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Exviceministra de Interior, Lilia Solano, será
directora de Unidad de Víctimas
En la página de la Presidencia fue publicada la hoja de vida de la actual
viceministra del Interior, Lilia Clemencia Solano Ramírez, lo que indica que
será la próxima directora de la Unidad de Victimas, en reemplazo de Patricia
Tobón, quien salió el pasado mes de abril tras la solicitud del Presidente de la
República.
De acuerdo con lo contenido en el documento, Solano es filósofa de la
Universidad del Valle, tiene una maestría en estudios políticos de la
Universidad de la Javeriana y un doctorado en paz y conflicto en la universidad
de Granada, España; además de desarrollar cursos a nivel de posgrado en la
Universidad de Toronto, Canadá.
En su amplia trayectoria profesional se ha desempeñado como catedrática
universitaria e investigadora en la Pontificia Universidad Javeriana y la
Universidad Nacional de Colombia. Asimismo, ha desarrollado proyectos de
docencia e investigación en Justicia y Economía en Toronto, Canadá, y ejercido
como coordinadora del Observatorio de Derechos Humanos (DD.HH.) ‘Alfredo Correa
de Andreis’ en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas de Bogotá.
Luego de 20 meses de desempeñar su labor como viceministra de Interior, renunció
el pasado 22 de abril luego de recurrentes pronunciamientos en el Congreso por
parte de la parlamentaria, sobre garantizar que los recursos asignados a las
víctimas se utilicen de manera transparente y que los procesos de reforma de la
ley se lleven a cabo de manera justa y equitativa.
Proceso a campaña Petro: reingreso de
Baquero modifica mapa político del CNE
La desición de la Corte Constitucional de revocar la suspensión del magistrado
del Consejo Nacional Electoral Altus Alejandro Baquero,
cambia la correlación de fuerzas políticas en este último Tribunal.
Esto, precisamente, en la antesala de que el pleno del CNE entre a analizar la
ponencia que eleva cargos al presidente Gustavo Petro y la cúpula de su campaña
por, presuntamente, sobrepasar los topes de financiación electoral y utilizar
recursos de fuentes no permitidas.
Baquero había sido suspendido en mayo del año pasado por la sección quinta del
Consejo de Estado, en el marco de un proceso en el que se puso en duda si
acreditaba los 15 años de experiencia en el ejercicio del derecho, que es un
requisito para poder integrar el Alto Tribunal de la organización electoral.
Tras varios meses de análisis por parte de la Corte Constitucional de la
decisión tomada por la sección quinta del máximo tribunal de lo contencioso
-administrativo, se informó ayer que el magistrado en cuestión sí cumplía con
los requisitos para el cargo, ya que logró acreditar los
15 años de experiencia profesional al momento de la elección por parte del
Congreso en agosto de 2022.
Así las cosas, se normaliza la composición del CNE en momentos en que sus ahora
nueve integrantes, deben avocar el estudio de la ponencia proyectada por los
magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada.
Como se sabe, en dicha ponencia, que tiene 313 páginas, ambos magistrados
concluyeron que existen los méritos suficientes para investigar al presidente
Petro, candidato del 2022; Ricardo Roa Barragán, en calidad de gerente de
campaña; María Lucy Soto Caro y Juan Carlos Lemus Gómez, en calidad de
auditores; al movimiento político Colombia Humana y el partido político Unión
Patriótica.
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Dentro de las presuntas anomalías que se detectaron están la violación de topes
electores en la primera y segunda vuelta, la presunta financiación prohibida de
la campaña por donaciones sindicales e inconsistencia en los pagos de testigos
electorales el día de las votaciones, entre otros.
Como se dijo, desde mayo del año pasado el CNE venía funcionando con ocho
magistrados titulares, pero ahora, con el reingreso de Baquero, se normaliza su
composición original, lo que es considerado clave para el análisis y la votación
de la respectiva ponencia, más aun teniendo en cuenta que los integrantes de
este Alto Tribunal tienen un origen claramente partidista, ya que son postulados
por las bancadas en Senado y Cámara.
Por consiguiente, el mapa político del CNE queda integrado de la siguiente
manera: Fabiola Márquez y Alba Lucía Velásquez del Pacto Histórico; Cristian
Ricardo Quiroz, de Alianza Verde; Alfonso Campo, Partido Conservador; César
Lorduy, Cambio Radical; Maritza Martínez, Partido de la U; Benjamín Ortiz y
Altus Alejandro Baquero del Partido Liberal, y Álvaro Hernán Prada del Centro
Democrático.
Según el reglamento interno del Alto Tribunal
para aprobar o rechazar una ponencia
se requiere una mayoría calificada de seis votos sobre los nueve posibles.
Antes del reingreso de Baquero los expertos señalaban que, acorde con el origen
partidista de los magistrados, y obviamente previo a un análisis objetivo de la
ponencia existía una alta posibilidad de que la elevación de cargos fuera
apoyada por Campo, Lorduy, Martínez y lógicamente, Ortiz y Prada, pues estos
últimos son los que proyectaron el expediente que pide elevar cargos formales a
Petro, Roa y demás integrantes de la cúpula de campaña.
Entre tanto, se supone que votarían en contra de la misma, Márquez y Velásquez,
así como Quiroz cuyos partidos hacen parte hoy de la coalición del gobierno
petrista.
