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Corte Suprema recibe expediente
en el que estaría vinculado Juan Pablo Gallo en caso UNGRD
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ha recibido la compulsa
de copias de la Fiscalía, relacionada con el escándalo de corrupción en la
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La Fiscalía remitió esta documentación que al parecer involucra a nueve
congresistas, entre ellos el representante pereirano Juan Pablo Gallo, en
presuntas irregularidades durante la gestión del exdirector Olmedo López
Martínez.
Según el comunicado emitido el martes 16 de julio, la Fiscalía entregó dos
archivos específicos a la Corte Suprema. El primero se refiere a los
congresistas Iván Name y Andrés Calle, bajo la competencia del magistrado
Francisco Farfán. El segundo archivo está relacionado con el representante
Wadith Alberto Manzur, cuya investigación está a cargo del magistrado Héctor
Alarcón Granobles.
Además, se menciona a otros seis congresistas implicados: Julio Elías Chagüi
Flórez, Karen Astrih Manrique Olarte, Liliana Esther Bitar Castilla, Julián
Peinado Ramírez, Juan Diego Muñoz Cabrera y Juan Pablo Gallo Maya.
La Sala Especial de Instrucción determinó que estos casos serán investigados
inicialmente en un mismo radicado bajo la dirección del magistrado Alarcón
Granobles, debido a la conexión procesal evidente. Esto se debe a la posible
existencia de un patrón de corrupción administrativa en la UNGRD durante un
período específico, con la presunta participación de altos funcionarios y
características similares en las conductas ilícitas investigadas.
El comunicado aclara que esta medida, contemplada en el artículo 90 de la Ley
600 de 2000, tiene como objetivo realizar una investigación penal concentrada
para esclarecer los hechos de interés público. El magistrado Farfán continuará
con la investigación que ya había iniciado, mientras se avanza en la nueva etapa
bajo la dirección del magistrado Alarcón Granobles.
Esta situación refleja un paso significativo en las investigaciones judiciales
relacionadas con el caso de corrupción en la UNGRD, comprometiendo a varios
representantes del Congreso, incluido el congresista Juan Pablo Gallo Maya, cuyo
papel será examinado con detenimiento en el marco de estos procedimientos
legales.
A Carlos Maya jueza lo envió a la
cárcel, pero el INPEC no ha encontrado dónde llevarlo
Al exalcalde de Pereira, Carlos Maya López, una juez de control de garantías lo
envió a la cárcel por los presuntos hechos de corrupción
relacionados con la construcción de la avenida Los Colibríes. Sin embargo, el
Instituto nacional penitenciario y carcelario (INPEC) no sabe dónde llevarlo.
Maya, el exsecretario de Infraestructura de Pereira, Milton Hurtado García y el
interventor Julio Alberto Rojas Prieto, fueron cobijados con medida de
aseguramiento intramural tras las extensas audiencias de imputación de cargos y
solicitud de medida de aseguramiento.
El fiscal 20 seccional de
Administración Pública les imputó los delitos de falsedad ideológica en
documento
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público; destrucción, supresión u ocultamiento de documento público;
peculado por apropiación; contrato sin cumplimiento de requisitos legales y
fraude procesal.
Los tres investigados no se allanaron a los cargos que les imputó la Fiscalía, y
en el caso de Maya, intervino en la audiencia para decir que no entendía los
cargos y que pedía tiempo para demostrar su inocencia.
Los abogados defensores de los tres implicados presentaron recurso de reposición
a la decisión de la jueza, el cual será analizado en segunda instancia por un
juez de conocimiento.
La avenida Los Colibríes fue el proyecto bandera del exalcalde Carlos Maya
(2020-2023). Con esta vía se busca una alternativa a la congestionada vía
Pereira - Cerritos, que comunica a la capital de Risaralda con el occidente de
Risaralda y el norte del Valle del Cauca y el suroccidente del país.
La avenida beneficiará, según Maya, a más de 30 mil pereiranos, en la zona de
mayor crecimiento residencial y comercial de Pereira. Sin embargo, Maya no
terminó las obras y estas se encuentran paralizadas.
El Consejo seccional de la judicatura y la Fiscalía le solicitaron al INPEC que
disponga el sitio adecuado para la reclusión de los dos exfuncionarios y el
interventor, teniendo en cuenta los presuntos problemas de seguridad de Maya,
quien solicitó una medida de protección a la Unidad Nacional de Protección (UNP)
y la condición de salud de Rojas, quien tiene el 30% de incapacidad médica.
El sitio más indicado para recluir a los tres sindicados es el pabellón de
servidores públicos de la cárcel La 40, en Pereira, pero surgió un inconveniente
de última hora. Entre el INPEC y la administración municipal de Pereira no
existe convenio vigente para recibir a ningún sindicado.
