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ONU alerta por violencia creciente en varias
regiones de Colombia
Los firmantes de paz son los más
vulnerables por ataques de las organizaciones armadas, advierte informe
trimestral
La Misión de Verificación de las
Naciones Unidas en Colombia a la implementación del Acuerdo de Paz de 2016,
entre el Gobierno nacional y las extintas Farc, publicó el informe trimestral de
seguimiento, en donde da cuenta de que sigue incrementándose la violencia en los
territorios.
En ese sentido, la Misión retoma los hallazgos de la Oficina de Naciones Unidas
para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), cuyas cifras revelan “el
impacto desproporcionado que enfrentan las comunidades étnicas en términos de
desplazamiento y confinamiento, siendo el 64% de la población afectada. Entre el
27 de diciembre de 2023 y el 25 de marzo de 2024, 14.365 personas fueron
desplazadas y 35.432 confinadas. Así como, las 42 denuncias de homicidios contra
defensores de derechos humanos, líderes y lideresas sociales durante el periodo
reportado, con datos de ONU Derechos Humanos 2 verificados, 37 en proceso de
verificación y 3 no concluyentes”.
Además, señala que “el asesinato de diez excombatientes en el trimestre, para un
total de 416 homicidios de excombatientes desde la firma del Acuerdo; de ellos
11 mujeres, 50 indígenas, 57 afrocolombianos. Así también, desde la firma del
Acuerdo, 87 excombatientes fueron asesinados mientras se encontraban bajo
medidas de protección o a la espera de recibirlas. La inseguridad fue
particularmente grave en departamentos como Antioquia, Bolívar, el Caquetá, el
Cauca, el Chocó, La Guajira, Nariño, el Putumayo y el Valle del Cauca, debido a
los conflictos entre grupos armados y organizaciones criminales y a la presencia
limitada del Estado”.
Diálogos de paz
En torno a las negociaciones de paz entre la administración Petro y distintos
grupos armados, en el informe se destaca que “el Gobierno y el Ejército de
Liberación Nacional (Eln) celebraron la sexta ronda de conversaciones en Cuba
del 22 de enero al 6 de febrero. De todos los diálogos que se están manteniendo,
este es el más avanzado. Las partes mantuvieron discusiones francas y en
ocasiones complicadas, acordaron el cese al fuego bilateral, y una primera
extensión en ese aspecto. Hasta la fecha, el Mecanismo de Monitoreo y
Verificación del cese al fuego ha podido tomar medidas para prevenir 27 casos de
posibles enfrentamientos armados entre las partes”.
En cuanto a las conversaciones entre el gobierno y el Estado Mayor Central (EMC)
de las disidencias de alias Iván Mordisco, la ONU explica que “las partes
celebraron otras dos rondas de conversaciones, una en Bogotá en enero y la otra
en San José del Guaviare en marzo. Ambas se centraron en medidas para mejorar el
impacto del cese al fuego en términos de protección para las comunidades,
específicamente en los territorios afectados por el conflicto en los que está
presente el EMC FARC-EP, entre otros grupos. Las partes también avanzaron en la
definición de actividades de fomento del desarrollo rural y la sostenibilidad
ambiental, que se implementarán inicialmente en los departamentos del Caquetá,
Guaviare, el Meta y Norte de Santander. Aún no se ha acordado una agenda general
para las conversaciones”.
Las conclusiones
El organismo internacional cierra el informe sosteniendo que “la Jurisdicción
Especial para la Paz (JEP) continuó su labor esencial en la acreditación de
víctimas y celebrando audiencias para que las personas que participaron en el
conflicto contribuyan a la verdad. Pero, también debe ser uno de los pilares
estructurales del acuerdo, ya que su éxito radicará en su capacidad para
impartir justicia con prontitud a las víctimas de la violencia y en los casos
que relacionan a miembros de la fuerza pública”.
Finalmente, se destaca la intención del Gobierno de avanzar en la Reforma Rural
Integral, “con los notorios incrementos presupuestales para 2024 de la Agencia
Nacional de Tierras y la Agencia de Desarrollo Rural, los cuales demuestran que
la reforma sigue siendo prioridad para el Gobierno. Subraya la necesidad del uso
estratégico de estos recursos y la coordinación interinstitucional como
requisito previo para alcanzar los
objetivos relacionados con la
reforma en 2024 y así garantizar que los esfuerzos de entrega de tierras lleguen
a grupos vulnerables”.
"Estatismo no sirve sino al fracaso":
gobernador de Antioquia
Andrés Julián Roldán, lanzó fuertes críticas contra el Gobierno nacional por la
desaprobación a la 'vaca' antioqueña
El Gobernador de Antioquia, Andrés Julián Roldán, lanzó fuertes críticas contra
el gobierno nacional por la desaprobación de la iniciativa que adelantan los
antioqueños en medio de una colecta para reunir los recursos que se necesitan en
la finalización
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del Túnel del Toyo, y las vías 4g de
esa región del país.
