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Alertan que Gobierno implementaría la reforma
laboral vía decreto
El Gobierno nacional buscaría implementar la reforma laboral vía decreto, según
alertó este lunes el congresista Hernán Cadavid.
A través de su cuenta de X, antes Twitter, el parlamentario denunció que el
Ministerio del Trabajo está realizando maniobras para llevarlo a cabo.
"Por medio de un decreto, el Gobierno de Gustavo Petro metería una reforma
laboral a espalda de los Colombianos y además haciendo el quite al debate en el
Congreso de la República", trinó el congresista.
En el trino de 8, Cadavid publica un documento que parece ser un decreto que
contiene información con un apartado que dice "Línea de acción para la promoción
de los derechos fundamentales", donde hay siete puntos y lo que resalta el
parlamentario dicen:
"5. Prevención y erradicación de la violencia y discriminación y demás conductas
antisindicales hacia las organizaciones sindicales y trabajadores
sindicalizados".
Ante este documento, Cadavid señala que "en medio de la excusa de “trabajo digno
y decente”, el Ministerio de Trabajo creará una forma de persecución a
empleadores que tengan algún grado de diferencia con los excesos sindicales
radicales. El sindicalismo no puede ser a la fuerza".
En otro punto, el congresista señala que el Ministerio de Trabajo ha definido
meter por decreto una serie de subsidios sin que el país conozca impactos
fiscales; materias que tienen que discutirse en el Congreso. El Gobierno quiere
meter su reforma laboral por medio de Decreto .
Cadavid denuncia en el tercer punto que el "proyecto de Decreto que pretende el
Gobierno, asume textos y fines del proyecto de reforma laboral La seguridad
social de los operadores de plataformas, sus formas, aportes, porcentajes etc,
es materia del Congreso. No de un Decreto de la ministra de Trabajo".
Por otro lado, el parlamentario afirma que el decreto contiene medidas que
impiden el trabajo independiente.
" El Gobierno en su reforma laboral solapada por Decreto, define como forma
violenta y discriminatoria otra serie de formas de trabajo como el empleo por
cuenta propia", agregó el congresista.
Finalmente, asegura que desde el Congreso revisarán y, si es necesario,
impedirán "proyectos que destruyan la generación de empleo, que ataquen la
libertad de empresa".
Por tráfico de influencias investigan a
Olmedo López, exdirector de UNGRD
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria para
establecer si existió un presunto tráfico de influencias e
interés indebido en la celebración de contratos por parte del exdirector de la
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Olmedo López
Martínez y del director de la Unidad de Información y Análisis Financiero de
Colombia (UIAF), Luis Eduardo Llinás Chica.
Se trata de los contratos de prestación de servicios profesionales suscritos con
Regina Isabel López Burgos y José Ignacio Llinás Chica, por parte de la UNGRD.
De acuerdo con la información divulgada a través de medios de comunicación,
Olmedo López reconoció que Regina López suscribió el citado contrato por $144
millones, por recomendación del director de la UIAF.
La UNGRD contrató también a José Ignacio Llinás, hermano del director de la
Unidad de Información y Análisis Financiero de Colombia, quien, según
informaciones periodísticas, es el cuarto contratista con honorarios más altos
en esa entidad.
El ente disciplinario ordenó la práctica de pruebas documentales que incluyen,
entre otras, la solicitud de los estudios previos elaborados por la UNGRD para
estos bilaterales y los informes de las acciones ejecutadas por los citados
contratistas.
Con esta investigación disciplinaria
la Procuraduría busca establecer la ocurrencia de las conductas señaladas,
determinar si constituyen falta disciplinaria o si se ha actuado bajo el amparo
de alguna causal de exclusión de la responsabilidad.
Más denuncias
El actual director, Carlos Carrillo, dijo que en las últimas horas que de la
administración de López se comprometieron miles de millones de pesos en
contratos.
Carrillo dijo que “en las últimas
horas de Olmedo López como director de la Ungrd, los miembros de su dirección
firmaron todo tipo de actos administrativos para comprometer centenares de miles
de millones”.
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Reveló que “uno impresentable es el
que trataron de entregarle al abogado Iván Alfaro Gómez, quien era el jefe
jurídico de facto en la entidad”.
Añadió el director de la Ungrd que “el contratista Iván Alfaro, no contento con
los casi 24 millones mensuales de su contrato, buscó para una de las varias
firmas de abogados con las que está relacionado un contrato por 100 millones de
pesos mensuales: verdaderamente insaciable”.
Sostuvo Carrillo que para recibir el contrato de servicios altamente
especializados, que aún tiene vigencia, “sólo acreditó experiencia en una firma:
la suya, Alfaro Gómez Asociados, esto a pesar de hacer parte de varias firmas
con sus tres socios. Tampoco aparecen sociedades en su declaración de bienes”.
