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Ponencia en CNE confirma financiación irregular e
ilegal campaña Petro 2022
Las investigaciones por la presunta financiación irregular de la campaña del
presidente Gustavo en 2022, dieron ayer el paso más definitivo desde que
iniciaron las pesquisas.
Dos magistrados del Concejo Nacional Electoral, Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán
Prada, radicaron una ponencia en la que piden abrir una investigación y formular
cargos a Gustavo Petro, en calidad de candidato presidencial; Ricardo Roa
barragán, en calidad de gerente de campaña; María Lucy Soto Caro y Juan Carlos
Lemus Gómez, en calidad de auditores; al movimiento político Colombia Humana y
el partido político Unión Patriótica, por presunta violación de topes y dudoso
origen de algunos recursos.
Según la ponencia (ver recuadro), la campaña habría incurrido en anomalías como
presunta vulneración de los topes de gastos; presunta financiación prohibida en
la campaña presidencial de primera y segunda vuelta; financiación con fuentes
prohibidas y otros delitos.
Como se sabe las investigaciones sobre las financiaciones irregulares de campaña
del presidente están en varios francos. Por un lado, la Comisión de Acusaciones
ya tiene un proceso en contra de Petro por una presunta financiación ilegal de
su campaña en el año 2022, hecho que, en primera instancia, habría revelado el
exembajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, en audios que fueron
filtrados por la prensa.
A través de un comunicado, la Comisión señaló que se “decretaron pruebas con el
propósito de esclarecer los hechos”. También fueron determinantes las
declaraciones de Nicolás Petro Burgos, hijo del jefe de Estado, en las que
señalaba que el hoy presidente sí sabía sobre el ingreso de dinero de dudosa
procedencia a su campaña presidencial.
Por otro lado, la Procuraduría investiga los presuntos ingresos a la campaña
‘Petro Presidente 2022’ por parte de la Unión Sindical Obrera (USO). Margarita
Cabello, procuradora, destacó que el proceso indagatorio ha sido abierto, con la
intención de recopilar toda la información necesaria para tomar las decisiones a
las que haya lugar. “Nosotros tenemos abierta la investigación por los dineros
involucrados en la campaña presidencial”.
A ello se suma, que la Fiscalía reveló que adelanta seis investigaciones por el
escándalo de la supuesta financiación irregular de la campaña presidencial de
Gustavo Petro en 2022, entre los indagados están la vicepresidenta Francia
Márquez y el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo.
Hernando Barreto, fiscal delegado ante la Corte Suprema, mencionó que los
procesos se encuentran en la etapa de indagación en donde se reunirán las
pruebas para esclarecer las denuncias.
“En la Fiscalía en la unidad delegada hay seis actuaciones vinculadas con el
tema de financiación de campañas están en la primera y la sexta y se van a
continuar conforme han avanzado no podemos anticipar el
estado en el que se encuentra, pero se va a continuar con las indagaciones”,
dijo Barreto.
¿Qué viene ahora?
Durante unos días el CNE viene estudiando la ponencia; sin embargo, no han
podido tomar una decisión debido a que no ha alcanzado la mayoría de votos
exigida (seis votos), pues tras la suspensión del Altus Baquero, solo quedan 8
magistrados.
¿Cómo están las fuerzas?
El Consejo Nacional Electoral está compuesto por nueve magistrados, quienes son
elegidos por el Congreso de la República, para un periodo de cuatro (4) años,
los cuales son presentados por ternas que presentan cada partido.
En agosto del 2022 fueron elegidos Fabiola Márquez y Alba Lucía Velásquez del
Pacto Histórico; Cristian Ricardo Quiroz, de Alianza Verde; Alfonso Campo,
Partido Conservador; César Lorduy, Cambio Radical; Maritza Martínez, Partido de
la U; Benjamín Ortiz, Partido Liberal y, Álvaro Hernán Prada Centro Democrático.
