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Por costos de energía, alcaldes del Cesar proponen
distrito agroenergético
El gobierno nacional y alcaldes del Cesar, a través de una mesa técnica que
lidera el ministerio del Trabajo para el plan progresivo de intervención en el
“Corredor de la Vida”, han propuesto la creación de un “distrito agro
energético”, para aliviar los altos costos de energía que deben pagar las
comunidades.
Para la directora de Generación y Protección del Empleo y Subsidio Familiar del
Ministerio del Trabajo, Mónica Naranjo, quien lidera la mesa, resaltó la
importancia de la transición justa laboral para el departamento del Cesar.
“Los compromisos inmediatos son la firma de un pacto para materializar los
proyectos y la construcción de un Conpes para la región para el ´Corredor de la
Vida´ y el proceso de reconversión laboral, toda vez, que es necesario hacer una
diversificación productiva en los escenarios de descarbonización y reconversión
minera”, aseguró.
Según el alcalde de Chiriguaná, José Carmelo Galeano, este es un alivio que
permitirá aprovechar el potencial energético de los cinco municipios de: Agustín
Codazzi, Becerril, Chiriguaná, El Paso y la Jagua de Ibirico.
“Esta es una forma de disminuir es llevarle ese alivio a las personas que tienen
menos capacidad de pagar el recibo de luz, son tarifas muy altas y nosotros a
través de estos proyectos, vamos a aliviar a las comunidades”. Resaltó.
“Conformarnos en este tipo de municipios energéticos donde podamos a través de
todos estos sistemas de energías limpias, especialmente fotovoltaica, se vienen
desarrollando unos proyectos como el de La Loma, que fue iniciativa privada, con
acompañamiento del Estado. Nosotros podemos continuar con estos proyectos desde
una iniciativa pública, en compañía del Gobierno Nacional, departamental y los
municipios que hacemos parte de este territorio”, puntualizó el alcalde de
Chiriguaná.
Esta mesa técnica contó con el acompañamiento de los Ministerios de Minas y
Energía, Ambiente y Desarrollo Sostenible, Agricultura y Desarrollo Rural, se
identificaron las necesidades más importantes, entre ellas, los altos costos de
la energía.
Según se anunció, el próximo 6 de junio se realizará la firma de los
compromisos, donde se resalta la importancia del desarrollo agropecuario como
motor de crecimiento económico y generador de empleo en el ´Corredor de la Vida´
y la necesidad imperante de asegurar el acceso y la protección del agua como eje
del desarrollo humano y social, productivo y económico de la región.
SuperIndustria impone millonaria multa a
Claro y Tigo
El miércoles la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) dio a conocer que
impulso multas a Claro y Tigo. La sociedad comunicación
celular S.A Comcel S.A (claro) recibió una multa de $1.003.549.640 por la
transgresión al deber de guardar reserva sobre la información únicamente para
los fines para los que le fue entregada y Tigo de $304.875.840 al no garantizar
a los titulares el pleno y efectivo ejercicio del derecho de hábeas data.
Las decisiones formuladas por la SIC
fueron
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adoptadas luego de que se adelantara la correspondiente investigación
administrativa sancionatoria.
En el primer caso, el fallo se dio por una denuncia en la que un titular informó
que la sociedad comunicación celular S.A Comcel S.A. presuntamente habría
vulnerado su Derecho de Hábeas Data por haber consultado su historial crediticio
sin contar con su autorización para tal fin y sin haber solicitado servicio
alguno ante el proveedor del servicio.
La Dirección de investigaciones de Datos Personales encontró preliminarmente que
la conducta de la investigada transgredía el deber de utilizar la información
únicamente para los fines que le fue entregada o contando con la autorización
previa por parte del titular de la información.
En el segundo caso TIGO, la investigación sancionatoria se dio por una denuncia
en la que un titular informó que presentó múltiples peticiones ante la sociedad
Colombia Movil S.A. E.S.P. durante el periodo comprendido entre mayo de 2019 y
diciembre de 2020. Peticiones en las que solicitó: i) la eliminación de su
información de las bases de datos de la compañía; y ii) la cancelación del envío
de mensajes de texto con prospección comercial y de mercadeo a su línea móvil
personal.
En esta materia, la Dirección encontró que la conducta de la investigada
infringió el deber de utilizar la información únicamente para los fines que le
fue entregada o contando con la autorización previa por parte del titular de la
información.
Contra los anteriores actos administrativos sancionatorios procede el recurso de
reposición ante la Dirección de Investigaciones de Protección de Datos
Personales y/o el de apelación ante el Superintendente delegado para la
Protección de Datos Personales.
Respuestas
Claro Colombia informa que, con respecto al acto administrativo emitido por la
SIC, presentará los recursos procedentes frente a la decisión.
Asimismo, resalta que es una Compañía que siempre ha trabajado por el
cumplimiento y respeto de la regulación existente en materia de Habeas Data y
Protección de Datos Personales en pro de los derechos de los usuarios. Para eso,
ha implementado políticas de tratamiento de datos personales que aseguran el
correcto tratamiento de los datos de sus clientes.
