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NACIONAL

 

Pereira, Colombia - Edición: 13.242.822

Fecha: Sábado 13-04-2024

 

Minería ilegal el nuevo ‘combustible’ de grupos armados: Defensoría




La disminución de los cultivos está trasladando a las estructuras criminales hacía negocios vinculados con extracción ilícita de minerales, con lo cual esta actividad criminal es el nuevo combustible de la expansión de los grupos armados ilegales, advirtió el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, durante la presentación del informe Situación de Derechos Humanos de la Población Minera Colombiana, visibilizando la cara de la economía ilegal.

El documento pone de manifiesto la necesidad de entender las otras dimensiones de la minería, particularmente la minería ancestral y la minería a pequeña escala, pues son los escenarios donde están los mayores desafíos para la protección, garantía y respeto de los derechos humanos.

“A lo largo de las últimas décadas, los grupos armados ilegales en Nariño se habían concentrado principalmente en el negocio de la coca. Llegó a ser el departamento con el mayor número de hectáreas de coca cultivada, sin embargo y tal como lo dijimos a partir de nuestra Alerta Temprana 036 del 2020, la disminución en el precio de la coca y la expansión de las disidencias de las Farc en el territorio nariñense los llevó a interesarse en el negocio de la explotación de oro”, explicó Carlos Camargo Assis.

La Defensoría del Pueblo está construyendo el Observatorio de Derechos Humanos y Minería, y el informe servirá como primer aporte para el análisis de la minería ilegal, además de que será el punto de partida para ampliar la observación de los conflictos económicos, sociales, culturales y ambientales derivados de esa actividad a nivel territorial. Adicionalmente, este esfuerzo se complementará con el reciente fortalecimiento de las capacidades analíticas de datos de la entidad de derechos humanos.

La disputa por el territorio y su riqueza natural, y el aprovechamiento del cese al fuego


La Defensoría del Pueblo advirtió en la Alerta Temprana de Inminencia 008 del 2024 sobre la alianza entre el ELN, la Segunda Marquetalia de las disidencias de las Farc y las Autodefensas Unidas de Nariño para combatir al Estado Mayor Central (también disidente de las Farc), ya que hay interés en el dominio de la zona del Triángulo del Telembí y la subregión de la cordillera nariñense, donde sus reportes indican que hay más de 200 máquinas de explotación criminal.

“El cese al fuego ha sido la patente de corso y el principal motor para las vulneraciones de derechos humanos de la ciudadanía en el último año y medio. Y todo porque ha generado un incremento en la extorsión, lo cual afecta a los más pobres del país. Ha habido, además, un aumento desbordado del reclutamiento de niñas y niños, situación que está exterminando a las comunidades indígenas de la región”, manifestó el Defensor del Pueblo.

Se han aprovechado de la generosidad ciega e imprudente del Gobierno, añadió Camargo Assis, “para adueñarse de los territorios, disparando el desplazamiento de las familias campesinas y sometiendo al hambre y al terror a miles de comunidades confinadas”.

Campesinos y mineros deben ser protegidos

“Mi mensaje es claro y contundente: los campesinos y los mineros artesanales y ancestrales deben ser protegidos, sus derechos tienen el mismo valor que los de cualquier otro ciudadano. Es deber del Estado hacer todo lo que esté a su alcance para protegerlos del avance de los grupos armados, que siguen atentando contra su vida e integridad”, enfatizó Carlos Camargo Assis.

El desplazamiento, que convierte a Nariño en el principal generador de víctimas, da cuenta de la expansión de los grupos al margen de la ley, razón por la que es necesario actuar con contundencia, para que no sigan acabando con la vida ni con la economía de la población.

Integración de sistemas de información, crucial para analizar riesgos
 

   

El Defensor también hizo un llamado a la articulación institucional. Es clave integrar los sistemas de información disponibles que vinculen datos, cifras y fuentes relacionados con el seguimiento a las actividades económicas, como la minería, para hacer el debido análisis de riesgos sobre los derechos humanos de la población en los territorios.

Las Alertas Tempranas dan cuenta de la crítica situación

De las 39 Alertas Tempranas emitidas el año pasado por la entidad en el país, 16 advierten riesgos asociados a la minería ilegal, y en lo corrido de este año, de las 10 alertas emitidas, cuatro advierten los mismos riesgos.

“No vamos a bajar la voz frente a tales desafueros. En las últimas dos semanas emitimos cuatro Alertas Tempranas para varias regiones del territorio nacional. La situación de las comunidades en materia de vulneración de derechos, aunque es crítica,

debe ser remediada”, concluyó el Defensor del Pueblo de los colombianos.


Alerta en Santa Marta por 267 casos de dengue
 



Las autoridades sanitarias de Santa Marta emitieron una alerta ante el aumento de casos de dengue en la región, con un total de 267 personas afectadas confirmadas hasta la semana 13 del presente año.

A pesar de que esta cifra muestra un comportamiento epidemiológico relativamente favorable en comparación con años anteriores, las autoridades sanitarias instan a la ciudadanía a no bajar la guardia y a tomar medidas preventivas para evitar más contagios.

