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Discutir estado de excepción para agilizar obras
en Cauca pide Petro
Durante el lanzamiento de la estrategia “Misión Cauca” en Popayán, el presidente
de Colombia, Gustavo Petro, lanzó la propuesta de discutir la posibilidad de
declarar un estado de excepción para facilitar la ejecución de obras públicas en
regiones afectadas por el conflicto armado y economías ilícitas.
En su intervención, el mandatario destacó los numerosos obstáculos que enfrentan
los proyectos de infraestructura en zonas como Cauca y Buenaventura. En
particular, se refirió a la parálisis en la construcción de un estadio en
Buenaventura, atribuyéndola a la extorsión de contratistas por parte de grupos
armados ilegales. "Porque han extorsionado al contratista. El que se quiere
quedar con la utilidad de la obra pública no es el contratista, es la banda
armada", explicó.
El Jefe de Estado hizo un llamado a considerar un estado de excepción como una
solución viable para estas problemáticas. Recordó que intentó una medida similar
para La Guajira, la cual fue rechazada, pero insistió en que la situación en
Cauca y otras regiones justifica un debate serio al respecto. "¿Ameritaría un
estado de excepción? Discútanlo. A mí ya me tumbaron uno cuando los niños de La
Guajira no tenían agua, pero discutámoslo", afirmó.
Petro sugirió que en lugar de licitar los proyectos de infraestructura en estas
áreas conflictivas, el Estado mismo debería asumir la responsabilidad directa de
las obras. Según él, este enfoque evitaría la influencia de grupos armados en
los procesos de contratación y ejecución. ". Las obras públicas en zona de
conflicto, que en realidad son zonas de economía ilícitas, tiene que hacerlas el
Estado mismo. No se pueden contratar", argumentó.
El mandatario también se dirigió al ministro de Transporte, William Camargo,
para enfatizar la importancia de infraestructuras como la carretera del Micay,
fundamental para conectar las regiones afectadas por el conflicto con el resto
del país. El presidente advirtió que si el Estado no interviene directamente,
estas obras terminarán siendo controladas por narcotraficantes, lo que solo
perpetuaría la violencia y la inseguridad en estas zonas. "Si el Micay no fuera
al mar, no estaríamos hablando del Micay. Pero el Micay va al mar y el mar es
fundamental para el país. Entonces, ¿quién hace esa carretera? La plata está.
Eso se llama el presupuesto nacional", afirmó el presidente.
La propuesta ha generado un intenso debate entre los sectores políticos y
sociales del país. Mientras algunos apoyan la medida como una solución necesaria
para superar la parálisis de obras cruciales, otros advierten sobre los riesgos
y potenciales abusos de poder que podría implicar un estado de excepción.
Sarabia: documentar reuniones presidenciales como medida anticorrupción
La primera dama, Verónica Alcocer, denunció ante la Fiscalía que hay una
presunta campaña de desprestigio en su contra y que esta
se está orquestando al interior del Gobierno.
La directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre),
Laura Sarabia, emitió, el pasado 4 de junio, una circular interna en la que
planteó los lineamientos que deberán seguir funcionarios y colaboradores de la
Casa de Nariño en medio de reuniones presidenciales, con el fin de, según lo
expuesto en el documento, prevenir posibles intermediaciones o actos de
corrupción.
La circular se compone de cinco directrices, con las que se impone un esquema de
divulgación, pedagogía y aplicación, de lo que la directora del Dapre denomino,
de una arquitectura de control.
"Todas las dependencias adscritas a la presidencia deberán reportar a la
Secretaría Técnica (Secretaría de Transparencia) de la Mesa Técnica de
Coordinación para la Lucha contra la Corrupción las medidas orgánicas y con
personal propio de cada entidad, para lograr genuinas acciones de divulgación,
pedagogía y aplicación de la arquitectura de control mencionada. Este reporte
debe presentarse a más tardar el día 30 de junio de 2024", indica el documento.
La circular fue emitida en medio de las denuncias en las que se ha visto
involucrado el hermano de la directora, Andrés Sarabia, en un presunto 'carrusel
de contratación'. Dichos señalamientos, se dieron a conocer a través de unas
cadenas de WhatsApp, en las que se nombró a altos funcionarios del Gobierno de
Gustavo Petro.
