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‘Cortocircuitos’ interfieren en la relación del
Gobierno con los sindicatos
El grueso de los sindicatos en el
país apoyó a Gustavo Petro para que llegará a la presidencia por su propuesta
social y de cambio, y aún, hoy a pesar de los problemas que tiene el Gobierno,
críticas que recibe y escándalos, la mayoría parece que lo respalda,
particularmente las centrales obreras. Sin embargo se han producido varios
‘cortocircuitos’ que vienen enrareciendo esta relación.
El ‘cable pelado’ que en este momento hace más cortocircuito son las grandes
fallas que presenta la implementación del nuevo modelo de salud de los docentes
al servicio del Estado. Son más de 300.000, la mayoría afiliados a FECODE, que
en todo el país se quejan porque les demoran las citas, se han visto también
afectados quienes están en tratamientos, no les entregan los medicamentos. El
problema principal es que no se ha contratado el número suficiente de
prestadores de los servicios, es decir IPS.
Contando los familiares de los docentes, que también tienen derecho al servicio,
son más de 800.000 los afectados.
Muchos profesores dicen que en el anterior sistema de salud si bien presentaba
fallas, no ocurría lo de hoy, lo que genera desconcierto y angustia, y por
supuesto reclamos al Gobierno para que aplique rápido los correctivos.
El pasado viernes, FECODE realizó una asamblea extraordinaria en la cual un tema
principal fue las dificultades del nuevo sistema de salud.
En un informe a la asamblea de FECODE los delegados ante el Fomag (Fondo del
Magisterio) indicaron “solicitamos al señor presidente Gustavo Petro, establecer
un cronograma de cumplimiento del modelo de salud de manera inmediata,
incluyendo en el nivel primario la totalidad de la red pública, las carencias
continúan en la dispensación de medicamentos, se requiere verificar y hacer
seguimiento a los gestores médicos”.
Agregan en dicho informe que “persisten las dificultades en referencia y
contrarreferencia, la gobernanza en la información, el manejo de incapacidades,
implementación de equipos y las llamadas arquitecturas”.
En tanto que una de las conclusiones de esta asamblea es que “el Gobierno
nacional debe garantizar el derecho a la salud con dignidad para el magisterio y
obligar a la Fiduprevisora que cumpla con el Acuerdo 03 de 2024 Fomag”.
El sindicato de los profesores al servicio del Estado escribió en la red X:
“Fecode en defensa de la vida y la salud del magisterio colombiano, exige a
Fiduprevisora, Ministerio de Educación y al Gobierno se implemente el acuerdo
alcanzado. El modelo debe concretar soluciones y acciones resolutivas,
estabilizarse, ser operativo y funcional”.
Mientras que en un debate de control político en la Comisión VI del Senado, el
presidente de FECODE, Domingo Ayala, tras advertir que apoyan el nuevo sistema
de salud porque, dijo, el Gobierno lo construyó con los profesores, subrayó que
“quiero decirle aquí a la Fiduprevisora y al Gobierno que necesitamos resolver
esta situación porque está en juego la salud de los maestros”.
En tanto que el profesor Diógenes Orjuela, expresidente de la CUT (Central
Unitaria de Trabajadores de Colombia), dijo que “presidente Gustavo Petro,
primero la culpa fue del software, luego del sabotaje y ahora de la mayoría del
Ejecutivo de FECODE. Así no presidente, asuma su responsabilidad, la de sus
ministros y la Fiduprevisora por la tragedia en que metieron a los maestros y
sus familias”.
El ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, responsabilizó por las fallas a
Fiduprevisora, encargada de administrar el Fomag y ahora de contratar con las
IPS. En esta discusión salió del cargo el presidente de la entidad, Mauricio
Marín, quien dijo que la contratación se ha dificultado porque el titular de
esta cartera autorizó un tarifario por debajo de lo que se paga en los demás
regímenes.
Huelga en Mintrabajo
El viernes pasado comenzó la huelga indefinida de los empleados del Ministerio
del Trabajo, aduciendo los 13 sindicatos incumplimientos con el acuerdo
2023-2025 que suscribieron con la ministra Gloria Ramírez.
