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Pereira, Colombia - Edición: 13.304-884

Fecha: Martes 30-07-2024

ELN tiene que definir si van por un camino de paz o no: Otty Patiño

En una reciente declaración, el comisionado de paz, Otty Patiño, enfatizó la necesidad de que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) tome una decisión clara sobre su compromiso con el proceso de paz. "Ellos, el ELN, tienen que definir si van a emprender un camino de paz o no," afirmó Patiño. Esta decisión es crucial para determinar los pasos futuros en las negociaciones.

De acuerdo con el comisionado, el próximo 3 de agosto es una fecha límite significativa para las conversaciones, ya que el sesgo actual en el proceso de paz vence el 4 de agosto. "Depende mucho de cuál sea la decisión del ELN, si va a emprender un camino de paz o no," reiteró Patiño.

A pesar de los desafíos, el funcionario de la paz expresó un optimismo cauteloso sobre el avance de las negociaciones. "Siempre somos un poquito optimistas," comentó.

En cuanto al estado actual de las negociaciones, Patiño negó que la mesa de diálogo esté en crisis. "No está en crisis porque está congelada", aclaró, sugiriendo que la pausa en las conversaciones no necesariamente implica un colapso.

El comisionado también mencionó que la hoja de ruta futura depende de la respuesta del ELN. "Primero ellos tienen que responder y luego miramos a ver, sin esa respuesta es difícil encontrar una hoja de ruta", explicó Patiño.

Según Patiño, el desarrollo de los acontecimientos en los próximos días será crucial para determinar el rumbo del proceso de paz con el ELN. La comunidad internacional y la sociedad civil observan atentamente, esperando que el ELN tome una decisión que conduzca a una paz duradera en Colombia.

Consejo de Estado negó pérdida de investidura de Miguel Polo Polo

El Consejo de Estado negó la solicitud de pérdida de investidura del representante a la Cámara Miguel Polo Polo, impuesta por el abogado Ali Bantú Ashanti, bajo el argumento de supuestos pedidos de dinero a los integrantes de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTP).

Según la Sala Plena del alto tribunal, no existen pruebas suficientes que respalden los señalamientos del jurista, argumentando que los testimonios y documentos no daban cuenta de que el representante por el Centro Democrático hubiera realizado dichos cobros.

"No debe el demandado incumplir los principios de la administración pública consagrados en la constitución y sus deberes como congresista, al utilizar su condición dominante y pedir a sus subalternos una parte significativa de sus sueldos con la finalidad de presuntamente

de cubrir gastos operacionales de su actividad", se lee en el fallo del Consejo.

Supuestamente, Polo Polo, habría solicitado a Orlando Luis Álvarez y David Senado, 4.5 millones de pesos a cada uno, mientras que a Carlos Reinel le habría pedido un total de $1.5.

Durante la denuncia radicada durante el 8 de septiembre de 2023, se manifestó un posible delito de concusión.

El tribunal también incluyó que en los movimientos bancarios del congresista no se encontraron irregularidades que sustentarán los pedidos, señalando de igual manera que en las declaraciones de los integrantes de su UTL, manifestaron que no se les habían hecho solicitudes de dinero de sus salarios.

"Manifestaron que no les constaba ni presenciaron o tuvieron conocimiento que el hoy accionado solicitara o exigiera a algún integrante de la misma unidad la entrega de sumas mensuales entre $1.500.000 y $4.500.000", indicó el Consejo de Estado.

Buscarán que Río Sumapaz sea sujeto de derechos

En la Secretaría General de la Cámara de Representantes se radicó el proyecto de ley ‘Soy Defensor del Río Sumapaz’, que pretende declarar a la fuente de agua, uno de los afluentes hídricos más importantes de Cundinamarca, como sujeto de derechos. Esta significativa acción en favor del medio ambiente está liderada por la congresista Alexandra Vásquez.

