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Alcalde Galán responde al presidente Petro por
declaraciones sobre obras en Bogotá
El pasado martes, 6 de agosto de 2024, Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá,
respondió al presidente Gustavo Petro a través de su cuenta de X, luego de que
el mandatario se refiriera a la situación de las obras en la ciudad. En su
comentario, Petro escribió: “La nación no puede sufragar los sobrecostos de las
troncales de TransMilenio de Bogotá”, lo que generó una reacción inmediata por
parte del alcalde Galán.
“La mejor obra es la que avanza y se entrega”, respondió Galán, defendiendo así
la gestión de su administración en relación con los proyectos de infraestructura
en la capital. Este intercambio es uno más en una serie de mensajes que ambos
líderes han compartido públicamente sobre el estado de las obras en Bogotá.
El pasado 30 de julio, la Empresa Metro de Bogotá (EMB) y el alcalde Galán
proporcionaron detalles acerca de un supuesto retraso del 40% en el viaducto del
metro. “Los bogotanos pueden tener la tranquilidad de que la Línea 1 del Metro
avanza como ha sido planeada. Las desviaciones que nosotros mismos hemos
evidenciado y hecho públicas se están gestionando como corresponde en la
dinámica de una obra de esta envergadura”, afirmó la EMB.
No obstante, el 1 de agosto, el presidente Petro utilizó nuevamente su cuenta de
X para abordar la posible demora en las obras del metro, expresando: “Si no se
hubiera saboteado el proyecto metro subterráneo, hace años Bogotá lo estaría
usando. El sectarismo político sacrificó el interés general de Bogotá”. A esta
afirmación, Galán replicó: “Presidente, este metro no es una propuesta, no es
una idea. Es una realidad y se está construyendo (...) Es imposible saber cuándo
hubiera entrado en operación un metro que no tenía ingeniería de detalle ni
tampoco tuvo financiación garantizada ni licitación para sacarlo adelante”.
Una semana después, la polémica continuó. El presidente Petro insistió en la
necesidad de revisar los costos y la planificación de las obras de
infraestructura, comentando: “Queremos desarrollar un programa de transformación
en las ciudades de BRTs de solo carril a diésel por sistemas de tranvías
convivientes con la ciudadanía urbana”.
En respuesta, el alcalde Galán cuestionó la viabilidad de suspender las obras
actuales en espera de un nuevo programa. “Presidente, ¿sabe qué se demora más
que la obra de la 68 (obra que recibimos con retrasos y sobrecostos, y que
estamos resolviendo para poner en servicio)? Suspender todas las obras de Bogotá
a la espera de un hipotético programa sin estudios, que se puede tomar,
fácilmente, 8 a 10 años”, señaló Galán. Concluyó su mensaje reafirmando la
importancia de continuar con los proyectos actuales: “Avancemos, presidente, que
la mejor obra es la que avanza y se entrega”.
Este intercambio de opiniones pone de manifiesto las diferencias en la visión y
manejo de los proyectos de infraestructura en Bogotá, evidenciando un desafío
continuo en la coordinación entre el gobierno nacional y la administración local
para el desarrollo de la capital.
Investigan presunto carrusel de ascensos docentes
en Bogotá
La Secretaría de Educación de Bogotá ha revelado al menos 18 casos en los que
docentes de la ciudad habrían ascendido
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utilizando presunta documentación falsa. Tras recibir denuncias
sobre estas irregularidades, la Procuraduría General de la Nación decidió
intervenir en el proceso disciplinario, asumiendo la investigación para
determinar la legalidad de los ascensos.
El Ministerio Público encontró indicios de que algunos docentes presentaron
documentos falsos para lograr sus ascensos o posesionarse en sus cargos
actuales. La Procuraduría resaltó la gravedad del asunto, señalando que estos
hechos podrían representar una vulneración del orden jurídico y comprometer la
integridad institucional.
Ante la seriedad de las acusaciones, la Procuraduría Primera y Segunda Distrital
han sido autorizadas para asumir el control del caso, desplazando a la
Secretaría Distrital de la investigación. Esta decisión subraya la importancia
de la transparencia y la ética en la labor educativa, especialmente cuando se
trata de la formación de niños y adolescentes.
La investigación en curso buscará esclarecer los hechos y determinar las
responsabilidades correspondientes, en un esfuerzo por salvaguardar la confianza
en el sistema educativo de la capital.
Alertan falta de personal médico en
cárcel El Pedregal en Medellín
La Personería de Medellín alertó sobre el déficit de personal de salud que
brinda atención a los reos que cumplen su condena en la cárcel El Pedregal.
Según los señalamientos de la entidad, se realizó un llamado para que sean
tomadas las acciones necesarias para proteger la vida de los 3.500 prisioneros
que se encuentran privados de la libertad en el centro penitenciario.
"La Personería de Medellín alertó a la dirección de la Unidad de Servicios
Penitenciarios y Carcelarios –USPEC– por el déficit de personal para la
prestación del servicio de salud en el COPED El Pedregal, con el fin de que tome
todas las acciones pertinentes e inmediatas en virtud de sus funciones para
solucionar esta problemática a la mayor brevedad posible y evitar poner en
peligro la vida de las más de 3.500 personas que se encuentran allí recluidas",
indicó Juan Pablo Padilla, el líder del Observatorio Penal Penitenciario y
Carcelario de la Personería.
