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Entregar $230 mil millones pide alcalde de Uribia
a Ungrd
Jaime Luis Buitrago, alcalde del municipio de Uribia, La Guajira, presentó una
tutela en contra de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres (Ungrd),
en la que exigió el desembolso de cerca de $231 mil millones que, según lo
expuesto por el funcionario, habrían sido prometidos durante la gestión de
Olmedo López y Sneyder Pinilla.
La acción de tutela, presentada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Riohacha, La Guajira, llega en medio del escándalo de presunta corrupción que
se ha destapado al interior de la Ungrd, por la compra de unos carrotanques con
los que se pretendía abastecer de agua al departamento, teniendo al exdirector y
exsubdirector sumergidos en un proceso de investigación ante la Corte Suprema de
Justicia.
Según Carlos Carrillo, director de la Ungrd, el desembolso del dinero habría
sido congelado debido a la investigación que se adelanta sobre el presunto caso
de corrupción que destapo la compra de los carrotanques para La Guajira.
Entre los fundamentos expresados en la tutela, que cuenta con 297 páginas, el
alcalde del municipio aseguró que la suma iría destinada a tres megaproyectos,
siendo el primero de ellos la construcción de un sistema de acueducto en la zona
urbana de Uribia.
Según lo informado por Caracol Radio, el Gobierno habría realizado una visita al
departamento, en la que se realizó una reunión con los alcaldes de varios
municipios de La Guajira, entre ellos Jaime Luis Buitrago, donde les habrían
explicado que la suma de dinero prometida durante la gestión de Sneyder Pinilla
como subdirector de la Ungrd, sería retenida.
Hasta el momento, la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos, no ha dado una
respuesta oficial sobre la tutela interpuesta.
Solicitan $70.000 millones para colegios
rurales afectados por La Niña
La ministra de Educación, Aurora Vergara, en medio de la sesión, de este martes,
del Consejo Nacional de Gestión del Riesgo, solicitó al Gobierno la asignación
adicional a su presupuesto de 70.000 millones pesos con el propósito de
intervenir 150 colegios rurales afectados por el Fenómeno de La Niña.
Según la jefe de la cartera educativa, con las
adecuaciones de las aulas, se busca mejorar las condiciones de instituciones de
70 municipios, lo que beneficiaria a más de 38 mil estudiantes en el país.
En el marco del Consejo Nacional de Gestión del Riesgo, Aurora Vergara presentó
un balance de las acciones que se llevaron a cabo durante 2023 para enfrentar la
temporada de lluvias, asegurando que a través de un contrato con Findeter por
cerca de 64 mil millones de pesos, han logrado intervenir cerca de 150 sedes de
las más de 3.000 que han sido afectadas por la ola invernal durante 2022 y 2024.
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"De las obras y acciones que se vienen ejecutando en este sentido, se pueden
destacar las intervenciones realizadas en los municipios de Suárez y Rosas en el
departamento del Cauca y el reasentamiento de las comunidades de Pogue en Bojayá
y Boraudo en Lloró, departamento de Chocó", informó el comunicado del Ministerio
de Educación.
Es importante mencionar que la entidad ha activado distintos protocolos, en 27
instituciones educativas que pertenecen al cinturón de riesgo del volcán Puracé,
con el fin de mitigar los posibles riesgos que representaría una erupción, en
las cuales hay cera de dos mil estudiantes matriculados.
En la Costa Caribe, también se han establecido acciones preventivas para
confrontar la temporada de ciclones y huracanes, en las cuales 3.963 sedes
educativas podrían verse afectadas, según indico la cartera.
“Ni soy víctima, ni afectado”:
magistrado Jorge Ibáñez sobre ‘chuzadas’
El magistrado Jorge Ibáñez aclaró que hizo una advertencia a la Corte
Constitucional por una serie de circunstancias, las cuales, en su parecer,
representaban conductas irregulares en su contra. Esto, con respecto a las
recientes declaraciones de algunos medios que aseguraban que el togado había
interpuesto una denuncia ante la Fiscalía por presuntas interceptaciones
ilegales.
A su vez, manifestó que esta acción es de carácter preventivo. "En algunos casos
somos víctimas de hackeo y si alguna cosa ocurre hay la necesidad de prevenir y
eso fue lo que hice, prevenir".
El Togado comentó que esta no sería la primera vez que le sucede un caso de
‘chuzada’. Manifestó que, durante el desarrollo de su cargo como presidente del
Tribunal de Ruta del Sol, fue víctima de hackeo. “Fui objeto de intervenciones
telefónicas, de intervenciones en mis comunicaciones y, al mismo tiempo, de
seguimientos”.