Vásquez explicó que el propósito del proyecto es “reconocer al río Sumapaz, su cuenca y sus afluentes como un sujeto de derechos, para garantizar su protección, conservación, mantenimiento y restauración a cargo del Estado, las comunidades étnicas y campesinas”.

La representante también señaló que, una vez aprobada la ley, se elegirán tres delegados legales de las comunidades étnicas y campesinas de la zona, quienes serán los encargados de cuidar y garantizar los derechos del río reconocidos en la ley.

La iniciativa plantea que se creará la comisión de Guardianes del Río Sumapaz. Esta, integrada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima), representantes de las gobernaciones de Cundinamarca y Tolima, entidades públicas y privadas, universidades, centros académicos y de investigación en recursos naturales, y organizaciones ambientales y comunitarias.

Vásquez detalló que también se elaborará “un plan de protección con medidas para la descontaminación, conservación y protección de las aguas y los territorios ribereños, la recuperación de los ecosistemas, la reforestación de zonas afectadas, así como la prevención de daños adicionales en la región. Este plan debe contener medidas de corto, mediano y largo plazo”.

Una vez que el proyecto sea debatido y firmado por el presidente de la República, Gustavo Petro; la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo se encargarán de acompañar y supervisar la implementación de esta ley, asegurándose de que se cumplan los planes de acción establecidos.

Finalmente, el artículo siete del proyecto autoriza al Gobierno nacional, a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, así como a los departamentos de Cundinamarca y Tolima, a la CAR y a Cortolima, a incluir en sus presupuestos las partidas necesarias para cumplir con los objetivos de esta ley.

Colombia, la excepción en América Latina frente a resultados de Venezuela

Los gobiernos de Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay exigieron este lunes la "revisión completa de los resultados" electorales en Venezuela. Por su parte, el mandatario de Colombia guarda silencio.

"Nuestros gobiernos solicitarán una reunión urgente del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) para emitir una resolución que salvaguarde la voluntad popular", añadieron, luego de que el Consejo Nacional Electoral venezolano, controlado por el chavismo, declarara ganador de las presidenciales a Nicolás Maduro, en medio de denuncias de fraude.

El oficialista CNE anunció en la madrugada del lunes que Maduro había obtenido 5,15 millones de votos (51,2%), frente a 4,45 millones (44,2%) del principal candidato opositor, Edmundo González Urrutia.

China, Rusia, Cuba, Nicaragua, Honduras y Bolivia felicitaron a Maduro, mientras que el resultado fue criticado por la Unión Europea, que pidió "total transparencia" en el recuento de votos y Estados Unidos, que manifestó su "seria preocupación".

Entre tanto, Gustavo Petro no se ha pronunciado, rostros de la política colombiana reaccionaron al triunfo de Nicolás Maduro. El senador Gustavo Bolívar, señaló que el recuento de votos en presencia de delegados internacionales es el único camino para despejar las dudas de la oposición.

Por su parte, Efraín Cepeda, presidente del Congreso, indicó que los gobiernos democráticos del mundo no pueden reconocer lo dicho por el CNE de Venezuela. Además, exigió que la oposición venezolana debe tener acceso a las actas de escrutinio. “Las encuestas de opinión dan como ganador contundente de Edmundo González, que debe ser el presidente de la Republica y desde aquí (Colombia) seguiremos acompañando al pueblo venezolano en sus justas aspiraciones democráticas.

La resolución que preparan las cancillerías estará "enmarcada en la Carta Democrática y los principios fundamentales de la democracia en nuestra región", agregó el comunicado.

La Carta Democrática de la OEA es un mecanismo al que se apela para definir casos de alteración o ruptura del hilo democrático y constitucional en un Estado miembro.

Fue invocada en 2016 por el secretario general Luis Almagro para referirse a la crisis en Venezuela. El gobierno de Maduro acusó entonces al organismo multilateral de "injerencista" y de ser un "espacio de dominación imperial" y solicitó salirse de la OEA en 2017, lo cual se formalizó dos años después.

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