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Amelia Pérez pide ser escuchada en demanda a la
elección de Fiscal
En una reciente carta enviada al Consejo de Estado, Amelia Pérez Parra, quien
fue candidata a Fiscal General, pidió ser escuchada en el marco de la demanda
que cuestiona la elección de Luz Adriana Camargo como Fiscal General de la
Nación para el período 2024-2028. Pérez, quien renunció a su candidatura el día
de la elección, busca esclarecer las circunstancias de su renuncia y su impacto
en el proceso. La solicitud, fechada el 24 de mayo, se presentó al despacho del
magistrado Luis Alberto Álvarez Parra de la Sección Quinta del alto tribunal.
Pérez, que renunció inesperadamente a la terna de candidatos el 12 de marzo, el
mismo día en que se iba a realizar la elección, pide al tribunal que su
testimonio sea considerado durante la fase probatoria del proceso. En su misiva,
Pérez argumenta que es fundamental que el Consejo de Estado conozca en detalle
las circunstancias que rodearon su renuncia y los hechos que llevaron a la
elección de Camargo.
"Son intereses generales los que me motivan a formular la presente solicitud",
afirma Pérez en su carta, subrayando la importancia de que su testimonio sea
incluido para una adecuada evaluación del proceso de elección.
La renuncia de Pérez ha sido objeto de controversia. La Corte Suprema de
Justicia acuó a Pérez de intentar boicotear el proceso al presentar su renuncia
apenas minutos antes de la sesión decisiva. Según la Corte, Pérez tuvo tiempo
suficiente para comunicar su decisión por medios electrónicos, pero optó por
entregar su renuncia en persona, primero a la Presidencia de la Corte Suprema y
luego al presidente Gustavo Petro. Esta acción fue interpretada como un intento
deliberado de interrumpir el procedimiento.
En respuesta, tanto Luz Adriana Camargo como la Presidencia de la República han
sostenido que la renuncia de Pérez no afectó el proceso de elección. Camargo
desestimó las acusaciones de sabotaje, afirmando que la renuncia de Pérez no
tuvo ningún impacto en la elección, que se llevó a cabo conforme a lo previsto.
A pesar de estos cuestionamientos, Pérez reiteró la necesidad de que se escuche
su versión de los hechos. Su solicitud añade una nueva capa de complejidad al ya
controversial proceso de elección del Fiscal General, en el cual ella misma
obtuvo 12 votos en la tercera ronda, quedando cerca de ser seleccionada. La
influencia de las publicaciones de su esposo, el exfiscal Gregorio Oviedo,
también ha sido un factor de discusión, ya que estas fueron mal recibidas y
afectaron negativamente la percepción de su candidatura en la última ronda de
votaciones.
Con la demanda en curso, el Consejo de Estado deberá considerar si la inclusión
del testimonio de Pérez arrojará nueva luz sobre un proceso que ha estado
marcado por las tensiones y las acusaciones de manipulación. La solicitud de
Pérez refleja su determinación de que se esclarezcan todos los aspectos de su
renuncia y la elección que siguió.
Con varias alertas, reforma pensional
inicia debate en plenaria de Cámara
Se tiene previsto que la reforma pensional comience mañana el cuarto y último
debate en la plenaria de la Cámara, con el tiempo en contra porque tiene como
plazo estas dos semanas que restan de legislatura para ser aprobado y
conciliado, o se hunde. El proyecto gubernamental llega a esta instancia con
varias incertidumbres y campanazos de alerta, especialmente por el impacto que
tendría en el erario, como han
señalado en los últimos días el Comité de la Regla Fiscal, Asofondos, la
Procuraduría, gremios y los sectores de oposición e independientes en el
Congreso.
El proyecto de ley N° 433 de 2023 Cámara – 293 de 2022 Senado, por medio de la
cual se establece el sistema de protección social integral para la vejez,
invalidez y muerte de origen común, figura en el primer lugar del orden del día
de la plenaria, en donde inicialmente se votarán las ponencias, comenzando por
la que pide el archivo de la reforma, que suscribieron los representantes Betsy
Pérez Arango (Cambio Radical) y Juan Corzo Álvarez (Centro Democrático).
