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Inseguridad, mayor alerta de gobernadores y
alcaldes en primeros seis meses
La difícil situación de orden
público y seguridad en varias regiones es una de las principales preocupaciones
de los alcaldes y gobernadores, que han pedido al Gobierno nacional más
presencia militar y de policía en sus territorios. También varios de ellos
porque no aparecen las soluciones y acosados por lo que ocurre, tomaron medidas
o plantearon propuestas, algunas de las cuales generaron polémica y otras
llamaron la atención por lo novedosas.
En la pasada cumbre de gobernadores, que se verificó en Montería (Córdoba) el 13
y 14 de este mes, denominada “Por una transición energética responsable y una
paz con seguridad”, los mandatarios insistieron al Gobierno central en que se
suspenda el cese el fuego con los grupos armados, como ya hizo desde marzo
pasado para el caso de las disidencias en Cauca, Nariño y Valle, porque la
medida no ha disminuido la violencia y, en cambio ha servido que el
fortalecimiento de esas organizaciones sin que el Ejército pueda actuar.
La gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, dijo que “jamás tendremos seguridad si
no hay inversión. Los gobernadores hemos sido absolutamente claros con el
Gobierno nacional y le hemos solicitado, como lo hicimos en Pereira, la
suspensión al cese al fuego que hay en el país, departamentos como el nuestro se
ven afectados por la suspensión del cese al fuego que se hizo solamente en el
Cauca, en el Valle y en Nariño.
Ya en mayo pasado, el gobernador de
Antioquía, Andrés Rendón, le había pedido al Gobierno levantar el cese el fuego
también en su departamento porque, señaló que los grupos armados lo incumplen y,
entre otros, siguen reclutando menores de edad, mientras el Ejército tiene “que
pararse en lo alto de una montaña a divisar si con quién van a entrar a
confrontar, tiene un brazalete del Clan del Golfo, a quienes sí pueden atacar, o
por el contrario, son del autodenominado Estado Mayor Central (disidencias de
las FARC) o ELN”.
El mandatario paisa también propuso crear 25 escuadrones militares y policiales
distribuidos en las nueve subregiones del departamento, equipados con recursos
de movilidad, tecnología y logística para fortalecer la capacidad de reacción.
Igualmente, a principios del año, planteó revivir los frentes de seguridad
ciudadana para combatir la delincuencia, los cuales advirtió no serían armados.
Sin embargo, la iniciativa generó debate, incluso desde el propio Gobierno, que
vio que esos grupos pudieran degenerar en situaciones como las Convivir de los
años 90, que algunas de ellas fueron una de las semillas para la conformación de
grupos paramilitares.
También, Rendón pidió a los alcaldes un listado de las “casas de vicio” (donde
se vende estupefacientes) en sus municipios para demolerlas; así como planteó
“gerencias contra el delito”.
En tanto que en Atlántico el gobernador Eduardo Verano logró que la Asamblea
aprobara de la tasa de seguridad $600.000 millones a diez años para el
mejoramiento de la capacidad de reacción, infraestructura física, tecnología y
comunicaciones de los organismos de seguridad y justicia en Soledad, Malambo,
Galapa, Puerto Colombia y el Distrito de Barranquilla.
También esta Administración trabaja en el proyecto de ordenanza que asegura
recursos para el fortalecimiento de la Fuerza Pública en los 18 municipios del
departamento.
Más propuestas
La violencia de las disidencias que afecta a varios municipios del Cauca también
se empieza a sentir en la capital Popayán, donde hace unas semanas detonaron
explosivos cerca de la estación de Policía.
El alcalde de Popayán, Juan Carlos Muñoz, propuso que el Gobierno nacional,
instituciones de derechos humanos, alcaldes y gobernadores de la región, “que
nos unamos en una mesa redonda para poder sumar a todas las personas y así como
Nariño tiene una mesa de ‘paz total’, una mesa de paz de la región, también
hacer una mesa de diálogo regional en Cauca con todos los actores al margen de
la ley, con los grupos políticos, sociales, con toda la institucionalidad”.
