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Intervenciones a EPS no tienen efectividad:
Contraloría
Con relación a las recientes intervenciones de la Superintendencia de Salud a
Sanitas y a la EPS salió a flote un informe de la Contraloría del año pasado,
donde expone cómo este tipo de medidas sancionatorias no son efectivas.
El documento, dirigido al entonces superintendente Ulahy Beltrán López, alerta
sobre el riesgo de pérdida de recursos del Sistema General de Seguridad Social
en Salud (SGSSS). También señala que las entidades que están bajo estas medidas,
terminan en proceso de liquidación.
"Las deudas con los prestadores de las EPS, en medidas de especial vigilancia
especial, corre el riesgo de no ser canceladas pues lo que normalmente se
observa es que las entidades que entran en estas medidas, terminan en proceso de
liquidación, existiendo posibilidad de pérdida de los recursos comprometidos en
estas carteras, pues la masa liquidatoria resulta insuficiente para cubrir sus
acreencias", indica el informe del órgano de control.
La Contraloría asegura que ante esta situación es "evidente el riesgo financiero
de las IPS en la medida que no se garantiza el flujo oportuno y suficiente de
recursos para la prestación del servicio de salud, lo cual, finalmente incide en
la calidad de la atención a los afiliados".
En ese sentido, el órgano de control sostiene que todo esto "incide en la
calidad de la atención a los afiliados. Por último, la información de cartera
con los prestadores se reporta por diferentes fuentes y es disímil, por lo cual
se desconoce el salto real de la misma, lo que también representa riesgo de
pérdida de recursos, ante lo cual las acciones de IVC resultan inefectivas e
inoportunas en la corrección de esta problemática".
Cumplimiento de EPS intervenidas
La Contraloría explicó que las EPS intervenidas y/o en liquidación siguen
presentando incumplimientos con sus compromisos adquiridos para pagos de la
cartera pendiente.
"Los datos y gráficas siguientes, tomadas del Observatorio de Cartera(página web
SNS), muestran la cartera de la EPS con medidas de vigilancia espacial adoptadas
por la SNS entre 2012 y 2022. En ellas se sigue presentando disparidad en las
cifras reportadas por aseguradoras y prestadores en los sistemas de información
dispuesta para su registro, lo cual no permite establecer el valor real de dicha
cartera".
Finalmente, señala que en junio de 2022, 7 de
las 12 entidades con medidas
preventivas y en intervención por parte del Supersalud no presentaron reducción
en los saldos de la cartera.
Gobierno asume función de reordenador sistema de
salud: Petro
En una reciente declaración en su cuenta oficial de X, el presidente Gustavo
Petro anunció su postura frente a la intervención que la Supersalud llevará a
cabo en la Nueva EPS. Este pronunciamiento ha generado gran atención y debate en
el ámbito político y de la salud en Colombia.
Petro afirmó que en las EPS intervenidas, además de designar un interventor, se
establecerá una junta asesora conformada por representantes de clínicas,
hospitales, proveedores a los que la EPS debe dinero, y representantes de los
pacientes. Esta medida busca garantizar una gestión más transparente y
participativa en el proceso de intervención.
Uno de los puntos centrales de la declaración del presidente es la restitución
del derecho de los pacientes a elegir a su médico como opción preferencial y
libre. Asimismo, se enfatizó en que las IPS de recepción también serán
consideradas en este proceso, reforzando la importancia de una atención médica
integral y de calidad para todos los usuarios del sistema de salud.
En relación con la reorganización del sistema de salud, se hizo un llamado a los
alcaldes y gobernadores para colaborar en la construcción de redes regionales
que incluyan clínicas, consultorios y hospitales, en coordinación con el
Ministerio de Salud. Se subrayó la importancia de no excluir a ninguna IPS
pública o privada acreditada en este proceso de reestructuración.
Además, se mencionó que la Adres (Administradora de los Recursos del Sistema
General de Seguridad Social en Salud) será responsable de establecer un sistema
tarifario base para las auditorías, y se invitó a las EPS que cumplan con los
requisitos a actuar como auditores de cuentas ajenas a su propia actividad.
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En cuanto al aspecto laboral, se garantizó que no habrá despidos masivos de
trabajadores en las EPS intervenidas, y se establecerá un sistema de anticipos
de pagos acorde al nivel de estabilidad laboral de los empleados de estas
entidades.
Finalmente, el presidente Petro destacó que todos los pacientes continuarán con
sus tratamientos y recibirán atención sin interrupciones. Aseguró también que
las EPS que cumplan con los requisitos para mantenerse como aseguradores
seguirán operando como hasta ahora.