En tanto que la ponencia positiva tiene la firma de siete de los diez ponentes
designados, en donde Martha Alfonso es la coordinadora.
Los puntos que han causado mayor discusión de este proyecto en el pilar
contributivo es el umbral de cotización obligatoria en el fondo público
Colpensiones, que la Comisión Séptima de Cámara lo redujo de la propuesta
inicial del Gobierno de 3 a 2,3 salarios mínimos mensuales.
También hay polémica por la vigencia, porque la reforma entraría en vigor en
julio del 2025; sin embargo, muchos consideran que es muy pronto para hacer los
ajustes, por los fuertes cambios que contempla.
Hay discusión, además, por las condiciones del fondo de ahorro en la reforma,
que inicialmente quedaba en cabeza de Colpensiones, pero en la Séptima de Cámara
se aprobó que esté en el Banco de la República. Hay posturas encontradas sobre
los integrantes del comité que tendrá, pues su escogencia quedó en manos del
presidente de la República.
Comité de Regla Fiscal
El Comité Autónomo de la Regla Fiscal presentó la semana pasada una
actualización de su documento técnico sobre el impacto de la reforma en las
finanzas públicas.
Si bien destaca que con la iniciativa se reducen los subsidios de la Nación a
las altas pensiones, se elimina el arbitraje que hoy existe entre los regímenes
público y privado, así como aumenta la cobertura del régimen contributivo, el
umbral de 2,3 salarios mínimos mensuales aumenta las necesidades de Colpensiones
para el pago de mesadas y devoluciones, del 3 % del PIB en 2025 al 4,9 % del PIB
en el año 2065.
“Debido a las mayores necesidades, y en vista de que los ingresos a Colpensiones
se mantienen relativamente constantes, una vez se agote el Fondo de Ahorro, la
Nación le deberá hacer una transferencia anual mayor en alrededor de 2,5 % del
PIB a Colpensiones (pasa de 1,3 % del PIB en 2025 a 3,8 % del PIB en 2063)”,
dice el organismo en el documento.
Agrega que “si se limita el umbral que va a Colpensiones a un salario mínimo, el
acervo de ahorro nacional aumentaría en cerca de 17,1 puntos porcentuales del
PIB frente al escenario actual”. Insiste el Comité Autónomo de la Regla Fiscal
que “entre
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menor sea el umbral, aumenta el
ahorro nacional en el largo plazo, se limita el subsidio del régimen público a
ese mismo nivel y se aumenta el carácter distributivo de la reforma”. Además,
llama la atención porque “la reforma no modifica los regímenes especiales y
exceptuados, que representan una carga financiera para la Nación: en 2023 se
destinaron cerca de $26,8 billones (1,7 % del PIB) del Presupuesto General de la
Nación para cubrir las necesidades de estos”.
Andrés Velasco, director ejecutivo de este organismo, dijo a Caracol Noticias
que “la parte presupuestal de la reforma, que es el pilar solidario, que son los
$223 mil para las familias que se encuentran en pobreza y vulnerabilidad, y el
pilar semicontributivo, deberán financiarse año tras año. Esas erogaciones
deberán hacerse bajo el techo que permite la regla fiscal, que es la hoja de
ruta que la Nación se ha fijado para el manejo de las finanzas públicas”.
Añadió que con respecto a la parte contributiva, la “reforma cuesta más y ese
costo adicional tendrá que ser asumido por la Nación. Si no ocurre alguna otra
reforma, la Nación más o menos después de la primera mitad de la década del 2060
tendría que conseguir recursos adicionales por dos puntos del PIB, unos $35
billones de hoy, para poder financiar como está pintado en la reforma”.