En tanto que resultó polémica para algunos, incluyendo el Gobierno nacional, la
medida del alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, de conformar un ejército de 100
hombres exintegrantes de la Fuerza Pública para ejercer funciones de vigilancia
en la ciudad, quienes se desplazan en motos y van armados.
El ministro de Defensa, Iván Velásquez, enfatizó que “la Alcaldía de Sincelejo
debe desmontar de inmediato este frente de seguridad, que nos devuelve a épocas
superadas del paramilitarismo, precisamente en una región que sufrió sus más
graves impactos”.
Otra iniciativa que llamó la atención para mejorar la seguridad provino del
alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo, quien dijo que $1.000 millones serán
destinados a un fondo para recompensar a los policías que neutralicen
delincuentes.
La medida fue criticada en la red X por el gobernador del Magdalena, Rafael
Martínez, quien fue alcalde de esta capital. “Peligroso ejercicio de la @SantaMartaDTCH.
Con un día de permiso como incentivo se abrió la fatal puerta a los falsos
positivos de @AlvaroUribeVel ¿para qué se prestarán ahora los mil millones de
pesos de recompensas que ofrece el ilegal amparado por el @cendemocratico?”.
El alcalde Pinedo le respondió al gobernador: “Trabajamos en recuperar el orden
y la seguridad perdida tras años de desarticulación con la Policía Nacional, sin
centro de control del delito, una sala SIES totalmente inoperante y 215 cámaras
que no funcionan. Aquí la realidad es que nunca invirtieron en seguridad. Hoy
vivimos las consecuencias del cambio”.
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Otro de los
mandatarios que se muestran preocupados porque dicen que las conversaciones del
Gobierno con los grupos armados han incrementado la inseguridad en sus
territorios, es la del Meta, Rafaela Córtez, pues en su caso las disidencias se
han fortalecido, al tiempo que siguen extorsionando a la población y cometiendo
actos terroristas.
La gobernadora propuso al Gobierno que los gobernadores tengan representación en
la mesa de negociación con las disidencias, lo que no ha tenido respuesta hasta
el momento. “Queremos la paz. Le propuse que hiciéramos un modelo piloto y ya le
mandé una carta al Gobierno nacional para que autorice a los gobernadores a ser
partícipes de esa mesa”.
En tanto que resultó
polémico el anuncio del alcalde de Bucaramanga, Jaime Beltrán, de que
expulsarían a los ciudadanos venezolanos que lleguen a delinquir. En ese
sentido, pidió que Migración Colombia abra una regional en Santander para poder
avanzar en esos trámites.
El mandatario regional estimó que la alta migración de ciudadanos de ese país a
Bucaramanga es una de las razones para el incremento de inseguridad. A finales
de mayo pasado, Beltrán dijo que “lo advertimos y lo cumplimos. Iniciamos la
expulsión masiva de personas de nacionalidad venezolana que creen que
Bucaramanga es un juego y que aquí pueden venir a hacer lo que quieran. Esto
apenas comienza, vienen más capturas, deportaciones y expulsiones de
delincuentes y personas que han venido a irrespetar las leyes y normas
colombianas”.
Valle es uno de los departamentos más afectados por la violenta desatada de las
disidencias en los últimos meses, con carro bomba y atentados a estaciones de
policía, como en Jamundí. La gobernadora Dilian Toro ha clamado al Gobierno
trabajar de manera articulada para enfrentar este fenómeno.
Mientras tanto, la mandataria regional decidió actuar por su cuenta frente a una
de las últimas estrategias de esta guerrilla para atacar a la Fuerza Pública,
como lanzar explosivos desde drones. “Nos están atacando con drones y si
esperamos a que el ministro de Defensa actúe, quién sabe cuándo tengamos alguna
solución. Por eso, desde la Gobernación del Valle hemos dispuesto recursos para
comprar inhibidores de señal para drones”.
Explicó que “le pedí a la Tercera Ejército que nos dé las especificaciones
técnicas de los equipos que requiere para hacerle frente a esta guerra”.
