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Andrés Pastrana rechaza asistir a Comisión de
Relaciones Exteriores
El expresidente de Colombia, Andrés Pastrana Arango, decidió no asistir a la
próxima sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores, convocada por el
Gobierno nacional. En una carta enviada al ministro de Relaciones Exteriores,
Luis Gilberto Murillo, con fecha del 19 de agosto de 2024, el exmandatario
manifestó su inconformidad con la dirección que ha tomado la política
internacional bajo la administración de Gustavo Petro.
Pastrana señaló en su carta que “Colombia siempre ha mantenido una política
clara de respeto a la libertad y la democracia,” criticando que el Gobierno
actual “prefirió el apoyo a las tiranías y al terrorismo.” Entre las decisiones
más cuestionadas por el exmandatario se encuentra la ruptura de relaciones
diplomáticas con Israel y lo que considera un acercamiento a “las pocas
dictaduras que quedan en América,” haciendo referencia al apoyo al régimen de
Nicolás Maduro en Venezuela.
El exmandatario destacó que el Gobierno Petro “respaldó la dictadura de Maduro,
en contra de la voluntad mayoritaria del pueblo venezolano,” y denunció el
“inaceptable silencio cómplice frente a las graves violaciones de derechos
humanos y crímenes de lesa humanidad cometidos a diario por el régimen del
dictador Maduro.”
En la misiva, Pastrana argumentó que debido a estas diferencias fundamentales,
sus “convicciones democráticas” le impiden participar en la reunión de la
Comisión de Relaciones Exteriores. El expresidente concluyó lamentando que “la
construcción de consensos en la política internacional que por tantos años se
logró en Colombia, hoy sea dejada de lado por intereses ideológicos y
partidistas.”
Con esta carta, Pastrana deja en claro su desacuerdo con la política exterior
del actual Gobierno, subrayando que, en su opinión, se aleja de los principios
que históricamente han guiado a Colombia en el ámbito internacional.
Podría caerse nuevo Instituto de
Donación de Órganos y Tejidos en Plan de Desarrollo
El Gobierno ha buscado crear varias entidades; sin embargo, ya sufrió algunos
contrastes en esta intención pues, por
ejemplo, la Corte Constitucional tumbó el Ministerio de Igualdad
y Equidad por vicios de trámite, aunque moduló el fallo dejándolo vivo hasta
2026.
Igualmente, en el Plan Nacional de Desarrollo crea el Instituto Nacional de
Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos (Indtot), que podría caerse, pues la
Procuraduría pide declarar inexequible el correspondiente artículo porque no
responde al principio de unidad de materia.
El concepto del Ministerio Público en ese sentido corresponde a una demanda que
presentaron algunos ciudadanos, entre ellos Percy Oyola Palomá, presidente de la
Confederación General del Trabajo (CGT), contra el artículo 162 del Plan
Nacional del Desarrollo, en el cual se crea el Indtot como una entidad adscrita
al Ministerio de Salud con autonomía administrativa y presupuestal.
Dicha entidad tiene como objeto coordinar y operar el Sistema Nacional de
Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos, el cual tendrá como propósito la
dirección e integración de los diferentes actores que participan en estos
procesos, como el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Salud, el Invima,
bancos de tejidos, IPS generadoras y trasplantadoras,
direcciones departamentales y distritales de salud, y el Instituto Nacional de
Medicina Legal, entre otros.
El Gobierno viene avanzando en el proceso para la creación de esta entidad, pues
el pasado 30 de enero fue expedido el Decreto 0076, por el cual se establecen la
estructura del Indtot y sus funciones. En el mismo determina que tendrá el
Consejo Directivo, la Dirección General, la Oficina Asesora Jurídica, la Oficina
Asesora de Planeación, la Oficina de Control Interno, la Oficina de Control
Disciplinario Interno, la Secretaría General.
Igualmente, en su estructura, el Indtot contará con la Subdirección
Técnico-Científica, la Subdirección de Registros y Analítica de Datos, la
Subdirección Operativa de Donación y Trasplantes, así
como órganos de asesoría y
coordinación.
Fundamentos de la demanda
Los demandantes consideran que la norma acusada desconoce los principios de
unidad de materia, consecutividad e identidad flexible, pues se trata de un
precepto que además de haber sido incluido en la fase final del trámite
parlamentario, crea una institución pública cuyo objeto no guarda conexidad con
los objetivos y metas del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026.
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Sobre el particular, la Procuraduría
en el concepto que envió a la Corte Constitucional considera que la demanda está
llamada a prosperar, pues el artículo 162 del Plan Nacional de Desarrollo
no responde a las exigencias del principio de unidad de materia.
