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Corte Suprema investiga a todos los senadores del
Pacto Histórico
Al menos 20 senadores del Pacto Histórico serán investigados desde la Sala de
Instrucción de la Corte Suprema de Justicia por las presuntas irregularidades en
la campaña presidencial de 2022. Por este mismo caso, el Consejo Nacional
Electoral (CNE) solicitó recientemente imputación de cargos contra el mandatario
nacional, Gustavo Petro.
La investigación abarca cualquier posible relación con la empresa de la Sociedad
Aérea de Ibagué (SADI), implicada también en la financiación de la campaña del
actual jefe de Estado.
Se supo que el alto tribunal investigó si hubo o no irregularidades en cuanto a
reportes de ingresos y gastos de las actividades proselitistas de los
congresistas al CNE.
El propio ente electoral ha emitido ya solicitudes formales a las entidades
financieras solicitando detalles sobre las consignaciones realizadas a la cuenta
de la empresa Sociedad Aérea de Ibagué (Sadi).
Los congresistas que serán objeto de investigación en esta ocasión son Gustavo
Bolívar, quien ya renunció a su puesto en el Senado; Alexander López, Roy
Barreras y César Pachón, a quienes el Consejo de Estado tumbó elección; María
José Pizarro, Aída Avella, Martha Peralta, Iván Cepeda, Pedro Flórez, Isabel
Zuleta, Álex Flórez, Clara López, Robert Daza, Yuly Esmeralda Hernández, Wilson
Arias, Gloria Flórez, César Pachón, Sandra Jaimes, Paulino Riascos y Jael
Quiroga Carrillo.
CNE
El Consejo Nacional Electoral, a
través de los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Prada, quienes están al frente
de las pesquisas de este polémico caso, solicitó la imputación de cargos contra
el mandatario por las presuntas anomalías presentadas en la financiación de las
actividades proselitistas del otrora candidato Petro.
De acuerdo a información publicada por los medios de comunicación, ambos tenían
preparada una ponencia para solicitar la medida, en la que también incluyeron al
entonces gerente Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol; María Lucy Soto,
quien fue la auditora, y otros directivos de la misma, por violación de los
topes autorizados por más de $6.000 millones.
Sumado a ello, la Fiscalía General de la Nación anunció otras seis indagaciones
por presunta financiación ilegal de la campaña del hoy presidente de la
República. Estas pesquisas también giran en torno a presuntos ingresos
irregulares al Pacto Histórico, de cara a las elecciones del Congreso ese mismo
año.
Además, el ente anunció que serían indiciados altos funcionarios de este
Gobierno como la vicepresidenta Francia Márquez; el actual embajador de Colombia
ante la FAO, Armando Benedetti; y el ministro de Salud, Guillermo Alfonso
Jaramillo, quien fungió como gerente de la campaña del Pacto Histórico.
Al respecto, el coordinador de las fiscalías delegadas ante la Corte Suprema de
Justicia, Hernando Barreto, dijo que se “investigan presuntos hechos irregulares
en la financiación electoral con fuentes prohibidas de la candidatura
presidencial de Gustavo Francisco Petro Urrego y la vicepresidenta Francia Elena
Márquez”.
“Estamos realizando las investigaciones y en su momento definiremos si se
requiere una imputación, si se le solicita medida de aseguramiento, pero ahorita,
inminente, que haya una formulación de imputación, no la hay. Se está recaudando
elementos, se están escuchando personas”, puntualizó.
La avioneta y las criptomonedas
Por otro lado, también la semana pasada se profundizaron las indagaciones del
caso, esta vez por los supuestos aportes que recibió el equipo del hoy jefe de
la Casa de Nariño por parte de la compañía de criptomonedas, Daily Cop, la cual
también es señalada por adquirir, mediante un testaferro, un avión valorado en 1
millones de dólares para el transporte de Petro, cuando apenas era candidato.
El tribunal electoral decidió recibir las declaraciones de dos representantes de
dicha empresa, los hermanos Cristian Hernández y Omar Hernández, el próximo 7 de
mayo, con la intención de esclarecer los supuestos aportes irregulares ofrecidos
a la contienda electoral en 2022, lo que podría poner a Petro contra las
cuerdas. Esto, luego de una reunión de urgencia entre los magistrados del CNE,
Prada y Ortiz, que están frente a este caso contra la campaña presidencial de
hace dos años.
Como se sabe, estas dos personas se encuentran detenidas en una cárcel de
Bogotá, luego de ser imputadas por los delitos de captación masiva y habitual de
dineros.