Esta intervención por parte del gobierno, según Petro, tiene como objetivo
evitar una quiebra generalizada y una liquidación abrupta en el sistema de
salud, especialmente en el contexto de los desafíos financieros que enfrenta la
Nueva EPS. Se hizo énfasis en el papel constitucional del gobierno como
reordenador del sistema de salud, buscando así garantizar su sostenibilidad y
mejorar la calidad de atención para todos los colombianos.
Se prevé que este proceso esté enmarcado en la ley del Plan Nacional de
Desarrollo, específicamente en su artículo 150, y en cumplimiento de la ley
estatutaria de salud y la constitución nacional. Petro concluyó señalando la
importancia de fortalecer el sistema de salud preventiva, basándose en
experiencias exitosas como la implementada durante su gestión en Bogotá Humana,
pero también dotándolo de una capacidad de referencia que mejore
la atención médica a nivel
nacional.
Petro califica de 'golpe antidemocrático'
inhabilidad de María Corina
El presidente Gustavo Petro calificó de "golpe antidemocrático" la decisión de
las autoridades venezolanas de inhabilitar a María Corina Machado para
participar en campañas electorales.
Durante la posesión de la magistrada Gloria Gómez en el Consejo de Estado, Petro
expresó su preocupación por la situación política en Venezuela, refiriéndose a
la inhabilitación de María Corina Machado como un acto antidemocrático. Según el
presidente, esta acción no solo afecta a individuos sino también a la sociedad
en su conjunto, privándola del derecho fundamental de elegir libremente a sus
representantes.
"A la señora María Corina y a otros, previamente se les inhabilitó para
participar de campañas electorales por autoridades administrativas (...) aquí,
como una especie de doble moral, atacamos lo que hacen allá porque
indudablemente es un golpe antidemocrático, pero ocultamos que aquí también se
hace", dijo el mandatario.
En sus declaraciones, el mandatario
destacó que la medida tomada por las autoridades venezolanas constituye un
"golpe antidemocrático" al privar a Machado de su derecho fundamental de
participar en el proceso electoral. Además, señaló la importancia de defender
los derechos políticos en toda Latinoamérica, independientemente de la ideología
política de cada individuo.
El presidente hizo referencia a situaciones similares ocurridas en Colombia,
donde él mismo enfrentó una inhabilitación durante su mandato como alcalde de
Bogotá. "Los derechos políticos son derechos humanos. Yo, personalmente, tuve
ahí una brega jurídica que me ayudó a aprender, en cierta forma, cómo pelear
desde el punto de vista judicial", expresó Petro.
El mandatario colombiano recordó que tuvo que acudir ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que se tomaran medidas cautelares
en su caso, lo cual resalta la importancia de la defensa de los derechos
políticos en el ámbito internacional.
En relación con la situación actual en Venezuela, el presidente subrayó la
necesidad de garantizar unas elecciones presidenciales libres y justas, donde
todos los sectores políticos tengan la oportunidad de participar sin
restricciones injustificadas. Asimismo, hizo un llamado a la comunidad
internacional para que respalde estos principios democráticos y presione por el
respeto a los derechos políticos en el país sudamericano.
A diferencia de Estados Unidos y algunos gobiernos latinoamericanos, el
presidente colombiano ha mantenido cierta distancia frente a los comicios del 28
de julio en Venezuela en los que Maduro busca un tercer mandato. Con el paso de
los días, el gobierno de Petro ha ido endureciendo su discurso con algunos
comunicados de la Cancillería en los que expresó su "preocupación" por la
situación en el país vecino.
"Fue la forma de cerrar el paso indudablemente a una corriente política real,
existente en Venezuela, el pueblo determinará si es mayoritaria o no", añadió el
mandatario.
Por su parte, María Corina Machado solicitó el apoyo de Noruega, país mediador
en las negociaciones entre el Gobierno de Venezuela y la oposición, para
garantizar unas elecciones transparentes y democráticas. En una carta dirigida
al primer ministro noruego, Jonas Gahr, Machado expresó su preocupación por el
incumplimiento del acuerdo de Barbados, firmado por ambas partes en octubre, el
cual establece garantías electorales que según Machado han sido violadas por el
régimen de Nicolás Maduro.
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Venezuela se prepara para unas
elecciones marcadas por la inhabilitación política y ofensiva judicial contra la
principal rival de Maduro, la opositora Machado. Varios de sus colaboradores
fueron detenidos y su sustituta Corina Yoris, de 80 años, fue excluida de los
comicios tras denuncias de bloqueos al sistema.
Petro, aliado de Maduro, ha sido criticado por no endurecer su posición frente a
Venezuela y acusado de ser cómplice de un posible intento del oficialismo de
perpetuarse en el poder.
