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Conservadores y Liberales respaldan candidatura de
Iris Marín a la Defensoría
Los partidos Conservador y Liberal anunciaron su respaldo unánime a la
candidatura de Iris Marín Ortiz para la Defensoría del Pueblo, sumando un apoyo
en el proceso de elección que se llevará a cabo el 16 de agosto de 2024. Esta
deción se toma según los comunicados emitidos tras la sesión plenaria de la
Cámara de Representantes este 15 de agosto de 2024.
El comunicado del partido Conservador señala que "tras escuchar a las tres
candidatas y revisar sus propuestas en la sesión plenaria de la Cámara de
Representantes, los 27 Honorables Representantes a la Cámara del Partido
Conservador nos reunimos y hemos tomado la decisión unánime de respaldar a la
Dra. Iris Marín Ortiz como candidata a la Defensoría del Pueblo". Esta decisión,
además, cuenta con la adhesión del Representante Juan Manuel Cortés Dueñas,
quien en ejercicio de sus funciones congresionales se sumó al respaldo de la
candidatura de Marín.
La Dra. Marín, quien se desempeñó como magistrada auxiliar en la Corte
Constitucional bajo la orientación de la magistrada Natalia Ángel Cabo, ha
logrado consolidar un apoyo significativo de cara a la elección que se llevará a
cabo el viernes 16 de agosto en el Congreso de la República.
El Partido Conservador expresó su convicción de que "bajo su liderazgo, la
Defensoría del Pueblo podrá enfrentar los retos actuales que afronta el país y
garantizar los derechos de todos los colombianos".
En paralelo, el Partido Liberal expresó su apoyo a Iris Marín Ortiz para el
cargo de Defensora del Pueblo, destacando su sólida formación académica y su
experiencia en la defensa de los derechos humanos. El partido, que ha valorado
detenidamente las hojas de vida de las tres candidatas postuladas, confía en que
Marín Ortiz desempeñará el cargo con la integridad y el compromiso necesarios en
estos tiempos.
"Queremos expresar nuestra profunda satisfacción y reconocimiento por la
postulación de tres mujeres altamente cualificadas para este cargo. Su
participación refleja el avance hacia la igualdad de género y el fortalecimiento
de nuestras instituciones. Después de una evaluación cuidadosa, hemos decidido
apoyar a la doctora Iris Marín Ortiz", afirmaron los miembros del Partido
Liberal en su comunicado.
Iris Marín, por su parte, agradeció al presidente Gustavo Petro por conformar
una terna de candidatas compuesta por mujeres competentes y comprometidas con la
defensa de los derechos humanos en Colombia. La elección de la nueva Defensora
del Pueblo se realizará próximamente, y con el respaldo del Partido Conservador,
la Dra. Marín se presenta como una de las principales aspirantes al cargo.
Población en condición de discapacidad
podría tener curul en Congreso
Con pleno respaldo de las comisiones accidentales de discapacidad de Senado y
Cámara, la senadora del Partido Liberal, Laura Fortich
Sánchez, presentó el proyecto de acto legislativo para que la población en
condición de discapacidad tenga una curul en el Congreso de la República,
mediante la medida de circunscripción especial.
La legisladora Fortich Sánchez indicó que “ante el aumento exorbitante de la
población en condición de discapacidad, vemos la necesidad, tal como ya existe
la circunscripción especial para los indígenas, negritudes, colombianos en el
exterior y las curules de paz, queremos promover que la población en condición
de discapacidad tenga asiento en el legislativo, en apoyo a estos nacionales que
trabajan en desarrollo de este país”.
La congresista informó “este es un acto legislativo que reconfigura el número de
representantes a la cámara y tiene dos artículos, llegando a cinco las
circunscripciones especiales, a las ya existentes que son, las comisiones
indígenas, negritudes, colombianos en el exterior y las curules de Paz y
aspiramos a cumplir sin nada de contratiempos la aprobación de los 8 debates.
La radicación de este proyecto de acto legislativo contó con el decidido
acompañamiento de representante a la cámara y senadores de diferentes bancadas
quienes manifestaron total apoyo en señal de unidad legislativa en favor de la
población en condición de discapacidad tal como lo ratificaron la senadora
Lorena Ríos, Claudia Pérez, Soledad Tamayo, Carlos Julio González, Efraín
Cepeda, entre otros.
La iniciativa establece fundamentos
especiales en el área del derecho convencional frente a este importante segmento
poblacional, resaltando la
convención interamericana para la eliminación de todas las formas de
discriminación contra las personas con discapacidad aprobado mediante ley 762 de
2002, así como la convención sobre los derechos de personas con discapacidad
aprobada mediante ley 1346 de 2009.
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En este sentido expresa el contenido
del proyecto, “con la incorporación de estas medidas planteadas por la carta
superior se está cumpliendo con la responsabilidad legislativa y contribuyendo
al fortalecimiento de la protección constitucional de personas con discapacidad
como garantía especial a estas comunidades colombianas.
