Pereira, Colombia - Edición: 13.246-846

Fecha: Sábado 20-04-2024

 

  Regionales

 

El Imparcial-3

 

Nueva carretera beneficiará a comunidades Emberá en el Alto Andágueda, conectando Chocó con Risaralda
 



En un esfuerzo conjunto que promete mejorar la calidad de vida de las comunidades indígenas Emberá, autoridades locales y nacionales han dado un paso importante para la construcción de una carretera que unirá al Chocó con Risaralda, específicamente desde el resguardo Dokabú en Pueblo Rico hasta el caserío Conondo en Bagadó. Esta iniciativa se enmarca en el programa Colombia Rural y busca facilitar el acceso y la movilidad en una de las regiones más aisladas del país.

La vía, que se extenderá por territorios estratégicos, es el resultado de un meticuloso trabajo de campo realizado el pasado 17 de abril, donde funcionarios de la Unidad para las Víctimas, el Instituto Nacional de Vías (INVÍAS) y la Gobernación de Risaralda, junto con miembros de la comunidad del resguardo Tahimí del Alto Andágueda, identificaron siete puntos críticos que necesitan intervención urgente.

Los tramos identificados, que se encuentran entre Bichuvara en Risaralda y el Alto de Curripipí en Chocó, serán objeto de un importante proyecto de infraestructura. Más de 9.000 personas de la comunidad Emberá Tahimí se verán beneficiadas, quienes actualmente enfrentan grandes desafíos para transportar alimentos y bienes de primera necesidad, así como para acceder a servicios básicos como la atención médica.

La visita de Patricia Tobón Yagarí, directora de la Unidad para las Víctimas, en noviembre de 2022 marcó un antes y un después en la atención gubernamental en el área. Tobón Yagarí pudo constatar de primera mano las severas dificultades que enfrentan las 39 comunidades Emberá Katío del lugar, lo que llevó a la adopción de compromisos concretos para evitar el desplazamiento forzado de estas poblaciones hacia zonas urbanas como Bogotá.

Uno de los compromisos más destacados es la construcción de aproximadamente 1,5 kilómetros de placas huella, con una inversión de 3.000 millones de pesos, a través de un convenio interadministrativo entre INVÍAS y la Gobernación de Risaralda. Este proyecto, que actualmente está en proceso de licitación, comenzará su fase de construcción en el segundo semestre de 2024.

Esta carretera no solo es una infraestructura vital para el desarrollo socioeconómico de la región, sino que también representa un paso adelante en el cierre de brechas sociales y la restitución de derechos para estas comunidades vulnerables, permitiéndoles permanecer en sus territorios ancestrales con condiciones dignas de vida.

El contexto histórico de desplazamiento y retorno de las comunidades Emberá, con 11 procesos de retorno colectivo realizados desde 2011, subraya la importancia de proyectos como este. En 2021, alrededor de 500 Emberá se movilizaron hacia Bogotá

demandando mejoras en infraestructura básica, lo que refleja la urgencia y la relevancia de seguir invirtiendo en el bienestar y la estabilidad de estas comunidades.

 

Crisis financiera en hospitales de Risaralda por deudas de las EPS
 

Los hospitales públicos de Risaralda enfrentan una situación financiera crítica, amenazada por las deudas acumuladas de las Entidades Prestadoras de Salud (EPS), lo que ha provocado un deterioro considerable en la calidad del servicio médico ofrecido a la población. Durante una reciente visita a Risaralda, el superintendente de Salud, Luis Carlos Leal Angarita,  constató de primera mano los desafíos que encaran estas instituciones.
 
 

 

 

Los gerentes de los hospitales, en compañía del Secretario de Salud de Risaralda, detallaron al superintendente la grave situación por la que atraviesan debido a la falta de pago de las EPS. Esta circunstancia ha obligado a algunos hospitales a suspender servicios, lo que se refleja en un aumento en las Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR) por parte de los usuarios. Esta realidad no solo compromete la operación diaria de estos centros, sino que también pone en riesgo la atención y la seguridad de los pacientes.

 

Durante la reunión con el superintendente, se hizo evidente la urgente necesidad de un flujo de recursos que permita a los hospitales mejorar su capacidad de servicio. El no pago por servicios ya prestados es un problema crónico que, con el paso del tiempo, lejos de solucionarse, empeora, dejando a los hospitales en una posición cada vez más precaria.

Las EPS, incluidas algunas que han sido liquidadas, acumulan deudas millonarias con la red pública de salud del departamento, complicando aún más la situación. El superintendente Leal Angarita expresó su preocupación por la situación financiera y de prestación de servicios de salud en Risaralda y expresó que resulta vital reconocer la realidad de los territorios y las dificultades que enfrentan las ESE para mantener un servicio de calidad.
 


