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JEP reconocen como víctima a Jorge Visbal,
expresidente de FEDEGAN
La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP reconoció como víctima a Jorge
Aníbal Visbal Martelo, exsenador y expresidente de la Federación Colombiana de
Ganaderos, en el caso 10, el cual investiga crímenes no amnistiables cometidos
por las extintas Farc-EP en el marco del conflicto armado’.
La Sala acreditó como víctima en este macrocaso a Visbal Martelo, entre otros,
por los hechos ocurridos el 15 de octubre de 2003, cuando integrantes de las
FARC-EP realizaron un atentado con un rocket a la sede de Fedegán en Bogotá,
entidad en la cual él ejercía como presidente.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) informó que Visbal ha sido objeto de
diversos ataques a lo largo de su carrera como líder gremial y funcionario
público. Estos ataques incluyeron un atentado armado en la finca de su familia
en Sucre en 1975, así como amenazas y extorsiones por parte de las antiguas FARC
y el EPL desde 1978. Esta situación llevó a Visbal y su familia a exiliarse en
Estados Unidos en 1999, donde permanecieron durante siete años.
Las víctimas acreditadas en la JEP tienen la calidad de intervinientes
especiales en todos los procesos de la Jurisdicción, lo que significa, por
ejemplo, que pueden presentar preguntas de seguimiento a los comparecientes
durante las versiones voluntarias, presentar observaciones sobre esas versiones
y recibir acompañamiento psicológico, entre otros aspectos.
Universidad Nacional ocupa puesto 18 a
nivel A. Latina, según ranking
El CWUR (Center for World University Ranking), la organización consultora con
sede en los Emiratos Árabes Unidos, dio a conocer el más reciente listado de las
mejores universidades del mundo. Entre estas destaca la Universidad Nacional de
Colombia, ubicándose en el puesto 778 a nivel mundial,
formando parte del 3.8% de las mejores universidades del mundo. Dando un total
de 71,9 puntos sobre 100. Además, ocupa el 18° lugar de toda Latinoamérica.
Como era de esperarse, la Universidad de Harvard encabezó la lista desde el
comienzo, seguido del Instituto Tecnológico de Massachusetts, (MIT). El tercer
lugar, fue otorgado a la Universidad de Standford.
Es importante señalar que, este año, el ranking CWUR evaluó 20.966 universidades
a nivel global, de las cuales 2.000 fueron publicadas en los resultados.
Sin embargo, América Latina no se
queda atrás. En el ranking clasificaron 104 universidades, entre las que se
encuentran: La Universidad de Sao Paulo, Brasil, ocupando el puesto #117 —el
primer lugar para las universidades latinoamericanas— , en segundo lugar, la
Universidad Nacional Autónoma de México, ubicándose en el puesto #281. Y en
tercer lugar, la universidad de los Andes y de Antioquia.
Incentivos educativos
Con el objetivo de mejorar los resultados educativos y de investigación; la CWUR
brinda a Gobiernos y universidades, asesorías sobre políticas y servicios de
consultoría.
Es por esta razón que, dicha
organización, publica anualmente un ranking de las mejores universidades a nivel
internacional, evaluando cuatro aspectos importantes:
1. Calidad en educación: Es decir el número de egresados con premios
internacionales y medallas.
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2. Empleabilidad de los egresados: Hace referencia al promedio ponderado -por
año- de egresados de las universidades que han ocupado los puestos de CEO.
3. Calidad del docente: cantidad de docentes de las disciplinas académicas
principales, que han recibido un Premio Novel y otros reconocimientos.
4. Rendimiento de la investigación: Evalúa las publicaciones de alta calidad, su
influencia y las citas que se hagan de ellas.
Es importante señalar que al principio, este ranking, se trataba de un proyecto
cuyos orígenes se dieron en Jeddah, Arabia Saudita. Para entonces, sólo se
trataba de 100 universidades.
En el año 2012, fue creada con el principal objeto de evaluar a detalle la
empleabilidad, la productividad académica y el impacto de esta; por medio de
investigaciones propias, y sin llegar a necesitar datos que proporcionen, las
universidades evaluadas.
Hoy en día ésta se ha convertido en la calificación académica más relevante,
pues brinda una amplia información acerca de 20.000 universidades,
aproximadamente.
Minsalud toma nuevas medidas ante el aumento de los casos de dengue
A finales del mes de marzo, el Instituto Nacional de Salud (INS)alertó sobre el
preocupante aumento en los casos de dengue, pues según la entidad, desde el
inicio del año hasta el 30 de marzo, se tenía conocimiento de un total de 55 340
casos, un panorama que, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud,
estaría relacionada con el fenómeno climático de El Niño.
Tras ese reporte, un nuevo informe del INS, enciende nuevamente las alarmas,
pues Colombia está luchando contra una creciente crisis de dengue, con un total
de 128 881 casos notificados a la fecha – 78 347 (60,8 %) sin signos de alarma,
49 352 (38,3 %) con signos de alarma y 1182 (0,9 %) de dengue grave.
Ahora bien, según la OMS, Colombia se encuentra entre los cinco países con más
nuevos casos sospechosos de dengue en las Américas.
Este hecho demuestra que más de la mitad (55,9 %) de los 825 municipios en
Colombia se encuentran en riesgo y, además, están experimentando niveles de
casos por encima de lo esperado.