Sin embargo, los posibles cinco votos a favor de la ponencia no serían
suficientes para que fuera aprobada y habría que acudir a conjueces para
destrabar la decisión. Ahora, con la llegada de Baquero, del mismo partido de
Ortiz, se podrían completar los seis votos requeridos, lo que complicaría la
situación para el jefe de Estado, Roa (hoy presidente de Ecopetrol) y los demás
investigados.
Dicho lo anterior, se espera entonces que los magistrados aborden el estudio de
la ponencia y fijen para los próximos días o semanas la respectiva sala para su
discusión y votación.
Contraloría advierte sobre pérdida de documentos
de Ungrd
Nuevas alertas al interior de la Contraloría General por la pérdida de 5710
cajas con documentos vinculados a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo
de Desastres (Ungrd), que considera relevantes. Esta información se da a conocer
en medio del escándalo en el que se encuentra la entidad hoy dirigida por Carlos
Carrillo, por la compra irregular de 40 carrotanques para La Guajira.
“La Contraloría General de la República (CGR) recibió el Oficio de la
referencia, cuyo asunto es: ‘Pérdida de Acervo Documental objeto de tratamiento
archivístico −Contrato Interadministrativo n.º UNGRD-079-2022−, contrato este
que tiene por objeto: ‘Contratar la adquisición, instalación, configuración,
parametrización, puesta en funcionamiento de una plataforma de software para la
administración de la gestión documental electrónica, gestión de archivo y PQRSD
de la entidad, y capacitación sobre el funcionamiento del mismo, así como la
clasificación, ordenación, depuración, foliación, descripción, digitalización
documental y la elaboración y/o actualización de los instrumentos
archivísticos’”, destaca en ente de control fiscal en uno de sus documentos.
También resaltó que “en
el texto de su comunicación pone en conocimiento algunos hechos acaecidos en
relación con el mencionado contrato, indicando entre otros: «Que una vez
revisada la documentación
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entregada, esta entidad evidenció un
faltante de documentos, respecto a las 5710 cajas registradas en base de datos
entregadas por el contratista»”.
El documento establece: “Estimamos
pertinente enfatizar que la Ungrd y su representante legal son los responsables
directos y exclusivos de ordenar el debido resguardo y archivo de sus documentos
y de la pronta y debida gestión para su recuperación en caso de pérdida, como el
que presuntamente se expone en su Oficio del asunto”.
Adicionalmente, la Procuraduría General de la Nación también emitió un
comunicado en el que manifiesta preocupación porque la Ungrd maneja información
poco consolidada, ante la polémica en la que se encuentra.
“Preocupa al ente de control que, ante la magnitud de la situación alrededor de
la contratación, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres no
tenga la información consolidada”, afirmó Marcio Melgosa, procurador primero
delegado para la vigilancia de la Función Pública.
Melgosa, quien encabeza un equipo de funcionarios del Ministerio Público,
realiza una inspección a la entidad, sacudida por múltiples episodios de
corrupción, entre ellos la compra de carrotanques para la Guajira y ollas
comunitarias.
Exconsejeros respaldan independencia judicial ante
críticas de Petro
Más de 30 exconcejales del Estado, emitieron un comunicado de opinión pública
criticando los cuestionamientos del presidente Gustavo Petro, tras la decisión
del tribunal de suspender temporalmente el decreto que permitiría al mandatario
asumir funciones de la Comisión Reguladora de Energía (CREG).
En el comunicado direon a conocer su malestar por las declaraciones de Petro, en
las que exponen que pretendía ridiculizar al Concejo de Estado, además de poner
en riesgo la vida del magistrado ponente, Álvaro Prada.
"Desde la trascendental especialidad de ser los jueces del Estado, hemos actuado
siempre con la total convicción de tomar las decisiones respaldados en la
normativa que rige cada caso concreto. Por esa razón manifestamos nuestro
asombro frente al hecho de que el Presidente de la República ponga en tela de
juicio mediáticamente las decisiones tomadas legitima y jurídicamente por los
jueces, pretendiendo ridiculizarlas", aseguran los exmagistrados en el
comunicado.
En la misiva, los exconcejeros sostuvieron que aquellos que han ejercido el
papel de administrar la justicia, lo han hecho con absoluta convicción, basando
sus decisiones en la normativa vigente, como lo rige el Estado de Derecho.
Incitando al presidente a promover "el respeto por la integridad institucional,
la separación de poderes y el acatamiento de la normativa".
La crítica se da luego de que el mandatario hiciera un pronuncionamiento, el
pasado martes 7 de mayo, dónde aseguró que la reducción de las tarifas de
energía propuesta por su Gobierno, ha enfrentado obstáculos legales, plantenado
la necesidad de reestructurar la fórmula de la CREG.
“Este Gobierno se propuso a bajar las tarifas y no ha podido por miedo, y porque
nos encierran jurídicamente como hizo el magistrado Serrato", aseguró el jefe de
Estado, recordando que en marzo de 2023, el Consejo de Estado revocó un decreto
del presidente que le permitía influir en las tarifas de energía y regular
servicios públicos...
En la carta, los ex magistrados manifestaron su "inconformidad frente al hecho
insólito de exponer pública, peyorativa, irrespetuosa y desconsideradamente al
magistrado ponente, poniendo en grave riesgo su seguridad y la de su familia, en
un ambiente tan violento como el que agobia a nuestro país".
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