Canciller Murillo no asistió a debate de
control político sobre pasaportes
El debate de control político convocado para el día de hoy en la Comisión
Segunda del Senado sobre el contrato de pasaportes no contó con la presencia del
canciller Luis Gilberto Murillo. A través de un comunicado, el funcionario
presentó sus excusas y explicó que se encuentra atendiendo compromisos
previamente adquiridos.
En su misiva, el canciller argumentó que no podría asistir debido a dos
compromisos importantes. El primero es la recepción de una delegación de
empresarios de Estados Unidos, y el segundo es su participación en el evento
"Reconocimiento Internacional de los Pueblos Afrodescendientes: el rol de los
Estados y de la Diplomacia Ciudadana – La experiencia del pueblo Garífuna", que
se está llevando a cabo en Cali en la misma fecha y hora del debate.
Murillo solicitó a la Mesa Directiva y a los senadores que comprendieran su
situación y propuso el aplazamiento del debate para una nueva fecha. Este evento
es parte de las gestiones preparatorias para la Conferencia de las Partes del
Convenio sobre la Diversidad Biológica (COP-16), que se realizará en Cali en los
próximos meses.
El debate estaba programado para abordar varias inquietudes respecto al contrato
de pasaportes, cuyo inicio está previsto para el 3 de octubre, una vez concluya
el convenio actual. La falta de presencia del canciller llevó a la Comisión a
aplazar el debate. El senador Iván Cepeda justificó la ausencia del funcionario
mencionando que estaba cumpliendo compromisos relacionados con la COP-16.
Sin embargo, lo que ha generado mayor atención es que Murillo, desde Cali,
ofreció una rueda de prensa centrada en un evento cultural sobre la comunidad
garífuna, sin mencionar la COP-16. En su declaración, el canciller enfatizó que
el evento en el que participaba era una tarea encomendada por el presidente
Gustavo Petro.
El debate, convocado por el senador Nicolás Echeverry, también contaba con la
participación de la gerente de la Imprenta Nacional, Viviana León, y el director
de Migración Colombia, Fernando García Manosalva. Echeverry había destacado
previamente que el propósito del debate es aclarar aspectos sobre la licitación
de pasaportes para 2023 y 2024, así como los contratos y convenios relacionados.
También había expresado su preocupación por posibles incumplimientos que podrían
resultar en costos millonarios para el Estado, especialmente considerando la
demanda de Thomas Greg & Sons por 117.000 millones de pesos debido a la
suspensión de la licitación anterior.
Máxima preocupación por creación de autoridad
ambiental indígena
Con preocupación ven algunos gremios y las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR)
la intención que tiene el Gobierno de dar vida a la autoridad ambiental
indígena, con lo cual esta población podrá en sus territorios regular en la
materia. La ANDI dice que esto podría convertirse en un palo en la rueda para
los proyectos de desarrollo en todo el país, pues hay más de 800 resguardos.
En tanto que las CAR (Corporaciones Autónomas Regionales) advierten que ello
afecta el régimen que en su caso establece la Constitución.
En junio pasado, la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, anunció que firmó con
la Mesa Permanente de Concertación de los Pueblos y Organizaciones Indígenas de
Colombia (MPC) el acuerdo que define los lineamientos finales que incluye el
decreto que dará vida a la autoridad ambiental indígena, que dijo es clave para
la protección de los ecosistemas naturales.
“Estamos muy
felices de firmar este histórico acuerdo que los pueblos indígenas han buscado
durante años y que hoy es una realidad. Esta es una deuda desde la Constitución
de 1991 que 33 años después logra una concertación. Para la expedición del
decreto viene ahora la consulta pública y luego, obviamente, la firma por parte
del presidente Gustavo Petro”, explicó la ministra.
Además, Muhamad aseguró que “este decreto será un hito hacia la COP16 de
Biodiversidad. Más del 80% de la biodiversidad del planeta está siendo hoy
protegida por las formas de vida, las culturas y los pueblos indígenas. Y
generar esta corresponsabilidad en el manejo ambiental con ellos y ellas es
reconocer su conocimiento ancestral y su relación cultural y social con la
biodiversidad de forma que entre todos podamos protegerla”.
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Esta normativa busca establecer las medidas de funcionamiento de los territorios
indígenas en materia ambiental y el desarrollo de las competencias que tendrán
en coordinación con las demás autoridades y entidades públicas que son parte del
Sistema Nacional Ambiental (SINA).
El borrador de decreto sobre el particular fue publicado desde hace días por el
Ministerio de Ambiente para comentarios de los ciudadanos, gremios y distintas
asociaciones interesadas en el tema.
Entre algunas de las consideraciones que se expresa en dicho proyecto de
decreto, dice que el artículo 330 de la Constitución establece que los
territorios indígenas tienen la función de velar por la preservación de los
recursos naturales según sus usos y costumbres; y en su parágrafo establece que
“la explotación de los recursos naturales en los territorios indígenas se hará́
sin desmedro de la integridad cultural, social y económica de las comunidades
indígenas”.