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Directrices propuestas por Laura Sarabia:
Manual de Comunicación Interna y Externa (M-SA-01): Este documento es crucial
para establecer las normas y procedimientos para una comunicación efectiva
dentro de la organización y con partes externas. Su pertinencia radica en
garantizar que todos los mensajes sean claros, coherentes y reflejen
adecuadamente los valores y objetivos de la entidad.
Manual de Integridad y Buen Gobierno (M-DE-03): Este manual es esencial para
promover una cultura de ética e integridad dentro de la organización. Define los
principios éticos que deben guiar las acciones de los empleados y establece las
expectativas para un buen gobierno, incluyendo la toma de decisiones
transparente y responsable.
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (consulta-D-DE-27): Este
documento es clave para establecer las políticas y estrategias de la
organización para prevenir la corrupción y mejorar la atención al ciudadano.
Resalta la importancia de la transparencia, el servicio al ciudadano y la
rendición de cuentas, elementos vitales para fortalecer la confianza pública en
la entidad.
Registro de Reuniones (L-DE-04): Este registro es pertinente para documentar de
manera formal todas las reuniones oficiales, incluyendo los participantes, los
temas tratados y las decisiones tomadas. Es una herramienta crucial para la
transparencia, la trazabilidad y el seguimiento de las actividades y compromisos
de la organización.
Lineamientos para el manejo de actas y listados de asistencia: Establece
disposiciones claras sobre cómo documentar adecuadamente las actas y listados de
asistencia, siguiendo un formato unificado que incluirá, entre otros, los
objetivos de la reunión, el desarrollo de los temas, y los compromisos
establecidos.
Según lo expresado por Laura Sarabia, estos lineamientos son establecidos con el
fin de prevenir "esquemas de intermediación, cabildeo u opacidades atribuibles a
círculos familiares o sociales de los servidores públicos encargados de la toma
de decisiones".
Verónica Alcocer denunció campaña de desprestigio
desde el Gobierno
En la carta fechada del 1 de junio del 2024, Alcocer sostiene que tiene
conocimiento sobre informaciones que pretendían involucrarla con actos de
corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD).
Ante esta situación, la primera dama solicitó a la fiscal Luz Adriana Camargo,
que investigue los supuestos crímenes de odio y la información falsa que hay
sobre ella.
"Se pretende relacionar mi nombre con las recientes noticias y actuaciones
adelantadas con relación a la UNGRD, con el ánimo de afectar mi buen nombre y
con ello desprestigiar el ejercicio del Gobierno Nacional presidido por mi
esposo Gustavo Francisco Petro Urrego", dice el documento.
En ese sentido, Alcocer sostuvo que todo podría tratarse del fenómeno de 'fuego
amigo', que mezcla datos reales con mentiras.
"El fenómeno del 'fuego amigo' en gobiernos es una estrategia
para desviar la atención de remas de corrupción (...) Son personas dentro del
mismo gobierno quienes lanzan historias historias y rumores para confundir a la
opinión pública y minimizar el escrutinio sobre sus propias acciones", indicó la
primera dama.
Como se sabe, actualmente diferentes órganos de control y autoridades judiciales
se encuentran investigando un caso de corrupción al interior de la UNGRD, en la
que no solo se abordan presuntos sobre costos en la compra de carrotanques para
La Guajira, sino que de esos contratos se habría sacado dinero para pagar coimas
en el Congreso, que según señala el exsubdirector de la entidad, Sneyder
Pinilla, con el propósito de impulsar la reformas del Gobierno nacional.
Polémicas de Verónica Alcocer
La primera dama de la República se ha visto inmersa en varias polémicas a lo
largo del mandato de Gustavo Petro, el más reciente se
registró en enero cuando denunciaron que el Gobierno estaba invirtiendo
millonarios recursos en la primera dama. Razón por la cual, el pasado 29 de
enero, la Procuraduría instó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca a
detener los gastos de Alcocer en sus viajes con fondos públicos. La solicitud se
produce después de que el tribunal iniciara una investigación sobre los costos
de los desplazamientos.
El procurador 135 Judicial para asuntos administrativos de Bogotá, Juan Carlos
Villamil, emitió un concepto en el que señala que el presidente Gustavo Petro
infringió las normas vigentes al designar a su esposa como Embajadora de Misión
Especial mediante un decreto, argumentando que este acto administrativo debería
declararse nulo debido al vínculo matrimonial o de unión permanente entre ambos.
