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Soborno, otro delito que le imputarán al
expresidente Álvaro Uribe
Álvaro Uribe se convirtió el viernes en el primer expresidente de Colombia en
enfrentar un juicio penal, con la primera audiencia de un caso en el que es
acusado de sobornar a testigos para que guardaran silencio sobre su presunta
relación con paramilitares.
El exmandatario había sido imputado por los presuntos delitos de soborno a
testigos y fraude procesal. Sin embargo, este viernes la Fiscalía le amplió la
acusación por soborno.
De acuerdo con Gilberto Villarreal, fiscal del caso, el expresidente es señalado
de ser el "determinador del delito de soborno, ejecutado en las circunstancias
detalladas atrás, por intermedio de Diego Javier Cadena Ramírez, sobre la
testigo Hilda Jeaneth Niño Farfán".
En el documento de la Fiscalía señala que “Del mismo modo, el abogado Diego
Javier Cadena Ramírez, siguiendo instrucciones del congresista URIBE VÉLEZ, el 6
de julio de 2017 y el 18 de abril de 2018, contactó y entrevistó en la cárcel de
“El Buen Pastor” a la Dra. Hilda Jeaneth Niño Farfán, especialmente para que
rindiera testimonio falso sobre confabulación que -durante la administración del
Fiscal y Vicefiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre Lynett, y Jorge
Fernando Perdomo Torres, respectivamente- ellos dos, algunos otros altos
funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, y el Magistrado José Leónidas
Bustos Martínez, habrían propiciado para que el señor Santiago Uribe Vélez fuera
acusado, y por lo que, el 09 mayo de 2018, Cadena Ramírez le prometió “dialogar”
con su mandante, para que le colaborará con la asignación de un cupo que
requería para continuar su detención preventiva en la Escuela del ejército donde
el expresidente URIBE VÉLEZ residía, y que, pese a una sentencia de tutela, ella
aún no había podido lograr”.
Desde su residencia en Antioquia, noroeste, el expresidente (2002-2010) defendió
su inocencia y se dijo víctima de complot.
"Repito a mis compatriotas que jamás he engañado a la justicia", dijo a medios
Uribe, poco antes de asistir a la audiencia virtual.
Al inicio de la diligencia, la jueza Sandra Heredia dijo que recibió un escrito
en el que la Fiscalía acusa a Uribe de haber puesto en marcha un plan para
influir en los testimonios judiciales de integrantes de los escuadrones de
ultraderecha que cometieron cientos de masacres a finales del siglo XX.
Aunque el documento de la fiscalía no ha sido divulgado al público, partes de
éste filtradas por la prensa dan cuenta de cómo el expresidente habría usado
emisarios para "entregar y/o prometer dinero" a paramilitares presos a cambio de
"falsear" sus versiones sobre la supuesta relación del político con estos grupos
armados.
Se espera que el fiscal del caso, Gilberto Villarreal, lea el escrito completo y
presente sus pruebas este viernes.
En la audiencia, la ex esposa de uno de los paramilitares involucrados denunció
"seguimientos" y "amenazas" en su contra. La defensa de Uribe rechazó estos
señalamientos.
Otras denuncias
Considerado uno de los políticos más influyentes en Colombia, Uribe, de 71 años,
se expone a una pena de entre seis y doce años por una denuncia judicial que
inicialmente lanzó él, pero que luego se volvió en su contra.
En 2012, Uribe, entonces senador,
presentó una denuncia contra el congresista de izquierda Iván Cepeda, al que
acusó de buscar testimonios falsos para vincularlo con los paramilitares que
libraron una guerra feroz contra las guerrillas de izquierda entre los años 1990
y comienzos de 2000.
Pero la Corte Suprema no sólo se abstuvo de enjuiciar a Cepeda, sino que en 2018
comenzó a investigar al expresidente por sospechas de que fue Uribe quien en
realidad trató de manipular testigos.
En agosto de 2020 los altos magistrados ordenaron el arresto domiciliario del ex
mandatario, argumentando que en libertad podría entorpecer la investigación.
Luego Uribe renunció al Senado y su expediente pasó a un tribunal ordinario, que
levantó la orden de reclusión y reinició todo el proceso.
