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Jairo Orlando Villabona será
director de la DIAN
La hoja de vida de Jairo Orlando Villabona Robayo fue publicada en la página de
la Presidencia como nuevo director de la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales (DIAN), quien entraría en reemplazo de Luis Carlos Reyes.
Jairo Villabona es contador público de la Universidad Nacional de Colombia,
tiene una especialización en finanzas de la Universidad del Rosario y otra en
tributación de la Universidad de Los Andes. Cuenta con una maestría en
administración y un doctorado en ciencias de la gestión de la universidad de
Rouen de Francia.
Se desempeñó como gerente administrativo y financiero de la compañía ASCOM, fue
director administrativo y financiero en Pearson Educación de Colombia y
actualmente se desempeña como gerente del fondo de empleados de docente de la
Universidad Nacional (Fodun).
¿Qué pasará con Luis Carlos Reyes?
Información preliminar indica que Reyes sería ministro de Comercio en reemplazo
de Germán Umaña Mendoza. Se sabe que en la noche del 22 de mayo, el alto
funcionario entregó su carta de dimisión al presidente Gustavo Petro.
Luis Carlos Reyes, también conocido como Mr. Taxes en redes sociales, llegó a la
entidad de vigilancia y recaudo desde 2022 y ha sido uno de los funcionarios más
importantes del presidente Gustavo Petro. Sin embargo, fue cuestionado por los
resultados de exacción, además de las quejas interpuestas por el sindicato de
trabajadores en el territorio nacional en cuanto a su gestión.
Educación en riesgo por vacíos en
proyecto de Ley Estatuaria: ASCUN
Con el inició el debate del proyecto de Ley Estatutaria de Educación 224 del año
2023 en el Senado de la Republica, la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN)
manifestó su preocupación por el futuro de la educación por los vacíos que
existen en la iniciativa.
La entidad critica la efectividad del proceso
de escucha durante los debates en la
Cámara. “Aunque se proporcionaron algunos espacios para la participación, las
propuestas y preocupaciones del sector no fueron tomadas en cuenta en el
proyecto, lo que indica que el ejercicio de participación ciudadana no fue
genuino”, afirmó.
Adicionalmente, puso en consideración 8 aspectos del proyecto para que sean
evaluados por el Senado en los siguientes debates.
En primer lugar, critica la interpretación que se ha dado al artículo 2° en
relación con la educación, argumentando que ha llevado a una reducción del papel
del Estado en este ámbito y que contradice el artículo 67 de la Constitución.
También afirma que limitar el alcance del proyecto de ley solo a la educación
formal es regresivo, porque excluye todas las demás vías de educación y
formación.
De igual forma, considera que dejar toda la carga de la educación sólo a las
instituciones estatales puede terminar desbordándolas, incumpliendo con la
garantía del derecho. Además, señala que el artículo 4° no reconoce
explícitamente que nuestro sistema educativo es mixto.
En ese sentido, recalca que el
proyecto prioriza el acceso ante la calidad, lo que representaría un
incumplimiento en la totalidad de su derecho.
El quinto punto dice que en los artículos 5 (literal s) y 12 (literal o) el PLEE
plantea restringir los procesos de participación democrática y debilitar la
autonomía universitaria, al prohibir la democracia
representativa en las comunidades académicas, con el riesgo de
permitir la interferencia de los poderes políticos en la gobernanza de las IES.
La entidad plantea reconocer un equilibrio entre meritocracia y acciones
afirmativas
al
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eliminar el mérito en el sistema educativo.
Por otra parte, ASCUN asegura que la iniciativa
carece de estudios del impacto fiscal que implica la progresividad
de su aplicación. “Afirmar que el proyecto de ley no requiere análisis de
impacto fiscal, refleja la inquietud del sector educativo sobre la falta de
novedad en el proyecto”.