Señaló también que la Ungrd “fue demasiado generosa con Alfaro en los días de
Olmedo. Ana María Castaño, la exsecretaria general que asegura estar embarazada,
intentó darle a Capstone Group- Abogados Colombia el generoso contrato de
asesoría jurídica el día en que Olmedo cayó. El 27 de febrero solicitan el CDP y
el 29 de febrero solicitan la instrucción del contrato”.
Critican bandazos de Petro en propuestas
de constituyente y referendo
El nuevo flanco de debate que abrió este fin de semana el presidente Gustavo
Petro en torno a la ya no convocatoria de una constituyente sino de un referendo
constitucional, generó un alud de reacciones en el país político. Muchos
advierten que el mandatario cada tanto ha venido cambiando su fórmula para hacer
las reformas, debido a que afirma que el Congreso supuestamente no las quiere
llevar a cabo, pero hoy no es claro qué es lo que tiene en mente realizar en
esta materia.
El Gobierno presentó desde el principio un nutrido paquete de reformas al
Congreso, las principales la de salud, la pensional y la laboral. Sin embargo,
debido a los problemas que han tenido para avanzar en su trámite por falta de
consenso con las diferentes fuerzas políticas y la polémica por los profundos
cambios que plantean, el presidente Petro ha pedido en repetidas ocasiones a la
ciudadanía manifestarse en las calles en defensa de estas iniciativas y también
en el cabildo abierto, que es uno de los mecanismos de participación popular que
contempla la Constitución.
Sin embargo, al presidente no le ha funcionado este llamado como él esperaba,
pues las marchas que ha convocado, así como lo han hecho sus sectores políticos
y sociales afines, han mostrado en su mayoría una participación inferior en
comparación con las que ha realizado la oposición.
El pasado 15 de marzo el jefe de Estado dijo en un acto público en Cali que “si
las instituciones que hoy tenemos en Colombia no son capaces de estar a la
altura de las reformas sociales que el pueblo, a través de su voto, decretó,
demandó y mandó y ordenó, entonces no es el pueblo el que se va arrodillado
hacia su casa derrotado. Son las transformaciones de esas instituciones las que
se tienen que presentar; no es el pueblo el que se va, es la institución la que
cambia”.
Agregó que “si esta posibilidad de que un gobierno electo popularmente en medio
de este Estado y bajo la Constitución de Colombia no puede aplicar la
Constitución porque lo rodean para no aplicarla y le impiden, entonces Colombia
tiene que ir a una Asamblea Nacional Constituyente”.
El mandatario sostuvo en esa oportunidad que “el proceso constituyente convocado
no es ni para cambiar la Constitución del 91 ni para perpetuarme en el poder”.
La mayoría de sectores políticos y económicos rechazaron de entrada la
constituyente, porque "la Constitución vigente hoy en día en Colombia permite
adelantar todas las reformas y desarrollos sociales que requiere nuestra
sociedad”, según dijo el Consejo Gremial. Sin embargo, algunos líderes, como el
exvicepresidente Germán Vargas Lleras, expresaron "tomémosle la palabra al señor
presidente y arranquemos a darle respaldo a una constituyente. A ver, midamos
fuerzas”.
Pero el mandatario advirtió que no se trata de una constituyente con la clase
política, sino con el pueblo, lo que generó un gran debate porque esto no está
contemplado en la ley.
El referendo
El pasado sábado el presidente Petro dijo en Cali, en la quinta jornada de
Gobierno con los Barrios Populares, que “los invito, señores de la oligarquía
colombiana, del establecimiento o como quieran llamarlos, de la clase política
tradicional, a un acuerdo nacional para las reformas sociales de Colombia, para
la construcción de una verdadera democracia. Acuerdo nacional que si lo logramos
debe llevarse a referendo popular, a través del referendo constitucional en
Colombia, para que el pueblo diga sí o no”.
En tanto que ayer dio nuevas explicaciones sobre lo que se propone hacer, al
responder una pregunta del exministro de Comercio Industria y Turismo Luis
Guillermo Plata, quien en la red X dijo que “si no vamos a cambiar la
Constitución, ¿entonces para qué es la constituyente?”.
Petro señaló al respecto que “el poder constituyente, que no
necesariamente es una constituyente, es para llevar a canon constitucional el
acuerdo nacional que no se contempló en 1991
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y que tiene que ver al menos con estos puntos que hice públicos: 1. La
concreción del Acuerdo de Paz en materia de reforma agraria, transformación
territorial y verdad. 2. La adaptación del país a la crisis climática. 3. El
nuevo ordenamiento territorial y la priorización de la inversión pública en el
agua potable y el saneamiento ambiental. 4. La reforma política y de la
justicia. 5. Las garantías inmediatas a los derechos universales a la salud, la
pensión y la educación pública gratuita. 6. El estatuto del trabajo. 7. El
perdón social después de la verdad, la reparación y las garantías de no
repetición para obtener una paz duradera. Además de otros temas que la sociedad
sugiera”.