Actualmente, el CNE está compuesto solo por ocho magistrados, porque desde mayo
del 2023 fue suspendido Altus Alejandro Baquero del Partido Liberal, porque no
acreditó el requisito de experiencia que exige la norma constitucional. “La Alta
Corte indicó que por aplicarse a los magistrados del CNE las mismas calidades
exigidas a los magistrados de altas cortes (artículo 264 de la Constitución
Política), la experiencia de 15 años se debe contabilizar a partir de la
obtención del título de abogado, sin que sea predicable la concurrencia de
experiencia para su cómputo”.
Así las cosas, se considera que, quienes estarían a favor de votar positivamente
a la ponencia serían: Alfonso Campo, César Lorduy, Maritza Martínez, Benjamín
Ortiz y Álvaro Hernán Prada, mientras que, se piensa que apoyarían a Petro,
Fabiola Márquez, Alba Lucía Velásquez y Cristian Ricardo Quiroz. Sin embargo, en
vista de que cinco no harían la mayoría de votar, sería necesario acudir a los
conjueces −cada partido presentó a dos, salvo liberales y Pacto Histórico que
tienen a cuatro nominados−.
Los 17 conjueces son María Andrea Calero Tafur, Alejandro Felipe Sánchez Cerón,
Javier Ignacio Castro Monsalve, Ronald Javier Vásquez García, Alberto Rojas
Ríos, Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Alberto Yepes Barreiro, Jorge Iván Acuña
Arrieta, Jaime Andrés López Gutiérrez, Libia Milena Ayala Romero, Fernando
Guzmán Rodríguez, Jorge Enrique Sánchez Medina, Jesús María Carrillo
Ballesteros, Julio Alexander Mora Mayorga, Jaime Hernando Suárez Bayona, Marco
Fidel Rodríguez Solano, Majer Nayi Abushihab.
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La defensa del presidente Petro ha insistido en que el proceso debe pasar de
inmediato a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara; no obstante,
expertos recordaron que no necesariamente tiene que ser así, pues anteriormente
el CNE investigó a los expresidentes Iván Duque y Juan Manuel Santos.
Así las cosas, se espera que en dos semanas se tomé la decisión sobre el futuro
de la Administración del presidente Gustavo Petro.
Ponencia radicada ante el CNE
“Solicitamos iniciar investigación de manera inmediata sobre las cuentas,
informes, reportes, movimientos contables y movimientos de las cuentas de las
campañas políticas 2022- primera vuelta y segunda vuelta del Pacto Histórico”,
dice el documento.
Posteriormente, añade abrir una investigación y formular cargos contra los
ciudadanos Gustavo Francisco Petro Urrego, en calidad de candidato presidencial;
Ricardo Roa barragán, en calidad de gerente de campaña; María Lucy Soto Caro y
Juan Carlos Lemus Gómez, en calidad de auditores; el movimiento político
Colombia Humana y el partido político Unión Patriótica.
En el artículo primero de la ponencia el CNE solicita abrir investigación y
formular cargos en contra de los ciudadanos Ricardo Roa Barragán en su calidad
de gerente; Gustavo Francisco Petro Urrego, identificado en su calidad de
candidato a la Presidencia de la República; Maria Lucy Soto Caro y Juan Carlos
Lemus Gómez en calidad de auditores de la campaña presidencial de la Coalición
Pacto Histórico, por la presunta vulneración de los topes de gastos a invertir
en la campaña de primera vuelta por la suma de $3 709 361 344; el segundo
proceso está relacionado con una investigación y formulación de cargos a los
anteriormente mencionados por la presunta financiación prohibida en la campaña
presidencial de primera vuelta por parte de Fecode, Ingenial Media S.A.S. y/o
Matrix Giros y Servicios S.A.S, Unión Sindical Obrera (USO).
Por otro lado, los funcionarios deberían responder por la presunta vulneración
de los topes de gastos a invertir en la campaña de segunda vuelta por la suma de
$1 646 386 773. Con relación a lo anterior, se suma la investigación por la
presunta financiación prohibida en la campaña presidencial de segunda vuelta por
parte de Servi Red S.A.S, Ingenial Media S.A.S y/o Matrix Giros y Servicios
S.A.S – su red y USO.