El Ministerio Público advirtió que dicha falta de personal médico podría
desencadenar en una crisis sanitaria, poniendo en riesgo la vida e integridad
física de las personas que se encuentran recluidas allí, haciendo énfasis en
aquellos que padecen enfermedades por las cuales requieren una mayor atención o
procedimientos.
"Para este Ministerio Público, es inminente hacer valer los derechos
fundamentales de salud y vida de toda persona privada de la libertad, quienes
deben ser iguales ante la Ley y contar con igual protección por parte de los
órganos de justicia, a fin de conservar sus garantías fundamentales, exceptuando
aquellos derechos cuyo ejercicio esté limitado o restringido temporalmente por
disposición de Ley y por razones inherentes a su condición de personas privadas
de libertad", señaló la Personería de Medellín.
Según informó uno de los defensores de los internos del Pedregal, Jorge Carmona,
los dos médicos, las tres enfermeras, el odontólogo y el farmaceuta asignados no
se encuentran trabajando desde el 5 de agosto.
A la problemática de este centro carcelario se le suma la dimisión masiva de los
demás funcionarios de las demás prisiones del departamento de Antioquía, según
estimaciones de Carmona, cerca de 100 profesionales se han retirado de sus
labores.
"El contrato de la Fiduprevisora y la USPEC con terceros está por encima de
50.000 millones de pesos y resulta que ahora les quieren desmejorar los
salarios, que de por
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sí ya venían mal. Ellos dicen que no van a trabajar para que los
vean”, afirmó el
defensor.
Anomalías en Prosperidad Social: Contraloría halló pagos a fallecidos
La Contraloría General de la República culminó una Auditoría Financiera al
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, en la que encontró una
gestión ineficaz de los recursos, que estaban destinados a satisfacer las
necesidades de la población más vulnerable del país. La entidad descubrió que se
siguen presentando casos de pago a beneficiarios fallecidos y a otro que no lo
requieren.
La efectividad del Grupo Interno de Trabajo Antifraudes, en lo referente a la
depuración de las bases de datos, procedimiento ejecutado antes, durante y
después de cada ciclo de pago de cada programa, busca generar un control de
calidad permanente de los registros procesados, sin embargo, esta labor no está
siendo efectiva.
También se evidencian debilidades en el proceso de verificación de criterios de
pertenencia y permanencia de las personas cobijadas por los diferentes programas
auditados, permitiendo que beneficiarios que no cumplen con las condiciones
establecidas en la norma, están siendo favorecidos y cobren los incentivos sin
tener derecho a ello.
En los diferentes programas se encontraron: trasferencias a fallecidos según
cruce de información con la Registraduría Nacional, beneficiarios que han
declarado renta ante la DIAN, incumplimiento de criterios de permanencia y
pertinencia por encontrarse registrados en bases de datos con otros beneficios
excluyentes según lo estipulado en cada programa, Colpensiones, Colfondos,
CREMIL, CASUR, RUAF, ADRES y PILA.
Un hecho relevante que se evidencia es que los incentivos del Programa Jóvenes
en Acción están dirigidos a población joven en condición de pobreza y
vulnerabilidad y en los Manuales y Guías diseñados por Prosperidad Social, solo
se contemplan criterios de focalización y no de permanencia en el programa. Lo
anterior permite perpetuar en el tiempo el pago de beneficios a jóvenes cuyos
ingresos superan los índices de pobreza establecidos por el DANE en la vigencia
2023.
La entidad no tiene establecido para Jóvenes en Acción el cruce de información
con las fuentes de información disponibles. En el proceso auditor se estableció
que beneficiarios de este programa se encuentran reportados en bases de datos de
fondos de pensiones como beneficiarios y con ingresos superiores a un salario
mínimo legal vigente. Adicionalmente, se encontraron beneficiarios reportados
por la DIAN que declararon renta de los años gravables 2021 y 2022.
En esta auditoría se establecieron 21 hallazgos administrativos de los cuales 17
tienen presunta incidencia disciplinaria y 10 con incidencia fiscal por
$108.869.283.650. Adicionalmente, se solicitaron 2 aperturas de Indagación
Preliminar por $46.717.108.000.
Durante la vigencia 2023, Prosperidad Social contó con una asignación de $9.8
billones, distribuida en 18 proyectos de inversión, la cual tuvo una ejecución
total a nivel de compromisos de solo el 85%. Se presentó una pérdida de
apropiación en la vigencia auditada de $1.459.369.495.179, correspondiente a 15
proyectos de inversión.
La baja ejecución de los programas de inversión de Prosperidad Social se dio por
debilidades en los trámites de aprobación de vigencias futuras, ampliación de
cronogramas para la revisión y aprobación de las fichas técnicas, demoras en la
investigación de mercados y análisis del sector, y de igual forma en los
estudios previos y publicación de procesos contractuales, entre otras.
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