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Procuraduría: firma del Acuerdo de Escazú se
ajusta a Constitución
El Viceprocurador General de la Nación, Silvano Gómez Strauch, conceptuó que el
Acuerdo de Escazú, firmado en Costa Rica el 4 de marzo de 2018 por 25 países,
entre ellos Colombia, se ajusta a la Constitución.
En concepto enviado a la Corte Constitucional, sostuvo que las disposiciones
contempladas en el acuerdo, que tiene como objeto mejorar el acceso a la
información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos
ambientales en América Latina y el Caribe, son exequibles, porque desarrollan
los principios de la ‘Constitución Ecológica’, así como complementan los
tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos suscritos
por el país.
El Viceprocurador Gómez Strauch precisó que son razonables las medidas del
tratado que buscan orientar y asistir al público para facilitar el ejercicio de
sus derechos al acceso a la información en materia ambiental, dado que permiten
superar una situación de déficit y debilidad de la gestión del medio, que incide
en una escaza y poca participación ciudadana relevante sobre “el manejo, uso y
aprovechamiento de los recursos naturales”.
Resaltó que, en lo referente a la participación pública en los procesos de toma
de decisiones ambientales, el acuerdo optimiza los mandatos constitucionales al
establecer que la intervención ciudadana debe ser abierta e inclusiva, “así como
debe extenderse a la discusión de temas relacionados con el ordenamiento del
territorio, la elaboración de políticas, planes, estrategias y reglamentos,
incluso a las negociaciones internacionales que puedan tener un significativo
impacto sobre el medio ambiente”.
Con relación a la protección de defensores de derechos humanos en asuntos
ambientales, el Viceprocurador puntualizó que el Acuerdo de Escazú es congruente
con lo establecido en la Constitución, pues hace énfasis en que el Estado
colombiano tiene el deber de garantizarles un entorno seguro y propicio para que
puedan actuar sin amenazas ni restricciones y, además, debe diseñar acciones y
estrategias para la defensa y protección de sus actividades.
En el concepto también se indicó que la ley que aprobó el Acuerdo de Escazú (Ley
2273 de 2022) se ajusta a los mandatos de la Constitución Política sobre el
procedimiento parlamentario relacionado con publicaciones, mayorías y quorum,
entre otros, así como a los requisitos de consulta previa e impacto fiscal.
Propuesta del presidente Petro violaría la
participación popular: Uribe
La propuesta del presidente Petro violaría la participación popular, dijo el
expresidente Álvaro Uribe en un conversatorio con jóvenes de la clase de derecho
constitucional de la Universidad Sergio Arboleda, y por medio de su cuenta X.
El exmandatario advirtió los posibles mecanismos que podría usar Petro para
convocar una constituyente sin seguir los trámites
pertinentes. Manifestó: “me he atrevido a decir que la propuesta constitucional
del presidente Petro no tiene ningún asidero, como si pudo tener la convocatoria
por decreto de excepción de la constitución del 91, y la constitución del 86
tenía más amplitud en cuanto a las posibilidades de decretos de estado de
sitio”.
Dijo el expresidente Uribe, “por ejemplo los decretos de estado de sitio podrían
desarrollar el derecho de la gente, es que es tan amplio, había espacios que
algunos controvierten y niegan para aquello que hizo el presidente Gaviria, que
fue convocar por decreto una Asamblea Constituyente”.
Y aseveró, “hoy no se puede porque todo el ejercicio popular el derecho pueblo
del constituyente primario, todas las expresiones de democracia participativa,
la constituyen la convocatoria de la Asamblea Constituyente, el plebiscito, el
referendo, la consulta, todo eso está rigurosamente reglamentado en la
Constitución, no puede el presidente
Petro inventarse un mecanismo diferente para convocar una
Asamblea Constituyente, eso sería un golpe de Estado”
Sesión permanente de trabajo de 100
horas con EPS anunció Petro
El presidente Gustavo Petro anunció una sesión de trabajo
sin precedentes con las EPS, abordando la urgencia de reformar el sistema de
salud colombiano.
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Este maratón de 100 horas
buscará consensos y soluciones ante una crisis que afecta a millones de
ciudadanos.
La iniciativa surge en un contexto crítico luego del hundimiento de la reforma
de salud propuesta por el Gobierno, marcando un punto de inflexión en la
estrategia de Petro para abordar este tema. Durante estas sesiones, se espera
discutir a fondo las posturas tanto del Gobierno como de las EPS, buscando
puntos de acuerdo que conduzcan a una transformación efectiva del sistema.
