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Indagan a funcionarios de la DIAN por presunto
bajo recaudo tributario
La Procuraduría General de la Nación ordenó la apertura de una indagación previa
contra funcionarios por establecer de la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales (DIAN), por el presunto bajo recaudo tributario del periodo
comprendido entre enero y mayo de 2024.
La Delegada para la Economía y la Hacienda Pública anunció que, de acuerdo con
los datos que se conocen, la brecha en el recaudo de impuestos superaría los $12
billones y de acuerdo con varios análisis el recaudo tributario bruto de
Colombia entre enero y abril de 2024 acumuló un déficit de aproximadamente
$10.98 billones con relación a la meta prevista para ese lapso.
En el mismo sentido señaló que se revisará lo informado por varios medios de
comunicación que dieron a conocer que el recaudo tributario disminuyó un 10,3 %,
una cifra que se había registrado por última vez en 2010 durante el mismo
periodo de tiempo y que en su momento fue consecuencia de una gran crisis
financiera a nivel internacional.
El Ministerio Público adujo que también se investigará el posible impacto de una
posible desaceleración económica que estaría afectando a todo el territorio
nacional, factor que deberá ser objeto de análisis teniendo en cuenta en que las
cifras no fueron tan negativas ni siquiera durante la época de la pandemia del
covid-19.
Como parte de su actuación el Ente de control disciplinario solicitó la práctica
de pruebas, la cual buscará determinar si la conducta está prevista en la ley
como falta disciplinaria y definir si se actuó o no al amparo de alguna causal
de exclusión de responsabilidad.
A la Ley de servicios públicos se le
están haciendo ajustes: MinMinas
La nueva ley de servicios públicos aún no está lista debido a que aún el
Gobierno continúa haciendo ajustes, según reveló el ministro de Minas y Energía,
Andrés Camacho.
Durante su participación en el 26° Congreso Andesco, el titular de la cartera
sostuvo que hay aspectos que se deben modernizar.
“La nueva ley de servicios públicos
es una gran expectativa, no la hemos socializado del todo porque hemos venido
haciendo los ajustes en cabeza del señor presidente quien nos ha pedido que
hagamos una ley de servicios públicos lo suficientemente robusta, pero también
lo suficientemente eficiente para que toque aspectos fundamentales que debemos
modernizar en este sector, en materia de servicios públicos”, afirmó Camacho.
En ese sentido, el ministro aseguró que se deben actualizar en "materia de
servicios públicos, avanzar en el mínimo vital, la consolidación de los deberes
y derechos de los usuarios, y las transformaciones
institucionales en donde estoy seguro coincidimos. Debemos trabajar para la
modernización y así preparar el país para una transición energética justa”.
Medidas para reducir tarifa de energía
El Ministerio de Minas anunció este martes las nuevas medidas que tomará el
Gobierno para reducir la tarifa de energía.
En tal sentido, se han aprobado las
siguientes medidas y proyectos regulatorios:
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Proyecto de Resolución CREG 701 038
2024 el cual determina la remuneración de la actividad de comercialización de
energía eléctrica a usuarios regulados en el Sistema Interconectado Nacional: se
desagregan los costos reportados por el agente, se afectan los costos
reconocidos con un modelo de eficiencia, se integran incentivos de calidad del
servicio, se actualiza la prima de riesgo de cartera y se actualizan las
variables para darle liquidez al mercado.
Proyecto de Resolución CREG 701 049 se publicó para comentarios este proyecto
que busca verificar y ajustar el máximo precio de la bolsa, para que este nunca
supere el precio de generación de la última planta térmica despachada. Esta
medida reduce los precios del componente de generación de la tarifa al usuario
final.
“Precio de Escasez del Cargo por Confiabilidad, Análisis de Alternativas de
Ajuste: La CREG en su sesión 1321, aprobó la publicación del documento CREG 901
098 de 2024” mediante el cual se busca definir las señales en los precios
máximos de escasez para cada tecnología de generación. Esto significa que los
usuarios no pagarán precios superiores a las plantas de generación, cuando estas
puedan entregar su energía a precios bajos.
CNE tiene facultad para investigar campaña Petro: Consejo de Estado
El Consejo de Estado, en un fallo trascendental, confirmó que el Consejo
Nacional Electoral (CNE) tiene la facultad para investigar la campaña del
presidente Gustavo Petro por presuntas violaciones a los topes de financiación
electoral. Esta decisión ratifica la responsabilidad del CNE en la primera etapa
de indagación administrativa y aclara el procedimiento a seguir en caso de que
se encuentren méritos para una sanción mayor.
En su auto del 20 de junio de 2024, el Consejo de Estado reiteró que, según la
Constitución y la Ley Estatutaria 996 de 2005, corresponde al CNE realizar las
investigaciones preliminares sobre la financiación de las campañas electorales.
Este pronunciamiento despeja cualquier duda sobre la competencia de este órgano
electoral en casos que involucren a altos funcionarios electos.