“En la parte general del Plan Nacional de Desarrollo (Ley 2294 de 2023),
incluidos sus anexos, no se contempla una meta o programa específico que exija
modificar la institucionalidad oficial requerida para la donación de órganos en
el país, y por ello la norma acusada que dispone la creación” del Indtot carece
de una conexidad directa e inmediata con los objetivos gubernamentales para el
cuatrienio 2022-2026", dice la Procuraduría.
Además, considera que el trámite de este artículo en el Plan Nacional de
Desarrollo no responde al requerimiento de los principios de consecutividad e
identidad flexible, pues se trata de una norma inconexa al objeto del cuerpo
normativo.
Adicionalmente, el Ministerio Público indica que dicho artículo no fue discutido
en las comisiones económicas, sino incorporado en las ponencias para los debates
en las plenarias.
“Ciertamente, se trata de una disposición que además de haber sido incluida
arbitrariamente en la fase final del trámite parlamentario, crea una institución
pública cuyo propósito no guarda una conexidad con los objetivos y metas del
Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026”, concluye la Procuraduría. Por ello,
solicitó a la Corte Constitucional que declare la inexequibilidad de dicho
artículo.
Decretos de emergencia para La Guajira
El año anterior la Corte Constitucional tumbó el Estado de Emergencia Económica,
Social y Ecológica que el Gobierno declaró para La Guajira, en el marco de la
cual expidió 11
decretos legislativos para igual
número de sectores con el propósito de enfrentar la crisis humanitaria, la
situación de cosas inconstitucionales que vive y para mitigar los fenómenos
climáticos de alto impacto durante la ocurrencia del pasado fenómeno de El Niño.
Uno de los decretos que se cayó, el 1274, creaba una institución de educación
superior indígena propia del pueblo wayúu.
Firman decreto que garantiza zonas de
reincorporación para exFARC
A través del Decreto 1048 del 14 de agosto de 2024, el Gobierno dejó en firme el
marco normativo para el reconocimiento formal de las Áreas Especiales de
Reincorporación Colectiva (AERC), antes conocidas como Espacios Territoriales de
Consolidación y Reincorporación (ETCR), para los firmantes del tratado de Paz.
Con esta normativa, se busca fortalecer el proceso de reincorporación de los
exintegrantes de las Farc, que decidieron hacer parte del proceso de paz con el
Gobierno de Juan Manuel Santos.
Alejandra Miller, directora de la
Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) destacó que con este
Decreto se busca integrar a los firmantes de paz a la vida civil con pleno
ejercicio de sus derechos.
“Este es un enorme avance para el proceso de reincorporación y terminar de
saldar una enorme deuda que hemos tenido pendiente durante los últimos siete
años”, dijo la funcionaria.
El Decreto 1048/24 permite reconocer las AERC que obedecen a la transformación
de la geografía de la reincorporación “y nos permite avanzar en la consolidación
de los antiguos ETCR, de tal manera que las personas que habitan allí puedan
tener unas condiciones dignas en términos de vivienda, y acceso a servicios
públicos”, señaló Miller.
La ARN, encargada de la ejecución del nuevo Capítulo 7, que forma parte del
Título 2, del Decreto 1081 de 2015, destacó el enfoque integral para la
reintegración social y económica de los exintegrantes de las antiguas Farc.
¿Qué son las Áreas Especiales de Reincorporación Colectiva (AERC)?
Son territorios designados para apoyar a los firmantes del Acuerdo de Paz que
eligen avanzar en su reincorporación integral de manera colectiva y que incluyen
tanto zonas rurales como urbanas, permitiendo una integración efectiva dentro de
la comunidad y asegurando que los exintegrantes puedan beneficiarse de una
oferta pública adecuada para lograr una paz estable y duradera.
Son tres las tipologías de las AERC:
Con residencia nucleada en zonas rurales o urbanas.
Con residencia dispersa en zonas rurales.
Con residencia dispersa en zonas urbanas.
La ARN estará a cargo del seguimiento de los procesos de reconocimiento de las
AERC, asegurando que se cumplan los requisitos establecidos, como el número
mínimo de exintegrantes y la coherencia territorial de estas áreas. Este
reconocimiento permite el desarrollo de planes especiales de reincorporación,
diseñados para satisfacer las necesidades específicas de cada proceso colectivo.
Además, se aborda la consolidación de los antiguos ETCR, garantizando que
aquellos que se establezcan en estos espacios temporales reciban acceso a
servicios públicos básicos, soluciones de vivienda, y otros recursos
fundamentales para su transición a la vida civil.
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¿Cómo se reconoce una AERC?
Para el reconocimiento de estas Áreas Especiales, el proceso colectivo debe
estar conformado por un número mínimo de exintegrantes de las Farc en proceso de
reincorporación, que varía según la ubicación: 15 en áreas rurales o urbanas
nucleadas, 25 en zonas rurales dispersas, y 70 en zonas urbanas dispersas.