Escalada de violencia en Santa Marta deja saldo de
54 desplazados
Los enfrentamientos entre miembros de los grupos al margen de la ley, Pachencas
y Clan del Golfo, han generado un creciente desplazamiento de las comunidades
que habitan en el corregimiento de Palmor, en la Sierra Nevada de Santa Marta.
La Procuraduría General de la Nación solicitó al gobernador del Magdalena, a los
alcaldes y personeros de Ciénaga, Aracataca, Zona Bananera y Fundación, Fuerza
Pública, UNP y Unidad de Víctimas, tomar medidas urgentes y articuladas para
proteger y atender a las comunidades de la zona.
Se recomienda la “adopción de planes de contingencia y rutas de protección,
prevención y asistencia que permitan garantizar los derechos, especialmente la
vida e integridad de las comunidades en conflicto ante los desplazamientos que
se han ocasionados y los que llegaren a ocasionar”, asegura el Ministerio
Público.
De acuerdo con las averiguaciones
hechas en terreno, hasta el momento 54 personas de 13 familias, han llegado
desplazadas al corregimiento de Palmor, Cienága para entregar sus declaraciones
con el fin de acceder a las ayudas de emergencia dispuestas para las víctimas,
pero es probable que este número aumente, de seguir el recrudecimiento de los
combates. |
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Cabe señalar que desde el pasado 02 de mayo, se ha registrado combates entre los
grupos subversivos. “Los paramilitares están utilizando armas de largo alcance,
cilindros y artefactos explosivos. Esto es una verdadera guerra en la Sierra
Nevada y necesitamos que el Ejército Nacional intervenga y restablezca el orden,
porque nos van a matar», denunció el residente.
Se estima que el "Clan del Golfo" está buscando expandirse hacia la Sierra
Nevada de Santa Marta, posiblemente con el objetivo de controlar ese territorio.
Sin embargo, "Los Pachencas" han estado en la Sierra Nevada durante al menos
cinco décadas y han resistido los intentos del "Clan del Golfo" de tomar el
control.
Ordenan medidas para proteger vida de los
concejales de Tuluá
La Defensoría del Pueblo, con la participación de su Regional Valle del Cauca,
interpuso una acción de tutela, con medidas provisionales, para que sean
protegidos los derechos a la seguridad, integridad y vida de los concejales del
municipio de Tuluá, pues vienen siendo objeto de todo tipo de ataques, como
amenazas, a través de panfletos, atentados y, como ya sucedió con uno de sus
compañeros, homicidios.
La autodenominada estructura criminal ‘La Oficina’ sería la responsable de los
hechos.
“El Juzgado Tercero Municipal del Circuito de esa población vallecaucana,
mientras emite el fallo de primera instancia, ya conminó a la Unidad Nacional de
Protección a «realizar un análisis de viabilidad de adoptar medidas de
protección provisionales a favor de los demandantes»”, indica el Defensor del
Pueblo, Carlos Camargo Assis.
El recurso jurídico acciona no solamente a la Unidad Nacional de Protección,
también a los ministerios de Defensa y del Interior y a la Policía Nacional.
“Necesitamos protección especial para los cabildantes, sobre todo por el nivel
de riesgo en el que ahora mismo se encuentran”, llama el Defensor del Pueblo.
La pasada tercera semana de abril, luego del evento de los 100 días de la
administración municipal, fue asesinado el concejal Carlos Londoño, suceso en el
que también murió la representante de una asociación de personas con
discapacidad, con asiento en esa localidad del departamento.
“Mientras haya inseguridad, alteración del orden público, amenazas, falta de
garantías para la protección personal, es preciso que sean elaborados planes de
trabajo idóneos, con la finalidad de que permitan salvaguardar los derechos
fundamentales de los regidores y sus grupos familiares”, señala Carlos Camargo
Assis.
Como entidad garante de los derechos humanos, remarca el Defensor del Pueblo,
“continuamos insistiendo en que los grupos delincuenciales organizados y
organizaciones armadas al margen de la ley no pueden estar por encima de ninguna
de las instituciones. Por eso, es imperativo acudir a la puesta en marcha de
acciones contundentes, para devolverles la tranquilidad a quienes en este
momento son objeto de intimidaciones”.
El mecanismo de protección constitucional también tiene como fin instar a la
Mesa Directiva del Concejo de Tuluá a estudiar la implementación de sesiones
virtuales, dadas las amenazas contra los cabildantes.
“Ante la situación actual de peligro y riesgo extraordinario al que están
sometidos estos servidores de elección popular, y teniendo en cuenta que
durante el 2023 en el municipio fueron asesinadas 124 personas, es oportuno
asegurar la eficacia de las medidas solicitadas. Los entes accionados deben
proteger de manera integral sus derechos constitucionales”, enfatizó el Defensor
del Pueblo.
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