El mandatario del departamento de Antioquia, Andrés Julián Roldán, lanzó fuertes
críticas contra el Gobierno nacional por la desaprobación de la iniciativa que
adelantan los antioqueños en medio de una colecta para reunir los recursos que
se necesitan en la finalización del Túnel del Toyo y las vías 4G de esa región
del país.
Al respecto, Rendón señaló: “Estamos viendo hoy, como los cimientos de nuestra
democracia y de los logros sociales e institucionales se ven resquebrajados. El
país en los últimos 30 años logró avanzar muchísimo por cuenta de una cosa que
hoy se quiere, no solo desestimar, sino destruir, como es la inversión privada
en vastos sectores de la economía, pero que además, le han reportado unos
réditos sociales muy grandes a toda Colombia”.
Igualmente, el gobernador añadió que “por cuenta de errores, todos ellos
corregibles, se quiere destruir el papel y el rol del sector privado en una
tarea en la que el Estado ha demostrado consuetudinariamente que es un fracaso
cuando lo hace, como es en la misma de aseguramiento. Estamos ante dos visiones
de país, una, la de nosotros, que defiende las libertades individuales, la
iniciativa privada, la importancia de la inversión del sector privado en la
consecución de logros sociales para beneficio de todos, y la del estatismo que
ya ha demostrado, en otras latitudes, que no sirve, sino al fracaso, al
deterioro de la democracia y al empobrecimiento de la población”.
Finalmente, Rendón señaló: “Antioqueños, estamos ante dos visiones distintas de
país: una de estatización, de recorte de libertades, a mí que me cuenten al otro
lado, ahí no me voy a filar. Tenemos en juego nuestro sistema de salud, nuestros
servicios públicos, la inversión privada en infraestructura porque aquí estamos
encarando lo más dogmático e ideologizado del estatismo”.
Estas afirmaciones, hacen parte del evento público que se adelantó en el
municipio de Tarso, durante el Encuentro de Dirigentes del Suroeste Antioqueño,
en el que se trataron temas de agenda como de desarrollo económico y social para
los pobladores de los municipios que integran ese sector de la región antioqueña
y que está siendo atendida por las autoridades departamentales.
"Combatir máquinas de guerra en Tolima
requiere presencia estatal real": Matiz
Gobernadora del Tolima aseguró que le ha apostado a la seguridad con inversión
social
La reaparición de grupos armados al margen de la ley en el Tolima se ha
convertido en tema de preocupación para la gestión de la gobernadora de ese
departamento, Adriana Magaly Matiz, quien afirmó que combatir las máquinas de
guerra y de muerte en la región se requiere de la presencia real del Estado. Por
esta razón, solicitaron mayor intervención del Ejecutivo.
“Tengo que decir que estos grupos
reaparecieron después de 15 años, ya
con extorsión y asesinatos, con retenes ilegales en el sur del departamento, con
marcación en las fachadas de viviendas, de instituciones educativas y marcan con
símbolos de las FARC”, aseguró la gobernadora.
En vista de la situación de orden público, manifestó que desde el Gobierno, a
través del Ministerio de Defensa, se ha ratificado el apoyo contra las
estructuras armadas que mellan la seguridad del Tolima.
“Esta es la segunda reunión que tenemos con el ministro de Defensa, Iván
Velásquez. La primera se llevó a cabo en la Cumbre de Seguridad y este Consejo
de Seguridad que se le iba a llevar a cabo en el municipio de Planadas, que no
se pudo desarrollar por el clima. Nosotros fuimos hasta la ciudad de Neiva, y
básicamente se ratificó el apoyo con el aumento del pie de fuerza tanto de la
Policía, como la del Ejército Nacional”, dijo.
Pero también destacó que
aprovecharon la oportunidad para solicitarle al ministro, la inquietud “de que
el Tolima y el Huila sean incluidos en la suspensión de cese al fuego”.
La gobernadora Matiz puntualizó que la reacción de la fuerza pública ha sido
efectiva, ya que han mantenido a los integrantes de las disidencias contenidos,
“sin permitirles que puedan avanzar o se tomen todo el corredor montañoso”.
Además, dijo que “como un lugar de desplazamiento estratégico nos preocupan esos
brotes esporádicos que han tenido con amenazas, con grafitis, con retención de
vehículos y con la presencia de algunos sectores en Ataco, en Planadas, en Río
Blanco, en Chaparral, en Dolores y también en municipios de alpujarra”.
Matiz afirmó que emplearán las medidas que estén dentro del marco de la
legalidad para hacerle frente a los ilegales en Tolima, a través de “presencia
territorial de inteligencia y de toda la logística que se requiere porque no
podemos permitir que lo bueno se dañe”.
La contundencia de las acciones
Tras el anuncio de las disidencias de conformar un nuevo bloque en tres
departamentos colombianos, entre ellos Tolima, la gobernadora afirmó que el tema
será afrontado con contundencia y determinación.
“Pero también con estrategia e inteligencia. Desde el inicio de mi mandato, la
seguridad con transformación social ha sido una
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prioridad y una línea clara.