Finalmente, critica que se establezca la gratuidad total en las instituciones
estatales, sin saber cómo se va a garantizar la sostenibilidad y la calidad en
estas. Además, considera que promueve la financiación de la oferta, en lugar de
una financiación integral de oferta y demanda, lo que podría dejar fuera a más
de un millón de estudiantes que optan por la educación no estatal.
“Correr el riesgo de desestabilizar al país por promesas incumplidas es
demasiado alto, por lo que consideramos fundamental abordar estos aspectos y nos
disponemos desde ASCUN para seguir apoyando este proceso”, culminó el
comunicado.
Si no aprueban cupo de endeudamiento, Petro
decretaría emergencia económica
Si no se aprueba el proyecto de ley del Ministerio de Hacienda que busca ampliar
el cupo de endeudamiento del país, el presidente Gustavo Petro decretará
emergencia económica.
El jefe de Estado señaló, a través de su cuenta de X, antes Twitter, que el
proyecto no es plata para el Gobierno.
"Nosotros no nos estamos endeudando desde que comenzamos a gobernar. El cupo de
endeudamiento es para pagar la deuda vigente con nueva deuda, ojalá más barata.
Es lo que siempre han hecho todos los gobiernos para palear el endeudamiento y
no dejar caer la inversión pública", trinó el mandatario.
A su vez, señaló que si "si las comisiones terceras no aprobaran el proyecto,
simplemente o hay cesación de pagos o tengo que decretar la emergencia
económica. No dudaré en hacerlo. Así que invitó a las comisiones terceras a la
responsabilidad fiscal. Gobierno y oposición en el congreso deben unirse en este
proyecto y propósito".
El Congreso de la República, le ha otorgado al Gobierno, desde 1999, más de
70.000 millones de dólares. Hace algunas semanas, el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público solicitó la ampliación del cupo de endeudamiento nacional por
más de 66,3 billones de pesos, justificados en que los recursos "serán vitales
para cubrir las necesidades de financiamiento del país".
Es importante recordar que durante la emergencia económica y social, producto de
la pandemia, el Decreto 519 de 2020 le otorgó la facultad al Gobierno de acceder
al crédito público sin afectar el límite
de
endeudamiento que existía en ese momento.
Lo que implica que para los pagos de amortización correspondientes a 2024 y
2025, no estará disponible contratar una nueva deuda que se adecue al plan
financiero del actual mandato.
La solicitud de ampliación del límite de endeudamiento está basada en diferentes
puntos, entre ellos se incluyen las proyecciones del servicio de la deuda, el
plan económico del año vigente, los posibles déficits en el balance fiscal que
se presentaron el Marco Fiscal, y las leyes y actos legislativos que han sido
aprobados en el Congreso de la República.
Audiencia Álvaro Uribe: Cepeda, Perdomo, Montealegre y Gómez, reconocidos
víctimas
Tras escuchar los argumentos de la defensa de Álvaro Uribe, de la Fiscalía y de
la Procuraduría en el proceso que por presunto soborno a testigos hizo el
expresidente, la jueza la jueza 44 de conocimiento penal de Bogotá, Sandra
Liliana Heredia, comenzó a tomar decisiones claves en el caso.
En el segundo día de audiencia, y tras hacer una prolongada explicación jurídica
que sustentó su primera decisión, falló en contra de la solicitud de la defensa
de Uribe, encabezada por el abogado Jaime granados, quien había solicitado la
nulidad del proceso por considerar falta de claridad de los cargos que
imputó la Fiscalía al exmandatario.
La jueza, luego de una larga explicación con
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argumentos jurídicos, consideró que
era “una solicitud impertinente, infundada e inconducente”, que al indagado se
le había respetado el debido proceso en todas las instancias en que se surtió y
que tal solicitud, luego de seis años “solo pretende retardar injustificadamente
el trámite”. Posteriormente, la funcionaria judicial empezó a referirse al
reconocimiento de las víctimas.