En tanto que el alcalde de Cali, Alejandro Eder, urgió al Gobierno retomar los
bombardeos para enfrentar la violencia desatada por los grupos armados en el
Valle y otros departamentos. “Lo que se debería de hacer es enfrentar a estos
grupos sin escatimar esfuerzos, se necesitan más soldados, más horas de vuelo y
más capacidad de inteligencia, se tiene que revisar que no renunciemos a
herramientas tácticas que fueron claves para derrotar a otros grupos en el
pasado como los bombardeos”.
Preocupantes cifras
La Defensoría del Pueblo reveló que, por el conflicto armado, entre enero y mayo
de este año se produjeron 41 desplazamientos forzados masivos y 33
confinamientos colectivos en el país.
Entre enero y mayo de este año se
registraron 5.227 homicidios, con una leve reducción respecto al mismo lapso en
2023, cuando fueron 5.346.
Se produjo una disminución en el número de masacres en este periodo al pasar de
142 en 2023 a 96 en lo corrido de este año, según cifras del Ministerio de
Defensa.
En el periodo señalado se han producido 59 hechos de terrorismo, contra 80 el
año anterior.
Reforma pensional será sancionada el 16 de julio
en la Plaza de Bolívar
El próximo 16 de julio el presidente
Gustavo Petro sancionará, en la Plaza de Bolivar, la reforma pensional.
Sin el respectivo debate y sin que se tuvieran en cuenta las advertencias de
Asofondos, que agrupa a los fondos privados; ANIF, el Consejo Gremial y el
centro de investigación Fedesarrollo, quienes manifestaron temores sobre la
sostenibilidad del sistema, la iniciativa gubernamental fue aprobada en la
plenaria de la Cámara el pasado 14 de junio.
Desde Soacha, donde se celebró el acto de lanzamiento, el mandatario defendió su
reforma y aseguró que “estamos reduciendo a dos grupos poblaciones los subsidios
y estamos aumentando sus montos a 230 mil pesos, de tal manera que podamos sacar
de la pobreza a una persona” y, de la misma forma, “extenderlo a dos millones de
ancianos y ancianas”.
Sin embargo, son varias las alertas que emitieron difentes órganos de control
con respecto al proyecto del Gobierno.
La Procuraduría dijo antes del último debate de la reforma, en una misiva a la
ministra de Trabajo, Gloria Ramírez, que “las cifras que se conocen de
Colpensiones, que han sido objeto de rigurosos análisis por parte de la entidad,
evidencian que no tiene la capacidad técnica, administrativa y operativa para la
puesta en marcha de una operación que implicaría el traslado de cerca de 19
millones de personas”
El Centro Democrático anunció que demandará la reforma pensional con el
argumento que no fue discutida adecuadamente en la Cámara de Representantes.
“Vamos a presentar demandas de inconstitucionalidad ante la Corte
Constitucional. Hasta el último minuto vamos a defender los recursos de las
pensiones de los colombianos. No vamos a permitir que el presidente Gustavo
Petro y el Pacto Histórico se apropie de 460 billones que es el ahorro de más de
16 millones de colombianos para que hagan politiquería en el año 2026″, indicó
el representante Juan Espinal.
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Ante esta situación, el presidente dijo: “Le pido a la Corte
Constitucional que no escuche los cantos de sirena de los enemigos del pueblo,
que no quieren que la plata que vamos a gastar que sea en invertir en la vida de
3 millones de personas y en el derecho de todo trabajador y trabajadora, si
cumple los requisitos a pensionarse, se le entregue a la gente y no verla
convertida en utilidades de los banqueros”.
Suspender cese de actividades pide Procuraduría a
sindicatos del MinTrabajo
El ministro del Trabajo (e) Iván
Daniel Jaramillo Jassir y la Procuradora Delegada para Asuntos de Trabajo y
Seguridad Social, Diana Margarita Ojeda, se pronunciaron ante la imposibilidad
de no lograr acuerdos en mesa de diálogo permanente realizada el miércoles 26 y
jueves 27 de junio, con las 13 organizaciones que adelantan una acción sindical
en todas las sedes del país.