Las autoridades están particularmente interesadas en esclarecer el flujo de
fondos entre Daily Cop y la campaña de Petro. Según fuentes cercanas al caso, se
estima que los movimientos bancarios vinculados a esta presunta colaboración
superan los 4.000 millones de pesos, una cifra que ha despertado inquietudes
sobre la transparencia y legalidad de los recursos utilizados en la contienda
electoral.
La intención es que ambos puedan exponer “todo lo que le conste sobre los pagos
realizados al señor Ricardo Roa, como financiación de la campaña electoral
provenientes del delito de captación masiva y habitual de más de 220.000
personas y más de 180.000 millones de pesos relacionados con la campaña
presidencial de la coalición Pacto Histórico y los hechos que considere útiles
frente a la materia objeto de averiguación”.
Tumban designación de Verónica Alcocer como
embajadora del Vaticano
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca tumbó el decreto con el que el
presidente Gustavo Petro designó a la primera dama
Verónica Alcocer, como ' Embajadora en Misión Especial'.
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El nombramiento se dio en enero del 2023 para visitar al papa Francisco, quien
la recibió el en audiencia privada en el Vaticano.
De acuerdo con el alto tribunal, el decreto 0035 del 12 de enero de 2023, que la
facultaba para representar a Colombia en el exterior y realizar visitas de
estado, “se encuentra viciado de nulidad, en razón del vínculo que la une con el
señor Presidente de la República”.
Harold Sua fue quien demandó este decreto asegurando que Verónica Alcocer no
cumplía con el artículo de la Constitución que señala que los servidores
públicos “no podrán en ejercicio de sus funciones nombrar, postular, ni
contratar con personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de
consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil, o con quien estén ligados
por matrimonio o unión permanente”.
Otras polémicas
La Procuraduría General de la Nación instó al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca a detener los gastos de la primera dama, en sus viajes con fondos
públicos. La solicitud se produce después de que el tribunal iniciara una
investigación sobre los costos de los desplazamientos de Alcocer.
La entidad destacó que Verónica Alcocer no es una servidora pública, lo que la
excluye de ser destinataria de comisiones o viáticos regulados para funcionarios
públicos, a quienes está dirigida la normativa.
La primera dama ha generado controversia al gastar más de mil millones de pesos
en viajes junto a su equipo, actividades que parecen estar dirigidas únicamente
a cuidar la imagen presidencial. Este despilfarro ha suscitado críticas en
sectores de la población, respaldando la solicitud de la Procuraduría para
frenar estos gastos con recursos públicos. El Tribunal Administrativo de
Cundinamarca ahora deberá pronunciarse sobre esta petición y tomar medidas al
respecto.
Exministros rechazan afirmaciones de
Minminas sobre la CREG
Un alud de críticas ha recibido el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho,
por sus recientes declaraciones en contra de la de la Comisión de Regulación de
Energía y Gas (CREG), la cual calificó que ser "capturada por el mercado".
Un alud de críticas ha recibido el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho,
por sus recientes declaraciones en contra de la de la Comisión de Regulación de
Energía y Gas (CREG), la cual calificó que ser "capturada por el mercado".
Ante estas palabras, más de 30 exministros, exviceministros y asesores de Minas
y Energía y anteriores expertos de la (CREG) enviaron una carta dirigida al
titular de la cartera, rechazando sus afirmaciones.
"Los abajo firmantes rechazamos categóricamente dichas expresiones, las cuales
faltan a la verdad, son injuriosas, atentan contra la dignidad y buen nombre de
los anteriores miembros de la CREG y completamente desconocen el trabajo
riguroso y disciplinado de quienes han conformado la Comisión. Teniendo en
cuenta la gravedad de éstas, es imperioso que Usted presente las pruebas
concretas en que sustenta los señalamientos de captura de la CREG por el mercado
o de lo contrario se retracte de las mismas", inicia la misiva.
En otro apartado, señalan que los expertos comisionados, en sus distintas
etapas, apoyados en la Constitución y las leyes, fueron seleccionados teniendo
en cuenta el cumplimiento de las exigentes condiciones de experiencia académica
y profesional definidas en la ley, así como de rigurosas reglas respecto a la
inexistencia de inhabilidades tanto previas como posteriores al ejercicio del
cargo.
En ese sentido, los exministros y expertos aseguran que las declaraciones del
ministro "carecen de fundamento; son irrespetuosas para todos los expertos,
asesores y miembros de gobierno que hemos pasado por la CREG en las últimas tres
décadas y atentan contra el buen nombre de dicha institución".