Por otra parte, trajo a colación el pronunciamiento del presidente Gustavo
Petro, en las que advierte que las posibles ‘chuzadas’ se trataría de ‘Fake News’.
Al respecto, mencionó que respeta las opiniones del mandatario. Sin embargo,
desmintió que se trate de cadenas de WhatsApp.
"Yo respeto mucho la opinión de los distintos funcionarios del Estado comenzando
por la del señor presidente, para mí como magistrado y como académico, siempre
tengo a la mano el artículo 188 que señala que el presidente es el jefe de
estado y representa la unidad nacional, profeso todo el respeto a quien ejerza
la función de presidente", argumentó el togado.
Asimismo, resaltó que si alguna de estas opiniones se convierte en una decisión
que deba ser evaluada por la Corte, entonces se realizará un análisis detallado.
“Nosotros debemos estar alejados de cualquier situación que formulen ellos,
inclusive el señor presidente de la República, y simplemente debemos ser
respetuosos de esas opiniones. El día en que una opinión de ellos, en el caso
del señor presidente o de sus funcionarios, se traduzca en una decisión
que deba ser objeto de análisis por una corporación a la cual yo pertenezco,
pues haremos el análisis correspondiente”, indicó Ibáñez.
Finalmente, expresó que no es “víctima ni afectado” refiriéndose al caso de
presuntas interceptaciones ilegales en su contra.
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Vía decreto, Gobierno busca revivir artículos de
la reforma laboral
El Ministerio del Trabajo, liderado por el viceministro Edwin Palma, presentó al
presidente Gustavo Petro seis decretos que buscan revitalizar aspectos claves de
la reforma laboral, rechazados previamente en la Cámara de Representantes.
Estos decretos abordan temas cruciales como los pactos colectivos, la
tercerización laboral ilegal y la modernización del derecho de huelga,
reflejando la intención de democratizar las relaciones laborales y fortalecer
los derechos de los trabajadores.
El viceministro Edwin Palma destaca la necesidad de regular la negociación
colectiva en el sector privado, asegurando que estas medidas están respaldadas
por la jurisprudencia nacional y las recomendaciones internacionales de
organismos como la OIT y la OCDE. En sus palabras, estas regulaciones son un
paso crucial para democratizar las relaciones laborales y reducir la desigualdad
en el país.
"Es evidente que los temas de más difícil discusión, como el derecho laboral
colectivo, encuentran apoyo en la jurisprudencia ordinaria, la Organización
Internacional del Trabajo, la OCDE y los gobiernos de EE.UU. y Canadá", menciona
en una carta dirigida al presidente.
Los seis decretos propuestos abordan varios aspectos fundamentales:
Procedimiento de Votación Sindical y Recaudo de Cuotas Sindicales: Este decreto
busca modificar el Decreto 1072 de 2015 para mejorar el procedimiento de
votación sobre huelgas y Tribunales de Arbitramento, y regular la renuncia a los
beneficios de la convención colectiva por parte de trabajadores no afiliados a
sindicatos.
Procedimiento y Designación de Árbitros en temas laborales: Detalla el
procedimiento a seguir para la convocatoria y la integración de los tribunales,
incluyendo los pasos a seguir en caso de renuencia de las partes para designar
árbitros.
Fijación de Servicios Mínimos en Huelgas de Servicios Públicos Esenciales:
Establece normas para la fijación de servicios mínimos durante las huelgas que
afecten los servicios esenciales.
Criterios y Sanciones para la Inspección Laboral en Materia de Tercerización e
Intermediación Ilegal: Define la tercerización laboral, incluyendo cuándo se
considera ilegal, y establece las diferencias entre tercerización e
intermediación laboral.
Modificación para la Unificación y Regulación de la Negociación Colectiva en
Colombia: Este ajuste normativo busca fomentar negociaciones basadas en el
principio de buena fe, asegurando la participación equitativa de empleadores y
trabajadores.
Límites a la tercerización laboral ilegal: Este decreto establece que las
empresas no podrán contratar servicios temporales de distintas compañías por más
de seis meses, prorrogables por un máximo de seis meses más. Si se requiere
contar con estos servicios más allá de un año, los empleados deberán ser
integrados formalmente a la planta de personal de la empresa contratante.
Estos decretos reflejan la persistencia del Gobierno en implementar cambios en
el panorama laboral, a pesar de las críticas y controversias surgidas en torno a
la forma en que se están abordando estos temas. La reacción de los diversos
sectores, tanto del ámbito político como empresarial, será crucial en el futuro
de estas propuestas y su impacto en las relaciones laborales en Colombia.
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