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Gaviria pidió a Petro que se retracte ante acusaciones de corrupción
Un derecho de petición envió el exministro de Educación, Alejandro Gaviria, al
presidente Gustavo Petro, con la intención de que el mandatario nacional se
retracte de unas acusaciones por presunta corrupción que hizo en su contra.
Como se sabe, el mandatario nacional acusó a Gaviria de supuesta malversación de
fondos cuando lideró la cartera de Educación. Específicamente, el jefe de Estado
lo señaló por la pérdida de entre 1,3 y 1,5 billones de pesos, los cuales
habrían terminado en manos de personas corruptas del Fomag.
“Con decepción recibí sus falsas acusaciones de una pérdida o desviación de
recursos del presupuesto del Ministerio de Educación Nacional (…). Aunque sus
respuestas a mis críticas no siempre han sido siempre respetuosas, sus recientes
declaraciones fueron más allá: son falsas, irrespetuosas y calumniosas. Por esta
razón me veo obligado a solicitarle la retractación y rectificación frente a
estas dos declaraciones”, indica la misiva de tres páginas que Gaviria envió al
presidente.
También afirmó que “como recordará, yo fui ministro entre agosto de 2022 y
febrero de 2023. La ejecución del año 2022 fue superior a 99%. Durante mi paso
por el Ministerio de Educación Nacional, logramos atender las dificultades para
el pago de las prestaciones de los maestros, instalamos las mesas para la
reforma del SGP, construimos un proyecto de reforma a la Ley 30 de 1992 y
conseguimos mayores recursos para la educación en el presupuesto 2023”.
El exministro dijo en la carta que respaldó el contenido del Plan Nacional de
Desarrollo, considerándola una propuesta novedosa, que luego no tuvo el respaldo
necesario. Allí planteaba la necesidad de desarrollar una entidad
descentralizada, capaz de administrar el Fomag con una “institucionalidad
especializada y transparente”.
Además, aseveró que su salida de este Gobierno se debió a posiciones contrarias
frente a la reforma a la salud. Lo dije entonces, lo reafirmo ahora: ponía en
riesgo la protección del derecho fundamental. Desde ese momento, he continuado
expresando mis opiniones al respecto, con vehemencia y con respeto a la
evidencia y al debate democrático”, precisó.
Iván Name, principal escudero de
institucionalidad del Congreso
En un país donde ha hecho carrera la alta dependencia del Congreso en cuanto al
Gobierno de turno, el periodo de Iván Name como presidente del
Senado está marcando un hecho diferencial, no solo por sus polémicas constantes
con el presidente de la República, sino especialmente, por la defensa enfática
de la institucionalidad legislativa y el principio de separación de poderes.
El último capítulo se dio, precisamente, el pasado miércoles, cuando Name,
recién iniciada la plenaria del Senado, decidió levantar la sesión en protesta
por las afirmaciones del presidente Petro una semana atrás, en reacción al
hundimiento del polémico proyecto de reforma a la salud, en la Comisión Séptima,
con una mayoría contundente de votos a favor.
Tras el fracaso de una de sus iniciativas legislativas más importantes, el
precisamente Petro trinó: “En la Comisión Séptima del Senado nos derrotó Keralty
por ahora. No es cualquier cosa. Nos derrotaron no unos cuantos parlamentarios
financiados por unos extranjeros, nos derrotó una violación flagrante de la
Constitución y la ley. Mírese por donde se mire, recursos públicos de la salud
financiaron campañas o recursos extranjeros financiaron campañas y partidos. Eso
está prohibido por la Constitución y la ley. Es de un inmenso peligro para la
democracia colombiana porque indica no solo la privatización corrupta de la
política, sino la pérdida de la soberanía nacional”.
Ese mismo día los senadores
pertenecientes a partidos como el Centro Democrático, el Conservador, Liberal,
la U y de origen cristiano, rechazaron con contundencia las acusaciones del jefe
de Estado e incluso advirtieron que se estaba violando el principio de
separación de poderes y faltando al respeto a la institución parlamentaria.
Asimismo, desde las toldas gobiernistas, especialmente del Pacto Histórico, se
insistió en señalar y acusar a los parlamentarios y partidos de oposición e
independientes que determinaron el hundimiento de la reforma por inconveniente
para el servicio de salud.
Frente a ello Name, que ha tenido varios rifirrafes con el presidente Petro y
varios de sus ministros, hizo varios pronunciamientos pidiendo respeto por los
congresistas, pero este miércoles fue más allá.
