por el cual
una persona transfiere, gratuita e irrevocablemente, una parte de sus bienes a
otra persona que la acepta” si bien dice la norma que se trata de un acto
jurídico, es bastante pacífica la doctrina civilista al establecer que se trata
de un contrato, pues aunque puede pensarse un mero acto bilateral, tiene dos
partes y la parte pasiva del mismo debe aceptar la donación para que se
perfeccione, es, por tanto, un contrato”, añade el documento.
Detalles de los congresistas demandados:
1. Paloma Valencia: Senadora del Centro Democrático.
2. Esteban Quintero: Representante a la Cámara por Antioquia.
3. Andrés Guerra: Representante a la Cámara por Antioquia.
4. María Fernanda Cabal: Senadora del Centro Democrático.
5. Juan Fernando Espinal: Representante a la Cámara por Antioquia.
6. Hernán Darío Cadavid: Representante a la Cámara por Antioquia.
7. John Berrio: Representante a la Cámara por Antioquia.
8. Julián Peinado Ramírez: Representante a la Cámara del Partido Liberal.
En caso de que la demanda prospere, los congresistas podrían enfrentar la
pérdida de su investidura. Se espera que los políticos demandados presenten su
defensa argumentando desconocimiento de la normativa o la ausencia de intención
dolosa en sus acciones.
Estado actual del proyecto 'vaca' en Antioquia:
Hasta el domingo 31 de marzo, la 'vaca' ha logrado recaudar $3.632 millones de
su objetivo de $1 billón. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ha
destacado el apoyo ciudadano a esta iniciativa, aunque la controversia legal
podría impactar su desarrollo futuro y generar incertidumbre sobre la viabilidad
del proyecto.
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