En esta discusión los empleados le dijeron a la ministra que “en casa de
herrero, azadón de palo”, queriendo manifestar que mientras que el Gobierno
radicó una reforma para proteger los derechos de los trabajadores, en su papel
de empleador no les cumple los acuerdos.
Por su parte la CUT, que apoya las reformas que presentó el Gobierno al Congreso
y varias de sus políticas, como era de esperar se puso del lado de los
trabajadores en la huelga en el Ministerio.
El presidente de esta central obrera, Fabio Arias, dijo que “la CUT respalda a
los trabajadores y su decisión de cese de actividades y llama al Ministerio de
Trabajo para que establezca el diálogo y sean escuchadas esas problemáticas que
afectan las condiciones laborales”.
También respalda
esta huelga la Confederación de Trabajadores de Colombia. “La CTC apoya la
huelga convocada por las organizaciones sindicales y trabajadores del Ministerio
de Trabajo. Reiteramos nuestro apoyo incondicional en este proceso que
representa un momento crucial e histórico, hacemos un llamado a la ministra
exigiendo el cumplimiento de los compromisos definidos en los acuerdos
colectivos”.
Mientras tanto, la ministra dijo que “esta mesa está abierta y están invitadas
todas las organizaciones sindicales firmantes del acuerdo y seguiremos haciendo
todas las gestiones administrativas que sean necesarias para lograr que esto se
cumpla”.
Reforma laboral
Todo apunta a que el segundo proyecto de reforma laboral que presentó el
Gobierno se hundirá porque en esta legislatura no se aprobaría en primer debate,
pues no ha tenido discusión por falta de consenso.
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Las críticas a esta iniciativa no
solo han salido de los gremios, el empresariado y en el Congreso oposición e
independientes, también de algunos sindicatos. “El nuevo proyecto presentado es
la suma de buena parte del que se hundió en el semestre pasado en el Congreso de
la República. Por otra parte, es evidente la falta de interés de la señora
Gloria Inés Ramírez Ríos, ministra del Trabajo, para llegar a consensos con los
trabajadores, los gremios económicos y la Academia sobre los temas que incidirán
en los asuntos laborales y las empresas del país”, señaló la CGT en agosto
pasado cuando se radicó este texto.
Las marchas
Las centrales obreras y los sindicatos han atendido en varias oportunidades el
llamado del presidente Petro a marchar para apoyar las reformas y al Gobierno.
Sin embargo, la presencia del jefe de Estado el pasado 1° de mayo en las calles
causó resquemor en varios sindicatos porque habrían sentido que Petro,
supuestamente, quiso aprovechar las marchas del día de los trabajadores para que
se viera que fueron en favor de su gobierno.
En esa oportunidad el presidente
dijo que “le solicitaré este primero de mayo a los trabajadores y trabajadoras
que me permitan hablar en su tribuna de la plaza de Bolívar. Iré como antes,
caminando, espero que me acompañen en todo el país, será un caminar por la
dignidad laboral. Será un día para que todas y todos los trabajadores de la
salud salgan por su estabilidad laboral a punto de conseguirse”.
Entonces, Diógenes Orjuela aclaró en
la red X que “Gustavo Petro decida tomarse las marchas de los trabajadores el 1°
de mayo, no significa que los marchantes y toda la dirigencia sindical respalden
a su gobierno y sus cuestionadas reformas. Lo hace apoyado por los sindicalistas
del petrismo que violan la autonomía e independencia de los sindicatos”.
A punto de hundirse el único
proyecto en Congreso sobre la pólvora
En este Congreso se ha presentado un
solo proyecto para prevenir que se sigan quemando personas por pólvora, así como
afectando los animales y el medioambiente; sin embargo se hundirá si no logra
ser aprobado en primer debate en esta legislatura que finaliza el 20 de este
mes.
La iniciativa tiene como objetivo fomentar de forma gradual prácticas
recreativas y lúdicas libres del uso de fuegos artificiales y/o juegos
pirotécnicos, con el fin de garantizar la salud humana y animal, así como la
disminución de los impactos ambientales.
La Comisión Séptima del Senado tiene para mañana en primer orden del día la
discusión de este proyecto, en cuanto a los que se anunciarán para su votación
en primer debate. La iniciativa fue radicada en marzo pasado por la bancada del
Pacto Histórico.