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La entidad destacó que Verónica Alcocer no es una servidora pública, lo que la
excluye de ser destinataria de comisiones o viáticos regulados para funcionarios
públicos, a quienes está dirigida la normativa.
Desde el Gobierno argumentaban que la primera dama cumplía con tareas
relacionadas diplomáticas, tanto que la nombró como ' Embajadora en Misión
Especial' y viajó el año pasado a visitar al Papa en el Vaticano. Sin embargo,
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca tumbó el decreto con el que el
presidente Petro la designaba para tal fin.
Se hundió proyecto que prohibía el
fracking en Colombia
La ministra de Educación, Susaman Muhamad, afirma que por falta de debate el
proyecto de ley que prohibía el fracking en Colombia, se hundió por falta de
trámite en el congreso de la república. Por medio de un anuncio, se señaló que
“A solo dos debates de convertirse en ley de la República, el proyecto que
prohibía el fracking y otras prácticas no convencionales en Colombia se hundió
porque nunca fue agendado por la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes
durante la legislatura que culminó el día de ayer”.
Agregando que, “Al cierre de esta legislatura, la ministra de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, denunció el hundimiento del proyecto de
ley: No se hunde porque hubo una discusión en la cual los honorables
representantes votaron y decidieron hundirlo, situación que hubiese sido
legítima y posible obviamente en el marco de las deliberaciones del Congreso, se
hunde porque el presidente de la Comisión Quinta no lo puso a discusión, pese a
que ya contaba con las ponencias”.
Igualmente Muhamad sostuvo “El proyecto de Ley, que fue radicado en 2022 con el
apoyo de 80 congresistas y diferentes sectores de la sociedad civil, buscaba la
protección del agua del país y las especies y garantizar la salud de las
comunidades frente a prácticas que pueden causar graves daños a los acuíferos y
las zonas de protección ambiental. El proyecto de Ley, que fue radicado en 2022
con el apoyo de 80 congresistas y diferentes sectores de la sociedad civil,
buscaba la protección del agua del país y las especies y garantizar la salud de
las comunidades frente a prácticas que pueden causar graves daños a los
acuíferos y las zonas de protección ambiental”.
Llamado de atención
En este sentido, Muhamad enfatizó en que este proyecto “se hunde en el año en
que Colombia va a ser la sede de la COP16 y donde estamos invitando al mundo a
hablar de Paz con la Naturaleza, de cómo generamos formas de producción y
consumo que no pongan en riesgo la vida como el fracking pone en riesgo la vida.
Pues precisamente este año el país tuvo uno de los fenómenos de El Niño más
fuertes y casi 400 municipios se quedaron sin agua.
“El fracking afecta no solamente los suelos porque ocupa espacios que deberían
ser para la agricultura, que deberían ser para los humedales en grandes
cantidades, sino que tiene altísimo riesgo de contaminación por ese cóctel de
químicos usados para romper la roca y sacar el gas al agua subterránea, recurso
absolutamente estratégico en la transición climática de Colombia. Esta decisión
da la espalda a los habitantes del Magdalena Medio, Boyacá y Cundinamarca que en
una lucha titánica recogieron más de 174.000 firmas.
En el congreso
El proyecto de ley había sido radicado en septiembre de 2022 y buscaba la
prohibición de la exploración y producción de los Yacimientos No Convencionales
(YNC) de Hidrocarburos, y la reformulación de la política de transición
energética.
Los dos primeros debates se dieron en el Senado de la República en donde fueron
aprobados los artículos que componían el texto. La iniciativa, que fue
presentada por cerca de 100 congresistas entre senadores y representantes, “es
un proyecto, y ya está comprobado, que no afecta la producción petrolera.
Estamos cerrando una puerta que no funciona, porque la práctica del Fracking
deja un hueco ambiental en los territorios de Colombia”, aseveró la senadora y
coordinadora ponente de la iniciativa legislativa, Yuly Esmeralda Hernández
Silva, Coalición Pacto Histórico.
Sin embargo, tras la llegada del proyecto a la Cámara de Representantes, el
articulado debía ser discutido en la Comisión Quinta de la célula legislativa
porque no lo agendó para discusión de los congresistas. Pese a esto, la ministra
Muhamad anunció que el Gobierno Nacional tiene como objetivo presentar
nuevamente la iniciativa al congreso de la república para el inicio de la
tercera legislatura que se adelantará desde el próximo 20 de julio de 2024.
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