Además, los firmantes del proceso colectivo deben residir en un área claramente
delimitada, la cual debe coincidir con la zona donde se lleva a cabo su proyecto
colectivo, ya sea productivo, comunitario o político. Asimismo, la dispersión
del proceso colectivo no debe exceder los límites de un corregimiento, localidad
o vereda.
Congreso urge condenas más drásticas para asesinos de líderes sociales
La Comisión Primera de la Cámara sesionó en torno a las difíciles condiciones de
seguridad que afrontan los líderes sociales en el país. Según datos revelados
por el Observatorio de Derechos Humanos y Conflictividades de Indepaz, desde el
1° de enero de 2024 hasta el pasado 31 de julio, fueron asesinados 17 defensores
de derechos humanos, de quienes hacen parte líderes sociales, así como firmantes
del Acuerdo de Paz.
Ante esta situación, desde el Congreso de la República se lanzó una voz de
alerta, en medio de una audiencia pública citada por congresistas del
conservatismo, Cambio Radical y el Centro Democrático. Esa célula legislativa
exigió a varios estamentos del Gobierno nacional entrar a responder sobre las
medidas que se están tomando desde la Casa de Nariño para garantizar la
seguridad y el bienestar de estas personas en el territorio nacional.
En el Congreso se hicieron presentes el ministro del Interior, Juan Fernando
Cristo Bustos; la ministra de Justicia y del Derecho, Ángela María Buitrago Ruíz;
el ministro de Defensa Nacional, Iván Velásquez Gómez; el alto comisionado para
la Paz, José Otty Patiño Hormaza; el director general de la Policía Nacional,
general William René Salamanca Ramírez; el director de la Unidad Nacional de
Protección (UNP), Augusto Rodríguez Ballesteros, y el director general del
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), teniente coronel Daniel
Fernando Gutiérrez Rojas, además de la Fundación sin Olvido, en cabeza de Luz
Marina Giraldo, y el Sindicato de Trabajadores Unidad Nacional de Protección (Sintraunp),
con la vocería de Camilo Torres.
Salidas a la crisis
Tras algunas de las inquietudes presentadas por los congresistas Carlos Felipe
Quintero, Jorge Eliécer Tamayo, Jorge Alejandro Ocampo, Duvalier Sánchez, entre
otros, el primero de los ministerios en pasar al tablero fue el de Justicia. Al
respecto, Ángela María Buitrago explicó que "se están investigando las denuncias
por amenazas y hostigamientos en contra de estas personas e incluso los procesos
negociación de paz con grupos armados que pretenden reducir los ataques
sistemáticos contra este grupo poblacional”.
Según se conoció: la Corte Suprema de Justicia, que se conectó virtualmente a la
diligencia en la Cámara de Representantes, anunció que desde hace varios meses
trabaja en conjunto con el Ministerio de Justicia para darle herramientas más
contundentes a la justicia en esta materia, entre las que se encuentra la
fortaleza en las condenas contra instigadores y homicidas de líderes sociales,
así como una protección para grupos sociales especiales en alto riesgo.
El asesor de paz de la oficina del alto comisionado para la Paz de la
Presidencia de la República, Otty Patiño, explicó que “los frentes que tiene el
Gobierno nacional para conversar de paz con los diferentes grupos armados
enfocan un punto de esa negociaciones en el respeto a la vida, la integridad y
el trabajo comunitario de los líderes sociales, que se incluye en todas las
regiones del país donde el Estado debe hacer presencia”.
Sin embargo, “la Fuerza Pública debe entrar a combatir contra aquellas
organizaciones al margen de la ley que no continúen los procesos de paz con el
Gobierno”, advirtió Patiño. Por su parte, el general William Salamanca, director
de la Policía Nacional, señaló que la presencia de los uniformados está
garantizada en todo el país y que no hay territorios vedados para la Fuerza
Pública.
La UNP, en el ojo del huracán
Las últimas semanas han sido caóticas para la Unidad Nacional de Protección. El
descubrimiento de una caravana disidente en vehículos de la Unidad, sumado a las
denuncias del senador José Vicente Carreño al señalar que en un vehículo de la
entidad se dio el traslado de heridos de la guerrilla desde zonas de conflicto
en Arauca, y el hallazgo de un secuestrado en la misma región, no son buen
presagio para la entidad.
El director del sindicato de la UNP dijo que “muchos son asesinados por la
negligencia en atención y respuesta por parte de la Unidad Nacional de
Protección de Colombia y la Defensoría del Pueblo está al tanto de este tipo de
hechos que hemos documentado varias denuncias con pruebas ante esa institución”.
Tras el debate, la célula legislativa confirmó que adelantará el seguimiento
respectivo a la efectividad de las medidas de protección.
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