Durante la audiencia, el abogado Juan David León, representante judicial de las
víctimas, Eduardo Montealegre y el ex vicefiscal Jorge Perdomo, denunció que
recibió amenazas tras las publicaciones del exsenador Uribe Vélez en redes
sociales. Sin embargo, la jueza Sandra Liliana Heredia negó la intervención de
la defensa argumentando que dichos asuntos se sale de la finalidad de la
audiencia.
“Eso no tiene nada que ver con la audiencia, por muy mediático que sea el
proceso, por mucho que llame la atención de los medios de comunicación, lo que
vamos a debatir acá es lo que suceda al interior de las audiencias. Yo no vivo
pendiente de las redes sociales, no me interesan las opiniones, aquí tenemos que
estar pendientes de lo que sucede al interior de las audiencias”, dijo la juez.
Asimismo, el abogado Granados pidió que no se reconozcan como víctimas al
exfiscal general, Eduardo Montealegre, y el exvicefiscal Jorge Fernando Perdomo,
argumentando que no hay relación con el presunto delito.
“Los doctores Montealegre y Perdomo aparecen mencionados en dos episodios
fácticos, que no significan imputaciones (...) en ningún otro episodio se
mencionan sus nombres”, indicó Granados.
Después de un breve descanso, el expresidente Álvaro Uribe intervino por varios
minutos, en los que habló de varios temas.
El exmandatario inició su intervención reiterando su inocencia, asegurando que
nunca "ordenó buscar a Juan Guillermo Monsalve para desprestigiar al senador
Iván Cepeda"
Asimismo, el líder del Centro Democrático manifestó que su proceso ha tenido
vacíos jurídicos, en la etapa de imputación de cargos, por lo que pidió que su
caso sea anulado.
Por su parte, la jueza 44 de conocimiento penal de Bogotá, Sandra Liliana
Heredia, decidió que mantener en firme el proceso en contra del exmandatario.
A su vez, reconoció al exfiscal Eduardo Montealegre, el exvicefiscal Jorge
Fernando Perdomo y Deyanira Gómez, exesposa del exparamilitar Juan Guillermo
Monsalve como víctimas durante la audiencia de acusación contra el expresidente
Uribe.
El abogado del expresidente Uribe, Jaime Granados, argumentó en su apelación
contra el reconocimiento de Eduardo Montealegre, Jorge Fernando Perdomo y
Deyanira Gómez como víctimas que aspectos ajenos al proceso no deberían influir
en la determinación de víctimas.
Enfatizó que no todas las personas que experimentan problemas de seguridad deben
ser reconocidas como víctimas y señaló la importancia de establecer límites en
este reconocimiento.
Se trata de un proceso poco común, no solo en cuanto al accionar disímil de la
Fiscalía, sino frente a la homologación de dos sistemas penales discrepantes
como el inquisitivo y el acusatorio. De hecho, es la primera vez en la historia
de Colombia que un expresidente, como es el caso de Álvaro Uribe, es juzgado
bajo los mismos procedimientos de un ciudadano corriente, una vez renunció a su
curul de Senado, en agosto de 2020, con el fin de dedicarse a su defensa, por lo
cual quedó sin fuero ante la Corte Suprema de Justicia.
No hay claridad
Una vez el fiscal delegado explicó los cargos, condensados en nueve páginas de
las trece que componen el documento, con el encabezado y los demás pormenores de
ley, tomó la palabra el abogado Granados e hizo una extensa declaración en
cuanto a que no hay claridad ni exactitud en la Fiscalía en varios de los hechos
que la entidad presenta como relevantes en el escrito de acusación.
“No está claro qué se le imputó, no están claros los ribetes de la imputación”,
explicó, al tiempo que señaló que la Fiscalía debió haber establecido “cuáles
son los hechos jurídicamente relevantes de una manera clara y precisa en una
audiencia pública frente al juez de control de garantías y en presencia de su
defensor para que sepa de qué se investiga y pueda ejercer su derecho de defensa
desde ese momento, si no lo hizo antes”, argumentó Granados.
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