Asofondos
El gremio de los fondos privados de pensiones, Asofondos, ha hecho varios
reparos a la reforma del Gobierno. En una misiva que envió en días pasados al
ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, dijo que “nuestra única solicitud es que
la ley establezca reglas de juego claras y justas, incluyendo la remuneración,
no solo de las actuales AFP (Administradoras de Fondos de Pensiones), sino de
todos los actores que podrán entrar a administrar el componente de ahorro
individual”.
El presidente de Asofondos, Santiago Montenegro, dijo a Colprensa en días
pasados que la reforma “no es sostenible, obliga al 88 % de los trabajadores a
cotizar exclusivamente en la administradora estatal, Colpensiones. Por cada 100
pesos que reciba, Colpensiones solo va a ahorrar 22. Esto no es suficiente para
pagar las pensiones de los jóvenes. Y, debido a que en Colombia cada vez vivimos
más y tenemos menos hijos, el sistema es insostenible”.
Procuraduría
Para el último debate de la reforma, la Procuraduría insistió en sus
observaciones, como lo manifestó en una misiva a la ministra de Trabajo, Gloria
Ramírez.
Indicó el Ministerio Público que “las cifras que se conocen de Colpensiones, que
han sido objeto de rigurosos análisis por parte de la entidad, evidencian que no
tiene la capacidad técnica, administrativa y operativa para la puesta en marcha
de una operación que implicaría el traslado de cerca de 19 millones de
personas”.
Subrayó la Procuraduría que “es necesario que el Gobierno, el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público y el Congreso de la República tengan en cuenta los
estudios y conceptos del costo fiscal que generaría el proyecto en el
Presupuesto General de la Nación, datos que además se deberán tener en cuenta en
el análisis de lo relacionado con el valor en todos los pilares a mediano y
largo plazo”.
Puntualizó que la reforma debe garantizar la construcción de un sistema de
protección integral a la vejez que sea sostenible y viable para las futuras
generaciones.
Qué dicen los gremios
La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) envió a la Cámara un
documento 'ad portas' del cuarto debate de la reforma pensional, en donde dice
que es positivo que elimina la competencia entre los dos regímenes pensionales,
la forma en que se estructura en pilares, el ajuste en el subsidio que reciben
las pensiones altas, la generación de mayor equidad al fortalecer el sistema de
solidaridad aumentando lo que reciben los adultos mayores en el pilar solidario
y en el semicontributivo.
No obstante, hace notar que “la reforma no cuenta con una medición adecuada de
su impacto sobre la sostenibilidad fiscal y el mercado de capitales, no
considera los cambios demográficos y no permite la libertad de decisión de las
personas sobre quién maneja su ahorro”.
Dice también la ANDI que “consideramos que la obligatoriedad de cotizar en
Colpensiones bajo la modalidad de prima media debe reducirse". Propone que el
límite sea por un salario mínimo mensual. Advirtió que “el mayor impacto se
daría sobre la situación fiscal del país. La carga fiscal adicional que habría
que asumir en el año 2070 se traduciría en un deterioro del déficit pensional,
que pasaría del 2,2 % del PIB en el escenario básico sin reforma a 5,5 % del
PIB”.
Proyectos en la cuerda floja ante cierre de la
legislatura
El Congreso de la República finalizará actividades en dos semanas. Sin embargo,
aún le quedan varias asignaturas pendientes por superar antes del 20 de junio y
evitar la caída de algunas iniciativas. A escasos días calendario para cerrar el
periodo, aún están en trámite los siguientes proyectos.
En Senado de la República
La corporación tiene pendiente para la plenaria el cuarto debate de la ley
estatutaria a la educación, que quedó programado para el próximo 17 de junio y
la conciliación para el día 20. En este sentido, los congresistas de la Comisión
Primera no quedaron conformes con el acuerdo alcanzado y el Pacto Histórico
anunció que someterá a revisión varios de los puntos de la ponencia para que
sean discutidos nuevamente.
