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Desmantelada red de narcotráfico que enviaba
cocaína a España
En una contundente operación, un juez de control de garantías ordenó la prisión
de cuatro presuntos miembros de una organización criminal dedicada al tráfico de
cocaína hacia Europa. Esta red enviaba grandes cantidades de clorhidrato de
cocaína desde Colombia hacia España, utilizando rutas que atravesaban el Caribe
colombiano.
La Fiscalía General de la Nación identificó a los detenidos como Arles Velasco
Arenas, señalado como el coordinador logístico de las operaciones ilícitas;
Alejandro Quintero Marín, supuesto transportador de la droga; y Carlos Arcesio
Vargas Hurtado, quien presuntamente alertaba sobre los movimientos de la Fuerza
Pública y facilitaba el traslado de los estupefacientes. Además, Arcesio Vargas
Quiroga, ya encarcelado por otro caso, también recibió una nueva medida de
aseguramiento por su presunta implicación en esta organización.
Las investigaciones revelaron que la cocaína provenía de zonas de producción
ilegal en el Cauca. La droga era transportada en camiones con compartimentos
ocultos hasta Cartagena y Arjona, en Bolívar, desde donde se enviaba por vía
marítima a España.
El desmantelamiento de esta red fue posible gracias a una operación conjunta
entre el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Agencia Antidrogas de
Estados Unidos (DEA). Las capturas se llevaron a cabo en varias localidades,
incluyendo Dosquebradas (Risaralda), Yumbo y Palmira (Valle del Cauca).
La Fiscalía imputó a los acusados el delito de tráfico, fabricación o porte de
estupefacientes agravado. Arles Velasco Arenas, Carlos Arcesio Vargas Hurtado y
Arcesio Vargas Quiroga aceptaron los cargos, mientras que Alejandro Quintero
Marín se declaró inocente. Sin embargo, todos deberán enfrentar el proceso
judicial desde prisión.
Este golpe al narcotráfico resalta la importancia de la cooperación
internacional en la lucha contra el crimen organizado y subraya el compromiso de
las autoridades colombianas y extranjeras para desmantelar estas redes que
afectan tanto a Colombia como a otros países.
Condenan a tres asesinos de líderes
sociales en Caquetá y Córdoba
En un avance significativo en la lucha contra la violencia hacia los líderes
sociales en Colombia, tres miembros de grupos armados ilegales han sido
condenados por su participación en homicidios en los departamentos de Caquetá y
Córdoba. La contundencia de las pruebas presentadas por fiscales de la Unidad
Especial de Investigación (UEI) fue crucial para obtener estas sentencias.
Condena a ‘El Zarco’
Juan Manuel Gómez Durango, alias ‘El Zarco’, fue condenado
a 22 años y 5 meses de prisión por el asesinato de Mary Cruz Petro Villalba, una
líder comunal asesinada el 25 de abril de 2023 en Ciénaga de Oro, Córdoba. La
víctima fue interceptada y disparada mientras se movilizaba en motocicleta. ‘El
Zarco’, miembro de una subestructura del ‘Clan del Golfo’, fue encontrado
culpable de homicidio, concierto para delinquir, hurto calificado y fabricación,
tráfico y porte de armas de fuego o municiones. Todas estas conductas fueron
agravadas, reflejando la gravedad del crimen.
Condena a ‘Raúl’
Eliecer Núñez Ángel, conocido como alias
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‘Raúl’, integrante de la estructura Comandos de la
Frontera de las disidencias de las FARC, aceptó su
responsabilidad en al menos cinco homicidios en Caquetá. Entre sus víctimas se
encontraban tres líderes sociales, un firmante de paz y un civil. Entre los
asesinatos atribuidos a ‘Raúl’ se encuentra el de Antonio Charry Naranjo,
vicepresidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Bolivia de El Paujil,
Caquetá, ocurrido el 15 de septiembre de 2022.
Además, participó en los homicidios de los líderes sociales Alexander Pastrana
Lozada y Marcos Antonio Morales López, ocurridos en marzo de 2022. Tras un
preacuerdo con la Fiscalía, alias ‘Raúl’ fue condenado a 22 años y 2 meses de
prisión por homicidio, desplazamiento forzado, concierto para delinquir, y
fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, todas agravadas.
Condena a Alias Guamo
Yoner Cortés Artunduaga, alias ‘Guamo’, recibió una sentencia de 18 años y 2
meses de prisión. Cortés Artunduaga, miembro de la estructura Miller Perdomo de
las disidencias de las FARC, fue hallado culpable de los homicidios de dos
líderes sociales en La Montañita, Caquetá. Entre sus crímenes está el asesinato
de Yony Alejandro Chala Hueje, líder comunal asesinado el 27 de junio de 2021, y
el homicidio del tesorero de la Junta de Acción Comunal de la vereda Reina Baja,
perpetrado el 21 de enero de 2023.
Cortés Artunduaga fue sentenciado por homicidio, fabricación, tráfico y porte de
armas de fuego o municiones, y concierto para delinquir, con todas las conductas
agravadas.