Maduro, tildó este lunes de "circo" la alarma expresada por varios gobiernos
tras la exclusión de Yoris, respaldada por el mayor bloque opositor del país.
"Comenzó el circo, comenzó la campaña, hay nervios en Washington, hay nervios en
los apellidos de la oligarquía, hay nervios en la derecha regional, dejen los
nervios", dijo el mandatario durante uno de sus programas semanales de
televisión.
El Departamento de Estado estadounidense, Colombia, Argentina y Brasil
rechazaron la exclusión de Yoris, nominada por la liberal Machado para que la
sustituyera en los comicios.
Durante el proceso de postulaciones que cerró el 25 de marzo a medianoche, 13
candidatos se inscribieron, pero nueve son tachados por la oposición tradicional
de "colaboracionistas" del oficialismo.
También se postuló Manuel Rosales, un antiguo exrival de Hugo Chávez, gobernador
del petrolero estado Zulia (oeste).
Gobierno pide suspender Decreto para
fumigación aérea de coca
El Gobierno solicitó al Consejo de Estado que suspenda temporalmente el Decreto
380 del 12 de abril de 2021 que permite la fumigación aérea de cultivos ilícitos
con glifosato. Esta solicitud se basa en preocupaciones sobre los efectos
negativos del herbicida en la salud y el medio ambiente.
La petición del Gobierno se fundamenta en una serie de preocupaciones, tanto
científicas como éticas y políticas. Si bien, el uso del glifosato es defendido
por algunos como una herramienta efectiva en la lucha contra los cultivos
ilícitos, también es objeto de fuertes críticas y cuestionamientos.
El Ministerio de Justicia, en su comunicado al Consejo de Estado, argumenta que
el glifosato puede desencadenar daños a la salud y al ambiente. Esto se alinea
con las preocupaciones expresadas por diversas organizaciones de la sociedad
civil y expertos en salud pública, que advierten sobre los posibles riesgos
carcinogénicos y ambientales asociados con este herbicida.
El contexto en el que se da esta solicitud de suspensión es que el decreto en
cuestión, promulgado durante la administración anterior, marcó un retorno a las
fumigaciones aéreas con glifosato después de que estas fueran suspendidas en
2015. Esta decisión fue ampliamente criticada en su momento y ha seguido
generando controversia hasta el día de hoy.
El gobierno de Iván Duque expidió el Decreto 380, por medio del cual se reactiva
la fumigación aérea a cultivos ilícitos, en éste, además, buscó dar cumplimiento
a los seis requisitos que estableció la Corte Constitucional en la Sentencia
T-236 del 2017, los cuales deben ser tenidos en cuenta por el Ejecutivo nacional
que quisiera poner en práctica de nuevo este mecanismo, y que, básicamente,
buscan que no sea afectada la salud de la población en donde se ejecuten las
aspersiones ni el medioambiente.
El cambio de postura del Gobierno actual refleja una nueva visión en la política
antidrogas del país. Se busca priorizar estrategias que no comprometan la salud
de las personas ni el equilibrio ambiental, al tiempo que se cumpla con los
objetivos de erradicación de cultivos ilícitos.
Dicha Sentencia se produjo luego de que el gobierno de Juan Manuel Santos
suspendiera las fumigaciones con glifosato sobre los sembrados de coca,
invocando razones de precaución en salud, pues por esos días, precisamente, se
conocieron nuevos estudios de instituciones adscritas a la Organización Mundial
de la Salud, en los cuales alertaban sobre eventuales efectos cancerígenos en
las personas del herbicida glifosato.
El debate sobre el glifosato no se limita únicamente a Colombia. A nivel
internacional, este herbicida es objeto de discusiones y regulaciones debido a
sus posibles impactos negativos en la salud humana y en el medio ambiente. La
solicitud de suspensión por parte del Gobierno colombiano se enmarca en este
contexto global de preocupación por el uso de productos químicos en la
agricultura y la seguridad alimentaria.
Es importante destacar que esta solicitud de suspensión no es un acto aislado,
sino que forma parte de un proceso más amplio de revisión y actualización de las
políticas públicas en materia de drogas en Colombia. La nueva política
antidrogas establecida por el Gobierno actual busca integrar enfoques más
holísticos y sostenibles, alejándose de prácticas que puedan tener efectos
adversos a largo plazo.
El Decreto 380 señala que se adopta un marco normativo especial, independiente y
autónomo sobre el control del riesgo para la salud y el medioambiente en el
marco de la disposición de la destrucción de cultivos ilícitos mediante el
método de aspersión.
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