Finalmente, le piden al Gobierno trabajar de manera conjunta por el sector y en
beneficio de los colombianos, sin descalificar el trabajo de los demás.
"(...) no se hace con descalificaciones injuriosas, sino con acciones concretas
que sean producto de una institucionalidad sólida y la normatividad de una CREG
independiente y técnica", concluyen en la carta, buscando abrir un diálogo
constructivo y basado en el respeto mutuo".
Alertan riesgos de reconocer estatus político a
'Iván Márquez'
La decisión del gobierno Petro de
otorgar estatus político a las reincidencias de las Farc de ‘Iván Márquez’, la
'Segunda Marquetalia’, abrió un fuerte debate en el Congreso por las
implicaciones de reconocer dicho estatus.
Como se sabe, el alto comisionado de Paz, Otty Patiño, dijo la semana pasada que
hubo un contacto mediante el cual se hizo una declaración conjunta, siendo esta
la base de todo. “No es una declaración puramente retórica, sino que señala un
compromiso bastante alto e interesante para empezar con el proceso de diálogo”,
dijo.
El funcionario agregó: “El inicio de las negociaciones de paz parte de ese
reconocimiento político y de la voluntad del Gobierno al solicitar el
levantamiento de las órdenes de captura que había en contra del grupo de
negociadores de paz que integran esa organización guerrillera, porque ya se hizo
el levantamiento de esas órdenes de captura”.
A ello, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, agregó durante un debate en el
Congreso de la República que “este año venimos adelantando el Plan 16.000, que
implica aumentar en 11.000 soldados profesionales este año, 4.500 en 2025 y 500
en 2026 el pie de fuerza en el territorio nacional para garantizar el copamiento
de las diferentes regiones, como lo ordena el presidente Gustavo Petro”.
De la misma manera, se conoció que el Gobierno abrió un proceso de
negociación con las disidencias de las Farc que ya tiene un
cronograma para la instalación de la primera mesa de conversaciones.
La misma se daría antes de finalizar abril en un
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municipio de Colombia y en ella se espera determinar cuáles serían las
condiciones.
Debate
Sin embargo, la decisión del Gobierno de otorgarles estatus político a las
reincidencias de las Farc ha generado mucha polémica, ya que se trata de
cabecillas y personal combatiente que se desmovilizaron en el año 2016 en el
marco del proceso de paz con la administración de Juan Manuel Santos con esa
guerrilla, pero que luego incumplieron el acuerdo y reincidieron en el delito.
Como se conoció, Luciano Marín, alias ‘Iván Márquez’, junto a otros cabecillas
como Henry Castellanos Garzón, alias ‘Romaña’; Seuxis Pausias Hernández, alias
‘Jesús Santrich’, y Hernán Darío Velásquez, alias ‘El Paisa’ regresaron a las
acciones armadas en algunas de las regiones del país, en donde el Estado no
ocupó los espacios dejados por la insurgencia luego de la firma de paz.
Estos subversivos establecieron un nuevo grupo armado desde el año 2019 y
posteriormente se refugiaron en las regiones donde Colombia tiene zonas de
frontera con Venezuela, en donde permanecieron ocultos al radar de las
autoridades nacionales. Cabe destacar que algunos de los guerrilleros, como
alias 'Jesús Santrich', fueron asesinados en Venezuela a causa de rencillas por
temas de narcotráfico.
El Gobierno abrió una mesa de negociación con las reincidencias de las Farc, en
la que se ha discutido si es posible darles estatus político, ya que el mismo
Acuerdo de Paz del 2016 tiene rango constitucional, advirtiendo que todo aquel
que incumpla con los beneficios y reincida en el delito perderá todos los
beneficios de justicia transicional y gabelas políticas que se les ofrecieron en
ese entonces.
De hecho, al comienzo de este gobierno, ante la dificultad de otorgar el estatus
político, la administración Petro contempló la posibilidad de presentar al
Congreso un proyecto para el sometimiento a la justicia de grupos que no tienen
estatus político, donde podría estar la 'Segunda Marquetalia’.
Sin embargo, luego se fue abriendo paso a la tesis controvertida del Gobierno de
que 'Márquez' y 'Santrich' pudieron haber sido víctimas de un “entrampamiento”
por parte de la Fiscalía que los quería involucrar en narcotráfico y
extraditarlos a los Estados Unidos. Ese argumento ha sido descartado tanto por
autoridades nacionales como internacionales.
