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Inauguran proyecto vial de doble calzada entre
Pamplona-Cúcuta
Con la puesta en funcionamiento de 32,4 km de segunda calzada, correspondientes
a las unidades funcionales 3 y 4, el Gobierno nacional a través del Ministerio
de Transporte, en cabeza de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI),
entregó en su totalidad el proyecto de cuarta generación Pamplona - Cúcuta, un
corredor vial de 62,6 kilómetros, que permite que la región esté mejor conectada
con el interior del país y la zona de frontera.
En la Unidad Funcional 3, se extiende por 14,5 kilómetros desde el municipio de
Pamplonita hasta el Centro Poblado El Diamante, destacándose la construcción del
túnel de Pamplonita, 6 viaductos, zona de pesaje, área de servicio y un puente
peatonal. Por su parte, en la Unidad Funcional 4, son 17,9 km de segunda calzada
que van desde el Centro Poblado El Diamante al Centro Poblado La Donjuana, con
11 puentes vehiculares en su recorrido.
En el proyecto sobresalen obras de gran envergadura como la variante y el túnel
de Pamplona, de 1.400 m, este último de gran significado ya que fue el primero
para Norte de Santander. Así mismo, los túneles de Pamplonita, con una longitud
de 1.071 metros y La Honda de 392 metros. Adicionalmente, la culminación de 23
puentes vehiculares.
Es de anotar que el pasado 23 de marzo se pusieron en operación 5,9 km de
segunda calzada, desde La Donjuana hasta Los Acacios, en la Unidad Funcional 5.
Allí se destaca el viaducto de La Honda, de 386 metros de longitud y una altura
máxima de 83,3 metros.
Con este proyecto se benefician más de 943.400 habitantes de Cúcuta, Pamplona,
Pamplonita, Bochalema, Chinácota y Los Patios, en Norte de Santander. Además, se
generaron más de 3.300 empleos durante la construcción.
Asimismo, con una inversión en CAPEX de $2,45 billones (cifra de diciembre de
2023), las obras contemplaron la construcción de 49,97 km de vía nueva (entre
segunda calzada y sencilla), la rehabilitación de 51 km de calzada sencilla y 11
km de doble calzada entre Pamplona y el sector de Betania, en Los Patios (Norte
de Santander).
Piden a Ecopetrol información sobre
nexos entre ‘paras’ y exfuncionarios
Este viernes la JEP solicitó a la refinería Ecopetrol, información sobre
exfuncionarios de la organización que tuvieron nexos con grupos paramilitares.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó a
Ecopetrol entregar, antes del 25 de mayo, la información existente sobre las
relaciones que presentaron entre exfuncionarios de la refinería
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ubicada en Barrancabermeja, Santander y la fuerza pública entre
1988 y 2006.
Además, la orden de la Sala de Reconocimiento de la JEP solicitó a Ecopetrol
información sobre 40 personas que, según expedientes de Justicia y Paz e
informes de víctimas, tuvieron vínculos con Ecopetrol y nexos con grupos
paramilitares en el Magdalena Medio durante el conflicto armado.
"Informes de víctimas radicados ante la JEP, piezas procesales que reposan en
los expedientes de la jurisdicción ordinaria y versiones voluntarias presentadas
ante esta Sala por presuntos responsables de los hechos objeto de investigación
en este subcaso hacen referencia a la presunta relación que existió entre
integrantes de la Fuerza Pública, miembros de los grupos paramilitares y
funcionarios de Ecopetrol durante la década de los 90 en la ciudad de
Barrancabermeja", agrega la JEP.
Finalmente, la sala pidió enfatizar en datos concretos necesarios para
corroborar algunas de las afirmaciones presentadas por los comparecientes en sus
versiones voluntarias y en otras piezas procesales, en particular sobre: la
presunta realización de reuniones entre miembros de grupos paramilitares,
integrantes de la Fuerza Pública y funcionarios de Ecopetrol en el Club Miramar
y en la Casa de Huéspedes.
La orden de la Sala de Reconocimiento de Verdad se da en el marco del caso 08,
que investiga los crímenes cometidos por la fuerza pública o agentes del Estado
en asociación con paramilitares o terceros civiles, como parte del subcaso
Magdalena Medio.
Declaran libre de minas al municipio Marulanda,
Caldas
Luego de 5 años de labores de desminado, fue declarado como libre de minas el
municipio de Marulanda, Caldas.