En la plenaria sostuve qué “es inadmisible la afirmación del señor presidente
Gustavo Petro, según la cual la Comisión Séptima decidió el archivo del proyecto
de ley de reforma a la salud, bajo influencias ilegales y corruptas… Este es el
Senado de la República que pertenece al Congreso, al cual se refirió el
presidente del país, lo que me obliga a responderle a su osadía”, afirmó.
El presidente del senado agregó que
“parece olvidar que esta misma Comisión fue la que le aprobó en primer debate la
reforma pensional que hoy se encuentra en trámite ante la plenaria y dos veces
ha negado su archivo”.
Tras esas afirmaciones, Name, en señal de protesta, decidió levantar el debate
de la reforma pensional y citar para el lunes, generando la reacción airada de
los congresistas del Pacto Histórico e incluso del propio Petro que lo acusó de
querer sabotear la aprobación de la iniciativa.
Sin embargo, la mayoría de los partidos en el Senado respaldaron la decisión de
Name y le advirtieron a la Casa de Nariño y a sus ministros que no se tolerarán
nuevas faltas de respeto ni acusaciones infundadas por parte del Gobierno, que
siempre reacciona de manera impropia cuando las
decisiones del Senado y la Cámara no están acorde a sus
intereses.
Cumbre Petro-Maduro: tres anuncios con muchos
peros
Tras la reunión de los presidentes
Petro y
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Maduro en Caracas, el pasado martes,
sobre nuevos desarrollos en las relaciones de los dos países, entre los que más
han sido comentados es que Colombia sería observador en las próximas elecciones
presidenciales allí; así mismo posibles proyectos de integración energética en
gas y petróleo y el fortalecimiento de las acciones para mejorar la seguridad en
la frontera. Más allá de los buenos propósitos manifestados en estos frentes,
hay escollos y realidades que dificultarían o los harían inviables.
Elecciones en Venezuela
Luego del encuentro el pasado lunes en Cúcuta con su homólogo venezolano Yvan
Gil, el canciller (e) Luis Murillo informó que hicieron la propuesta a Colombia
para ser observadora de las elecciones presidenciales de Venezuela el 28 de
julio próximo.
“El canciller Gil nos ha propuesto, nos ha invitado a que participemos con una
especie de observación electoral, una veeduría electoral de Colombia”, dijo
Murillo.
Muchos consideran que sería un error craso si Colombia acepta ser observador de
las elecciones en Venezuela porque de su parte estaría legitimando un proceso
que ha sido descalificado por la mayoría de países porque no se permitió la
participación de la candidata que era reconocida por la mayoría de la oposición,
María Corina Machado.
En enero pasado, el Tribunal Supremo de Venezuela ratificó la sanción a Machado
de 15 años para ejercer funciones públicas porque apoyó en 2019 las sanciones de
Estados Unidos a Venezuela por la afectación del régimen de Maduro a la
democracia del país, así como porque ella respaldó al entonces presidente
interino Juan Guaidó.
Luego también impidieron que Corina Yoris, a quien Machado le dio la bandera de
la candidatura de oposición, se inscribiera ante el Consejo Nacional Electoral.
Esto ha sido interpretado por la comunidad internacional de argucias del régimen
para asegurar la segunda reelección de Maduro.
Finalmente, un sector de la oposición logró inscribir a Manuel Rosales, con
quien el presidente Petro se reunió esta semana en su visita a Caracas. Sin
embargo, el aspirante no es visto con buenos ojos por los opositores, pues al
fin de cuentas fue el que aceptó el régimen que se inscribiera.
Sobre el particular, el senador Nicolás Albeiro Echeverry, integrante de la
Comisión Segunda que tiene para su conocimiento las relaciones exteriores, dijo
que “tras la invitación del régimen para que Colombia actúe como observador en
las elecciones del 18 de julio, sería vergonzoso para Colombia aceptar dicha
propuesta”.
Agregó el parlamentario conservar que “como observador solo daría la impresión
de que Colombia se convierte en cómplice de la dictadura del régimen de Maduro,
pasando por alto los atropellos democráticos sufridos por otros candidatos en la
contienda electoral. Colombia no debería aceptar ser observador en estas
elecciones, especialmente cuando prácticamente el único candidato en la papeleta
presidencial es Nicolás Maduro”.
Vale recordar que distintos sectores en Colombia reclamaron por su silencio
frente a que fuera bloqueada la participación de Machado y luego de Yoris.
Finalmente, el pasado 26 de marzo, la Cancillería emitió un comunicado en que
“Colombia expresa su preocupación por los recientes acontecimientos acaecidos
con ocasión de la inscripción de algunas candidaturas presidenciales,
particularmente en lo relativo a las dificultades que enfrentaron sectores
mayoritarios de oposición”.