El caso de Asmet Salud es particularmente alarmante. A pesar de estar intervenida desde hace un año, la situación de esta EPS ha empeorado, incrementando la carga financiera sobre los hospitales públicos y, por ende, sobre el servicio de atención médica que estos pueden ofrecer.

El superintendente destacó la importancia de los recientes decretos emitidos por el Ministerio de Salud, los cuales se espera que ayuden a garantizar un flujo adecuado de recursos, mejorar la calidad de la prestación de servicios de salud y optimizar el derecho fundamental a la salud de las personas en el territorio.

La visita concluyó con un compromiso por

parte de la Superintendencia de Salud de tomar medidas concretas para abordar estos problemas. Sin embargo, la solución a largo plazo requerirá un esfuerzo coordinado entre el gobierno, las EPS y los hospitales para asegurar que los recursos financieros lleguen a donde más se necesitan y se puedan restablecer los servicios médicos esenciales para la población de Risaralda.


Risaralda lidera compra de terrenos para proteger el Parque Nacional Los Nevados




En un esfuerzo conjunto para proteger uno de los ecosistemas más críticos de Colombia, el Parque Nacional Natural Los Nevados, las gobernaciones de Risaralda, Caldas, Quindío y Tolima han emprendido la compra de predios en las zonas aledañas al parque. Esta acción responde al fallo de la Corte Suprema de Justicia que reconoció al parque como sujeto de derechos, instando a las autoridades regionales a tomar medidas efectivas para su conservación.

Durante una visita reciente a la Laguna del Otún, fuente vital de agua para cerca de 600,000 habitantes de Risaralda, el gobernador Juan Diego Patiño y representantes de la Corporación Autónoma

 

 

 

 

Regional de Risaralda (CARDER) evidenciaron el estado preocupante de este cuerpo de agua. Como resultado, se comprometieron a adquirir y reforestar terrenos circundantes para asegurar su preservación.

El objetivo es adquirir 4,000 hectáreas en la zona de influencia del parque, con Risaralda tomando la iniciativa en la gestión de 160 hectáreas. Los procesos legales y estudios de títulos están en marcha para asegurar la viabilidad de estas compras y la efectividad de las futuras acciones de reforestación.

Esta medida no solo pretende proteger la biodiversidad y los recursos hídricos del parque, sino también garantizar el suministro de agua y la calidad de vida de los residentes en las regiones circundantes.
 

Crisis en la construcción de Quindío: Caída del 25% en la comercialización de viviendas
 



El sector de la construcción en el departamento del Quindío enfrenta un momento crítico, evidenciado por una significativa reducción en las ventas de unidades habitacionales. Juan Guillermo Urrea, presidente de la junta directiva de la Cámara Colombiana de la Construcción en el Quindío, ha reportado una caída del 25% en la comercialización de unidades con corte a marzo del presente año, marcando un alarmante declive en el sector.

Esta caída no es un fenómeno aislado del primer trimestre de 2024, sino que es parte de una tendencia negativa que se ha arrastrado desde el año anterior. Urrea subrayó que los indicadores actuales reflejan una situación desfavorable que requiere atención urgente.

Los principales factores que contribuyen a esta crisis incluyen la inflación, que ha afectado directamente las tasas de interés para la compra de vivienda. Además, cambios recientes en el programa de subsidios gubernamentales 'Mi Casa Ya' han desacelerado aún más las ventas, poniendo presión adicional sobre un sector ya golpeado por las circunstancias económicas.

La disminución en la venta de unidades tiene un impacto directo en la empleabilidad del departamento, dado que la construcción es uno de los principales generadores de empleo en Quindío. Urrea mencionó que el gremio está proponiendo un plan de reactivación para recuperar el nivel de actividad previo a la crisis y preservar los puestos de trabajo.

El presidente de la junta directiva también explicó que, aunque actualmente no se observa un impacto significativo en las cifras de desempleo, esto podría cambiar drásticamente en dos años. Las consecuencias de las viviendas no vendidas hoy se verán reflejadas más adelante, cuando se deje de construir, afectando el empleo y la economía local.

En medio de este panorama, el líder gremial mantiene un tono de cauteloso optimismo. Con la inflación en descenso, existe la esperanza de que la demanda pueda mejorar. Urrea expresó su deseo de que, en colaboración con el gobierno municipal y departamental, se pueda articular un plan para construir vivienda formal que no solo cumpla con los estándares de calidad de vida, sino que también contribuya a la recuperación económica del sector.

Con una disminución general del 46% en comparación con los años 2021 y 2022, el sector de la construcción en Quindío está en un momento decisivo, necesitando de estrategias efectivas y colaboración entre el gremio y las autoridades para superar esta crisis y fomentar un futuro más próspero para este sector económico y productivo en la región.

 

 

  

 

 

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