Asimismo, abrirán investigación y formulación de cargos en contra del movimiento
político Colombia Humana, por presuntamente, tolerar la vulneración a los
límites del monto de gastos en la suma de $3 709 361 344, así como también,
permitir la financiación de la campaña presidencial, con fuentes de financiación
prohibidas (Fecode, Ingenial Media S.A.S. y/o Matrix Giros y servicios S.A.S y,
Unión Sindical Obrera. Sumado a lo anterior, el partido deberá responder por
presuntamente, tolerar la vulneración a los topes o límites del monto de gastos
en la suma $1 646 386 773.
Finalmente, el noveno artículo pide abrir investigación y formular cargos en
contra de Colombia Humana por presuntamente permitir la financiación de la
campaña presidencial con fuentes de financiación prohibidas tales como Servi red
S.A.S., Ingenial Media S.A.S y/o Matrix Giros y Servicios S.A.S – su red y USO,
así como también por incumplir los deberes de diligencia en la aplicación de las
disposiciones constitucionales y legales que regulan la organización,
funcionamiento, y financiación de las organizaciones políticas.
C. Constitucional tumbó la creación del Ministerio
de Igualdad
La Corte Constitucional revocó la Ley 2281 DE 2023, que estableció el Ministerio
de la Igualdad y Equidad encabezado por la vicepresidenta, Francia Márquez,
debido a inconsistencias en el proceso legislativo y a la falta de claridad en
las facultades otorgadas al presidente Gustavo Petro, según alegaron los
demandantes.
La Corte constató que en el trámite de aprobación de la Ley 2281 de 2023, el
Congreso de la República incurrió en un vicio de procedimiento insubsanable: no
llevó a cabo el análisis de impacto fiscal de la creación del Ministerio de
Igualdad y Equidad, conforme a las exigencias previstas en el artículo 7º de la
Ley 819 de 2003, “por la cual se dictan normas orgánicas en materia de
presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras
disposiciones”.
Esta omisión violó el artículo 151 de la Constitución, según el cual el
cumplimiento de los requisitos para la aprobación de las leyes ordinarias
previstos en las leyes orgánicas, tales como la Ley 819 de 2003, constituyen un
parámetro de constitucionalidad y validez. Por esta razón, la Sala Plena declaró
la inexequibilidad de la Ley 2281 de 2023.
Con todo, la Sala Plena decidió diferir los efectos de la declaratoria de
inexequibilidad. La Corte encontró que declarar la inexequibilidad con efectos
inmediatos implicaría la eliminación del sector administrativo de Igualdad y
Equidad y, naturalmente, del ministerio que lo encabeza.
En criterio de la Sala Plena, esto causaría una desarticulación institucional
que afectaría la implementación de la política pública que ha sido diseñada por
el legislador y el ejecutivo para garantizar los derechos de sujetos de especial
protección constitucional, tales como las madres cabeza de familia y las
personas en situación de discapacidad. Lo anterior, podría, a su vez,
comprometer la vigencia del principio de igualdad y, en concreto, el mandato
previsto en el artículo 13.3 de la Carta Política.
En tales términos, con el objeto de conciliar los intereses y principios
constitucionales en tensión y salvaguardar el principio de igualdad, la Sala
Plena resolvió diferir los efectos de esta decisión por el término de dos
legislaturas.
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En criterio de la Sala, este término prudencial reduciría los riesgos de la
inexequibilidad inmediata advertidos, debido a que permitiría que el Legislador,
por iniciativa legislativa del Gobierno Nacional, si así lo considera, apruebe
la creación del Ministerio de Igualdad y Equidad en cumplimiento de las
exigencias y requisitos de aprobación de las leyes previstos en la Constitución
y la Ley 819 de 2003; o en su defecto, el Gobierno Nacional cuente con un tiempo
suficiente para reasignar las funciones que fueron otorgadas al Ministerio de
Igualdad y Equidad y lleve a cabo las modificaciones en la administración
pública nacional que correspondan para evitar afectaciones a los derechos de los
sujetos de especial protección constitucional que son beneficiarios de la
política pública que actualmente dirige el Ministerio de Igualdad y Equidad.