Este pronunciamiento fue motivo para la airada reacción del canciller de
Venezuela, quien dijo que “empujada por la necesidad de complacer los designios
del Departamento de Estado de los EE. UU., la Cancillería colombiana da un paso
en falso y
comete un acto de grosera injerencia
en asuntos que solo les competen a los venezolanos”.
Seguridad en la frontera
El presidente Petro dijo sobre los resultados de su encuentro con Maduro, que
“un acuerdo alrededor del desmantelamiento de bandas, las criptomonedas como
mecanismo de lavado de activos y la lucha conjunta contra mafias de economía
ilícitas, harían que este escenario de una paz política se dé en Venezuela
alrededor del cese del conflicto armado en Colombia y una paz que tiene que ver
con la seguridad del ciudadano en común”.
Como se sabe la frontera es uno de los principales factores que afectan la
seguridad de ambas naciones porque desde hace tiempo se han hecho fuertes las
guerrillas colombianas, así como las organizaciones delincuenciales de Colombia
y Venezuela dedicadas al narcotráfico, la extorsión, el contrabando de
combustible.
Es preciso mencionar que desde el mismo momento en que los dos países reabrieron
sus relaciones diplomáticas en septiembre del 2022, se asumieron acuerdos y
compromisos para trabajar en mejorar la seguridad en la frontera, sin embargo,
la realidad es que son pocos los avances que se han logrado.
Incluso sectores independientes en Venezuela e inteligencia militar de Colombia
tienen información de que el régimen de Maduro le daría cobijo en ese territorio
al ELN y a la Segunda Marquetalia, en donde no solo se resguardarían, sino que
participarían en el narcotráfico y la minería ilegal.
Hace unas semanas, el representante a la Cámara por Arauca, el liberal Germán
Rozo, dijo que “tradicionalmente el departamento de Arauca, por muchos
años, ha contado con la presencia de grupos armados al margen de la ley. En ese
sentido, debo decirles que en la actualidad aún hay la presencia de disidencias
de las Farc, facciones del Eln, organizaciones delincuenciales, así como también
grupos de delincuentes integrados por extranjeros”.
En tanto que, en febrero pasado, el entonces personero de Cúcuta, Karol Blanco,
dijo sobre el grave hacinamiento en las estaciones de policía, que sufrimos los
coletazos de lo que pasa en la zona de frontera y la violencia que se vive en
Arauca. El orden público se ha visto afectado por diferentes bandas”.
El tema de seguridad en la frontera es tan
delicado que adicional a los compromisos que llevan a cabo los dos gobiernos,
los gobernadores de la zona buscan aportar. En febrero pasado se reunieron el
gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, y del Táchira, Freddy
Bernal, para trazar algunos objetivos.
Este último dijo que es una “mesa de seguridad fronteriza para enfrentar
fundamentalmente la dinámica
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criminal, las economías ilegales, la desaparición forzada de personas, la
trata de personas, y para ello, está prevista una reunión en coordinación entre
la Fuerza Militar de Colombia y de Venezuela”.
Integración energética
El presidente anunció que se habló con Maduro de lograr un acuerdo energético
que consiste en la posibilidad de que “Ecopetrol pueda explotar gas en la
frontera cerca a Colombia, en la frontera colombo venezolana, y petróleo en
condiciones de alta calidad, más cerca a la de Norte de Santander. Y que
nosotros podamos exportar energía eléctrica, ojalá limpia, a través de La
Guajira y a través del Táchira”.
También el ministro de Minas, Andrés Camacho, confirmó esta semana la intención
de traer gas desde Venezuela. “Ha sido la revisión de la infraestructura del
gasoducto, que como lo dije en el Congreso tiene un kilómetro que fue
desmantelado, pero se ha venido haciendo la revisión tanto con Pdvsa como con
Ecopetrol de la infraestructura y pues del propósito que tenemos de recuperar la
infraestructura de este gasoducto”.
El anuncio no cayó bien en Colombia en sectores políticos y económicos,
principalmente porque se dijo no puede depender su abastecimiento de gas de un
país en donde su régimen es proscrito internacionalmente por afectar la
democracia y violar los derechos humanos. Y que, también, ante cualquier
problema diplomático hay la posibilidad de que cierre la llave del gasoducto.
Además, la factibilidad del proyecto es complicada por varias razones: una es
que el gasoducto Antonio Ricaurte, entre Ballena (La Guajira) y Bajo Grande
(Venezuela), está inactivo desde hace 9 años, y los millonarios recursos para
ponerlo a punto, no los tendrían completos los dos países.
