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Denuncia de minería ilegal por el Clan del Golfo
en el páramo de Santurbán
El gobernador de Santander, el general en retiro Juvenal Díaz, ha alertado sobre
la presencia del Clan del Golfo en el páramo de Santurbán, donde este grupo
estaría llevando a cabo actividades de minería ilegal. Durante una entrevista
con un medio de comunicación nacional, el mandatario departamental expresó su
preocupación por la llegada de estos individuos que, según reportes, están
contaminando el agua y explotando recursos de manera ilícita.
El páramo de Santurbán, conocido por ser una vital reserva de agua en el oriente
de Colombia, enfrenta amenazas significativas debido a estas actividades
prohibidas. "El Clan del Golfo está llegando. Están arribando ilegales, me lo
dicen a mí en privado. Están haciendo explotación y contaminando el agua",
declaró Díaz.
En respuesta a esta creciente amenaza, el gobernador ha solicitado una mayor
presencia del Ejército Nacional en la región y ha hecho un llamado a los
residentes locales para que denuncien cualquier actividad sospechosa. “Le hemos
pedido al Ejército Nacional que haga presencia. Ellos lo están haciendo, nos
toca concientizar mucho a la gente para que denuncie porque esos grupos van
llegando, se van apoderando de las minas y luego lo que generan son muertes y
desplazamientos y no queremos eso”, enfatizó.
Juvenal Díaz también reafirmó su compromiso con la protección del medio
ambiente, una promesa central de su campaña electoral. "Como gobernador, he
dicho que voy a ser el primer defensor del agua y de los páramos en el
departamento (...) No puede haber minería. Yo tengo un principio con el
movimiento con el que gané las elecciones que dice: ‘prioridad del medio
ambiente en armonía con el bienestar del ser humano’", declaró.
Además, destacó las medidas de protección que se han implementado en el páramo,
como la instalación de vallas para proteger los frailejones y otras especies
nativas, y la importancia de educar a los visitantes sobre el cuidado del
entorno para prevenir daños, como incendios provocados por residuos dejados en
el área.
Esta denuncia del gobernador Juvenal Díaz pone de relieve la grave situación en
Santurbán y subraya la urgencia de acciones concertadas para preservar este
crucial ecosistema ante las amenazas del crimen organizado y la minería ilegal.
Escalada de violencia en Casanare: Presuntos
disidentes de las FARC queman bus público
En un preocupante aumento de la violencia en Casanare, presuntos miembros del
frente 28 de las disidencias de las FARC incendiaron un
bus de servicio público en la vereda Los Cauchos, que realizaba la ruta Hato
Corozal - Sácama. Este incidente, ocurrido el 30 de abril, es el más reciente de
una serie de actos violentos que están perturbando la paz en la región.
El ataque no fue un hecho aislado. En días recientes, otros actos violentos se
han reportado en el municipio, incluyendo el lanzamiento de una granada
en Yopal, un acto que las autoridades consideran parte de
operaciones de extorsión. Esta serie de eventos violentos apunta a una escalada
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acciones intimidatorias por parte de
las disidencias en el área.
En respuesta a estos preocupantes acontecimientos, el gobernador de Casanare,
César Zorro, ha condenado firmemente estos actos y ha anunciado una recompensa
de hasta 50 millones de pesos por información que lleve a la captura de los
responsables. Además, ha hecho un llamado urgente al Gobierno nacional y al
Ministerio de Defensa, solicitando una intervención decisiva y un aumento del
pie de fuerza en el departamento para contrarrestar la amenaza.
“Estos actos pretenden atemorizar a la institucionalidad y a nuestras fuerzas
militares y de policía, pero se equivocan porque no nos van a intimidar en
nuestra lucha articulada por la convivencia pacífica de los niños, jóvenes,
mujeres y adultos”, afirmó Zorro. El gobernador reiteró la necesidad de un apoyo
contundente del Gobierno nacional para proporcionar seguridad y oportunidades de
desarrollo a la población local.
Este último ataque se relaciona con las represalias de las disidencias de las
FARC tras la muerte en combate de alias ‘Alexa’, compañera sentimental de alias
‘Antonio Medina’, líder del frente 28. La muerte ha intensificado las tensiones
y provocado actos de violencia como respuesta.
El bus incendiado, perteneciente a la empresa Paz de Río, transportaba a 15
pasajeros con destino a Bogotá cuando fue interceptado y quemado por los
agresores. Este es el tercer incidente de este tipo en menos de un mes en
Casanare, subrayando la gravedad de la situación y la urgente necesidad de
respuestas efectivas por parte de las autoridades para asegurar la seguridad y
el bienestar de la población, evitando que este tipo de violencia se convierta
en una constante.
Envían a prisión a seis policías por la
muerte de un menor en Cauca
En un caso que ha generado consternación y debate sobre la conducta de los
cuerpos de seguridad, una Juez Penal Militar y Policial de Conocimiento
Especializado condenó a un subintendente y cinco patrulleros de la Policía
Nacional a penas de entre 10 y 16 meses de prisión. Los agentes están implicados
en los sucesos del pasado 25 de febrero en Almaguer, Cauca, donde una riña en la
que participaron resultó en la muerte de un menor de edad y lesiones a otras dos
personas.