En noviembre de 2023, Uribe testificó ante la fiscalía en una investigación
preliminar por su supuesto conocimiento anticipado de una masacre y el asesinato
de un defensor de derechos humanos, a raíz del testimonio del exjefe paramilitar
Salvatore Mancuso.
También fue denunciado ante un tribunal argentino por su presunta
responsabilidad en más de 6.000 ejecuciones y desapariciones forzadas de civiles
cometidas entre 2002 y 2008, durante su gobierno, un caso conocido como "falsos
positivos". La justicia de
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ese país aun no se ha pronunciado
sobre el caso.
Durante su mandato, Uribe gozó de una inmensa popularidad por la política de
mano dura con la que su gobierno debilitó las guerrillas.
Radican ponencia de reforma pensional: conozca
detalles del proyecto
Radicada en la Comisión VII de la Cámara de Representantes quedó la ponencia
positiva para el tercer debate de la reforma pensional.
En el documento quedó establecido que el umbral para cotizar en Colpensiones
quedó en 2,3 salarios mínimo, tal y como lo había pactado el Gobierno con el
Partido Liberal.
Cabe recordar que el presidente Gustavo Petro, en una alocución, había pedido
subir el umbral a 4 salarios. Estas palabras que tomaron como traición del
Ejecutivo a los liberales a la U. Sin embargo, en esta ponencia se mantiene lo
acordado.
Esa ponencia fue firmada por Martha Alfonso, Alfredo Mondragón, Germán José
Gómez, Héctor David Chaparro, Jorge Alexander Quevedo y Alexandra Vásquez.
Por su parte, los parlamentarios de Cambio Radical, La U, Centro Democrático y
Curules de Paz se abstuvieron de firmar.
El congresista Alfredo Mondragón señaló que insistirá en subir el umbral a
cuatro salarios mínimos.
"Yo sigo creyendo en la propuesta del Presidente de que sean hasta cuatro
salarios mínimos, pero será parte del debate. Estamos de acuerdo de que
disminuya el número de semanas para que las mujeres puedan acceder a pensión",
señaló el parlamentario.
A su vez, señaló que está de acuerdo en que se eliminen los subsidios a las
grandes pensiones. También mostró su respaldo con la propuesta que establece la
financiación de algunos pilares.
Críticas
Por su parte, el congresista del Centro
Democrático, Andrés Forero, criticó
que la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, estuviera presente en la
radicación de la ponencia.
Según el parlamentario, la presencia de la titular de la cartera "implica pasar
por encima de la sana división de poderes y de la autonomía que debe gozar la
rama legislativa. En cualquier caso, hay que reconocer que el Gobierno logró que
le radicaran la ponencia en tiempo récord".
Indagan a MinEducación ad hoc por
presunta extralimitación de funciones
La Procuraduría General de la Nación ordenó la apertura de una investigación
contra el ministro de Educación Nacional (ad hoc), Juan David Correa Ulloa, por
la presunta extralimitación de funciones al convocar de manera irregular al
Consejo Superior de la Universidad Nacional para nombrar rector de manera
provisional.
La Sala Disciplinaria de Instrucción señaló que se investigará en virtud de la
queja interpuesta por el rector nombrado, Ismael Peña Reyes, y las denuncias
hechas por medios de comunicación que refirieron que, al parecer, el funcionario
profirió una resolución en la que dio un plazo de 24 horas para que se
adelantara la reunión mientras se adopta una decisión sobre la legitimidad de su
posesión.
En el mismo sentido, la Entidad evaluará las instrucciones sobre adoptar medidas
que permitieran superar la vacancia de la representación estudiantil en el
Consejo, con lo que pudo vulnerar la autonomía universitaria.
Como parte de su actuación el ente de control solicitó la
práctica de pruebas, y buscará determinar la ocurrencia de la conducta para
establecer si es constitutiva de falta disciplinaria y definir si se actuó o no
al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad.
La polémica que viene desde hace días por la escogencia de Ismael Peña en la
rectoría de la Universidad Nacional se intensificó este jueves después de que el
Ministerio de Educación pidiera al
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Consejo Superior del alma mater nombrar un rector encargado mientras que
se aclaran las dudas jurídicas que el propio Gobierno manifestó sobre su
escogencia. Esto fue calificado por distintos sectores como una intromisión en
la autonomía universitaria que se contempla en el país.
