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Alerta por incremento en el número de colombianos que viven en zonas de
conflicto armado
El Consejo Noruego para Refugiados (NRC) entregó su más reciente reporte sobre
el número de colombianos que vive en zonas donde tienen influencia grupos
armados y aseguró que este aumentó en un 70% desde 2021.
El reporte indica que un total de 8,4 millones de colombianos viven en zonas de
conflicto, lo que representa 3,5 millones más que en 2021. Por esta razón, la
organización hizo un enfático llamado, asegurando que “El sufrimiento de la
población civil está siendo ignorado. Tanto el gobierno como las agencias
humanitarias que brindan ayuda deben hacer más para atender las necesidades
humanitarias y de protección de la población civil”.
A su vez, el secretario general de NRC, Jan Egeland, realizó una visita a las
áreas en conflicto del país y sus declaraciones generaron preocupación: “La
esperanza de paz, que fue tan intensa en mi visita a Colombia hace 10 años, se
está desvaneciendo, especialmente en las zonas rurales. Desde entonces, la
violencia en Colombia ha alcanzado niveles devastadores, como ocurría antes del
acuerdo de paz de 2016. Todas las partes del conflicto deben priorizar
urgentemente el fin de la violencia y la protección de las víctimas en los
esfuerzos de paz actuales. La oportunidad de restablecer la paz se está
esfumando”, explicó.
Así también, agregó que los grupos armados presentes en las zonas rurales
utilizan una serie de tácticas para imponerse y controlar la vida de los
habitantes de estas zonas. Entre ellas, les impiden a la población salir de sus
comunidades, una situación conocida como “confinamiento“.
En el primer semestre de este año, los asesinatos, las intimidaciones, las minas
antipersonal y el fuego cruzado han prevenido a casi 65.000 personas a salir de
las áreas donde se encuentran sus viviendas, por lo que el desplazamiento volvió
a estar en el radar de los principales problemas en el territorio.
El informe indica que, en comparación con el año anterior, la expansión de los
grupos armados no estatales y los enfrentamientos armados han provocado un
incremento del 20% en el número de personas confinadas en 2024, convirtiendo a
las víctimas del conflicto en “invisibles” e imposibles de recibir ayuda
humanitaria.
La Iglesia católica cuestionó al ELN y
al Clan del Golfo en Chocó: “Todos ustedes están destruyendo”
La Pastoral Social de la Iglesia católica lanzó una dura crítica a los grupos
ilegales ELN y el Clan del Golfo, que atormentan
constantemente a la población civil al sur del departamento de Chocó. La
presencia de estas organizaciones ha derivado en confinamientos y en
desplazamientos forzados.
De acuerdo con la iglesia, estos grupos armados son incoherentes, ya que dicen
que están en una lucha popular y revolucionaria cuando realmente afectan a la
población civil. “... si es un abuso de poder que un fuerte se aproveche de un
débil y que un rico se aproveche de los pobres, también es un abuso de poder el
que personas, y grupos armados, se aprovechen de personas desarmadas. Todos
ustedes están destruyendo lo que dicen pretender construir. La guerra nunca ha
sido solución. Solo ha traído siempre males mayores”, cuestionó la iglesia en un
comunicado.
La entidad envió un mensaje de solidaridad con las comunidades afectadas al sur
de este departamento y a las iglesias que hacen presencia en las zonas, deseando
así que la crisis por el conflicto armado termine pronto.
“Queremos pedirles, en esta hora, vuestra auténtica capacidad de liderazgo para
ejercer, con nobleza, la vocación política, reconociendo con acierto la
situación que se vive, alentando el compromiso y el empeño de todos y dejando de
lado descalificaciones y posturas que promuevan el resentimiento y la división”,
agrega la misiva.
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De acuerdo con cifras de la Defensoría, el paro armado ordenado por el ELN hace
varios días ha afectado a más de 45.000 personas de comunidades afros e
indígenas. Los municipios que más sufren por esta problemática son Nóvita,
Istmina, Medio San Juan, Sipí y Litoral del San Juan. La confrontación de esta
organización con el Clan del Golfo, que se disputan el control del territorio,
ha empeorado la situación a gran escala.
