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Celeste tuvo una muerte violenta, según informe de Medicina Legal
El pasado 31 de mayo, una menor de tres años fue ingresada por urgencias al
hospital de Kennedy, luego de que un allegado la hallara con signos de maltrato.
Minutos después, fue declarada muerta.
La niña fue identificada como Celeste, una pequeña que vivía con su madre y su
padrastro. En la mañana del viernes 31, la menor sufrió una golpiza que le
ocasionó múltiples contusiones en la cabeza, tórax, abdomen y extremidades,
hecho por el cual perdió la vida.
De acuerdo con el informe de Medicina Legal, la muerte se produjo por un trauma
craneoencefálico contundente con hematoma subdural agudo izquierdo sin fractura
de cráneo, en otras palaras, sufrió un golpe en la cabeza que le causó una
acumulación de sangre en el espacio entre el cerebro y el cráneo en el lado
izquierdo.
Según la versión de la mamá de Celeste, su padrastro, identificado como Brayan
Ramírez, pateó a su bebé sobre una colchoneta. “Yo le gritaba. Él paró, yo
recogí a mi hija, ella estaba sangrando”, señaló.
La tía de Celeste manifestó que el hombre se enojaba cada vez que la niña
lloraba o hiciera alguna cosa que le disgustara. Por tal motivo, agredía
físicamente tanto a la madre como a su bebé, incluso, había lanzado amenazas de
muerte contra su humanidad.
“El terminó haciendo lo que siempre le dijo, que la iba a matar a ella o a sus
hijas. Acabó con un angelito que no tenía nada que ver. Yo quiero pedir justicia
para mi sobrina. Que esto no quede impune, que esto no quede como otros
homicidios y que no quede solo en un papel”, señaló.
Brayan es el principal sospechoso del homicidio, se encuentra detenido en centro
carcelario luego de ser sorprendido con pornografía infantil en su celular. Las
autoridades continúan las investigaciones para esclarecer lo sucedido.
20 años de prisión para asesino del empresario Roberto Franco Charry
Un juez condenó, este viernes, a 20 años de prisión, a Jean Karlo Bermúdez
Camargo, responsable de conducir la motocicleta en la que
se movilizaba el sicario que asesinó al empresario Hernán Roberto Franco Charry,
el pasado 21 de febrero en el parque de la 93, al norte de Bogotá.
Bermúdez Camargo aceptó su responsabilidad en el crimen por medio de un
preacuerdo, luego de la presentación de material probatorio que presentó la
Fiscalía en su contra. El acusado, no habría aceptado los cargos de homicidio,
en una audiencia el pasado 22 de febrero.
“La labor investigativa desplegada por la Fiscalía General de la Nación fue
determinante para que Jean Karlo Bermúdez Camargo aceptara; de manera libre,
voluntaria y asesorado por un abogado, su responsabilidad en el asesinato del
empresario Roberto Franco Charry, en hechos ocurridos en el pasado 21 de febrero
en el norte de Bogotá”, indicó la Fiscalía.
El hombre habría sido capturado en
situación de flagrancia, luego de que intentara ayudar a escapar al asesino que
disparó indiscriminadamente en contra del auditor. Además, vídeos de cámaras de
seguridad y distintas declaraciones, demostraron que Franco fue atacado en el
parqueadero privado del edificio en el cual trabajaba, situando al agresor en el
lugar, quien intentó huir corriendo antes de abordar una motocicleta que lo
esperaba, y la cual era conducida por el ahora condenado.
Es importante recordar que, el
vehículo dispuesto para el plan criminal no encendió, por lo que el homicida
intimidó a un motociclista que pasaba por el lugar y lo obligó a transportarlo a
un destino desconocido. Ante la imposibilidad de usar la motocicleta, el ahora
condenado, la dejó abandonada en vía pública e intentó huir.