Aproximadamente, 3000 personas habitan en el nororiente del departamento de
Caldas, se trata del municipio de Marulanda, catalogado por Fontur como el
pueblo que enamora. Este territorio de tradición ovina se destaca por la
elaboración de ruanas, cobijas y almohadas producidas por artesanos que emplean
100 % lana natural. En esta zona también se resalta la agricultura, ganadería y
pesca.
Uno de los retos para descontaminar de artefactos explosivos el municipio fue
emplear la técnica de desminado manual en una zona donde predomina el relieve
montañoso y escarpado. Sin embargo, el profesionalismo, la disciplina y
constancia de los soldados del Batallón de Ingenieros de Desminado Humanitario
N.°5 del Ejército Nacional les permitió asumir la intervención de las veredas
Mojellones, Las Peñas, Santa Clara, La Alejandría, Rincón Santo, Santa Rita, El
Zancudo, La Laguna, Montebonito, San Isidro, El Páramo, Naranjal y La Suecia.
Fueron cinco años de labores de desminado en las que se lograron despejar cerca
de 50.000 metros cuadrados y declarar la sospecha de minas antipersonal en esa
región caldense. Es de resaltar que, a través de reuniones con los presidentes
de junta de acción comunal de las diferentes veredas, los habitantes aportaron
información para descartar la presencia de artefactos explosivos.
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Leonardo Giraldo Botero, alcalde de Marulanda, expresó la
gratitud del desminado humanitario del Ejército y agregó: "Estamos muy contentos
de recibir esta certificación de ser un municipio libre de sospecha de minas
antipersonal, algo que nos agrada y nos da tranquilidad, saber que los turistas
nos pueden visitar, que los campesinos pueden labrar sus tierras sin tener el
temor de la violencia, es algo que nos satisface. Queremos decirle al mundo
entero que Marulanda es un territorio de paz".
De igual forma,Darío Alonso Zapata, líder de víctimas de Marulanda, rememoró
tiempos en los que los habitantes no eran libres de transitar en la tierra que
los vio crecer. "Desafortunadamente en años anteriores vivimos una situación muy
dura en la cual no nos podíamos mover libremente. Teníamos mucha restricción por
parte de los grupos armados y los minados que tenían sus reglas, en este momento
ya lo podemos hacer, nos sentimos muy tranquilos, la situación nos mejoró
bastante", mencionó.
Hasta el momento, 13 municipios caldenses han sido entregados por el desminado
humanitario del Ejército Nacional, es decir, que sólo quedarían dos municipios
pendientes, Samaná y Pensilvania, para declarar el departamento como territorio
libre de sospecha de minas antipersonal.
La seguridad de los desminadores, estuvo a cargo de los soldados del Batallón de
Infantería N.° 22 Batalla de Ayacucho adscrito a la Octava Brigada del Ejército
Nacional.
Denuncian amenazas de disidencias FARC contra
sedes de juzgados en Cauca
Trabajadores de la Rama Judicial denuncian amenazas de las disidencias de las
FARC contra sedes de juzgados y fiscalías en cuatro municipio del norte del
Cauca y el sur del Valle.
En las últimas horas, Asonal (Asociación Nacional de Trabajadores del Sistema
Judicial Colombiano), denunció las constantes amenazas que enfrentan
funcionarios y empleados del sistema judicial en el país.
A través de un comunicado, la asociación advirtió que están en riesgo de
atentado. “El 2 de mayo, en horas de la mañana, los compañeros que laboran en
los municipios de Santander de Qulichao, Puerto Tejada, en el departamento del
Cauca y Florida, en Valle del Cauca, fueron evacuados de emergencia de las sedes
judiciales en donde imparten justicia, ante la eventualidad de atentados
terroristas”.
De acuerdo con lo manifestado por la entidad, el ataque tendría relación con la
retención de investigadores del CTI, quienes fueron privados de la libertad
luego de un retén ilegal por parte de las disidencias de ‘Dagoberto Ramos’, en
el corregimiento de Dominguillo, en Santander de Qulichao.
En protesta ante el secuestro de los funcionarios y de una civil, en la mañana
de este viernes, los trabajadores de la Rama Judicial realizaron un plantón
frente al edificio de fiscalías Cali, solicitando una respuesta inmediata ante
esta situación.
Han insistido al Gobierno en que se establezca un corredor humanitario que
conduzca la entrega inmediata de los colaboradores.
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