El informe oficial, divulgado por diferentes medops, detalla que los policías
desobedecieron órdenes de sus superiores, abandonaron su puesto en la Estación
de Policía y se dirigieron a un establecimiento público para consumir bebidas
alcohólicas. Durante su estancia, se involucraron en una riña fatal. Este grave
incumplimiento de sus deberes no solo culminó en una tragedia sino que también
motivó una rápida respuesta de las autoridades judiciales.
La Fiscalía Militar y Policial, al tomar conocimiento de los hechos y su
gravedad, designó a un fiscal especializado y un equipo de expertos de la
Policía Judicial para la investigación. Durante el proceso, se imputaron delitos
de peculado por uso, abandono de puesto y desobediencia. Debido a que los hechos
rompieron el nexo funcional con el servicio, la Fiscalía remitió el caso a la
justicia ordinaria para esclarecer la muerte del menor y determinar otras
posibles conductas punibles.
Este caso se suma a otros incidentes recientes que implican a miembros de la
Policía Nacional, incluyendo la captura de cuatro policías en el Valle del Cauca
acusados de delitos contra la administración pública y el servicio. Estos
agentes están acusados de la muerte de un recluso en Jamundí, quien, tras
intentar escapar de una estación de policía y ser recapturado, fue supuestamente
golpeado hasta la muerte.
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En ambos casos, las investigaciones
han sido lideradas por la Fiscalía General Penal Militar y Policial, que ha
enfatizado su compromiso con "trabajar con autonomía, efectividad y
transparencia para fortalecer la administración de justicia", especialmente en
situaciones donde los miembros de la Fuerza Pública se apartan de sus funciones
constitucionales. Estos eventos han puesto en relieve la urgente necesidad de
reformas y supervisión más estricta dentro de las fuerzas policiales para
prevenir la impunidad y asegurar la protección de los derechos de todos los
ciudadanos.
Continúan emergiendo restos humanos en ladrillera
de Medellín
En un reciente y preocupante hallazgo, trabajadores de una ladrillera en el
corregimiento de Altavista, jurisdicción de Medellín, encontraron restos humanos
mientras realizaban labores de remoción de tierra el pasado lunes 29 de abril.
Este descubrimiento marca la segunda ocasión en el mes que se encuentran restos
en esta ubicación, luego de que a mediados de abril se reportara el hallazgo de
dos cadáveres en avanzado estado de descomposición.
Según la Secretaría de Seguridad de Medellín, el descubrimiento incluyó un
cráneo humano y un hueso de cadera, confirmados tras una inspección judicial
coordinada por el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (Sisc).
La administración municipal, al presentar el informe, mencionó que estos restos
podrían estar vinculados a los cuerpos encontrados previamente, aunque aún no se
han determinado las causas exactas de la muerte debido al estado de
descomposición.
El primer incidente en esta localización se reportó el 24 de abril, cuando
empleados de la misma ladrillera se toparon con los cuerpos mientras operaban
maquinaria pesada. David Vélez, jefe de planta de la fábrica de ladrillos, fue
quien reportó el hallazgo inicial a la línea de emergencia, describiendo el
estado cadavérico de los cuerpos encontrados en la parte superior de la mina.
El área, que se encuentra alejada de centros urbanos, fue rápidamente acordonada
por miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y
efectivos de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá. Los peritos forenses
presentes han tenido dificultades para estimar el tiempo que los restos han
estado en el lugar debido a su condición.
Este tipo de hallazgos ha generado temor en la comunidad local y comparaciones
con la escombrera de la Comuna 13, utilizada como sitio de enterramientos
clandestinos durante el conflicto armado, en particular durante la Operación
Orión entre 2001 y 2004. La zona, que inicialmente era un botadero de escombros,
fue usada por paramilitares, grupos criminales y hasta fuerzas públicas para
ocultar cuerpos de individuos detenidos, torturados y ejecutados.
Ante esta alarmante situación, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por
Desaparecidas (UBPD) ha señalado que en Antioquia el número estimado de
desaparecidos asciende a 4,407 personas, con 3,424 registros concentrados solo
en Medellín. En respuesta, se han iniciado extensas acciones de búsqueda en la
escombrera y áreas aledañas, con la participación de más de 50 víctimas y el
respaldo de organizaciones como la Corporación Jurídica Libertad y la Fundación
Santa Laura Montoya.
Estas acciones forman parte del Plan Regional implementado por la UBPD para la
búsqueda de personas desaparecidas en Antioquia, abarcando municipios clave como
Medellín, Barbosa, Bello y otros. El plan busca ofrecer una respuesta integral a
la problemática de desaparición forzada en la región, buscando no solo hallar a
las víctimas sino también garantizar los derechos de sus familias a la verdad y
justicia.
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