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Presentan proposición para derogar moción de
censura contra MinSalud
La bancada de Gobierno en la Cámara de Representantes presentó una proposición
para derogar la moción de censura contra el ministro de Salud y Protección
Social, Guillermo Alfonso Jaramillo. La propuesta proviene del representante a
la Cámara, Jhon Fredy Núñez, quien ocupa una de las curules de paz.
La moción de censura contra el ministro Jaramillo estaba programada para este
lunes, 17 de junio. Sin embargo, la bancada oficialista busca anular la
convocatoria argumentando que no tiene responsabilidad sobre lo que ocurre en el
Fomag.
“En ningún momento hemos querido burlarnos de la oposición, pero hay que tener
en cuenta las funciones del ministerio, y el ministro de Salud no tiene nada que
ver con el Fomag. Los que hacen parte son el ministerio de Educación, que
preside, y los de Trabajo y de Hacienda”, dijo Núñez.
Según el documento presentado por los congresistas afines al Gobierno nacional,
la proposición de citación a debate de moción de censura al ministro de Salud es
improcedente debido a las consideraciones de competencia de esta cartera
ministerial.
El representante Andrés Forero, del Centro Democrático, ha criticado la
estrategia de la bancada oficialista, comparándola con la proposición que
permitió "pupitrear" la reforma pensional. Por su parte, la representante
Catherine Juvinao, de la Alianza Verde, ha calificado lo ocurrido en la
corporación como "insólito" y ha manifestado su preocupación por el intento de
silenciar las voces críticas del gobierno y sus funcionarios.
En respuesta a la proposición, el representante Jhon Jairo Berrío, del Centro
Democrático, ha expresado su preocupación por lo que considera un intento de
"amordazar" al Congreso y ha cuestionado si el Gobierno busca cerrar el Congreso
de la República o permitir que este siga trabajando.
Con esta reforma pensional pierden los jóvenes: Asofondos
Continúan las reacciones a la aprobación de la reforma pensional en Cámara de
Representantes, en esta ocasión Santiago Montenegro, presidente deAsociación
Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y
Cesantías
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(Asofondos), afirmó que con
este proyecto los jóvenes pierden.
Junto a Daniel Wills, vicepresidente técnico, y Clara Reales, vicepresidente
jurídico, el presidente de Asofondos, a través de una rueda de prensa, entregó
más detalles de lo que consideran impresiones acerca de la aprobación del
proyecto gubertamental.
"Con esta reforma pierden los jóvenes, pierden los que se podrían pensionar en
los fondos de pensiones con 1.150 semanas o solo por capital, pierden quienes no
se van a pensionar y ahora tendrán que esperar 3 años más para recibir un
beneficio económico, pierden quienes habían elegido heredar su ahorro a sus
familias", indicó Santiago Montenegro.
En ese sentido, también agregó que desde Asofondos en reiteradas ocasiones han
manifestado la necesidad de una reforma pensional, pero una que se hiciera de
buena manera.
"En el proyecto aprobado no se incorporan los efectos de la transición
demográfica y el envejecimiento de la población, además traslada un 100% de los
trabajadores al régimen público, que es insostenible", afirmó Montenegro.
Asimismo, alertó que el proyecto aprobado, este viernes, incrementa el costo
fiscal y el pasivo pensional del régimen público en cifras muy elevadas.
"Según nuestros cálculos, sube de un 150% del PIB a 205% del PIB. De acuerdo con
la CARF, incrementa 105% A 189% del PIB", dijo el funcionario.
Finalmente, el presidente de Asofondos sostuvo que "en el tema de las comisiones
de las AFP, como lo aclaramos en su momento, la comisión de 0,7% no aplica al
fondo especial de retiro programado, ni a las cuentas de las personas que
integrarán el régimen de transición, por citar los más relevantes".
Hallan inconsistencias en licitación
para compra de equipos en Aerocivil
Luego de hallar graves inconsistencias en los trámites procedimentales, la
Procuraduría le pidió a la Aeronáutica Civil revocar el acto de apertura de la
licitación con la que busca adquirir equipos de radioayudas para los aeropuertos
de Bogotá, Cartagena, Rionegro y Cúcuta.
Tras la revisión de documentos, el Ministerio Público evidenció, al parecer,
fallas en el cumplimiento de los cronogramas que podrían transgredir los
principios de la contratación estatal.
Advierte el procurador Marcio Melgosa, delegado primero para la vigilancia de la
Función Pública, que la Aeronáutica Civil, por medio de adendas, cambió las
fechas establecidas desde el mismo inicio de la apertura del proceso (27 de
diciembre de 2023), trasgrediendo no solo normas de la contratación,
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sino también intereses de los mismos
oferentes.
Repara el delegado del Ministerio Público que la entidad prorrogó el plazo de la
licitación en más de la mitad del inicialmente fijado, es decir, que la fecha
establecida era hasta el 6 de febrero de 2024, y la extendió hasta el 13 del
mismo mes, contrariando lo dispuesto por el Estatuto General de la Contratación.
Otro de los puntos cuestionados por el ente de control fue el plazo de
adjudicación que estaría enmarcado entre los días del 24 al 29 de febrero de
2024, pero esta se prorrogó hasta el 7 de junio, yendo en contravía de los
rigores normativos de la Ley 80 de contratación.
Así las cosas, el procurador delegado advirtió que estos hechos “podrían derivar
en una nulidad o ineficacia del pleno derecho por violación a una norma
imperativa de orden público y del principio de economía (artículo 1741 del
Código Civil y artículo 44 de la Ley 80 de 1993)”.
En consideración, el representante del órgano de control pidió a la Unidad
Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil revocar el acto de apertura de
la licitación con el fin de adecuar su actividad contractual a los principios
orientadores de la contratación pública.
Admiten demanda que pide anular elección
de parlamentario David Racero
El Consejo de Estado admitió una demanda que busca anular la elección del
representante a la Cámara, David Racero, por supuestamente haber excedido el
límite legal de gastos de campaña durante las elecciones al Congreso en el año
2022.
En el acta, el demandante recalca que, según las normativas del Consejo Nacional
Electoral para el año en cuestión, el tope permitido para la campaña electoral
era aproximadamente de 20.100 millones de pesos. Esto significa que cada
candidato del Pacto Histórico, al cual pertenece David Racero, tenía asignados
1.116 millones de pesos como límite máximo de gastos.
Sin embargo, parece ser que el parlamentario habría invertido cerca de 2.500
millones de pesos en su campaña. Es decir, habría superado significativamente el
límite establecido por la entidad.
“En este sentido, consideraron que la campaña del señor Racero Mayorca infringió
lo previsto en lo incisos séptimo del artículo 109 de la Constitución (…) por
ende, se debe declarar la pérdida de investidura”, plantea la demanda.
Por su parte, el demandado afirmó que los argumentos presentados carecen de
sentido, debido a que “asimila los gastos de una lista cerrada colectiva donde
no se vota por candidatos particulares como si fuera una lista preferente de
candidatos individuales”. Eso quiere decir que los gastos de campaña pueden
distribuirse de manera diferente en comparación de sistemas con listas
preferentes.
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