Recientemente, una niña indígena, identificada como Isabella Piraza Pizario, de
tan solo 16 meses, murió en el municipio de Istmina como resultado de la falta
de atención médica, esto tras las intimidaciones del paro armado anunciado por
este grupo criminal que supone un riesgo latente para las comunidades de la
zona.
Jeison Mosquera, el alcalde de esta localidad, en diálogo con Blu Radio, aseguró
que la menor pertenecía a la comunidad indígena de San Cristóbal, que queda a
dos horas en lancha de la zona urbana del municipio. El traslado de la niña se
dificultó debido al temor y la zozobra de los habitantes por posibles
enfrentamientos y represalias del grupo armado ilegal.
“Tenía síntomas de paludismo, de desnutrición y por el paro no pudo salir. En
esa comunidad no hay centro de salud y por la situación de seguridad no pudo
llegar al médico”, dijo el funcionario.
El mandatario local manifestó su impotencia e inconformidad ante debido a la
imposibilidad de acompañar a la familia de la niña, ya que navegar el río San
Juan supone riesgos de seguridad. En la zona de los hechos también hay otras
personas que necesitan de atención médica urgente, como una mujer en estado de
embarazo.
“No hemos podido acompañar a la familia porque como están en esa zona donde no
se puede ingresar por el tema del paro y nosotros estamos en la cabecera
municipal, únicamente hemos tenido comunicación por teléfono. Ha sido imposible
ir al territorio”, agregó Mosquera.
Las autoridades locales indicaron que hay un grave riesgo para 200 estudiantes
de una escuela rural de Istmina, que este domingo presentan las pruebas Saber
11. La aplicación del examen no ha sido confirmada debido a que la situación de
seguridad
complica la llegada de la logística.
Cadáver duró dos años en Medicina Legal por trabas
administrativas: la Corte Constitucional hizo duro llamado de atención
En un caso que ha sacudido a la opinión pública y ha puesto de manifiesto las
fallas en la administración de justicia y servicios en Colombia, el caso de Hugo
Andrés Chavarro Perdomo ha resaltado la problemática de la burocracia en el
manejo de cadáveres por parte de Medicina Legal y otras instituciones.
La historia de Chavarro, un hombre que falleció en un accidente de tránsito en
Garzón, Huila, ha evidenciado las dificultades que enfrentan las familias en
situación de vulnerabilidad para acceder a servicios funerarios básicos. El
trágico accidente ocurrió el 16 de septiembre de 2022; sin embargo, el cuerpo de
Chavarro no fue entregado a su madre, quien se encontraba en prisión en el penal
El Buen Pastor en Bogotá por un delito relacionado con el tráfico de armas,
hasta enero de 2024, casi dos años después del fallecimiento.
Este prolongado período de tiempo ha sido objeto de críticas y de un llamado de
atención por parte de la Corte Constitucional, que ha intervenido para acelerar
el proceso de entrega de cadáveres y proteger los derechos fundamentales de las
personas en situaciones similares.
El caso comenzó a complicarse
cuando, tras el accidente, la madre de Chavarro intentó, sin éxito, que el
cuerpo de su hijo fuera entregado lo antes posible. A pesar de sus constantes
solicitudes y de su situación desesperada, Medicina Legal, la Fiscalía y la
Alcaldía de Neiva pusieron en marcha una serie de trabas administrativas que
retrasaron enormemente el proceso.
Una de las respuestas de la Alcaldía de Neiva a la madre, fechada el 16 de marzo
de 2023, indicaba que el municipio no contaba con un contrato de prestación de
servicios funerarios para atender su solicitud y que el servicio estaba en
proceso de selección.
Debido al mal trámite, la madre de Chavarro decidió imponer una tutela
El proceso se vio aún más complicado cuando la madre, tras recuperar su
libertad, tuvo que recurrir a una tutela para forzar la entrega del cuerpo. Este
proceso legal se extendió durante varios meses en distintas instancias
judiciales, lo que aumentó la angustia y el sufrimiento de la madre.
