|
Por caso Odebrecht, Fiscalía
acusó a Óscar Iván Zuluaga
Un fiscal auxiliar ante la Corte Suprema de Justicia acusó formalmente al
excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga Escobar, como posible responsable de
los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y enriquecimiento
ilícito de particulares, así como a su hijo, David Zuluaga Martínez por el
delito de fraude procesal.
Según señaló el Ministerio Público, "la Fiscalía General de la Nación cuenta con
material probatorio que demostraría que se ocultaron aportes monetarios hechos
por la multinacional brasileña Odebrecht, por parte de Zuluaga Escobar y Zuluaga
Martínez, durante el proceso electoral de 2014".
Al parecer, el excandidato presidencial y su hijo, quien en ese momento trabajo
como el jefe de campaña de Zuluaga, tenían pleno conocimiento de que la
financiación recibida era ilegal; sin embargo, no presentaron ante las
autoridades electorales los reportes correspondientes que pudieran relacionar
dichos ingresos. Es por ello, que la Fiscalía considera que el hecho hizo
incurrir en error a los funcionarios públicos que autorización la reposición de
votos por cerca de $25 mil millones de pesos.
La entidad acusadora indicó que en la declaración del excandidato se omitió ante
el Consejo Nacional Electora (CNE), el aporte hecho por la multinacional
brasilera Odebrecht para apoyar su aspiración política en ambas vueltas
presidenciales.
"Labores de policía judicial permiten inferir que el entonces candidato y
algunos asesores de su campaña se habrían reunido en Brasil y Bogotá con
delegados de Odebrecht para acordar el pago de 1.610.740 dólares por honorarios
que debían ser reconocidos a un reconocido publicista", indicó la Fiscalía.
A David Zuluaga Martínez, el ente lo acusa por su presunta responsabilidad en la
presentación de los informes de ingresos y egresos ante el CNE, los cuales no
contaban de manera completa el valor que se le atribuye a la constructora para
los gastos publicitarios.
Duro debate en senado por valorización
en Barranquilla
Para este 6 de agosto se realizará en la plenaria del Senado un debate de
control político citado por los senadores Efraín Cepeda,
Presidente del Congreso, Mauricio Gómez Amín y la bancada del Atlántico, en
rechazo hacia la reciente propuesta del Gobierno Nacional para la implementación
de la Contribución Nacional de Valorización (CNV) en la vía Barranquilla -
Cartagena.
A la sesión deberá asistir la ministra de Transporte, María Constanza García,
para abordar esta medida que los congresistas barranquilleros consideran
perjudicial para la región, en especial para los departamentos del Atlántico y
Bolívar.
A pesar de que el Atlántico se sitúa como el
|
|
sexto departamento
con mayor participación en el PIB nacional, representando alrededor del 4,3%, la
implementación de esta contribución pretende recaudar cerca de $724 mil millones
de pesos, impactando aproximadamente entre
52 mil y 240 mil predios en un radio de 5 kilómetros de la vía al mar y la
circunvalar prosperidad. Esta medida ha sido fuertemente criticada por
diferentes actores de la región, incluyendo residentes, comerciantes y pequeños
empresarios, quienes consideran que este plan pone en riesgo el desarrollo
económico y social de la zona.
“Los temas de país nos deben unir a todos, por eso hacemos este frente común
para alzar la voz por la región Caribe, que es la primera golpeada, pero lo
mismo viene para muchas regiones más. Este cobro es absolutamente antitécnico y
confiscatorio, que llega a sumarse a la expropiación que sufrimos mes a mes con
las tarifas de energía eléctrica”, afirmó el Presidente del Senado, añadiendo
que el primer tramo de esta vía se hizo hace más de 40 años por lo que está
depreciado, sin embargo lo quieren cobrar como nuevo otra vez.
Por su parte el senador Gómez Amín subrayó que la vía Barranquilla - Cartagena
aún no está completa, con aproximadamente 10 kilómetros pendientes de entrega y
60 kilómetros sin doble calzada. Lo más preocupante es que el 50% de los
recursos recaudados, si bien el Gobierno ha propuesto transferírselos al
Atlántico, el otro 50% se utilizarían para otros departamentos situados en otras
regiones del país, lo cual no estamos dispuestos a aceptar esta injusticia para
el Atlántico y Bolívar. “No vamos a permitir este cobro. Colegios, hospitales,
universidades, empresarios y los habitantes de la zona van a resultar afectados,
pero además de todo, tenemos el cobro del peaje que se reanuda en estos días”,
puntualizó Gómez.
