|
Derogaron resolución que exigía pasaporte vigente
a venezolanos
Tras el pronunciamiento, el Presidente Gustavo Petro desautoriza el proyecto de
decreto de la Cancillería que pretendía exigir pasaporte vigente a ciudadanos
venezolanos para ingresar, transitar, permanecer y salir de Colombia.
La Cancilleria había expedido una resolución que derogaría la resolución 2231
del 9 de junio de 2021, con la que se permite el ingreso de venezolanos al pais
con el pasaporte vencido.
Luego de que se conociera dicha resolución, el Presidente Gustavo Petro aseguró
a través de su cuenta de ‘X’ que no era verdad y desvirtuó la información. “No
es cierto, Mi Gobierno no exigirá pasaporte a los migrantes venezolanos”,
sostuvo.
La medida que implementaria la Cancillería endurecía los requisitos, pues hoy en
día es posible que los migrantes de Venezuela puedan ingresar a Colombia sin
pasaporte vigente, hasta 10 años después de su expiración.
Al parecer, el borrador del decreto no fue consultado por el canciller (e) Luis
Gilberto Murillo y fue eliminado de la página oficial del Ministerio de
Relaciones Exteriores de Colombia, el documento está en revisión de la normativa
relacionada con la gestión migratoria entre Venezuela y Colombia.
Escenario político para elección del contralor
será distinto al de 2022
El proceso de elección del nuevo contralor general a cargo del Congreso en
pleno, que la Corte Constitucional ordenó retomar a partir de la lista de 20
finalistas que existía en
agosto de 2022, tendrá un escenario político distinto al
que llevó a la escogencia de Carlos Hernán Rodríguez, cuya elección fue anulada
por el Consejo de Estado en mayo del año pasado.
Como se sabe, la noche del miércoles, la Corte Constitucional, al fallar una
tutela interpuesta por Rodríguez, ordenó al Congreso que retome esa lista de 20
elegibles que había proyectado la Universidad Industrial de Santander, convoque
una comisión multipartidista que presente a las plenarias una lista final de 10
candidatos elegibles y se proceda a la respectiva elección.
Si bien el Alto Tribunal dejó el fallo del Consejo de Estado en firme, determinó
que Rodríguez, si es escogido por la Comisión Multipartidista de esa lista de 10
elegibles y eventualmente, si así lo determinan senadores y representantes en la
votación, podría estar de nuevo al frente de la Contraloría General.
“…La elección será muy distinta a
esta vez… Recuerde que, en el arranque del nuevo Congreso en 2022, el Gobierno
tenía una coalición mayoritaria de las que hacían parte el Pacto Histórico,
Alianza Verde, Comunes, las minorías étnicas y las curules de paz de la Cámara,
así como los partidos Liberal, Conversador y de La U… Esa coalición se rompió
hace un año y ahora el Gobierno no tiene mayorías ni en Senado ni en Cámara”,
dijo un senador.
Lo cierto es que la Contraloría es uno de los cargos más importantes del país y
es natural que todos los partidos estén interesados en que uno de los suyos
quede al frente del ente de control fiscal, que hoy tiene como encargado a
Carlos Mario Zuluaga, vicecontralor de Rodríguez y de origen conservador.
Como el presidente del Senado, Iván Name, dijo ayer que espera acelerar este
proceso para que la elección del nuevo contralor se dé antes de que termine esta
legislatura el próximo 20 de julio, desde ayer
|
|
mismo comenzaron las movidas entre distintos partidos para posicionarse de
cara a ese cargo. Se sabe que hay conversaciones ya entre los conservadores,
Cambio Radical y uribistas, en tanto que desde el Pacto Histórico se estarían
buscando acercamiento con los liberales y los verdes. Lo cierto es que solo
mediante una coalición de partidos se podrán conseguir las mayorías en Cámara y
Senado,también entraría en las negociaciones políticas el relevo en la
Defensoría del Pueblo, ya que el periodo de Carlos Camargo termina en
septiembre.
Periodos institucionales
El presidente de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes, se refirió sobre
el periodo del contralor ayer, en rueda de prensa. “Todos los periodos son
institucionales, el contralor que se elija será por el resto del periodo, y
lógicamente el excontralor está en la lista de elegibles y podrá continuar en
ese proceso, y con base a ella se conformará la lista de elegibles, de la cual
se hará la elección por parte del Congreso de la República”, dijo.
Recalcó que la Corte Constitucional no puso ningún plazo al Congreso para llevar
a cabo la elección pensado en el respeto a la ley 5 del Congreso.
Por su parte, el presidente del Congreso, Iván Name, también se pronunció al
respecto, asegurando que el contralor será elegido antes del 20 de julio. “Nos
corresponde aplicar el mandato de la Corte Constitucional, que además ha dicho
que sea en un lapso de tiempo racional pronto y así ejecutaremos esas
instrucciones para poder seleccionar y elegir al Contralor General de la
República”, destacó.
Entretanto, el secretario general del Senado, Gregorio Eljach, aseguró que será
Zuluaga quien deba ejercer la función de contralor encargado, hasta que el
Congreso elija al que ocupe en pleno ese cargo. “Luego parará a su cargo como
vicecontralor”, dijo.
Medidas para evitar colapso en
sistema de salud urge C. Constitucional
La corte Constitucional anunció que fue ordenada una serie de medidas sobre el
sistema de salud, las decisiones implementadas por el Gobierno sobre la demora
en la entrega de recursos a las EPS, así como la falta de medicamentos y la
propuesta de convertir a estas entidades en gestoras.