El proyecto plantea en su parte motiva que el Decreto 2174 de 2023 con los
requisitos para el uso, fabricación, manipulación, transporte, almacenamiento,
comercialización, compra, venta de pólvora y productos pirotécnicos, se enfoca
exclusivamente en la salud humana y obvia aspectos como la garantía de la salud
de los animales y la conservación del ambiente.
La iniciativa de ley establece también que “no se podrán destinar recursos
públicos de ningún orden para la compra de artículos pirotécnicos con fines
lúdicos y recreativos ni para la organización, promoción o desarrollo de
actividades o eventos cuyo único fin sea el de presentación de fuegos
artificiales y/o juegos pirotécnicos”.
Además prevé el proyecto que en un término de seis meses contados a partir de la
sanción de la pretendida ley, los ministerios de Defensa, Justicia, Salud y del
Interior expedirán una reglamentación con criterios de evaluación de riesgo de
acuerdo a la probabilidad de ocurrencia de una lesión sobre el uso, la
fabricación, la manipulación, el transporte, el almacenamiento, la
comercialización, la compra, la venta y el expendio en el territorio nacional de
pólvora y productos pirotécnicos.
Así mismo, estipula sanciones de carácter pecuniario entre uno y doscientos
salarios mínimos mensuales a quienes incumplan dicha reglamentación, la cual
podrá determinar los artefactos pirotécnicos cuyo uso debe estar prohibido a
particulares, salvo a que se trate de expertos en la manipulación de los mismos.
El presidente de Fenalpi (Federación Nacional de Pirotécnicos), Andrés Carvajal,
ha dicho a EL NUEVO SIGLO que “hay que enfocar las campañas en temas de
prevención, no de prohibición. Lo que vemos es que no hay un instituto o
políticos que esté dispuesto a hacer campañas de prevención sobre este tema,
sino prohibir”.
En las pasadas festividades decembrinas, 1.357 personas resultaron quemadas por
pólvora, con un incremento del 17,7 % en comparación con diciembre del 2022,
según cifras del Instituto Nacional de Salud.
Cuestionan presiones de Petro a Fiscalía por caso
de carrotanques
El escandalo de corrupción al
interior de Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, sigue dando de qué hablar en
torno a las investigaciones que adelanta la Fiscalía General de la Nación y que
están relacionadas con esos hechos. En las últimas horas, el presidente Gustavo
Petro le pidió a la fiscal Adriana Camargo que no diera beneficios jurídicos a
Olmedo López y Sneyder Pinilla, principales investigados por los actos de
corrupción, hasta tanto no devuelvan el dinero perdido.
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Al respecto, el exvicefiscal Guillemo Mendoza quien explicó “es
una opinión que puede dar cualquier ciudadano porque en realidad no es una orden
ni tampoco una sugerencia que comprometa a la fiscalía. Pero lo cierto es que
cualquier ciudadano puede opinar que para darle un principio de oportunidad a
una persona y ponerlo a salvo de una acción penal le exija que devuelva los
bienes de los que se haya apoderado en caso propio”.
Respecto a los
expresado por el presidente, el exfuncionario advirtió “claro que está mal que
se hagan esas sugerencias por parte del mandatario, pero eso bajo ninguna
circunstancia afecta a independencia de la fiscalía, a lo cual la entidad de
investigación no tiene porqué ceñirse sobre esas directrices eternas, sino
solamente a lo que la ley le permite”.
A su turno, el abogado Ramiro Bejarano le dijo a este Diario sobre el particular
que “el presidente estaría cometiendo un acto de imprudencia porque si bien la
Constitución Nacional le permite al gobierno pedirle informes a la fiscalía por
temas de orden público, eso no le da licencia para insinuar a la fiscalía como
debe proceder en cada asunto y menos cuando se trata de un caso en el que están
involucrados dos funcionarios del que actualmente es presidido por el doctor
Petro”.
De igual manera, el jurista agrega
que “eso puede conducir a una propuesta que es inaceptable al pedirle a estos
señores que devuelvan el dinero y que si no lo hacen se niegue el principio de
oportunidad, con lo cual puede fracasar la posibilidad de oír la verdad que
ellos están obligados a suministrarle a la justicia”.