El ministro (e)
Iván Daniel Jaramillo Jassir, explicó que no fue posible llegar a un acuerdo por
imposibilidad económica y jurídica en el cumplimiento de la bonificación. “Hemos
hecho todas las gestiones para su reconocimiento, pero existen causas que
impiden esta petición”.
Por su parte la Procuradora Ojeda, explicó que la Procuraduría facilitó las
instalaciones con el propósito de que el conflicto se supere y los funcionarios
se vinculen a trabajar. En la mesa de diálogo, la procuradora expresó las
recomendaciones desde esta entidad luego de conocido en detalle el caso: “El
ministerio se comprometió a adelantar todas las gestiones para que se pueda en
un momento dado conseguir la prima, pero ante esa imposibilidad jurídica y ante
la situación coyuntural del tema fiscal donde hay austeridad decretada por el
gobierno nacional, es imposible que se estudie la viabilidad presupuestal”.
Igualmente, señaló; “En el caso de los empleados públicos no está prevista la
huelga, está prohibida en el código sustantivo del trabajo”, y complemento,
“cuando hay un cese de actividades, cuando el empleado público no ejerce sus
funciones, no hay pago”. La Procuraduría ha venido recomendando dejen el cese de
actividades porque están perjudicando gravemente el resto del país y muchas de
esas quejas que le corresponde resolver a los inspectores de trabajo, la están
trasladando a la Procuraduría General de la Nación”. Dijo Ojeda.
El alto funcionario del ministerio explicó, que esta entidad reconoce el espacio
de diálogo motivado por el Ministerio Público para la búsqueda de soluciones
inmediatas al conflicto laboral y al levantamiento del cese de actividades.
Finalmente, Jaramillo reafirmó que sigue manteniendo la voluntad política para
resolver los conflictos laborales y sindicales, de conformidad con la ley, y los
derechos de los y las trabajadoras.
Tras inspección, DNI descarta 'chuzadas' a
magistrados
En un reciente comunicado, la
Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) negó las acusaciones de interceptación
de comunicaciones a magistrados de la Corte Suprema de Justicia y otros altos
dignatarios judiciales. La Inspección General de la DNI informó que, tras una
exhaustiva verificación, no se encontraron pruebas que sugieran la participación
de esta entidad en dichas actividades.
La Inspección General dispuso la apertura de la verificación 03 de 2024 luego de
recibir información en febrero de este año sobre la posible interceptación de
comunicaciones a magistrados. Durante el proceso de verificación, se revisaron
las políticas institucionales y las herramientas tecnológicas adquiridas por la
entidad, sin encontrar equipos de interceptación de comunicaciones.
Además, se inspeccionaron los locales de inteligencia en Funza y Bogotá,
confirmando que la DNI no posee capacidades técnicas ni tecnológicas para
interceptar comunicaciones tradicionales o encriptadas. No se encontró
información relacionada con los magistrados en el repositorio de la entidad.
También se entrevistó a agentes de inteligencia y coordinadores operacionales,
quienes aseguraron conocer y respetar la prohibición de interceptar
comunicaciones en sus actividades.
Además, la Inspección General descartó que la DNI haya realizado actividades de
inteligencia en un edificio en la carrera 92 con calle 11 en Bogotá, o que se
hayan realizado perfilamientos a altos dignatarios judiciales a través de
búsquedas en internet durante el segundo semestre de 2023.
En respuesta a las declaraciones del magistrado de la Corte Constitucional,
Jorge Enrique Ibañez, sobre la posible interceptación de sus comunicaciones, se
ha iniciado una nueva verificación. Igualmente, se está investigando si la DNI
tuvo alguna participación en la supuesta adquisición del malware Pegasus por el
gobierno colombiano en 2020.
El comunicado subraya el compromiso del Presidente Gustavo Petro Urrego con el
respeto a la ley de inteligencia y los derechos humanos. Desde el inicio de su
mandato, ha ordenado estrictas verificaciones para prevenir cualquier
persecución a dignatarios judiciales, como ocurrió en el pasado. La Inspección
General reafirma su autonomía y compromiso en la supervisión de las actividades
de inteligencia, con el objetivo de proteger la independencia y el respeto a la
administración de justicia.
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