Nosotros tenemos un plan regional con el cual dividimos el departamento en
norte, centro y sur, precisamente bajo la premisa de que los delitos y el
impacto de los mismos no son los mismos en cada región”, puntualizó.
Además, confesó que ese plan les permitió alertar la presencia de las
disidencias de las FARC en el sur del Tolima.
“Para nosotros no son bienvenidos esos bloques como a alguien se le ocurrió
decir. El Ejército ha reforzado su presencia y lo hará con un batallón
despliegue de operación rápida. Ya ha aumentado el número de hombres de la
Policía Nacional con buenos resultados y hemos adelantado un plan de
recompensas, así como de apoyo logístico y mejoramiento de condiciones de
calidad y de condiciones de vida”, manifestó.
La gobernadora también habló de la implementación del Grupo Cobra, a fin de
proteger las zonas rurales.
“Es de la Policía y el Grupo Centurión para prestar seguridad y que sean de
reacción inmediata, especialmente en las zonas rurales. Hicimos el lanzamiento
en el centro del departamento del Tolima donde también entraron en operación los
Cobra y Centurión del Sur y Norte del Tolima, para reforzar las unidades móviles
y que el Ejército y Policía puedan desplazarse y puedan reaccionar pensando en
la protección rural”, indicó.
Acciones del Gobierno afectan derecho a la salud: Sociedades Científicas
La entidad expresó su preocupación y pidió al Ejecutivo "protección inmediata de
los derechos labores del talento humano del sector"
Contiúan las reaciones frente las
recientes decisiones del Gobierno nacional de intervenir a Sanitas y la Nueva
EPS, esta vez la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (ACSC ) espresó
su preocupación y aseguró que estas "afectan de manera directa el derecho
fundamental de la salud, nuestros derechos laborales y ejercicio de nuestras
profesiones"
A través de un extenso comunicado de prensa dirigido al presidente Gustavo Petro
señalan que si bien el sistema necesita una reforma, esta debe hacerse
reconociendo las cosas buenas que tiene el sistema actual.
"La ACSC ha advertido que aunque es necesaria la reforma del sistema, esta debe
reconocer y conservar las bondades del actual sistema, por lo cual a través del
presente escrito invita mos al Gobierno Nacional a trabajar sobre esta
estructura, la cual se ha reconocido como su columna vertebral", señala el
documento.
En la misiva, la asociación también expresa que las últimas decisiones del
Gobierno evidencias posibles vacíos jurídicos, que eventualmente pueden traer
consecuencias penales.
"Más allá del análisis jurídico que se deba hacer, el cual le corresponde
realiza r a los profesionales del derecho, el gremio de profesionales de la
salud y a nombre de la ACSC, existe gran preocupación por la estabilidad actual
y futura del sistema de salud en Colombia, generada por la decisión de
Intervenir a las EPS; surgen preocupaciones al Interior de nuestro gremio de las
cuales vemos la necesidad de dejar constancia con el fin de evitar o mitigar a
toda costa cualquier perjuicio que se pueda generar a quienes estamos en la base
de la pirámide del sistema de salud, los pacientes y el talento humano en
salud", argumenta el gremio.
En ese sentido, también sostienen que no hay existe claridad de cómo el estado
va a asumir la prestación de servicios en los distintos niveles de atención. Así
como tampoco se han pronunciado sobre el sistema de salud que quieren
implementar.
"Solo se centran en la atención básica, dejando de lado la baja, mediana y alta
complejidad, lo cual coloca en riesgo ta prestación del servicio oportuna y de
calidad y por obvias razones ta salud de los colombianos"
Unidad de Pago por Capitación (UPC)
En el comunicado también destacan la necesidad que se tiene de establecer una
UPC producto de análisis juiciosos y que obedezca a las necesidades del sistema,
sin ser sometidas a especulaciones, como al parecer ocurre en la actualidad; de
igual manera se requiere un manual tarifario actualizado y que el Gobierno
comprenda la necesidad que las sociedades científicas participen de manera
efectiva en la elaboración de este manual lo cual lo hemos expuesto en distintos
escenarios".
Intranquilidad
La ACSC asegura que "las decisiones tomadas por el Gobierno Nacional más allá
del parte de tranquilidad que se ha querido presentar, no entregan la seguridad
que se requiere con relación a la prestación continua y oportuna para los
pacientes a quienes no se les deben interrumpir sus tratamientos y menos a
aquellos pacientes con enfermedades ruinosas. Por lo tanto, es necesario que,
más allá de las manifestaciones presidenciales, se tomen las medidas
administrativas efectivas para garantizar la prestación del servicio en las
condiciones que requiere la población colombiana".
Finalmente, ante esta situación, le exigen al Ejecutivo "la protección inmediata
de los derechos labores del talento humano en salud, con independencia de la
forma de vinculación, sobre todo de tas EPS a las que el Gobierno ha intervenido
a la fecha y a las que piensa intervenir, y esto se traduce en la garantía de
las condiciones de contratación"
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