No se puede apelar al Acuerdo de Paz con FARC para
imponer otras reformas: Uribe
El expresidente Álvaro Uribe, salió
nuevamente en contra de la Jurisdicción Especial Para la Paz (JEP), tras el
acuerdo alcanzado entre el gobierno y la extinta guerrilla de las FARC, que en
el año 2016 permitió la firma de la paz con ese grupo armado.
Al respecto, Uribe explica “Lo acordado fue rechazado en el plebiscito, lo firmó
el gobierno de la época pero tuvo el trámite acto de jurídico complejo en el
cual intervinieron órganos diferentes del Estado. El congreso como constituyente
aprobó el Fast track, el cual además como órgano político aprobó la proposición,
nunca ley que ratificó el acuerdo derrotado en el plebiscito popular”.
Otro de los aspectos, sobre los cuales el expresidente llamó la atención tienen
que ver con la aprobación que hizo la Corte Constitucional de la proposición
anterior, así como también de otras piezas que hacen parte de la cuerda final.
“Muchos seguimos sin entender una proposición política del Congreso sometido al
Ejecutivo enmendó una decisión popular del plebiscito, el carácter de acto
jurídico complejo niega que el Ejecutivo pueda adjudicarse la facultad de citar
por fuera del ordenamiento jurídico vigente, una constituyente o toma cualquier
clase de decisión contra la Constitución como sería la prórroga del periodo
presidencial”.
Según dijo el exmandatario, “este proceso es ‘ilegítimo’, ya que no se trata de
un acuerdo internacional o especial, pese a la interpretación específica que se
le pueda dar a la Jurisdicción Especial Para la Paz”.
Entrega de tierras
El principal líder del Centro Democrático, además, sostuvo que el pueblo fue
engañado al momento de participar de la iniciativa popular, así como algunas
ramas del poder público a las cuales el gobierno de ese entonces ignoró.
“No podemos aceptar que con la apelación al acuerdo con FARC se impongan unas
reformas que avancen en la dirección de empobrecer a todos los ciudadanos, el
gobierno tiene ofrecida más de 600.000 hectáreas de tierra, el riesgo no es que
no se las vendan, el riesgo es que por temor inseguridad de impuestos le quieran
vender todo el país y dejar la seguridad alimentaria sin empresariado rural”.
De la misma manera, Uribe no ocultó su preocupación por el cobro de los avalúos
catastrales los cuales según él avanzan a altos niveles casi al punto de la
expropiación de tierras.
“El saneamiento del territorio y la variable ambiental depende de gobiernos que
aciertan y no de acuerdos con FARC, el reporte de la Comisión de la Verdad, es
un juicio al estado y una justificación de la acción criminal de FARC”.
El acuerdo y la JEP
Finalmente, el expresidente se refirió al papel que ha venido cumpliendo la JEP
tras la firma del acuerdo de paz, y además mencionó las investigaciones que
adelanta ese tribunal sobre los hechos relacionados con los falsos positivos.
“La JEP ha cumplido la tarea de humillar a las Fuerzas Armadas, además ha
consolidado la impunidad absoluta de FARC, con congresistas responsables de
delitos atroces como el reclutamiento y la violación de niños, estos
congresistas ni siquiera han recibido las sentencias irrisibles del acuerdo. El
tema de la JEP por la naturaleza de delitos de lesa humanidad que debe examinar,
derivan obligaciones del Derecho Internacional Humanitario, las cuales las tiene
que cumplir Colombia con o sin el acuerdo, con o sin la JEP”.
Desde un principio, cuando el mismo Uribe reveló que el gobierno de Juan Manuel
Santos estaba adelantando acercamientos con los miembros del secretariado de la
entonces guerrilla FARC. El máximo dirigente del Partido Centro Democrático
mostró su inconformismo con las negociaciones que se desarrollaron con ese grupo
armado, considerando que estaban dando demasiados beneficios a una organización
ilegal que había causado enormes daños a la sociedad tras más de 50 años de
guerra, y quienes debían pagar penas de cárcel por sus delitos relacionados con
el secuestro, la extorsión, el narcotráfico, el terrorismo, así como también el
asesinato de miembros de la Fuerza Pública y civiles.
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