Al respecto, el presidente de ese Alto Tribunal, magistrado José Fernando Reyes,
explica en ese sentido “hay información proveniente de las EPS de los recursos
que deberían recibir, pero la cuestión es que nosotros no vamos a decir cuánto
dinero deben recibir estas entidades porque esto no es un asunto de la Corte, lo
que sí es un asunto de la Corte es decir que se pongan al día en lo que
consensuen en el tema de la financiación del sistema”.
De igual manera, el magistrado Reyes añadió que “este inconveniente entre las
entidades de salud y el Gobierno está impactando en la suficiencia de la
prestación del servicio como derecho a la salud y esto es muy importante. Es
decir, el flujo de los recursos que está prometido en el acuerdo con los gremios
y luego en lo de techos en el 2019 ha sido incumplido, pero el Gobierno se está
poniendo al día con ese acuerdo, el cual nosotros celebramos, lo aplaudimos y
agradecemos que las decisiones de la Corte se tomen en serio, porque este es un
asunto de que, si no hay flujo de recursos en el sistema de salud, la prestación
del servicio es deficiente”.
Además, el presidente de la Corte dijo que se va a trabajar sobre cuál debe ser
el valor de la UPC que hace referencia al pago correspondiente.
“Estamos trabajando en un par de decisiones que tiene que ver con el cálculo de
UPC, entre otros, para tratar de ayudar a resolver el problema de flujo de
recursos dentro del sistema. Todo dentro del seguimiento de la sentencia T 760
de la Corte Constitucional, que determina el derecho al acceso a la salud que
fue establecido en el año 2008, y del sistema de salud que está vigente”,
indicó.
Aclaración de la corte
Tras el estudio de las declaraciones
|
|
del ministro de Salud,
Guillermo Alfonso Jaramillo, en la audiencia técnica a la cual fue citado por la
Corte Constitucional el pasado 6 de abril y en la que se indagó sobre los
avances del Gobierno al momento de cumplir con las órdenes de pago al sistema de
salud, el funcionario reconoció que el valor de la UPC es muy bajo y debe ser
establecido y ajustado al actual sistema de salud.
Al respecto, Reyes señaló que “aquí no vamos a calificar si este sistema es
bueno o no es mejor, o si hay otros de más calidad. Ese no es asunto de esta
Corte porque no le concierne pronunciarse sobre eso. Nosotros trabajamos con el
sistema de salud que hay, con la ley de derecho fundamental de la salud y con
todo el hecho de sentencias y los autos a partir de las tesis de ley que se han
determinado al respecto. Por lo demás, son discusiones que no nos conciernen y
que ojalá lleguen a buen término y que haya un acuerdo político sobre cuál sería
el sistema de salud óptimo porque finalmente somos los colombianos los que
estamos ahí”.
El pasado 6 de abril, la Corte Constitucional en pleno escuchó al ministro de
Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, sobre los recursos que el Gobierno gira a
las entidades prestadoras del servicio.
En ese sentido, el funcionario aseguró: “Desde el año 2013 se viene utilizando,
para determinar la UPC año a año, la misma metodología de cálculo actuarial, la
cual incluye los ajustadores relevantes en términos de grupo etarios, género,
zonas geográficas. En 17 mesas de trabajo realizadas con las EPS, en las que se
discutió la problemática del sector, en particular la suficiencia de la UPC, el
ministerio de Salud ha mostrado que el recurso asignado cubre las necesidades
del sector y en esa medida, el ministerio está de acuerdo en revisar la UPC como
lo ha hecho en oportunidades anteriores para avanzar en los ajustes a que haya
lugar”.
Colombia participará en la política de cooperación
del CPI
El Gobierno de Colombia y la Corte Penal Internacional (CPI) han establecido una
colaboración para apoyarse mutuamente en la aplicación de la justicia en casos
de graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de guerra.
La Cancillería manifestó que CPi adopta una relación activa con las autoridades
nacionales para apoyar a los estados en el fortalecimiento de la
institucionalidad y la aplicación de la justicia en beneficio de las víctimas.
Esto implica que ambas partes trabajarán juntas para investigar y procesar a
aquellos responsables de cometer dichos crímenes, asegurando así una mayor
efectividad en la protección de los derechos fundamentales y la rendición de
cuentas por actos delictivos de esta índole.
"Vamos a firmar un acuerdo marco de acompañamiento para que se pueda nutrir
nuestro sistema judicial, pero al mismo tiempo este pueda ofrecer todas estas
experiencias al mundo", canciller (e). Luis Guillermo Murillo.
El fiscal Khan aseguró que el modelo penal de Colombia es un ejemplo para el
sistema penal internacional. “Ustedes tienen una historia maravillosa que
contar. Como país, a través de diferentes gobiernos han confrontado el
conflicto, el sufrimiento y la tortura; y encontrar la determinación para
silenciar las armas y subir el volumen de la justicia en Colombia", afirmó.
Este acuerdo se lleva a cabo como parte de la estrategia del Gobierno para
avanzar en un modelo de justicia transicional. Esto se hace con el objetivo de
superar la crisis derivada del conflicto armado y las violaciones de derechos
humanos que ha experimentado la población colombiana. La justicia transicional
es un enfoque que busca abordar las graves violaciones de derechos humanos
ocurridas en el pasado mediante mecanismos que combinen la búsqueda de la
verdad, la justicia, la reparación a las víctimas y las garantías de no
repetición, "con el fin de construir una paz duradera y reconciliada".
|