Explicó que “el poder constituyente es permitir que la sociedad se exprese y
decida ella misma a través de asamblea constituyente, constitucional o referendo
constituyente, etc. Las fuerzas políticas y sociales pueden y deben participar
en las definiciones de estos puntos”.
Reacciones
Para Juan Camilo Restrepo, “la credibilidad de la palabra presidencial se ha
degradado a niveles insospechados”, pues manifestó el exministro conservador que
“primero dijo que no convocaría una asamblea constituyente; después que sí lo
haría; y ahora sale con el anuncio de que lo que promoverá será un referendo
constitucional”, sin hacer “claridad si dicho referendo se convocará respetando
el procedimiento previsto en la Carta del 91 o al margen de ella”.
Restrepo señaló también que “hoy, por ejemplo, sale (Petro) con una lista de
siete generalidades, todas las cuales pueden desarrollarse –o ya están
desarrolladas– por la Constitución del 91. Su nuevo temario es el fruto de la
ofuscación, no de una reflexión serena como corresponde a un jefe de Estado. La
Carta del 91 es el telón de fondo de sus frustraciones, pero ciertamente no es
la causa de ellas”.
Considera el exministro que “su discurso constitucional suena más como una
amenaza ofuscada contra el Congreso si no le aprueba a pie juntillas todas las
reformas propuestas o imaginadas, que como el fruto de una reflexión
constitucional madura”.
El abogado constitucionalista Juan Manuel Charry también se ha manifestado sobre
los anuncios de Petro en este sentido, entre otras señalando: “No, presidente,
no se trata de constituyente, como tampoco de obstáculos a los cambios por parte
de las oligarquías. Se trata de los controles propios del Estado de derecho que
han operado en oportunidades anteriores”.
Mientras que el senador Miguel Uribe Turbay se pronunció sobre el apoyo que
manifestó el cabecilla de la Segunda Marquetalia, alias ‘Iván Márquez’, a la
constituyente de Petro.
“El apoyo de ‘Iván Márquez’ a la constituyente deja ver su peligro y confirma
una vez más que para resolver los problemas del país no se requiere una nueva
Constitución, se necesita un buen presidente. La constituyente de Petro está
hecha a la medida de los criminales, terroristas y bandidos. Son ellos los que
quieren cambiar la Constitución para aferrarse al poder y recibir impunidad
total”, sostuvo el parlamentario uribista.
Audiencia por impacto fiscal de deducibilidad de
regalías convoca C. Constitucional
La Sala Plena de la Corte Constitucional admitió el incidente de impacto fiscal
presentado por el Ministerio de Hacienda en contra de la Sentencia C-489 de
2023, que prohibía deducir lo pagado por regalías de la base gravable del
impuesto sobre la renta de las empresas dedicadas a la exploración y explotación
de recursos naturales no renovables.
En ese sentido, el alto tribunal señaló que convocó a la audiencia de impacto
fiscal que prevé la Ley 1695 de 2013 por la admisión del incidente y suspende
provisionalmente los efectos de la mencionada sentencia desde la fecha de
notificación del auto que admitió el incidente y hasta que la corporación tome
una decisión de fondo.
Por solicitud del ministro de Hacienda y Crédito Público, la Corte dispuso la
apertura del incidente de impacto fiscal en enero de 2024 y concedió al
solicitante un plazo de 30 días para sustentar la solicitud. En marzo de 2024,
el ministro de Hacienda y Crédito Público presentó el escrito de sustentación
del incidente de impacto fiscal sobre la Sentencia C-489 de 2023. Para el
efecto, indicó que dicha sentencia tiene un impacto fiscal significativo. En
2024 el efecto del fallo en el flujo de caja de la Nación asciende a seis
billones seiscientos cincuenta y seis mil millones de pesos.
La Sala Plena decidió admitir el incidente después de que el ministro subsanó
las falencias advertidas en la sustentación inicial del incidente de impacto
fiscal. Sin embargo, la Corte constató que, en la subsanación del incidente, el
ministro varió el monto del impacto fiscal estimado de la sentencia. Al analizar
el asunto, la Sala Plena decidió que el incidente sería admitido únicamente por
el impacto fiscal inicialmente anunciado por el ministro, esto es, por 6,7
billones de pesos para la vigencia 2024.
Además, el pleno de la Corte explicó que el magistrado Vladimir Fernández
Andrade y la magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera no participaron de la
decisión por impedimentos aceptados y, por consiguiente, no asistirán a la
audiencia. La diligencia va a girar en torno al impacto fiscal y también los
planes para el cumplimiento de la sentencia.
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