Otra duda es que no se sabe cuál es la capacidad del tubo para traer gas y que
satisfaga las necesidades de Colombia. En la ACP (Asociación Colombiana del
Petróleo y Gas) dicen que han conocido que sería de solo 50 millones de pies
cúbicos.
Otro problema es que tampoco se sabe cuál es la calidad del gas venezolano y,
por ende, si cumple con la exigente normatividad que tiene nuestro país en la
materia.
Expertos como la ACP recomiendan que es mejor que Colombia siga explotando su
gas y para que mantenga la autosuficiencia reactive las exploraciones frenadas
en este Gobierno.
Legalizar y
titular predios, prioridad para el alcalde de Dosquebradas, Roberto Jiménez
El primer Comité Interinstitucional para la titulación y legalización de
predios, se reunió en EDOS.
Una de las grandes problemáticas que afronta el país, donde el departamento de
Risaralda no es ajeno y el municipio de Dosquebradas mucho menos, es la cantidad
de asentamientos denominados subnormales que han crecido de manera desaforada en
los últimos año; ante la necesidad de muchas familias por tener un lugar donde
vivir, es ahí donde el derecho a tener una vivienda digna pasa a un segundo
plano y para muchos prima más el tener donde "meter la cabeza" sin importar las
condiciones de riesgo que normalmente hacen parte del entorno.
Es así como las inundaciones, los deslizamientos, los incendios o hasta las
catástrofes como la recordada en Villa Carola el 23 de diciembre de 2011,
parecen estar a la orden del día y a pesar de que las autoridades
gubernamentales presentan las posibles consecuencias de estar allí, las familias
hacen caso omiso y en la gran mayoría de sus argumentos expresan que "no tienen
a donde ir", en otras ocasiones ocurre que a través de ordenes jurídicas, las
familias son desalojadas de los terrenos por parte de la Fuerza Pública y la
Secretaría de Gobierno.
Según lo manifestado por el Ministerio de Vivienda, esto ocurre porque las
tierras que ocupan son de orden fiscal, quiere decir que le pertenecen al
municipio, la mayoría de estas tras haber sido sometidas a un proceso de
extinción de dominio, lo que quiere decir que al tener asentamientos de familias
en tales sitios, claramente es una manera de usufructuarse de algo que no les
pertenece.
El primer Comité Interinstitucional
Con el objetivo de dar el primer paso para hacer acercamientos con expertos en
legalización del Ministerio de Vivienda y buscar mediante lineamientos jurídicos
legalizar y titular algunos predios que han sido invadidos por familias que por
su situación han tenido que asentarse en predios del municipio, se instaló el
primer comité interinstitucional de legalización y titulación de predios.
Al respecto, el alcalde Roberto Jiménez, quien a su vez es el presidente de la
Empresa de Desarrollo Urbano - EDOS dijo que “esta es una gran noticia para la
ciudad, puesto que la idea y una de las metas de esta administración es
beneficiar a cientos de familias que hoy necesitan adquirir y legalizar sus
viviendas y poder mejorar su calidad de vida; además, dijo el alcalde, que
necesitan del apoyo del Concejo Municipal para poder sacar adelante el POT y así
poder dar viabilidad a estos proyectos de ciudad”.
Por su parte el Gerente General de la Empresa de Desarrollo Urbano y Rural de
Dosquebradas - EDOS, Ernesto Valencia, manifestó que "el señor alcalde, Roberto
Jiménez Naranjo, como presidente de la Junta Directiva de la Empresa de
Desarrollo Urbano, nos pidió por allá cuando iniciamos el proceso de la
consolidación del gabinete que fuéramos a tocar las puertas de las entidades
nacionales para que nos ayuden a cumplir todos los compromisos que el va tener
no solo en su Plan de Ordenamiento sino en su Plan de Desarrollo Territorial.
Esta mesa interinstitucional esta conformada por el Área Metropolitana, la
secretaria de Gobierno, la secretaria de Planeación, la dirección de Gestión del
Riesgo, Secretaría Jurídica y por supuesto liderado por la EDOS".
A su vez, el director operativo de la Diger, Robert Sánchez, dijo que “es
necesario, urgente y preciso que se esté dando esto en el municipio, ya que hay
un buen número de predios que aún no están titulados, como es el caso de la
Aurora Baja, que, pese a que no está en zona de riesgo, pueden recibir los
títulos”. Adicionalmente, dijo el director, que esto sin duda alguna permitiría
que el Municipio de Dosquebradas recaude más recursos por el pago del predial,
lo que a su vez, se convertiría en desarrollo urbano y social para los
habitantes de Dosquebradas”.
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