El Ministerio de Educación en la Resolución 7480 del pasado miércoles, firmada
por el nuevo ministro de Educación ad hoc, Juan Correa, ordena al Consejo
Superior Universitario de la Nacional, “que en el término de 24 horas contadas a
partir de la comunicación de la presente decisión, convoque a sesión
extraordinaria cuyo único punto del orden del día sea encargar a un rector de
manera transitoria hasta tanto se adopte una decisión definitiva por parte del
Consejo respecto de la conducta de autoposesión del señor Ismael Peña Reyes”
Se equivocaría el Gobierno
Se consultó a dos exrectores de la Universidad Nacional sobre la situación que
se presenta, quienes consideran que el Gobierno se equivoca al involucrarse en
la designación del rector, y que por ello se estaría violando la autonomía
universitaria, la cual está reconocida en la Constitución.
Coinciden también en que la salida a esta situación es que el profesor Peña
pueda ejercer la rectoría y los que consideran que fue irregular su elección
demanden ante el Consejo de Estado.
Moisés Wasserman Lerner dijo que: “En mi opinión es una total irregularidad,
incluso es inconstitucional. No soy abogado, no soy jurista, ojalá los juristas
demanden ese acto (la Resolución del Ministerio). La Constitución elevó la
autonomía universitaria a nivel de principio de Constitución; y la autonomía
universitaria es precisamente eso, que la universidad tiene derecho de elegir
sus propias autoridades, de regirse según sus propias normas y que rechaza
cualquier intromisión de los poderes políticos”.
Sobre la consulta que se hizo con los estudiantes, previa a la elección del
rector, y cuyo resultado no fue tenido en cuenta, Wasserman dijo que “eso no es
norma, y si se piensa que hay alguna ilegalidad, pues deben esperar a que eso lo
diga alguna autoridad judicial, porque las normas administrativas se les da
presunción de legalidad mientras que una autoridad judicial no diga lo
contrario”.
Miembros del INPEC con o sin amenazas tendrán
protección inmediata
Los funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario (INPEC) que tengan o no
amenazas contarán con protección inmediata, según anunció este viernes el
ministro de Justicia, Néstor Osuna, tras el asesinato del director de la cárcel
La Modelo, Elmer Fernández.
El titular de la cartera sostuvo que se eliminarán los estudios largos ante la
Unidad Nacional de Protección (UNP) para otorgar los esquemas de protección.
Osuna señaló que, en los últimos años, se han recibido 506 amenazas contra
funcionarios del Instituto. De ellas, en 263 ocasiones se han activado los
trámites para solicitar protección y, por ahora, solo se han aprobado 63
esquemas de seguridad.
Asimismo, señaló el ministro aseguró que ya sostuvo conversación con el director
de la UNP para mejorar con carácter de emergencia los esquemas de seguridad.
Finalmente, señaló que el sistema carcelario colombiano está controlado, y que
"por supuesto suceden cosas como las de hoy que todos sabemos que son
retaliaciones precisamente por la contundencia y la efectividad de las
actuaciones que está teniendo la Policía Nacional y la Fiscalía General de la
Nación".
Cabe recordar que este jueves fue asesinado el director de la cárcel La Modelo
en Bogotá, Elmer Fernández, mientras se movilizaba en un automóvil del INPEC
cuando le dispararon.
Fernández "había asumido el 4 de abril, estaba cumpliendo las órdenes de
impartir disciplina y haciendo requisas aleatorias. Hoy es asesinado vilmente",
lamentó en la red social X el presidente, Gustavo Petro.
El secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, informó que el Distrito
ofrece una recompensa de hasta $50 millones por información que permita ubicar a
los responsables del asesinato del coronel (r) Fernández.
“Repudiamos toda la violencia que está asociada al crimen y que afecta a
funcionarios que prestan su servicio, dejan de estarlo con sus familias por
tratar de contribuir con la aplicación a la ley de este país,” señaló el
secretario Restrepo.
Indicó además, que se han dispuesto todas las capacidades investigativas de los
organismos de seguridad y de Bogotá, para permitir la identificación de los
responsables de este crimen.
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