El preacuerdo, al que se acogió Jean
Karlo Bermúdez, fue aprobado por un juez penal de conocimiento quien lo condenó
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como responsable de los delitos de homicidio, tráfico, porte o tenencia de
armas de fuego, accesorios, partes o municiones.
Poulos sentenciado a 42 años de prisión por el
feminicidio de Valentina Trespalacios
En un fallo judicial significativo, John Nelson Poulos ha sido condenado a 42
años y 8 meses de prisión por el feminicidio de Valentina Trespalacios, ocurrido
el 22 de enero de 2022 en Bogotá. La Fiscalía General de la Nación desplegó una
rigurosa labor investigativa que resultó crucial para que un juez penal de
conocimiento dictara esta sentencia.
Durante el juicio oral, un fiscal de la Seccional Bogotá presentó pruebas
contundentes que demostraron que Poulos, un ciudadano extranjero, llevó a
Valentina Trespalacios a un apartamento en el norte de la ciudad. En medio de un
ataque de celos, Poulos golpeó y asfixió a la joven. Las cámaras de seguridad
captaron al agresor envolviendo el cuerpo de la víctima, ocultándolo en una
maleta y abandonándolo en un contenedor de basura en la localidad de Fontibón.
El cuerpo de Valentina fue encontrado horas después por las autoridades.
La Fiscalía reveló que Poulos había alquilado un automóvil por tres días, con el
propósito de estar con Trespalacios y luego deshacerse de ella. El 22 de enero,
tras cometer el crimen, Poulos devolvió el vehículo en el aeropuerto El Dorado y
tomó un vuelo hacia Ciudad de Panamá, Panamá.
Además del feminicidio, la Fiscalía demostró que Poulos ejerció un ciclo de
violencia psicológica sobre Trespalacios, controlando sus acciones, revisando
sus redes sociales y su celular. Estos argumentos fueron avalados por el juez,
quien lo declaró culpable de los delitos de feminicidio agravado y ocultamiento,
alteración o destrucción de elemento material probatorio.
La condena es de primera instancia y Poulos tiene derecho a apelar la decisión.
Este caso resalta la importancia de la labor investigativa y judicial en la
lucha contra la violencia de género, enviando un mensaje claro sobre
las consecuencias legales de
tales actos atroces.
Irregularidades en contratos de la UNGRD
ascienden a $5 billones
Luego del análisis de la contratación de los últimos 4 años de la Unidad
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, (UNGRD), la Contraloría
General de la República ha detectado irregularidades en contratos ejecutados en
obras para desastres, calamidades y otras circunstancias, por cerca de $5
billones.
El ente de control analiza la contratación en los años 2021, 2022, 2023 y 2024,
de los suministros de carrotanques, los contratos del programa "Hambre Cero", la
contratación de obras en el departamento de Santander y la contratación de
suministro de maquinaria amarilla.
Esta contratación se ha concentrado en los departamentos de Córdoba, La Guajira,
Bolívar y Boyacá.
Por tal motivo, el Vicecontralor en funciones de Contralor General de la
República, Carlos Mario Zuluaga, ha decidido declarar de impacto nacional los
hechos que generaron este inusual incremento de la contratación en dicha Unidad.
“Estamos atendiendo las advertencias sobre una presunta afectación de dineros
públicos por la compra de carrotanques, realizadas por la Dirección de
Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) de la Contraloría” aseguró el
contralor en funciones y explicó que todas las actuaciones del caso estarán
lidereadas por la unidad de investigaciones especiales contra la corrupción,
“atendiendo el grave menoscabo a la administración pública y el presunto
direccionamiento y mal manejo de la contratación de este objeto.
Para el ente de control llama la atención que la contratación de la UNGRD este
focalizada únicamente en tres empresas a las que se les adjudicaron los
millonarios contratos. De tal suerte, se investiga también un presunto
favorecimiento en la contratación,
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dirigida a menoscabar el erario
público.