Las implicaciones
Se hablo con ex comisionados de Paz y con congresistas sobre las implicaciones
de otorgar estatus político a la 'Segunda Marquetalia’.
El ex comisionado de Paz Víctor G. Ricardo advierte que “frente al levantamiento
de las órdenes de captura de la ‘Segunda Marquetalia’, debo manifestar que, de
acuerdo con la norma, se establece que otorgado el carácter político de un
proceso de paz, según la Ley 148 y las leyes que la han modificado, adicionado o
aclarado, pueden los grupos alzados en armas nombrar voceros o representantes,
caso en el cual para adelantar los diálogos las autoridades competentes pueden
solicitar el levantamiento de las órdenes de captura”.
Igualmente sostiene: “Lo que hay que analizar es no tanto el levantamiento de
las órdenes de captura, sino si se cumplieron los pasos que la ley establece
para poder hacerlo y en efecto el gran análisis es: ¿qué opina la gente sobre el
establecimiento de los diálogos con los miembros de la 'Nueva Marquetalia'? El
caso de las Farc también es conocido por la opinión pública que en el gobierno
del expresidente Santos se firmó un acuerdo de paz con ellos y hubo unas
disidencias que, en el caso de 'Iván Márquez', fue quien no lo suscribió”.
Además, el ex comisionado de Paz Juan Camilo Restrepo señaló: “Este es un
entierro de tercera y el gobierno del presidente Petro es el sepulturero del
proceso de paz que se firmó en el año 2016 en el teatro Colón. Distinto a lo que
ocurrió en nuestro gobierno bajo el liderazgo del presidente Iván Duque, donde
honramos la palabra y les dimos cumplimiento a los acuerdos de paz. Es muy
lamentable, porque este gobierno que se dice de izquierda es el sepulturero del
proceso de paz con ‘las FARC’”.
Posteriormente, el senador Carlos Fernando Motoa expresa: “Se debilitan el
Acuerdo de La Habana y la credibilidad del Estado colombiano. Ya en 2016 el
presidente Santos había advertido: 'quien no se acoja a lo pactado en Cuba o
reincida, será tratado como cualquier otro criminal', pero Petro, desoyendo a su
predecesor, ofrece una segunda oportunidad que no sólo viene acompañada de un
reconocimiento inmerecido de parte del Gobierno Nacional, sino del dolor de
miles de colombianos que llevan décadas exigiendo verdad, reparación y no
repetición. Con esta decisión el presidente Petro les dice a los sectores del
Eln que se resisten a participar de la negociación en Venezuela, que al igual
que los disidentes y reincidentes de las Farc, tendrán futuras oportunidades de
hacer la paz, es decir, que no hay prisa. Y enviando así un mensaje equivocado
al resto de la sociedad: alzarse en armas contra el Estado e irrespetar los
arreglos judiciales no tiene mayores consecuencias. En últimas, se están
fomentando la impunidad y la violencia”.
Al respecto, el representante Hernán Cadavid, del Centro Democrático, explica:
“Pareciera que asesinar colombianos es el mayor mérito que tenga una persona
como 'Iván Márquez', quien después de varios procesos de desmovilización,
ajustaría el tercer perdón político si se llegara a concretar algún tipo de
negociación con el gobierno Petro. Fue beneficiario de la inmunidad política
cuando pasó de las Farc a la UP, luego fue beneficiario de la inmunidad política
y judicial cuando suscribieron el acuerdo de La Habana, el cual desestimó y
traicionó y se dedicó al narcotráfico”.
Nueve integrantes
Estos son los nueve integrantes de las reincidencias de las Farc a los que se
les levantó orden de captura, según la oficina del alto comisionado para la Paz.
Primero está José Aldinever Sierra, conocido como ‘Zarco Aldinever’ y exjefe del
Frente 53 de las extintas FARC. También están José Vicente Lesmes, conocido como
‘Wálter Mendoza’, y Alberto Cruz Lobo, alias ‘Enrique Marulanda’.
La lista la integran además Giovanny Andrés Rojas, conocido como 'Araña';
William Danilo Malaver, alias ‘Gerson González’; Luis André Figueroa, alias ‘Popeye’;
Allende Perilla Sandoval, alias ‘Allende’; José Darley Malagón y Henry Quiñones
Angulo.
Son los designados por esa insurgencia como integrantes del equipo negociador de
paz de la ‘Segunda Marquetalia' y a quienes ya se les levantaron las órdenes de
captura desde la Fiscalía.
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