Laura Sarabia anunció acciones legales
por uso fraudulento de su nombre
Laura Camila Sarabia Torres, actual Directora del Departamento Administrativo de
la Presidencia de la República (Dapre), tomó la decisión de emprender acciones
legales contra quienes están utilizando su nombre de manera fraudulenta para
fines deshonestos. Esta medida fue anunciada a través de un comunicado oficial
publicado en su cuenta de la red social X el 5 de agosto de 2024.
En su declaración, expresó su firme rechazo a las prácticas fraudulentas que han
buscado aprovecharse de su identidad. “Ante los reiterados intentos por usar mi
nombre para acciones deshonestas y fraudulentas rechazo de la manera más
categórica esta práctica ruin", afirmó en el comunicado.
La funcionaria subrayó que se ha convertido en blanco de un uso abusivo de su
nombre con el fin de ofrecer dinero y recursos para dañar a terceros, obtener
nombramientos ilegales y beneficios políticos o laborales indebidos.
Sarabia hizo un llamado a la ciudadanía para que esté alerta frente al uso
indebido de su nombre y el de otros funcionarios. En su comunicado, indicó que
cualquier afirmación que involucre su nombre sin su expresa autorización es
falsa y carece de validez. “Alerto a la ciudadanía sobre el uso de redes, medios
electrónicos y anónimos con el infame objetivo de fabricar historias falsas que
solo buscan lesionar la dignidad mía y de otras personas”, remató Sarabia,
enfatizando la
|
|
necesidad de verificar la veracidad de la información antes de
darle crédito.
Hasta el momento, se desconoce la motivación exacta detrás de estos actos
fraudulentos que han llevado a Sarabia a hacer esta denuncia pública. La
funcionaria ha instado a las autoridades a tomar medidas para identificar y
sancionar a los responsables de estas prácticas.
De acuerdo con diversos medios de comunicación, la denuncia de Sarabia pone de
relieve la importancia de proteger la integridad personal y profesional de los
funcionarios públicos frente a ataques que buscan manipular la opinión pública o
obtener beneficios ilícitos.
Distrito será responsable de planta de lixiviados
en Doña Juana: Consejo de Estado
Ante el controversial litigio entre el operador del relleno sanitario Doña Juana
– CGR y el Distrito Capital, el Consejo de Estado se pronunció el pasado 2 de
agosto ratificando que la responsabilidad de las inversiones y financiación para
la optimización de la planta de tratamiento de lixiviados es del Distrito y como
consecuencia es responsable del vertimiento al río Tunjuelo.
Durante muchos años, el Distrito fue ajeno a la necesidad de optimizar la planta
de lixiviados, pretendiendo dejar la responsabilidad de las inversiones sólo en
cabeza del operador. Esta planta es la encargada de hacer el tratamiento al
liquido que genera la basura cuando se descompone y fue un tema que generó
polémica en la anterior administración. En la actualidad procesa 27 litros por
segundo, sin embargo, con este pronunciamiento el Distrito deberá coordinar con
el operador la realización de las obras pendientes que son complementarias a las
millonarias inversiones que ha realizado el operador y de responsabilidad del
Distrito, para que la planta cumpla con las exigencias de la autoridad
ambiental.
En cuanto a la cuantiosa suma de dinero que debía pagar la administración al
concesionario, el máximo órgano, determinó que los árbitros no eran competentes
en la aplicación de las fórmulas para el pago de las tarifas, por tal razón
remitió el asunto al Tribunal Administrativo de Cundinamarca e indicó que ”el
tribunal es competente en virtud del numeral 4 del artículo 152 del CPACA que
establece que dicha corporación conoce en primera instancia de los procesos“
relativos a los contratos, cualquiera que sea su régimen, en los que sea parte
una entidad pública en sus distintos órdenes (…) cuando la cuantía exceda de
quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.
En este escenario, la disputa entre el Concesionario y el Distrito se prolonga,
no solo porque según los expertos consultados, la decisión del máximo órgano
judicial puede ser impugnada mediante la interposición de un recurso de tutela,
porque con la decisión del Consejo de Estado el hecho de la insuficiencia en la
remuneración permanece sin cambios, para ser definido por el tribunal
administrativo y de esta manera las pretensiones del concesionario se mantienen
vigentes.
Finalmente, tal como reza el documento “(…) en los demás aspectos decididos, el
laudo queda en firme por no haber sido afectados con la declaración de nulidad
(…)”.
|