Igualmente el organismo de control observó la presencia y continuidad de algunas
empresas en la adjudicación de los contratos, empresas que vienen presentando
incumplimientos en la formalización de los mismos, presuntos sobrecostos y
violación a las normas contractuales.
Por esto, la Contraloría General de la República abrirá investigaciones por la
presunta pérdida de más de 80 mil millones de pesos en la sola contratación de
carrotanques, atendiendo sobrecostos, ejecución y funcionabilidad de los
proyectos de suministro y abastecimiento de agua potable, en todo el país. Así
mismo, compulsará las correspondientes copias a la Fiscalía General de la
Nación, puesto que de este estudio se vislumbra la posible ejecución de delitos
contra la administración pública; y a la Procuraduría General de la Nación por
presuntas faltas disciplinarias.
Irregularidades en 31 contratos del programa "Hambre Cero" (Ollas
comunitarias)
La Contraloría General reveló, luego de un análisis minucioso adelantado por la
Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata, (DIARI), significativas
irregularidades en 31 contratos durante el año 2023, destinados a la provisión
de alimentos para damnificados por el Fenómeno de La Niña. Los contratos fueron
otorgados por los funcionarios Sneyder Pinilla, subdirector de manejo de
Desastres y Olmedo López, Director de la Unión de Gestión del Riesgo.
Estos 31 contratos, valorados en $131.812 millones, también fueron declarados de
impacto nacional para que sean investigados por la Unidad de Investigaciones
Especiales Contra la Corrupción, toda vez que fueron otorgados a empresas que no
contaban con personería jurídica o cuyo objeto de constitución no guarda
relación con las actividades para las que fueron contratadas, carecen de
experiencia o son presuntas empresas de papel. Se observa, además, un presunto
interés indebido en la contratación e incumplimiento en el régimen contractual,
por lo que se compulsarán copias a la Fiscalía General de la Nación.
Estos hallazgos serán objeto de investigaciones adicionales y posibles acciones
legales para asegurar que los fondos destinados a los programas de ayuda lleguen
efectivamente a quienes más los necesitan.
Contratación suministro de maquinaria amarilla
El ente de control advierte sobre un incremento del 160% en la erogación
destinada a la contratación de suministro de maquinaria amarilla en 2023,
pasando de aproximadamente $88 mil millones durante el 2022 a cerca de $227 mil
millones en la vigencia del año pasado.
Dado el monto investigado, también en este caso, la Contraloría General decidió
declarar estos hechos como de impacto nacional, a fin de atender un presunto
detrimento patrimonial que pudo causarse por posibles irregularidades tales
como: dobles pagos o maquinaria no utilizada.
A esto se suma la desconcertante concentración de recursos adjudicados a una
sola empresa, que acumuló 13 contratos por un monto superior a los $21 mil
millones entre el 2021 y el 2024, año en el que la empresa presuntamente habría
obtenido un contrato por casi un tercio del total mencionado. De los hechos
irregulares encontrados durante la investigación se compulsarán copias a la
Fiscalía General de la Nación, toda vez que se observa un posible delito contra
la administración pública.
Alto Riesgo en contratación de obras en Santander
La Contraloría emitió una contundente advertencia sobre los riesgos elevados en
la contratación de obras por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres (UNGRD) en el departamento de Santander.
En los últimos cinco años, la ejecución de obras para la mitigación de riesgos
ha estado sorprendentemente concentrada en ese departamento, alcanzando un
29.78% del total nacional. Este hallazgo surge de un análisis detallado de la
información reportada por la UNGRD en su plataforma FIDUSAP.
La Contraloría ha identificado la necesidad urgente de auditar y evaluar 25
contratos adicionales en Santander, que ascienden a $317.325 millones. Esta
acción es crucial para garantizar la transparencia y el adecuado uso de los
fondos públicos, ante los hallazgos que sugieren una posible repetición
innecesaria de proyectos y un manejo cuestionable de los recursos destinados a
la mitigación de riesgos.
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