Según los datos proporcionados por las autoridades de salud, a nivel nacional se han registrado 83.278 casos de dengue, colocando a Santa Marta con un aporte del 0,32% del total.

“A nivel país se han notificado 83.278 casos, teniendo el Distrito de Santa Marta un aporte del 0,32% de los casos totales de Dengue, encontrándose por debajo de la media nacional y de la incidencia presentada por los Distritos de Cartagena y Barranquilla”, detalló esta cartera.

Aunque la ciudad se encuentra por debajo de la media nacional y de la incidencia presentada por otros distritos como Cartagena y Barranquilla, es fundamental mantener la vigilancia y fortalecer las medidas de control y prevención.

El secretario de Salud del Distrito, Jorge Lastra, hizo hincapié en la importancia de llevar a cabo acciones de control y prevención en la comunidad. "Hay que ejercer un control químico de larvas del mosquito en los diferentes barrios del Distrito de Santa Marta, también se recomienda cambiar frecuentemente el agua de los bebederos de animales y de los floreros".

Entre las recomendaciones emitidas por las autoridades sanitarias se encuentran:

- Realizar visitas a los barrios para brindar orientación sobre el correcto almacenamiento de agua y medidas de protección en los hogares.
- Control químico de larvas del mosquito en áreas afectadas.
- Cambiar frecuentemente el agua de bebederos de animales y floreros.
- Lavar y cepillar tanques y albercas regularmente.
- Utilizar repelentes y vestimenta adecuada para prevenir picaduras.
La población debe estar alerta ante los síntomas del dengue, que incluyen fiebre, náuseas, vómitos, sarpullido y dolores musculares, entre otros. Ante la presencia de estos síntomas, se recomienda buscar atención médica de manera inmediata para un diagnóstico y tratamiento oportuno.

 

Cuatro heridos deja atentado con carro bomba en Miranda, Cauca
 

En menos de 24 horas el departamento de Cauca ha sido escenarios de atentados

 

 

 

terroristas. El más reciente ocurrió este jueves cuando explotó un carro bomba en el municipio de Miranda, que dejó al menos cuatro personas heridas.

De acuerdo con información preliminar, el hecho, que ocurrió a las 11:40 de la noche, también dejó viviendas afectadas. El carro bomba fue detonado cerca de la estación de Policía del barrio San Antonio, próximo al cementerio central.

De los heridos, se sabe que las lesiones fueron ocasionadas por esquirlas que los alcanzaron, luego de la explosión del vehículo.
 


“Tenemos este caso lamentable, además de los hostigamientos a la policía en Corinto y el caso de cuatro personas heridas por fortuna son heridas leves. Si hay daños materiales a las viviendas de todo ese sector, realmente hay pánico en toda la población, rechazamos totalmente estos hechos en nuestros territorios, queremos la paz en nuestros pueblos, queremos vivir bien con nuestra gente”, dijo el alcalde Miranda, Walter Zúñiga.

Es importante mencionar que en la zona delinque la estructura 'Dagoberto Ramos' del Estado Mayor Central, disidencias al mando de 'Iván Mordisco', por lo que dentro de las primeras hipótesis serían sospechosos.

Horas antes, en Corinto, ubicado a 9 kilómetros de Miranda, se registró un hostigamiento de las disidencias de
'Mordisco', que provocó intercambio de disparos entre guerrilleros y miembros de la Policía.


Desalojan indígenas de Puerto Gaitán pese a suspensión de la orden




La comunidad indígena denunció que la Fuerza Pública llegaron al resguardo y, a través de volquetas, destruyeron la vivienda.

La Agencia Nacional de Tierras había solicitado al alcalde de Puerto Gaitán, Meta, suspender una orden de desalojo de 454 indígenas de la comunidad Liwinaka de la etnia Sikuani. Pese a la petición, un grupo de personas, quienes, al parecer, pertenecen a la Fuerza Pública, destruyeron con el resguardo. Es importante destacar que algunas de estas personas estaban encapuchadas.

Felipe Harman, director nacional de la ANT, enfatizó la importancia de una revisión técnica y jurídica del caso.

“Tenemos que revisar de forma detallada esos títulos, esclarecer también de quiénes son, por qué están ocupados, bajo qué consideraciones, si es territorio ancestral o no y, antes que nada, evitar que se atropelle a la comunidad indígena que es sujeto de especial protección según la Corte Constitucional”, indicó el director.

Cerca del lugar donde se iba a realizar el desalojo se habían generado protestas en corredores viales claves del departamento, que culminaron tras la decisión de suspender la medida. Sin embargó, niños indígenas duermen a la intemperie por la violación de sus derechos, así lo manifestó Braulio Martínez, líder Sikuani.

“En el monte hay niños durmiendo, esto es una amenaza psicológica por parte del inspector de Policía de Puerto Gaitán”, expresó Martínez.

Según información de la comunidad, esta orden se sigue efectuando por parte la Fuerza Pública y personas encapuchadas que cumplen órdenes de multinacionales petroleras que hacen presencia en el territorio.

 

 

 

 

  

 

 

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