Otro de los proyectos que tiene el Senado es el de la ley ordinaria por medio de
la cual se determina la Jurisdicción Agraria y Rural, se establece el
procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones que hacen
parte del Acuerdo de Paz de 2016. Respecto a ello, desde la vicepresidencia del
Senado, en cabeza de María José Pizarro, se solicitarían al Gobierno sesiones
extras para sacar adelante la iniciativa y evitar que se archive, pues con la
aprobación de la jurisdicción agraria, la ley ordinaria debe ser aprobada.
Por otra parte, el próximo 11 de junio el Senado entrevistará en sesión plenaria
a los 10 candidatos a contralor general de la República, entre quienes se
encuentra Carlos Hernán Rodríguez, a quien retiraron del cargo por elección
irregular. La elección del nuevo contralor por el periodo que resta se
adelantará el 12.
Plenaria de Cámara
Por este lado del Congreso son varios temas que penden de un hilo. La plenaria
debe definir la solicitud del Gobierno nacional para que se implemente la
ampliación del cupo de endeudamiento presentado por el Ministerio de Hacienda,
que pasaría de US$70.000 millones a US$87.000 millones. Esta solicitud del
Gobierno nacional está sustentada en el rescate de la economía, que actualmente
se encuentra a punto de una recesión.
La creación de Ecominerales también se está enredando, porque el proyecto que
pretende la implementación de una empresa similar a ECOPETROL, de manejo mixto
entre el
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Estado y los privados, para
establecer la legalización del sector minero en el país, no va muy bien. El
proyecto se encuentra en primer debate en comisión de Cámara y posteriormente
debe llegar a plenaria, pero en ese orden de ideas parece que no le va a
alcanzar, teniendo en cuenta que la iniciativa no ha despertado el interés de
los congresistas de oposición e independientes que no apoyan la iniciativa.
Otro proyecto incompleto es la
reforma laboral: aunque en el periodo anterior de sesiones ordinarias la
Comisión Séptima de Cámara aprobó 16 artículos, para en esta legislatura no se
ha podido retomar el debate pese a que el tiempo apremia, pero en palabras de la
ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, el Gobierno espera que la iniciativa
quede aprobada en primer debate antes de 20 de junio.
Mociones de censura
Los partidos Centro Democrático, Cambio Radical y Alianza Verde presentaron
cinco mociones de censura contra ministros de la administración Petro, que se
adelantarán en medio de los días que quedan de legislatura.
Uno de estos procedimientos de acto administrativo va contra el ministro de
Minas, Andrés Camacho, por la falta de planificación del Gobierno en la
implementación de la transición energética y la determinación de no explotar
gas. Otro es por el escándalo de corrupción en la Unidad de Gestión salpicó al
ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, quien deberá explicar su relación
con esos hechos.
Francia Márquez, vicepresidenta de la República y ministra de la Igualdad, fue
llamada a moción ante la falta de ejecución presupuestal de la cartera que
lidera. El ministro de Defensa, Iván Velásquez, deberá responder los
cuestionamientos sobre el deterioro del orden público en Cauca, Caquetá y Valle
del Cauca, así como la reorganización de los grupos armados.
Finalmente, el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, se presentará ante el
Congreso por la implementación del nuevo modelo de salud del magisterio y las
serias dificultades que está teniendo el sistema tras las recientes quejas, de
los maestros.
El país necesita coraje en la actuación, no en el
discurso: Uribe
“Se fue la seguridad. Será difícil rescatarla”. Con esta frase, el expresidente
Álvaro Uribe entregó un nuevo mensaje al país, en la serie de videos diarios que
inició hace dos semanas.
Con cifras en mano, el exmandatario muestra cómo se han incrementado varios
delitos, entre ellos los asesinatos de líderes sociales, masacres, extorsiones,
narcotráfico y minería ilegal.
Tras asegurar que el país está extorsionado y cita como ejemplo que este delito
denunciado en lo que va del gobierno actual asciende a 18.935 casos, dijo que se
no puede volver al pasado y que compete a todos pensar cómo enfrentar
exitosamente el futuro.
En ese marco sostuvo que “necesitamos gobiernos de principios sólidos y de
coraje en la actuación, que es el coraje que importa. Coraje en la actuación,
más allá del coraje en el discurso”.