Ante la falta de ese convenio, que paradójicamente, según medios locales, no
firmó Maya en su periodo como Alcalde, otros dos sitios donde podrían ser
llevados los tres sindicados son los centros transitorios de la Alcaldía de
Pereira: la Unidad Permanente de Protección a la Vida (UPPV) o la Sijín,
ubicados en el comando de Policía.
Debido a esa situación, los abogados defensores de los tres sindicados les
solicitaron a la judicatura y a la Fiscalía que sus clientes puedan permanecer
en las instalaciones de la URI (Unidad de Reacción Inmediata), de la Fiscalía,
mientras se resuelve los recursos interpuestos contra la medida de aseguramiento
en segunda instancia. Pero este petición también tiene un inconveniente: la URI
es un espacio transitorio de alojamiento mientras se realizan las audiencias
preliminares a un juicio.
Disidencias de las FARC buscan
expandirse al Quindío, confirma el Ejército Nacional
El Mayor General Luis Emilio Cardozo Santamaría, comandante del Ejército
Nacional, confirmó que disidencias de las FARC del norte del Valle del Cauca
intentan extenderse hacia el departamento del Quindío. Esta revelación se dio
tras la desarticulación de una estructura del Frente 57 de las disidencias de
las FARC el pasado fin de semana en zona rural del municipio de Sevilla, Valle
del Cauca, en los límites con el Quindío.
El alto oficial señaló que esta facción del Frente 57 es una disidencia dentro
de las disidencias que busca expandirse hacia el Quindío. "Hace ocho días
capturamos a tres integrantes que estaban explorando los municipios de Génova
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en el Quindío", añadió Cardozo
Santamaría.
Durante el fin de semana, el Ejército sostuvo un fuerte combate en el
corregimiento de Cumbarco, Sevilla, Valle del Cauca, donde neutralizaron a
cuatro individuos y capturaron a otros cuatro. En la operación, se incautaron
tres fusiles, una pistola, municiones, proveedores y radios de comunicación.
El comandante destacó que esta operación militar desmanteló una comisión del
Frente 57 Edinson Leal, compuesta por 11 integrantes. Esta acción es parte del
cumplimiento del Plan de Campaña Ayacucho, que busca reforzar la seguridad en la
región.
El Ejército Nacional continuará adelantando operaciones en la región para
salvaguardar la seguridad de los territorios, manteniendo la vigilancia y el
control en áreas afectadas por la presencia de grupos armados organizados.
Se desmantelaron tres casas que eran los depósitos
de armas de las disidencias de las FARC en Valle del Cauca
En una zona conocida como El Pastico, cerca del río Naya, en zona rural de
Buenaventura, fueron ubicadas tres viviendas en las que las disidencias de las
FARC guardaban armamento. El hallazgo lo realizó la inteligencia militar después
de obtener apoyo aéreo y sobrevolar ese sector.
Según las autoridades, desde esas viviendas se enviaban armas a otras
poblaciones del literal caucano, en donde también está delinquiendo el
autodenominado Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC.
El Ejército allanó las tres viviendas utilizadas por las disidencias de las
FARC. ¿Qué encontró exactamente?
El general Juan Oduber Rendón, comandante III de la brigada del Ejército, indicó
que en las viviendas se halló un fusil de alta precisión para impactar
aeronaves. En ese sentido, no descartan que haya sido el que utilizaron las
disidencias de las FARC hace un par de días para intentar tumbar a un avión
militar que se encontraba en ese mismo sector.
Además, se incautaron otras armas de diferentes calibres, municiones,
proveedores y pancartas alusivas a las disidencias de las FARC. Las primeras
investigaciones del Ejército han revelado que las tres viviendas desmanteladas
estaban bajo el control de la estructura ilegal Jaime Martínez.
En las viviendas que estaban al mando de las disidencias de las FARC se
encontró un menor de edad
“Durante el allanamiento se logró la captura de uno de los sujetos que
pertenecía a las disidencias y la recuperación de un menor de edad que estaba
siendo instrumentalizado por esta estructura residual. Él había tenido que
participar en los continuos combates”, afirmó el general Juan Oduber Rendón.
Tras el hallazgo, el Ejército Nacional estableció comunicación con el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y el menor quedó bajo la custodia de esa
entidad. En estos momentos, se están adelantando los trámites correspondientes
para que los derechos del niño sean restablecidos y se le brinde el apoyo que
requiere.
Por su parte, las autoridades continúan realizando acciones que les permitan
mantener controladas a las disidencias de las FARC que operan en ese territorio,
teniendo en cuenta que en los últimos días no solo se han enfrentado con el
Ejército, sino que han realizado atentados con drones.
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