Agrega que el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 fija para los territorios
indígenas y para los territorios colectivos de comunidades negras,
afrocolombianas, raizales y palenqueras, que los determinantes del ordenamiento
del territorio respetarán y acatarán los principios de la palabra de vida, leyes
de origen, derecho mayor, derecho propio de cada pueblo. Establece que “en todo
caso, los fundamentos definidos por los pueblos y comunidades indígenas serán
vinculantes para todos los actores públicos y privados en sus territorios y
territorialidades”.
El borrador de decreto señala que, para sus efectos, el interés general será
entendido como la prevalencia de las disposiciones constitucionales tendientes
al reconocimiento y protección de la diversidad étnica cultural y aquellas que
propendan por garantizar la conservación, preservación, restauración, cuidado y
protección del ambiente, en atención al principio de maximización de la
autonomía de los pueblos indígenas.
Señala también que “el territorio indígena comprende todos aquellos espacios que
los pueblos indígenas reconocen como esenciales en la vivencia de su cosmovisión
y que son fundamentales para su existencia como pueblos indígenas”.
Dice también que, para efectos de lo dispuesto en este decreto, en el diálogo
entre las autoridades ambientales primará la coordinación, complementariedad e
interdependencia; “en todo caso, se aplicarán de preferencia los sistemas
normativos propios de los pueblos, así como los principios establecidos en la
Constitución y las reglas derivadas de la jurisprudencia nacional e
internacional respecto a los derechos de los pueblos indígenas”.
Añade el borrador de decreto que las autoridades tradicionales indígenas hacen
parte del Sistema Nacional Ambiental y ejercen las competencias en materia de
ordenamiento ambiental territorial, determinación de los mecanismos regulatorios,
de gestión y gobierno con fines de preservación, conservación, restauración,
protección.
Inquietud por efectos de la medida
Bruce Mac Master, presidente de la ANDI (Asociación Nacional de Empresarios de
Colombia), manifestó en Red Más que es “como decir que las autoridades indígenas
cada una de ellas se va a convertir en autoridad ambiental. Hay un decreto en
este momento para discusión alrededor de eso. Eso significaría que en Colombia
tendríamos 870 autoridades ambientales, eso es ingobernable, haga una carretera.
Eso, por ejemplo, no debería darse como decisión regulatoria por parte del
Gobierno”.
Por su parte, la Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales y Desarrollo
Sostenible (Asocars) dijo que “expresamos nuestra inconformidad ante la crítica
situación jurídica, funcional y conflictos de competencia que puede traer
consigo la sanción o expedición del proyecto de decreto”. Agregó que en el mismo
“evidenciamos vicios de inconstitucionalidad y de inconveniencia”.
Expresa Asocars que “a nuestro juicio, la regulación de los asuntos relacionados
con la administración y manejo del ambiente y los recursos naturales en los
territorios indígenas y las atribuciones de sus autoridades, debe enmarcarse en
los límites de las propias normas constitucionales”. Agrega que esta medida
vulneraría el régimen de autonomía de las CAR.
También esta Asociación expresa razones de inconveniencia de dicha iniciativa
gubernamental, por “la posible atomización en el ejercicio de autoridad
ambiental regional, la complejidad en la toma de decisiones y la inseguridad
jurídica”.
Dice también Asocars que en el proyecto analizado se cuestiona el hecho de que
el “Ejecutivo pretenda, aparentemente, abrogarse funciones que son propias del
Congreso de la República, que es sobre quien recae la competencia para legislar
en materia ambiental, y sin que pueda el Gobierno nacional −so pretexto de
reglamentar− entrar a modificar y/o asignar funciones a actores distintos de los
señalados por el Congreso a través de la Ley 99 de 1993 y demás normatividad
legal vigente”.
¿Son más competentes autoridades indígenas que las CAR?
El senador Marcos Pineda García, del Partido Conservador, dijoque “hay varios
aspectos claves que deben ser evaluados en relación con esta medida. Lo más
importante que debemos analizar es el impacto ambiental: ¿Son estas nuevas
autoridades más competentes que las corporaciones ambientales existentes para
ejercer el control ambiental? ¿Estamos garantizando con esta medida la
conservación efectiva de nuestro territorio?”.
El parlamentario integrante de la Comisión Quinta, célula legislativa que entre
otros asuntos se ocupa de ecología, medioambiente y recursos naturales,
considera que “primero deberíamos pensar en cómo fortalecer las capacidades de
nuestras autoridades ambientales existentes, antes de pensar en crear un número
indeterminado de entidades nuevas sin capacidad instalada para realizar estas
labores”.
Añadió que “desde la Comisión Quinta del Senado, haremos un seguimiento riguroso
a este proyecto de decreto para asegurar que las decisiones tomadas sean
completamente legales y beneficien al territorio colombiano”.
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