La Segunda Marquetalia adquiere material
de guerra ruso
La organización insurgente Segunda Marquetalia, liderada por Luciano Marín,
alias ‘Iván Márquez’, ha adquirido un arsenal de material bélico proveniente de
Rusia, según información de inteligencia militar revelada por diferentes medios
nacionales. Este armamento incluye cohetes y drones, y ha sido obtenido para
intensificar sus acciones armadas contra la Fuerza Pública.
Las autoridades militares informaron que la adquisición de este material bélico
de última generación responde a una estrategia del grupo para contrarrestar las
operaciones aéreas de las Fuerzas Militares colombianas. En los reportes de
inteligencia también se mencionan videos que muestran a miembros de la Segunda
Marquetalia entrenando con estos nuevos equipos, los cuales fueron
proporcionados por traficantes internacionales de armas.
Las negociaciones para la obtención de este arsenal habrían sido encabezadas por
el propio ‘Iván Márquez’. Estos informes también indican que la organización
insurgente está utilizando menores de edad en sus entrenamientos para el manejo
de armas no convencionales, conocidas como tatucos, de largo alcance y
fabricación artesanal, que históricamente han sido empleadas por grupos
guerrilleros en Colombia.
Esta revelación se produce en un momento crítico, cuando la Segunda Marquetalia
ha iniciado diálogos preliminares con el gobierno del presidente Gustavo Petro
para establecer un nuevo proceso de paz. Este grupo no se acogió al acuerdo de
paz firmado en 2016 con la antigua guerrilla de las FARC, y su adquisición de
material bélico sofisticado podría complicar las negociaciones actuales.
Las autoridades y la comunidad internacional siguen de cerca estos desarrollos,
que representan un desafío significativopara la estabilidad y la seguridad en el
país.
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Asesinato de lider social en Argelia,
Cauca, aumenta la inseguridad en la región
En Argelia, Cauca, la violencia ha vuelto a golpear con fuerza. El reconocido
líder social y docente Hernán Enríquez Mora fue asesinado en un retén ilegal en
el sector conocido como el cruce de Las Perlas. Este trágico hecho ha generado
una profunda preocupación entre las organizaciones sociales y la comunidad en
general.
La Asociación Campesina de Trabajadores de Argelia expresó su alarma a través de
un comunicado, manifestando su inquietud por la creciente influencia de las
disidencias del Estado Mayor Central (EMC), específicamente el frente Carlos
Patiño. "El señor Hernán Mora podría ser el primero de cientos de líderes y
campesinos asesinados", advirtieron, señalando el grave riesgo que corren los
defensores de derechos humanos en la región.
El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) confirmó que con
el asesinato de Mora, ya son 76 líderes sociales asesinados en lo que va del año
2024. Este dato refleja el peligro constante al que se enfrentan quienes
defienden los derechos humanos y lideran procesos sociales en Colombia.
La Gobernación del Cauca rechazó enérgicamente el asesinato de Hernán Enríquez
Mora, oriundo del municipio de Suárez. Este hecho se suma a un reciente ataque
terrorista en Popayán, capital del departamento, que dejó dos policías heridos.
En respuesta a estos eventos, las autoridades locales han anunciado una
recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita capturar a
los responsables.
Juan Carlos Muñoz, en representación de la Alcaldía de Popayán, hizo un llamado
a la comunidad para que proporcione cualquier información que pueda ayudar a
identificar a los autores de estos actos violentos. Tanto el alcalde Muñoz como
el gobernador Elías Larrahondo Carabalí enfatizaron la importancia de la
colaboración ciudadana en la lucha contra el terrorismo y la violencia en la
región.
El presidente Gustavo Petro también se pronunció sobre estos hechos, enviando un
mensaje contundente a las estructuras criminales, especialmente al EMC de las
disidencias de las FARC. Petro advirtió que no habrá diálogos de paz mientras
estos grupos continúen involucrados en actividades ilícitas como el
narcotráfico. Además, reiteró que las fuerzas militares seguirán adelante con
las ofensivas contra estas organizaciones.
“El Ejército Nacional tiene la orden de neutralizar al EMC tanto en el Cauca
como en el Valle del Cauca. Mientras no decidan desmantelar las economías
ilícitas, no habrá conversaciones de paz y la ofensiva será total”, afirmó el
presidente a través de su cuenta de X (anteriormente Twitter).
La situación de inseguridad se agrava con el reciente asesinato de otro líder
social, Javier Condía, en Yopal, Casanare. Condía, comerciante y activo
dirigente comunal, fue atacado en su negocio por hombres armados. Aunque fue
trasladado rápidamente a un centro de salud, falleció debido a la gravedad de
sus heridas. Pese a contar con protección de la Unidad Nacional de Protección,
fue asesinado mientras se encontraba indefenso.
Ante el incremento de líderes sociales asesinados, la Defensoría del Pueblo ha
emitido Alertas Tempranas 023/23 y 019/23, que incluyen al municipio de Yopal.
Estas alertas subrayan el riesgo constante que enfrentan los defensores de
derechos humanos y líderes sociales debido al control ejercido por grupos
armados ilegales.
El asesinato de Hernán Enríquez Mora no solo representa una pérdida irreparable
para su comunidad, sino que también evidencia la necesidad urgente de reforzar
las medidas de protección para los líderes sociales en Colombia, quienes siguen
siendo blanco de violencia en un contexto de conflicto y criminalidad.
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