Petro dejó claro que esta sesión es crucial y que parte de la premisa
fundamental de que "se necesita reforma a la salud". Sus declaraciones reflejan
la urgencia y la determinación de encontrar soluciones viables y sostenibles a
largo plazo. Además, expresó que busca una salud "incluyente y preventiva",
destacando la importancia de un enfoque integral en la atención sanitaria.
Esta maratónica sesión de 100 horas representa según el presidente un esfuerzo
sin precedentes por parte del Gobierno y las EPS para dialogar, negociar y
buscar soluciones efectivas que conduzcan a una transformación profunda y
sostenible del sistema de salud. Durante este periodo, se abordarán temas
cruciales como la territorialización de las entidades prestadoras de salud, el
fortalecimiento de las entidades gestoras de salud, la mejora en la calidad de
la atención, la garantía de acceso a medicamentos y tratamientos, entre otros
aspectos fundamentales.
En este contexto, la postura de las EPS también es crucial. Algunas entidades ya
manifestaron su respaldo a las iniciativas del Gobierno y expresaron su
disposición a transformarse en gestoras de salud, lo que podría significar un
cambio importante en la dinámica del sistema de salud colombiano.
Tanto el Gobierno como las EPS han expresado la necesidad de una reforma
integral que garantice una atención sanitaria inclusiva, preventiva y de calidad
para todos los colombianos. El presidente Petro ha enfatizado la importancia de
una salud "incluyente y preventiva", destacando la necesidad de un enfoque
holístico que abarque aspectos como la promoción de la salud, la prevención de
enfermedades y la
atención integral a pacientes
¿Referendo para autonomía fiscal de
regiones abre puerta el federalismo?
Se alista para despegar vuelo en su trámite la iniciativa de un referendo con el
fin de lograr la autonomía fiscal de las regiones, que propone que los tributos
de renta y patrimonio, hoy en manos de la Nación, pasen directamente a los
departamentos, con el fin de obtener más recursos para cubrir las necesidades de
sus comunidades y del territorio.
Para ello se modificaría el artículo 298 de la Constitución. Expertos indican,
que más que agregar un parágrafo a la Carta Política, implica un cambio de fondo
que incluso uno de ellos opina que abre
la puerta para avanzar al
federalismo.
La iniciativa es liderada por el gobernador de Antioquia, Andrés Rendón, y se
enmarca en el viejo reclamo de las regiones por poder contar con más dineros
para atender las múltiples responsabilidades que adquirieron con la
descentralización que estableció la Constitución del 1991, proceso que está a
medio camino a pesar del tiempo que ha pasado.
Esta propuesta de referendo, denominada ‘Autonomía Fiscal para las Regiones’,
quiere preguntarles en las urnas a los colombianos si están de acuerdo o no con
adicionar un parágrafo al artículo 298 de la Constitución para que estipule que
los tributos directos de renta y patrimonio, hoy administrados por la Nación,
pasen directamente a los departamentos y que así puedan atender las
necesidades de sus comunidades y las exigencias del territorio.
“Queremos quebrarle el espinazo al centralismo asfixiante y fastidioso. Esta
propuesta conlleva la creación de un fondo de convergencia regional. Quiero
destacar y aclarar que esto no es, ni más faltaba, un llamado a la
federalización de Antioquia, que es una apreciación equivocada, ni tampoco es un
llamado a la federalización del país. Aquí estamos apelando a la autonomía
fiscal del nivel intermedio del gobierno que escogió Colombia en la Constitución
del 91, y que se debe profundizar ese legado descentralizador que nos ha quedado
a medias, pero sin vulnerar la unidad que se debe mantener en nuestra Nación”,
aseguró el gobernador Rendón.
El mandatario de Antioquia presentó la semana pasada las nueve
personas que conformarán el comité promotor del referendo, cuya tarea será la
recolección de los 2 millones de firmas que se deben presentar para surtir el
trámite y llevarlo a las urnas.
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Entre ellos están Ana Lucía Villa,
quien trabajó en el Ministerio de Hacienda y durante muchos años estuvo al
frente de la Dirección de Apoyo Fiscal, dependencia que se encarga de la
asistencia y monitores a los departamentos que se acogen a la Ley 550 para
acordar con sus acreedores el pago de sus millonarias deudas; Juan Daniel
Oviedo, concejal de Bogotá y exdirector del DANE, y Carlos Gustavo Cano,
exministro de Agricultura y Desarrollo Rural y excodirector de la Junta
Directiva del Banco de la República.