En todo caso, la Corte señaló que, una vez culmine la legislatura 2025-2026, la
Ley 2281 de 2023 dejará de producir efectos definitivamente y no formará parte
del ordenamiento jurídico.
El dato
El magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar salvó parcialmente y aclaró su voto.
Los magistrados Juan Cortés González y Antonio José Lizarazo Ocampo, así como
las magistradas Natalia ángel Cabo y Diana Fajardo Rivera, se reservaron la
posibilidad de aclarar el voto.
Por tres meses más, Luis Guillermo Murillo
continuará como canciller (e)
Luis Gilberto Murillo seguirá ejerciendo como canciller encargado tras la
suspensión de Álvaro Leyva, el Gobierno prorrogó por tres meses más el decreto
con el que Murillo fue designado en la Cancillería.
Esta decisión se ha tomado con el fin de asegurar que las funciones diplomáticas
del país continúen de manera estable y sin interrupciones. Aunque Murillo había
mencionado su intención de regresar a Washington, Estados Unidos, donde
originalmente desempeñaba el cargo de embajador de Colombia, se ha decidido
extender su encargo en el Ministerio de Relaciones Exteriores para mantener la
continuidad en las actividades diplomáticas.
“El presente decreto rige a partir de su expedición y contra él no procede
recurso alguno, de conformidad con el articulo 76 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”, se lee en el documento.
Cabe señalar que, la Procuraduría General de la Nación ha extendido la
suspensión del ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán, por tres
meses adicionales.
La decisión se fundamenta en asegurar la efectividad del proceso disciplinario y
el adecuado desempeño de las labores públicas en favor del bien común. A pesar
de esta decisión de extender la suspensión, se determinó que el proceso
continuará su curso y la recolección de testimonios no se verá afectada.
Escándalo de carrotanques es
solo la punta del Iceberg: Mininterior
Un nuevo capítulo parece escribirse en el caso del escándalo de presunta
corrupción de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) con la compra
de los carrotanques en la Guajira, pues según declaraciones de Luis Fernando
Velasco, ministro del Interior, solo sería una estrategia para fijar la atención
en ese caso en específico y pasar desapercibidos los demás.
Velasco, le indicó a los medios de comunicación que él no participó en los pagos
de millonarias cifras al senador Iván Name, presidente del Senado, yal
representante por Córdoba Andrés Calle. Asimismo, resaltó que el escándalo de
los carrotanques es mínimo frente a los contratos que hay detrás.
“Quieren centrar el escándalo en los carrotanques. La información que comienza a
recibir el Gobierno es que no fueron 42 000 millones, sino fueron cientos de
miles de millones, que yo espero que la Fiscalía y la Corte pueda profundizar…
Hay una cantidad de cosas que valdría la pena que la Fiscalía espulgare,
entonces, estamos llegando solo a una parte menor que es grandísima, pero menor
en comparación con todo lo demás”, explicó.
Es importante resaltar que, en la mañana de este lunes en conversaciones con la
W Radio, el ministro aseguró que el escándalo de presunta corrupción sería una
estrategia de Olmedo y Pinilla para lograr un principio de oportunidad de la
Fiscalía General, a lo que añadió que, es una táctica que no saldrá bien.
“Son unos señores (López y Pinilla) que, después de haber hecho lo que hicieron,
quieren salir con inmunidad tratando de señalar a otras personas. Es una
estrategia que les va a quedar muy difícil, eso es una instrumentalización de la
política de unas personas que se han quedado con unas sumas gigantescas”.
Sobre su supuesta participación dijo: “Sneyder cuando tiene que concretar cosas
donde me pueda involucrar dice que no me mete en la matriz porque nunca en
privado me he reunido con él. La única fue un Puesto de Mando Unificado con
presencia de tres ministros y cerca de 40 funcionarios”.
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