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¿Colombia pedirá nuevamente pasaporte a
venezolanos?
El Gobierno nacional alista una resolución que cambia los requisitos para el
ingreso de ciudadanos venezolanos a Colombia. El documento establece que se
pedirá de nuevo el pasaporte para entrar, transitar y permanecer en Colombia.
Sin embargo, la normativa está en revisión de la Cancillería.
El documento 'tumba' la resolución 2231 del 9 de junio de 2021, la cual ampliaba
la vigencia de los pasaportes venezolanos vencidos por dos años para que los
ciudadanos puedan entrar a Colombia.
Uno de los argumentos que tomó el Gobierno como base para tomar la decisión es
el restablecimiento de las relaciones con Venezuela. Pues la resolución que
permitía el ingreso de manera libre se había tomado bajo la administración de
Iván Duque.
Esto llevó a la oficialización de la apertura de la frontera entre Colombia y
Venezuela, con el propósito de fomentar la colaboración entre ambas naciones.
Según las autoridades involucradas en el proceso de revisión, esta medida tiene
como objetivo principal garantizar una migración segura y ordenada, velando por
que todos los ingresantes cuenten con la documentación necesaria para su
estancia legal en el país.
Los representantes del Gobierno han reiterado su compromiso con el respeto de
los derechos humanos de todos los migrantes, enfatizando que esta medida tiene
como objetivo mejorar la gestión migratoria sin dificultar el acceso de quienes
buscan una mejor calidad de vida en Colombia.
En los días siguientes, se espera que el Ministerio de Relaciones Exteriores
finalice la revisión de la normativa relacionada con la gestión migratoria entre
Venezuela y Colombia. Esto marcaría el comienzo de una nueva etapa en la forma
en que se maneja la migración entre ambos países.
Colombia participará en la política de cooperación
del CPI
El Gobierno de Colombia y la Corte Penal Internacional (CPI) han establecido una
colaboración para apoyarse mutuamente en la aplicación de
la justicia en casos de graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de
guerra.
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La Cancillería manifestó que la CPI
adopta una relación activa con las autoridades nacionales para apoyar a los
estados en el fortalecimiento de la institucionalidad y la aplicación de la
justicia en beneficio de las víctimas.
Esto implica que ambas partes trabajarán juntas para investigar y procesar a
aquellos responsables de cometer dichos crímenes, asegurando así una mayor
efectividad en la protección de los derechos fundamentales y la rendición de
cuentas por actos delictivos de esta índole.
"Vamos a firmar un acuerdo marco de acompañamiento para que se pueda nutrir
nuestro sistema judicial, pero al mismo tiempo este pueda ofrecer todas estas
experiencias al mundo", canciller (e). Luis Guillermo Murillo.
El fiscal Khan aseguró que el modelo penal de Colombia es un ejemplo para el
sistema penal internacional. “Ustedes tienen una historia maravillosa que
contar. Como país, a través de diferentes gobiernos han confrontado el
conflicto, el sufrimiento y la tortura; y encontrar la determinación para
silenciar las armas y subir el volumen de la justicia en Colombia", afirmó.
Este acuerdo se lleva a cabo como parte de la estrategia del Gobierno para
avanzar en un modelo de justicia transicional. Esto se hace con el objetivo de
superar la crisis derivada del conflicto armado y las violaciones de derechos
humanos que ha experimentado la población colombiana. La justicia transicional
es un enfoque que busca abordar las graves violaciones de derechos humanos
ocurridas en el pasado mediante mecanismos que combinen la búsqueda de la
verdad, la justicia, la reparación a las víctimas y las garantías de no
repetición, "con el fin de construir una paz duradera y reconciliada".
Aprueban en primer debate proyecto de
ley sobre transfuguismo
La Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate el
proyecto de ley que permitiría a los congresistas cambiar de un partido a otro
sin ser sancionados.
Con 20 votos a favor y 8 en contra, se abre la puerta al transfuguismo por una
única vez. La sesión para votar el proyecto en primer debate inició la mañana
del martes 23 de abril y tuvo la presencia de representantes y senadores que
expresaron su preocupación sobre el contenido del texto.
Uno de los opositores es Carlos Fernando Motoa, senador de Cambio Radical, quien
afirmó que el proyecto pretende destruir partidos de oposición e independientes,
así como minorías políticas.
El partido
Cambio Radical radicó una ponencia negativa, por objeciones y por coherencia.
Sin embargo, la Comisión Primera negó la proposición de archivo del proyecto de
acto legislativo
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con 17 votos por el no y 9 por el sí.
Detrás de la iniciativa están el Pacto Histórico. Está busca modificar el
artículo 107 de la Constitución, que determina cómo funcionan los partidos y las
decisiones de sus militantes. La razón que explicaría el interés del partido en
impulsar el transfuguismo es que en los comicios legislativos del 2026 ya no se
puede presentar acudiendo a la figura de la coalición, debido a que en 2022
obtuvo el 16,9% de la votación. El espíritu de esta figura es permitir que se
unan fuerzas minoritarias que hayan alcanzado hasta un 15% de la votación.
El proyecto de acto legislativo debe superar ocho debates en el Congreso para
ser aprobado y convertirse en ley.
Admiten demanda contra elección de
fiscal general, Luz Adriana Camargo
El Consejo de Estado admitió estudiar una demanda contra la elección de Luz
Adriana Camargo como fiscal general de la Nación. La demanda fue presentada por
presuntos vicios que se habrían registrado en el proceso de votación y selección
que adelantó la Corte Suprema de Justicia.
El documento señala que la demanda de nulidad electoral, instaurada por el
ciudadano Samuel Alejandro Ortiz, que busca obtener la nulidad de los actos de
elección de Luz Adriana Camargo como fiscal general de la Nación, reúne los
requisitos establecidos para avanzar con el proceso.
En la demanda presentada por Samuel Ortiz se aseguró que Camargo no podría
ocupar el cargo de fiscal general, pues el 12 de marzo, cuando fue seleccionada
por el alto tribunal al contar con 18 votos, otra ternada, Amelia Pérez, había
presentado su renuncia y por esto el presidente Gustavo Petro debía designar una
nueva candidata y retomar las votaciones.
“La renuncia de Pérez obligaba a suspender la elección de fiscal en la Corte y
lo que debía proceder era que le solicitaran al presidente de la república que
recomponga la terna", se lee en la demanda.
Ortiz Mancipe también afirmó en el documento que se llevó a cabo un proceso de
selección inapropiado, lo que llevó a señalar a la Sala Plena por una posible
desviación de poder al aplicar supuestos sesgos y prejuicios contra las
candidatas Ángela María Buitrago y Amelia Pérez Parra.
La Sección Quinta, al determinar que la demanda reúne todos los requisitos,
notificó a la fiscal general. También se notificó a la Corte Suprema de Justicia
y a la Presidencia de la República para que respondan a la demanda y
proporcionen los antecedentes administrativos del acto de elección.
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