Opinión de expertos
Hay quienes señalan que por la vía del referendo no se puede modificar el
régimen tributario. Sin embargo, Juan Manuel Charry, abogado constitucionalista
y quien fue asesor de la Asamblea Nacional Constituyente, explicó que “desde el
punto de vista jurídico, claro que se puede. Un referendo constitucional es una
de las formas de modificar la Constitución y se puede modificar el régimen de
hacienda pública”.
Agregó que “es una propuesta muy compleja, que no es simplemente proponer un
artículo, en el sentido de que somos un país centralista. Es cierto que los
departamentos tienen autonomía, pero el régimen del manejo de la hacienda
pública es acorde con el sistema centralista que tenemos".
Advirtió Charry que "descentralizar los ingresos implica, por decirlo de alguna
forma, dar un gran paso hacia el federalismo y creería que las estructuras tanto
de la Nación como de los departamentos no están preparadas ni para lo uno ni
para lo otro. O sea, ni para que la Nación pierda ingresos, que ahora el
Gobierno nacional dice que está corto y va a hacer otra reforma tributaria, ni
para que los departamentos administren sumas mucho más grandes".
Agregó que los principales ingresos del Estado, entre un 45% y 50 %, "son del
impuesto de renta y del de patrimonio, y otro tanto del IVA. Sería prácticamente
quitarle la mitad del impuesto a la Nación”.
Enfatizó en que “si a mí me quitan la mitad del ingreso, cómo pago las deudas
que tengo, que las tengo (la Nación) con el Fondo Monetario, con la banca
internacional, eso no es tan fácil".
Finalmente, Charry dijo sobre esta iniciativa de referendo que "me parece muy
complejo y es como quien dice un planteamiento que implícitamente está cambiando
el régimen centralista con descentralización administrativa a un régimen
federal".
En tanto que Juan Carlos Lancheros Gámez, director general de Derecho Justo,
Centro de Estudios Jurídicos, y profesor de Derecho Constitucional, dijo que "me
parece que esa es una propuesta importante y que lo que va a hacer es abrir un
debate sobre la forma como el Gobierno central utiliza los recursos que generan
las propias regiones, y creo que en ese sentido el debate está abierto. La
propuesta del gobernador de Antioquia y de los demás gobernadores me parece
interesante".
Lancheros dijo que una de las cosas en las que la Constitución quedó a medio
camino fue en la autonomía de las regiones y en "general en el diseño
institucional de toda la organización territorial".
Agregó el experto que esta propuesta se puede entender como la continuación de
un debate que se inició en la Asamblea Constituyente del 91, porque está en el
fondo cuestionando la manera como el Gobierno central ejecuta los recursos y
como los devuelve en inversiones efectivas a las regiones.
"Si el Gobierno central es ineficiente en la ejecución de recursos, pues las
regiones tienen una mayor autoridad moral en pedirle al Gobierno central que
ellos mismos los pueden ejecutar”, expresó Lancheros, quien interpretó que
“estamos buscando que esos derechos de las regiones que la Constitución
establece se vuelvan una realidad", y "al hacerlo por vía del referendo, una de
las cosas importantes es que estamos permitiendo que la propia ciudadanía se
pronuncie, y eso le da también una mayor legitimidad al debate".
Cómo opera el mecanismo
El referendo es uno de los siete mecanismos de participación ciudadana que les
permiten manifestarse en la aprobación o derogación del proyecto de una norma
jurídica o de una ya vigente, así como en la creación o segregación de un
municipio; en la derogación de una reforma constitucional o someter a aprobación
un proyecto de reforma constitucional.
Se han consagrado tres tipos de referendo: el derogatorio, el aprobatorio y el
constitucional, el cual, a iniciativa del Gobierno o de un grupo de ciudadanos
no menor al 5 % del censo electoral, el Congreso, mediante ley que requiere la
aprobación de la mayoría de los miembros de ambas cámaras, podrá someter a
referendo un proyecto de reforma constitucional que el mismo Congreso incorpore
a la ley.
La aprobación de reformas a la Constitución por vía de referendo requiere el
voto afirmativo de más de la mitad de los sufragantes y que el número de éstos
exceda la cuarta parte del total de ciudadanos que integran el censo electoral.
El primer paso para realizar el referendo es que los interesados, sean la
ciudadanía o una organización civil o política, se constituyan como comité
promotor. El fin del comité es liderar la promoción del mecanismo de
participación ciudadana.
La Misión de Observación Electoral (MOE) explicó que, constituido el comité
promotor el paso siguiente es recolectar los apoyos ciudadanos (firmas) que
permitan convocar la votación de la iniciativa, o para el caso del referendo
constitucional, presentar la iniciativa ante el Congreso.
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