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La situación se convirtió en un testimonio de las dificultades que enfrentan
muchas personas en condiciones de vulnerabilidad cuando buscan cumplir con los
rituales funerarios de acuerdo con sus creencias y tradiciones.
Finalmente, la Corte Constitucional decidió intervenir. Aunque la tutela había
perdido su objeto porque la madre ya había logrado enterrar a su hijo, la Sala
Quinta de Revisión decidió emitir una opinión de fondo. La Corte criticó
duramente la actuación de las entidades públicas involucradas, que según el
tribunal, solo generaron barreras administrativas que violaron los derechos
fundamentales de la madre y su hijo.
La Corte argumentó que la demora en la entrega del cuerpo y las dificultades
para acceder a los servicios funerarios gratuitos violaban no solo el derecho a
la dignidad humana, sino también la libertad religiosa de quienes intentan
proporcionar una sepultura conforme a sus creencias.
En sus declaraciones, la Corte manifestó que era inaceptable que un municipio no
cumpliera con su deber de sepultar a las personas de recursos limitados,
justificando el incumplimiento con deficiencias administrativas.
La Corte Constitucional ha instado a la Alcaldía de Neiva a tomar medidas para
garantizar que se brinden oportunamente los servicios funerarios gratuitos a
personas de escasos recursos. Asimismo, ha instado a la Fiscalía General de la
Nación y al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses a acelerar
los trámites de entrega de cadáveres a sus familiares, evitando futuros retrasos
que puedan afectar gravemente a personas en condiciones similares.
La intervención de la Corte Constitucional marca un importante precedente en la
protección de estos derechos y en la llamada de atención a las instituciones
públicas para que actúen con mayor eficiencia y empatía en la gestión de estos
casos.
Cayó banda dedicada a secuestrar y torturar a
mujeres en Medellín: les quemaban los genitales con una plancha
La Fiscalía General de la Nación confirmó que cuatro criminales fueron
capturados por pertenecer a una banda delincuencial dedicada al secuestro,
tortura y sometimiento de mujeres en la ciudad de Medellín, capital antioqueña.
De acuerdo con el reporte oficial de los investigadores del caso, los
delincuentes operaban mediante engaños, debido a que los delincuentes
contactaban a las mujeres por redes sociales para que prestaran servicios como
masajistas o damas de compañía. Así, las citaban en apartamentos de exclusivas
zonas de la ciudad sin despertar mayores sospechas.
Al llegar, las víctimas se encontraban con un panorama completamente diferente,
pues eran secuestradas, desnudadas, golpeadas y amarradas, mientras que los
criminales las obligaban a entregar las claves de sus tarjetas, celulares y las
despojaban de cualquier elemento de valor.
Los apartamentos eran alquilados en zonas como El Poblado, Laureles, El Rodeo,
Belén, Robledo y Suramericana, hasta donde llegaban las mujeres con el fin de
obtener unos cuantos pesos, pero la realidad era otra, eran torturadas hasta
entregar lo poco que tenían.
La investigación reveló terribles torturas contra las mujeres
Una de las mujeres que fue víctima de la banda se negó a entregar sus
pertenencias y claves, por lo que estos optaron por quemarle los genitales y los
ojos con una plancha de cabello. Después de someterla a la tortura, le exigieron
que entregara sus claves, pero en medio del shock la mujer no se acordaba, por
lo que usaron alcohol para rociarle en las heridas.
Entre tanto, se confirmó que otra de las ciudadanas que cayó en manos de esta
peligrosa red fue rociada con parafina hirviendo en la espalda. Y otras de las
víctimas fueron sometidas a puñaladas y cortes en sus senos, así como a cortes
de cabello con cuchillos.
Mientras cometían estos actos violentos en contra de la integridad de las
mujeres, los delincuentes apagaban las luces de los apartamentos que alquilaban
y, también le subían el volumen a los equipos de sonido, con el fin de evitar
que los vecinos se dieran cuenta de lo que estaba ocurriendo en el lugar y no se
comunicaran con las autoridades.
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