Este es el texto completo del video del expresidente Uribe divulgado en la
mañana de este domingo:
“Se fue la seguridad. Será difícil rescatarla. Más importante los hechos que los
discursos. La seguridad nunca fue perfecta, íbamos mejorando. El deterioro
empezó en 2013 con la legalización del secuestro y el narcotráfico en favor de
las FARC y ahora se viene agravando la violencia. El gobierno actual acumula 154
masacres. En 2022 cuando llegamos hubo 112 y habríamos querido cero, pero en
2010 todavía tuvimos 10.
En estos 22 meses se suman 333 líderes sociales asesinados. En 2002, 1.649; en
2010, 434. La extorsión denunciada: en 2022, 2.080 casos; en 2010, 1.352. El
gobierno actual 18.395.
No nos basemos en la extorsión denunciada. Muchas personas prefieren, cuando la
seguridad no es eficaz, prefieren pagar a denunciar porque les da miedo las
retaliaciones. Hoy el país está extorsionado. La industria, el comercio, los
pequeños, los medianos, los grandes, los callejeros. Está extorsionado el campo
colombiano, extorsionadas las tiendas. También crece el narcotráfico, la minería
ilegal.
Vamos a encontrar un problema social enorme que crecerá mientras más se demore
el país para resolver estas dificultades. Puede haber dos caminos de solución:
que los colombianos fatigados por las “republiquetas” o situaciones como las del
Catatumbo, donde impera el estado terrorista que ha reemplazado al Estado de
Derecho, los colombianos digan mano firme para reunificar la República; o que
venga otro camino, que las drogas sintéticas eliminen la coca. En cualquiera de
los dos escenarios se encontrará un problema enorme, enorme. El problema de 200,
300, medio millón de colombianos que vivan de esas rentas ilegales. ¿Cómo vamos
a resolver ese problema social?
Y este rescate a la seguridad más difícil por estas rentas ilegales, por el
terrorismo sofisticado, más armado. Miren lo que ha pasado con los drones.
Mientras tanto las Fuerzas Armadas debilitadas, humilladas, silenciadas, con el
transporte de tierra deteriorado, el transporte aéreo que genera toda la
desconfianza, sin soldados de mi pueblo. Estigmatizadas las redes de
informantes, los frentes locales de seguridad.
Por favor, los gobiernos anteriores acabaron Familias Guardabosques, que era un
gran camino para cuidar las selvas, las aguas, para sustituir las rentas
ilegales. Colombia tendría allí un gran ejemplo para mostrar en la COP 16 de
Cali.
Y hablemos de violencia y el impacto en lo social. En 2002 fueron asesinados,
entre trabajadores sindicalizados y profesores de Fecode, 196; en 2010, 14,
habríamos querido cero. En 2002 fueron asesinados 10 periodistas, en 2010, uno.
Siempre se protegió a todos los líderes de la oposición. Llevo el dolor de los
falsos positivos y en todas partes he dado la cara con patriotismo, con
honradez, por supuesto en una defensa solitaria.
Veamos si lo nuestro era una política de muerte o de vida y libertad. Mientras
se desmovilizaron 53 mil personas, se capturaron 36 mil, fueron dados de baja
13.900. Siempre preferíamos la desmovilización. Después veremos si nuestra
política económica era una política de concentración de riqueza o de creación de
riqueza para financiar lo social.
El país no puede volver al pasado. Tenemos que pensar cómo enfrentar
exitosamente el futuro. Los gobiernos que antecedieron al actual, empezando por
el mío, tienen que revisar, tenemos que revisar, allí donde fallamos, qué
hicimos mal para permitir que Colombia viva esta situación. Pero se necesitan
unos elementos, son fundamentales, lo fueron en el ayer, lo son en el presente y
lo serán en el futuro: necesitamos gobiernos de principios sólidos y de coraje
en la actuación, que es el coraje que importa. Coraje en la actuación, más allá
del coraje en el discurso.”
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