En cuanto a los departamentos más
afectados, el departamento de Valle del Cauca lidera las cifras con un 77,9% de
los casos a nivel nacional, seguido por Cali, Huila, Tolima, Santander,
Cundinamarca, Norte de Santander, Cauca y Antioquia.
Ante esta emergencia de salud pública, el Ministerio de Salud anunció el
lanzamiento del Plan Nacional de Eliminación y Erradicación de Enfermedades
Transmisibles, una iniciativa que tiene como objetivo poner fin a más de 30
enfermedades transmisibles y afecciones relacionadas para el año 2030,
incluyendo enfermedades tropicales como el dengue. Asimismo, la entidad le
recomienda a la población y las autoridades refuercen las medidas de prevención
y control del dengue para frenar el aumento de cifras y así, proteger la salud
de todos los colombianos.
Conflictos minero-energéticos aumento un 46% en
2023: Defensoria
El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, dio a conocer el informe de
conflictos socioambientales en el sector minero-energético registrados por la
entidad durante el 2023 en el territorio nacional.
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“En el sector de hidrocarburos, minería y energía eléctrica, nuestra Defensoría
Delegada para la Prevención y la Transformación de la Conflictividad Social
registró el año anterior un aumento del 46 por ciento de eventos, cuando se
presentaron 130, en comparación con el 2022, cuando fueron registrados 89”, dio
a conocer el Defensor del Pueblo de los colombianos.
Las principales demandas de los manifestantes estuvieron relacionadas con
derechos laborales, contratación de mano de obra local, bienes y servicios
(33%), conflictos ambientales (32%), regulación, formalización y control de
actividades mineras (11%), presencia e inversión estatal (8%), múltiples
demandas que involucran a las empresas y al Estado (8%), respeto de los derechos
a la identidad, autonomía y la participación de las comunidades en entornos de
proyectos minero-energéticos (7%), otros (1%).
Estudio de casos en distintas zonas del país
Se resalta la existencia de conflictos ambientales por explotación de
hidrocarburos y su afectación a fuentes hídricas, lo que ha impactado la vida y
los derechos de campesinos y pescadores de la región del Magdalena Medio.
En el caso específico del Departamento del Chocó, los conflictos se gestaron en
torno a la explotación aurífera y de cobre. Se evidenciaron inconformidades por
el impacto ambiental producido, y al mismo tiempo surgió el reclamo de los
mineros tradicionales para que se les permitiera participar en esa actividad,
como medio de subsistencia.
En La Guajira, el documento centra su análisis en los conflictos que han surgido
por las preocupaciones de la comunidad en relación con la falta de claridad
sobre cómo se abordarán los pasivos ambientales de los proyectos que se
encuentran en fase de cierre. Igualmente, las comunidades indígenas vienen
reclamando el derecho a la participación y consulta previa en los proyectos de
parques eólicos y solares.
“En el escenario del cambio climático y la transición energética, es prioritario
analizar el panorama nacional y local de la conflictividad social
minero-energética, con el objetivo de prevenir el escalamiento de los conflictos
y garantizar los derechos colectivos y ambientales, los derechos de los sujetos
de especial protección constitucional y comunidades vulnerables, además los de
los habitantes de distintos territorios”, llamó Carlos Camargo Assis.
Si bien se reconoce que el sector minero-energético constituye un pilar
fundamental para el desarrollo económico del país, cuyos recursos contribuyen a
mejorar la calidad de vida de millones de personas, también es necesario
destacar que, debido a las condiciones estructurales de pobreza y débil
presencia institucional, en muchas ocasiones se configuran focos de conflictos
sociales por la reiterada demanda de inversión social para las comunidades y de
garantías laborales para los trabajadores.
“Hago un llamado para que las autoridades nacionales y regionales fortalezcan
las actividades de monitoreo y seguimiento a la conflictividad social en el
sector, con el fin de que todas las partes en los conflictos sean identificadas,
escuchadas, que siempre sea el diálogo el mecanismo para la gestión y
transformación de los conflictos”, indicó el Defensor del Pueblo.
Mediación de la Defensoría
El informe resalta la gestión defensorial entre enero del 2022 y febrero del
2024, periodo en el que los funcionarios de la Defensoría participaron en 80
espacios de diálogo social, contribuyendo como mediadores o acompañantes de las
partes en conflicto.
Los espacios de diálogo se desarrollaron en 37 municipios de 15 departamentos y
en el Distrito Capital, en los que lograron el consenso, la concertación y la
construcción de acuerdos entre las partes, lo cual permitió establecer
compromisos por las entidades y empresas del sector a efecto de buscar salidas a
las protestas y movilizaciones sociales.
El informe 'Conflictividad Social en el Sector Minero Energético en Colombia'
formula recomendaciones a las instituciones públicas nacionales y regionales,
organismos de control, academia, centros de investigación, comunidades y
organizaciones sociales, cuyo fin es prevenir el escalamiento de la
conflictividad social y consolidar la política pública para una transición
energética con justicia social y ambiental.
"Haremos el debido seguimiento a las recomendaciones formuladas, con la
finalidad de evaluar su cumplimiento, para lo cual invitaré a la Procuraduría
General a apoyar y acompañar esta tarea", puntualizó Camargo Assis.
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