En la decisión del alto tribunal se lee “corresponde al Consejo Nacional
Electoral adelantar las actuaciones administrativas tendientes a la
investigación y posterior decisión de fondo frente a los hechos que constituyan
una violación de topes de la campaña electoral; terminada esa etapa y,
encontrándose mérito, se debe remitir lo pertinente a la autoridad que resulte
competente, según el cargo, a efectos de dar aplicación a la sanción de pérdida
del cargo”.
El tribunal subrayó que, de encontrarse pruebas suficientes de violación de los
topes de financiación, el caso debe ser remitido a las autoridades competentes
para la aplicación de sanciones, según el cargo. En el caso específico del
presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez, sería el Congreso
de la República quien tendría la última palabra sobre la posible pérdida de sus
cargos. En el
fallo del alto tribunal administrativo se lee “le corresponde al Congreso, de
ser el caso, adelantar el proceso de la pérdida del cargo de los integrantes de
la fórmula a la Presidencia, puesto que el estudio que se haga sobre la
violación de los topes afecta a los dos integrantes de la fórmula presidencial”.
El fallo del Consejo de Estado responde a una demanda que señalaba
irregularidades en los gastos de la campaña presidencial de 2022. El demandante
argumentó que se habían superado los límites permitidos, lo que debería
conllevar a la pérdida de investidura del presidente y su fórmula
vicepresidencial. Sin embargo, el tribunal aclaró que su
competencia no abarca la decisión final sobre la pérdida
de cargos, sino que se limita a la verificación inicial de los hechos.
Además, la Sección Quinta del Consejo de Estado enfatizó que cualquier
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decisión sobre la pérdida de investidura presidencial debe ser tramitada
por el Congreso, conforme a lo estipulado en la legislación vigente. Esta etapa
sería crucial, pues afectaría tanto al presidente como a la vicepresidenta,
debido a que la campaña presidencial se registra como una unidad indivisible.
El magistrado del CNE, César Lorduy, también confirmó esta disposición en sus
redes sociales, indicando que el fallo reafirma el papel del CNE en la
investigación de los topes de financiación.
EPS deben asumir costo del retiro de biopolímeros: Corte Constitucional
La Corte Constitucional reconoció que los procedimientos médicos para el retiro
de biopolímeros están incluidos en el Plan de Beneficios de Salud, por lo tanto,
las EPS deben asumir el costo del tratamiento. Así mismo afirmó que los médicos
y las EPS tienen la obligación de diagnosticar y tratar los graves síntomas
causados por las cirugías estéticas de implantes mamarios.
El alto tribunal llamó la atención del Estado para que impulse medidas
tendientes a prever que la decisión de las mujeres para practicarse
procedimientos estéticos sea libre, espontánea y sin ningún tipo de presiones
estereotipadas.
Además, exhortó a diferentes entidades para que activen sus competencias con el
fin de sancionar de forma efectiva a las personas y los establecimientos que
ofrecen servicios médicos sin contar con las calidades para ello.
Antecedentes
Esta decisión se produce luego de que la Corte conociera el caso de seis mujeres
que se sometieron a procedimientos estéticos, cuatro de ellas fueron inyectadas
con biopolímeros y dos se sometieron a cirugías de implantes mamarios. En tres
de los casos las accionantes manifestaron que su decisión de someterse a dichos
procedimientos fue impulsada y, en algunos de los casos pagados, por sus parejas
sentimentales.
El alto tribunal señala que como consecuencia de estos procedimientos, su salud
física y mental se vio afectada. Ellas acudieron a las EPS con el fin de obtener
un diagnóstico y un tratamiento para efectos de recuperar su salud. No obstante,
encontraron barreras que, en su concepto, vulneraron sus derechos a la salud y a
la vida digna.
En estos casos los médicos tratantes y las EPS negaron la prescripción y
autorización de los servicios médicos argumentando que las cirugías estéticas y
las complicaciones que de ellas se derivan no están incluidas en el PBS. Por
ello, pese a reconocer la necesidad de los exámenes y de los procedimientos para
tratar sus graves dolencias, las accionadas les advertían que debían asumir el
costo para ser tratadas por médicos particulares.
Aunque en cuatro de los casos los jueces de instancia concedieron la protección
de los derechos a la salud y a la vida digna de las accionantes; en dos casos
los jueces de tutela no solo no protegieron sus derechos, sino que además las
señalaron de ser las causantes de sus síntomas por decidir realizarse los
procedimientos estéticos.
Medidas complementarias
Finalmente, la decisión advirtió que estos casos son el reflejo de la ausencia
de una ruta clara y efectiva para la atención de las mujeres que encuentran en
el sistema de salud, barreras muchas veces insuperables, que comienzan con
señalamientos o recriminaciones por las decisiones por ellas tomadas y que
terminan en graves daños para su salud o hasta en la muerte. También responden a
la ausencia de concientización sobre los estereotipos estéticos y los impactos
que ellos causan en las mujeres. A esto súmese, en algunos casos, cierta actitud
indolente y menos empática de quienes administran justicia.
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